Gabriela Luna Vazquez
Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 21 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabriela Luna Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la pieza postal, relativa al oficio 17839/2021, enviado al Titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, que remite la empresa de mensajería Estafeta, en el cual se observa el motivo de devolución "D01 Cambio de domicilio", y con la observación "Autoridad cambio de domicilio". En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones, mediante oficio con transcripción del presente proveído, reexpídase dicha comunicación a la referida autoridad; para lo cual se concede facultad de investigación a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para el envío de ésta vía electrónica, correo electrónico, fax, correo ordinario o estafeta. Notifíquese.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: Toda vez que la parte quejosa presentó su demanda en línea y los documentos anexos, en versión digitalizada, no existen documentos para devolver. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c), y, párrafo segundo, del Acuerdo en cita y con apoyo en el oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la consulta efectuada por diverso órgano jurisdiccional, respecto al citado instrumento normativo. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo de los oficios que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en el que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Titular de la Secretaría de Gobernación, consistente en la emisión del Acuerdo reclamado, en virtud que así lo señaló en su informe previo; aunado a que constituye un hecho notorio la intervención que tuvo en ese acto, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que no se encuentra sujeto a prueba. En ese sentido, con independencia de que la Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en su informe justificado negó el acto que se le atribuye en el ámbito de su competencia, se precisa que, al tener la calidad de ejecutora, con dicho carácter tendrá intervención en la norma impugnada, con lo que queda desvirtuada la negativa que expresó. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo a realizar el estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, las autoridades responsables, en sus respectivos informes, consideraron actualizada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos ordinales 1 y 5o, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues aduce que la norma reclamada no constituye un acto de autoridad, en tanto que la quejosa fue separada de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, dado que el treinta de abril de dos mil veintiuno, se dieron por terminados los efectos del nombramiento en la plaza de confianza de inspector (Salamanca, Guanajuato), causando la consecuente baja, pero que dicha circunstancia no fue ocasionada por la aplicación de la norma impugnada contra la quejosa. Dicha alegación es esencialmente fundada y suficiente para decretar el sobreseimiento del juicio, aunque por diversas circunstancias. De la intelección del numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 1o y 5o, fracción I, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que sería la correcta, se advierte que el juicio de amparo solo es procedente cuando la norma reclamada afecte de manera real y positiva un derecho subjetivo que asiste a un particular, sea por su entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, lo cual pueda producir una afectación real y actual a su esfera jurídica. En el caso, el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." sostuvo que, para la procedencia de la acción constitucional, el promovente debe acreditar que es titular del derecho que aduce transgredido por el acto reclamado y que éste produjo una afectación a su esfera de derechos. Por otra parte, tratándose de la impugnación de normas generales, pueden reclamarse a través del juicio de amparo en dos oportunidades; esto es, con motivo de su sola vigencia, en su carácter autoaplicativas, o bien, por virtud de su primer acto concreto de aplicación, como normas heteroaplicativas; principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Para determinar si una ley tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario recurrir al concepto de individualización incondicionada, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, la citada condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede ser administrativo, jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. Cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama el Acuerdo por el que se establece que las plazas adscritas a la Dirección General de Juegos y Sorteos serán de designación directa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, así como su ejecución, aduciendo que su emisión tendría efectos sobre el cargo que ostenta como inspectora (Salamanca, Guanajuato) adscrita a dicha dependencia; lo que se traduce en que la reclama en su carácter de autoaplicativa. Por su parte, las autoridades responsables, en sus respectivos informes, consideraron actualizada la causa en estudio, pues refirieron que la norma reclamada no constituye un acto de autoridad, en tanto que la quejosa fue separada de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, dado que el treinta de abril de dos mil veintiuno, se dieron por terminados los efectos del nombramiento en la plaza de confianza de inspector (Salamanca, Guanajuato), causando la consecuente baja, pero que dicha circunstancia no fue ocasionada por la aplicación de la norma impugnada contra la quejosa. En ese sentido, hecha la revision de las constancias que obran en autos, en concreto, las documentales recabadas de oficio por este juzgado, en términos del numeral 75 de la Ley de Amparo, que fueron remitidas por la delegada de la Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, consistentes en copia certificada del oficio ***********, de veintisiete de abril del año en curso, emitido por el Director de Inspección y Vigilancia de esta Dirección General de Juegos y Sorteos; se advierte que se informó a la quejosa que a partir del treinta de abril de dos mil veintiuno, se daban por terminados los efectos de su nombramiento en la plaza de confianza de ***********, con código de puesto ***********, nivel ***********, que hasta ese día se encontraba desempeñando en la Dirección General de Juegos y Sorteos, por perdida de la confianza, causando la consecuente baja; lo cual le fue notificado el veintisiete del referido mes y año, como quedó asentado en el Acta circunstanciada de hechos que también se remitió, levantada en esa misma fecha. De lo anterior se aprecia que la quejosa, derivado del oficio ***********, se encuentra dada de baja en la plaza de confianza de ***********, con código de puesto ***********. En esas condiciones, se concluye que la quejosa, en este momento no le asiste algún derecho que defender dado que cesaron los efectos de su nombramiento en la plaza de confianza de ***********, con código de puesto ***********, con motivo de la baja de que fue objeto, pues en el caso, dejó de ser susceptible de la aplicación de la observancia o aplicación del Acuerdo por el que se establece que las plazas adscritas a la Dirección General de Juegos y Sorteos serán de designación directa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecinueve de abril de dos mil veintiuno; en tanto que fue omisa en acreditar encontrarse en activo, o bien, que hubieran cesado los efectos de la precitada misiva por su modificación o nulidad, o por la aplicación de la norma reclamada. Esto, porque la separación del servicio, si bien aconteció con posterioridad a la emisión de la norma reclamada, dicha circunstancia no aconteció por virtud de su aplicación, sino por una cuestión diversa como lo es la perdida de la confianza. De lo que se concluye que la norma reclamada, de modo alguno, causa perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa, toda vez que dejó de ser destinataria de aquélla, pues para ello era requisito que demostrara que contaba con el nombramiento que ostenta vigente; lo que se traduce en la existencia de un derecho que se presuma vulnerado y que tal derecho esté relacionado y acreditado por la quejosa. Sin embargo, dicha circunstancia no aconteció, dado que quedó demostrado que cesaron los efectos del nombramiento de la quejosa luego de emitirse la norma reclamada, pero por un motivo diverso al de su aplicación. Sobre ese base, para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente que las disposiciones reclamadas sean obligatorias desde el momento en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el gobernado se encuentra en los supuestos que ahí se establecen, ya que solo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos de la parte solicitante del amparo; lo cual, en la especie, se insiste, no se demostró. Así, como la parte quejosa no demostró el derecho que dice le asiste al dejar de ser destinataria directo de la norma reclamada, dado que ha causado baja en su nombramiento en la Secretaría de Gobernación, se colige que no acreditó el interés jurídico para acudir a la presente instancia constitucional. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 1o y 5o, fracción I, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo; por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la norma reclamada. Robustece lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, localizable en la página 50, del Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que de rubro dice "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." De ahí que resulte innecesario el estudio de las diversas causas de improcedencia propuestas por las responsables, pues a ningún fin práctico llevaría su estudio, pues para arribar a estar determinación es suficiente la que fue materia de análisis en esta resolución. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley, lo que en la especie acontece dadas las consideraciones expresadas en la presente resolución. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Ténganse por recibido el telegrama y el oficio remitido por la Delegada, designada por la Directora General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, a través de los cuales, en atención al requerimiento de seis de agosto del año en curso, remite en copia certificada el oficio *** y el acta circunstanciada de hechos levantada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase a la referida autoridad, exhibiendo las citadas documentales, las cuales se ponen a la vista de las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.
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