Gabriela Iliozabieta Perez Guzman

Expediente 868/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
868/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
18/08/2016

Partes del expediente

  • Gabriela Iliozabieta Perez Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Juez, con un oficio y anexo registrado con el número 14426.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de laudo de dieciséis de agosto actual, dictado en el juicio laboral burocrático 228/2011 promovido por la aquí quejosa Gabriela Iliozabieta Pérez Guzmán, contra el Municipio de Miguel Auza, Zacatecas. Atendiendo a las constancias descritas, esta Juzgadora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior se trae a cuenta en virtud a que la autoridad responsable remitió con el oficio de cuenta, el laudo definitivo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, emitido por dicho Tribunal, dentro del expediente laboral ya mencionado. Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera concedido la protección constitucional; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la promovente, que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, si la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo definitivo dentro del expediente laboral 228/2011, que se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Zacatecas, con residencia en esta ciudad y, considerando que a la fecha del presente proveído, la autoridad responsable acreditó que el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, emitió laudo definitivo dentro del expediente laboral ya citado, y remitió copia certificada de tal determinación; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. /manuelcc

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: " Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de laudo de dieciséis de agosto actual, dictado en el juicio laboral burocrático 228/2011 promovido por la aquí quejosa Gabriela Iliozabieta Pérez Guzmán, contra el Municipio de Miguel Auza, Zacatecas. Atendiendo a las constancias descritas, esta Juzgadora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior se trae a cuenta en virtud a que la autoridad responsable remitió con el oficio de cuenta, el laudo definitivo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, emitido por dicho Tribunal, dentro del expediente laboral ya mencionado. Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera concedido la protección constitucional; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la promovente, que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, si la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo definitivo dentro del expediente laboral 228/2011, que se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Zacatecas, con residencia en esta ciudad y, considerando que a la fecha del presente proveído, la autoridad responsable acreditó que el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, emitió laudo definitivo dentro del expediente laboral ya citado, y remitió copia certificada de tal determinación; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. "

  3. Principal

    En dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 14368 y anexo.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable MAGISTRADA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes y manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de dicha autoridad las copias certificadas del expediente laboral 228/2013; mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la referida audiencia. Dado su volumen guárdense por separado. En razón de lo anterior, para dar margen a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional que estaba señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente y, por lista a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. /manuelcc

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS (2016), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de laudo de dieciséis de agosto actual, dictado en el juicio laboral burocrático 228/2011 promovido por la aquí quejosa Gabriela Iliozabieta Pérez Guzmán, contra el Municipio de Miguel Auza, Zacatecas. Atendiendo a las constancias descritas, esta Juzgadora advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Lo anterior se trae a cuenta en virtud a que la autoridad responsable remitió con el oficio de cuenta, el laudo definitivo de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, emitido por dicho Tribunal, dentro del expediente laboral ya mencionado. Acorde a lo anterior tenemos que de una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, y 77, ambos de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera concedido la protección constitucional; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, o en su defecto, que habiéndola transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica de la promovente, que amerite ser eliminada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así las cosas, si la quejosa en su escrito inicial de demanda, señaló como acto reclamado la omisión de dictar laudo definitivo dentro del expediente laboral 228/2011, que se atribuye al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado del Zacatecas, con residencia en esta ciudad y, considerando que a la fecha del presente proveído, la autoridad responsable acreditó que el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, emitió laudo definitivo dentro del expediente laboral ya citado, y remitió copia certificada de tal determinación; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, y con ello se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley de la materia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; lo anterior, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior hágase la presente determinación del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. "

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