Gabriela Lopez Lopez
Expediente 22/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Gabriela Lopez Lopez
- Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto dictado el quince de marzo del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el precepto legal en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el diecisiete de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de quince de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual remite copia certificada de la documental siguiente: Acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó la causa penal 603/2015, de su índice. A la referida constancia se le otorga valor probatorio pleno, con fundamento en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, atento a lo previsto por el diverso precepto legal 2°. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Una vez establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento es preferente, al ser de orden público, por lo que es obligación del juez de amparo, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que actualice el sobreseimiento en el juicio, analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." Es oportuno precisar que al tratarse de causales de improcedencia manifiesta e indudable, es necesario destacar lo que se debe entender por manifiesto e indudable; en efecto, "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el presente asunto, respecto al acto reclamado hecho valer por la parte quejosa consistente en la orden de aprehensión y/o detención girada en su contra, así como su ejecución, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, los que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo al sobrevenir alguna de las causales de improcedencia, en este caso, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, debido a que existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, en razón de que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, de lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la demanda de amparo se admitió por el acto reclamado siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS, reclamo:- a).- La RESOLUCIÓN JUDICIAL, ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN dictada por dichas autoridades señaladas como ordenadoras dentro del procedimiento cuyo número de causa penal desconozco que se instruye en contra de la suscrita por delito que se me imputa, mismo que no he cometido y ni realizado los hechos que lo constituyen. b).- La ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN, que deriva de la resolución judicial a que se refiere el inciso anterior, que pretenden hacer efectiva en contra de la suscrita dictada por el Juez de la causa penal que ignoro. 2.- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS, reclamo:- a).- La EJECUCIÓN, que les corresponde hacer respecto de la ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN, dictada en mi contra por las autoridades ordenadoras dentro del procedimiento cuyo número de causa penal ignoro." Del análisis de la copia certificada enviada por la autoridad responsable adjunta al oficio de cuenta, se advierte que por auto de catorce de marzo del presente año, el Juez responsable sobreseyó la causa de origen, por el perdón legítimamente otorgado por el tercero interesado Andrés Lucas López, tal y como se advierte de la transcripción siguiente: "---PRIMERO.- Se declara extinguida la acción penal, ejercitada en contra de la inculpada GABRIELA LÓPEZ LÓPEZ, por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, cometido en agravio de ANDRÉS LUCAS LÓPEZ. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - -SEGUNDO.- Se SOBRESEE la presente causa penal en favor de GABRIELA LÓPEZ LÓPEZ, por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, ilícito previsto y sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 153, Fracción IX, y sancionado con pena privativa de libertad por el numeral 152, Párrafo segundo, primera parte en relación al 14 Párrafo segundo y 16 Fracción I, todos, del Código Penal Vigente en el Estado, en agravio ANDRÉS LUCAS LÓPEZ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - -TERCERO.- Con fundamento en el artículo 271 del Código Adjetivo de la materia, la presente resolución surte efectos de cosa juzgada, por no ser recurrible. - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -CUARTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítanse oficios al Director del Centro de Reinserción Social del Estado, a efecto de hacer de su conocimiento que se ha dejado en absoluta libertad a la inculpada GABRIELA LÓPEZ LÓPEZ. De igual manera, se ordena girar atento oficio de estilo al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, comunicándole el otorgamiento del Perdón hecho a favor de GABRIELA LÓPEZ LÓPEZ, dictada en dicha (sic) de la indiciada, para los efectos del juicio de amparo número 22/2016, promovido por la ahora inculpada." De la transcripción anterior, se advierte que el Juez responsable, el catorce de los corrientes, sobreseyó la causa de origen al habérsele otorgado el perdón por el querellante, resolución que quedó firme al no ser recurrible en términos del artículo 271 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Quintana Roo. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los incisos a) y b) de las coincidencias para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Ello es así, porque queda demostrado que el Juez penal el catorce de marzo de dos mil dieciséis, sobreseyó la causa de origen, y ordenó la absoluta libertad de la aquí quejosa, con lo cual, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional que se alegó por esta vía; por tanto, cesaron los efectos del acto reclamado. Bajo esas circunstancias, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrita párrafos precedentes. En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Apoya lo dicho la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, agréguese la razón actuarial de cuenta, en la cual, el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, hace constar la imposibilidad para emplazar a juicio al tercero interesado a Andrés Lucas López; sin que lo anterior sea óbice a la presente determinación, toda vez que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes analizada, se produjo el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, determinación que en nada le perjudicaría al tercero interesado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional la cual estaba fijada para las nueve horas con diez minutos del catorce de abril de dos mil dieciséis.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que por acuerdo de ocho de marzo de la presente anualidad, se ordenó emplazar al tercero interesado, sin que a la fecha obre constancia que acredite lo anterior. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del catorce de abril de dos mil dieciséis, para su celebración.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual comunica a este órgano jurisdiccional que en cumplimiento a la orden de aprehensión se ordenó tomar la declaración preparatoria de la quejosa en la causa penal de origen y al efecto, remite la documental siguiente: Copia certificada de diversas constancias que integran la causa penal 603/2015 de su índice, entre las cuales se destaca la declaración preparatoria de nueve de marzo de dos mil dieciséis, signada por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental relacionada con antelación, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, la autoridad responsable oficiante indicó que ". en la cual solicita la duplicidad del término constitucional a ciento cuarenta y cuatro horas, feneciendo el mismo, el día quince de marzo del año dos mil dieciséis, a la una hora con treinta minutos.". Consecuentemente, requiérase a la autoridad oficiante para que una vez que emita la resolución de término constitucional y resuelva la situación jurídica de la aquí quejosa, remita las constancias que así lo acrediten. Lo anterior se impone de esa manera, ya que este órgano jurisdiccional observa la posible actualización de una causa de improcedencia en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Se apercibe al Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, que de no cumplir con lo requerido o no informar el impedimento legal que tuviere para ello, se le impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la ley de la materia. Por otra parte, agréguese a los presentes autos el pedimento 48/2016, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, mediante el cual, en ejercicio de la intervención que legalmente le corresponde, de acuerdo a lo previsto por los numerales 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto, sin perjuicio de ser relacionados al celebrarse la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la ley de la materia. Como lo solicita la citada Agente, una vez que se dicte resolución en este asunto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su normativo 2°, expídase a su costa copia certificada de la constancia que refiere, previa identificación y razón de entrega que se deje en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del licenciado Miguel Ángel Rodríguez González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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