Gabriela Maldonado Bonilla

Expediente 422/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
422/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
27/07/2023

Partes del expediente

  • Julia Dolores García Hernández
  • Gabriela Maldonado Bonilla
  • Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por ********************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, acompañando un anexo simple y seis copias para traslado. Se tiene por desahogada la prevención formulada, y en atención al contenido del mismo, se provee: DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL(LOS) ACUERDO(S) DICTADO(S) EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Respecto del acto reclamado consistente en: La resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa, en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que tuvo por admitida la prueba pericial en materia de topografía, agrimensura y construcción ofrecida por la actora, y a la demandada conforme con el dictamen que emitiera el perito de la parte actora, dentro del juicio ordinario civil 112/2020 de la estadística del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Derivado de la contradicción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). B.- El(los) acto(s) reclamado(s) es(son) intraprocesal(es) y no es(son) de imposible reparación. Es menester señalar que el acto reclamado consistente en la resolución de diez de enero de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de reclamación interpuesto por la quejosa, en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que tuvo por admitida la prueba pericial en materia de topografía, agrimensura y construcción ofrecida por la actora, y a la demandada conforme con el dictamen que emitiera el perito de la parte actora, dentro del juicio ordinario civil 112/2020 de la estadística del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, En ese orden de ideas, debe decirse que el citado acto, contrariamente a lo afirmado por la quejosa no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México es parte, tales como la vida, la libertad o la propiedad, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos de la quejosa, que por el momento se desconoce siquiera si impactarán al resultado del fallo; en consecuencia, de acuerdo con el supuesto actual de procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio por autoridades materialmente jurisdiccionales, no es posible sostener válidamente que en contra de dicha resolución proceda el juicio de amparo indirecto. Sin que lo anterior signifique que la quejosa no tendrá oportunidad de que se estudie la violación adjetiva en cuestión, dado que en el caso de que la ahora recurrente no obtenga sentencia definitiva favorable, puede hacer valer lo que ahora alega, como violación procesal en el amparo directo que en su oportunidad interponga, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, que a la letra establecen: Por esa razón, no es óbice a la conclusión alcanzada el hecho de que la quejosa refiera que sí se le están afectando "derechos sustantivos"; en virtud de que tales afirmaciones en forma alguna se traducen en la vulneración de algún derecho sustantivo, sino solo adjetivos o procesales, en virtud de que de conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Ello porque las pruebas admitidas en un juicio civil, si bien en principio podría traer como consecuencia el dictado de una sentencia adversa a quien ello le afecta, empero, esa circunstancia de suyo no ocasiona un acto de imposible reparación porque el interesado podría impugnar la infracción de que se trata, como ya se dijo, a través del juicio de amparo directo que promoviera en contra de tal determinación, pues bien sería factible que obtuviera el dictado de una sentencia favorable a sus intereses. Por consecuencia, el proveído que inadmite pruebas en un juicio civil, como el que nos ocupa, por sí no causa una situación de irreparabilidad o imposible reparación, ya que la determinación relativa sólo produce efectos intraprocesales, que no pueden considerarse como de imposible reparación en tanto sus consecuencias podrían no repercutir en el propio juicio, de obtenerse sentencia favorable, dado que incluso sólo afectan a las partes en grado predominante o superior los acuerdos que causen agravio que no pueda repararse, o cuando su irreparabilidad se genera con la sola ejecución del acto, lo que no sucede en el evento antes relacionad SEGUNDO ACTO RECLAMADO. Ahora bien, el suscrito juzgador considera que, de igual forma, se actualiza la causa de improcedencia invocada respecto del auto de diez de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la demandante de amparo contra la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, relativa al desahogo de pruebas, de acuerdo a los siguientes términos: Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Conclusión. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia examinadas, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Oficio. La Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria emitida el quince de junio dos mil veintitrés, en el recurso de queja********************de su índice; cuyos puntos resolutivos son los siguientes: Acuse de recibo. Acúsese de inmediato el recibo de estilo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), y agréguese a la brevedad la constancia de su envío al expediente electrónico y físico en que se actúa. Cumplimiento a ejecutoria. En estricto cumplimiento a lo determinado por el Tribunal oficiante, se modifica el acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés para quedar en los siguientes términos: "San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintitrés. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: 2.- El auto de diez de enero de dos mil veintitrés en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la demandante de amparo contra la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En principio, resulta oportuno señalar que únicamente se integraran físicamente las constancias presentadas de manera impresa, mismas que deberán ser digitalizadas para su vinculación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, expediente registrado con el número ********************. En ese entendido, se precisa que toda aquella documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Por tanto, se informa que los expedientes integrados de manera impresa, servirán solo como referencia de los documentos físicos recibidos en este Juzgado de Distrito; por lo que, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para: a) consulta de las partes; b) efectos estadísticos, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en los artículos 3º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. PREVENCIÓN Previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracciones I, II, III, IV y V, 113 y 114, fracciones I, II, IV y V, en relación con el diverso numeral 110 de la Ley de Amparo, resulta necesario prevenir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO: Señale la fecha en que le fue notificado el auto de diez de enero de dos mil veintitrés en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto de su parte contra la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós -segundo acto reclamado-. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad precise el contenido de lo resuelto en la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, y lo relativo a la impugnación en el recurso de reclamación interpuesto en su contra, debiendo manifestar los antecedentes respectivos, a efecto de que este Juzgador Federal pueda pronunciarse respecto de la procedencia del juicio de amparo en que se actúa. Cuestiones que resultan de importancia a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses y las autoridades estén en posibilidad, en su caso, de rendir su informe justificado. Con el apercibimiento de que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días; numeral que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda de los antecedentes del acto reclamado identificado como dos. Lo anterior, en virtud de que precisar a las autoridades responsables y los antecedentes del acto reclamado, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. Al respecto cobra aplicación, la jurisprudencia 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTA FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". COPIAS DEL ESCRITO ACLARATORIO Se hace saber a la parte promovente que deberá acompañar (6) seis copias de su escrito aclaratorio para distribuirlas como sigue: (1) una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, (2) dos para los terceros interesados, (2) dos más para las autoridades responsables y (1) una más para la integración del cuaderno incidental; así como las necesarias en caso de que señale nuevas autoridades; lo anterior conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.106/2005 de rubro "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con los requerimientos antes citados, en el plazo concedido para tal efecto, se procederá en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda respecto del acto consistente en el auto de diez de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de reclamación interpuesto por la demandante de amparo contra la audiencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. EXHORTO A LAS PARTES En términos de los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica. Además, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa y como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 ibídem a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a la(s) persona(s) autorizada(s) en términos restringidos. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala el ocursante, a través del(los) cual(es) se podrá(n) entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, previa razón que, por su entrega, se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas, la cual deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante lo anterior hágase del conocimiento de las partes que, en términos de los artículos 22 y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; modificado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, las cuales, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada". Una vez que se cumpla con lo anterior o transcurrido el plazo concedido para ello, se proveerá lo conducente, de acuerdo a la ejecutoria que con esta data se recibe. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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