Gabriela Liñan González

Expediente 569/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
569/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2020

Partes del expediente

  • Gabriela Liñan González

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veintiocho de octubre al once de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el veintidós de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, en términos del numeral 214, de la Ley de la materia. Disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Notifíquese..

  2. Principal

    veintidós de octubre de dos mil veinte La suscrita María del Pilar Morales Zúñiga, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a veintidós de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- María del Pilar Morales Zúñiga. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las nueve horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa María del Pilar Morales Zúñiga, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 569/2020-2, promovido por Gerardo Torres Liñán, contra actos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a la autoridad responsable e informe justificado rendido por ésta. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta de las constancias que obran en el sumario y que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno al presente juicio de amparo. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos tales medios de prueba, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no los formuló, además con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pedimento; y, que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase a la quejosa por perdido el derecho de hacer manifestaciones; por su parte a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 569/2020-4, promovido por Gerardo Torres Liñán, contra actos de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, Gabriela Liñán González, solicitó el amparo y protección de la justicia federal a favor de Gerardo Torres Liñán, contra el acto reclamado a la autoridad siguiente: "III.- Autoridades responsables: C. Dirección General de Prevención y Reinserción Social, con domicilio ubicado ampliamente conocido en carretera 57, kilometro 76, edificio "A", de esta ciudad. IV.- Acto reclamado.- A la autoridad responsable le reclamamos la incomunicación de mi hijo de nombre Gerardo torres Liñán." SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y citó como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. En proveído de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, este Juzgado, se pronunció respecto de la demanda de amparo promovida por Gabriela Liñán González, en representación de Gerardo Torres Liñán, decretando la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la incomunicación, ordenando cesara de inmediato y solicitando su respectivo informe a la autoridad señalada como responsable; así mismo, se comisionó al Actuario Judicial adscrito a efecto de que se constituyera en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí y requiera al quejoso a efecto de que ratificara la demanda de amparo promovida a su favor y en lo que fuera posible verificara su estado físico. Admisión. Por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, una vez que el directamente agraviado ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, se admitió a trámite la demanda de amparo; se requirió informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que en derecho compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. En ese mismo proveído, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que la audiencia constitucional, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia Así mismo, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos que se reclaman se atribuyen a autoridades residentes en territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que el quejoso atribuye a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, toda vez que al rendir su informe justificado correspondiente en forma expresa niega su existencia, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. En tal virtud, ante la inexistencia del acto reclamado, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- septiembre 2011, Tomo II, Materia Común, Sexta Época, número de registro 1002350, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 65, 73 y 74 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 569/2020-4, promovido por Gerardo Torres Liñán, contra el acto y autoridad responsable precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese.

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