Gabriela Hernandez Espinoza
Expediente 1616/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1616/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriela Hernandez Espinoza
- Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
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Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1616/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos, apareciendo de los mismos que se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la Jueza Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el diez de abril de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SECJ/STB/477/2018, ante el Secretario Marcos Zamora Álvarez, que autoriza y da fe..
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PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veintitrés de marzo y la resolución de veinte de marzo, ambos de dos mil dieciocho, que en lo conducente establecen: ... Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1616/2017promovido por GABRIELA HERNANDEZ ESPINOZA, constante de ciento cincuenta y ocho fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que por auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, este juzgado se reservó acordar lo conducente, respecto a la solicitud formulada por el tercero interesado, en virtud que el expediente principal se encontraba en audiencia celebrada, por lo que una vez que se dictara la sentencia se acordaría lo conducente; tomando en consideración que lo anterior ya aconteció, en consecuencia se provee lo siguiente: Visto el escrito signado por el tercero interesado Arturo Rasura Flores, por medio del cual señala nuevo domicilio para efecto de oír y recibir toda notificaciones. En atención a su contenido, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte tercera interesada el ubicado en Prolongación Tamaulipas, número 93, Colonia Flores Magón, Cuernavaca, Morelos, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1616/2017-V del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 123/2018-I del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Gabriela Hernández Espinoza, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.G.R.H. , en contra del acto de la juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil diecisiete (fojas 2 a 6 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Gabriela Hernández Espinoza, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.G.R.H., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se transcriben: "IV. ACTO RECLAMADO.- A. De la ordenadora y ejecutora. La resolución de fecha 01 de septiembre de 2017, únicamente por cuanto hace al considerando número III, párrafo ante penúltimo, en el cual niega el depósito judicial de la suscrita y mi menor hija en el domicilio familiar, emitida por la juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- A. ORDENADORA Y EJECUTORA.- La C. juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito en el Estado de Morelos." Acto que consideró violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4º, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señaló como tercero interesado a Arturo Rasura Flores; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, cuyo titular, por proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 7 a 13), la registró con el número 1616/2017-V, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; se tuvo como tercero interesado a Arturo Rasura Flores; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El tercero fue emplazado a juicio el treinta de octubre de dos mil diecisiete, como consta a foja 23 del juicio de amparo. Finalmente a las once horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, dio inicio la celebración de la audiencia constitucional (foja 142 del juicio de amparo). TERCERO. Envío del expediente de amparo. Por auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 143 del juicio de amparo), el juzgado auxiliado ordenó la remisión del expediente 1616/2017-V, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en cumplimiento al punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se determinó que a partir del uno de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número auxiliar 123/2018-I; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto para acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside en el municipio de Xochitepec, Morelos, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial del órgano de control constitucional auxiliado. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ? La resolución de uno de septiembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del juicio 679/2017, relativo a la providencia cautelar de alimentos, guarda y custodia y depósito judicial, promovido por la parte quejosa, en la que se declaró procedente las providencias precautorias de alimentos, guarda y custodia, no así sobre depósito judicial. Acto reclamado a la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec (foja 72 del expediente de amparo), al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues la manifestación de la responsable constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó la juez responsable a su informe justificado, relativo a providencias precautorias 679/2017; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones; además, de que se tratan de constancias que forman parte de un expediente tramitado ante una autoridad jurisdiccional. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Los antecedentes más destacados del acto reclamado, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Civil de Xochitepec, Morelos, compareció Gabriela Hernández Espinoza, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.G.R.H., a promover providencias cautelares, en contra de Arturo Rasura Flores, consistentes en (fojas 76 a 85 del expediente de amparo): "1.- EL PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL, a razón del 40% del salario más prestaciones que percibe por este concepto en fuente de trabajo, siendo esta la Universidad Nacional Autónoma de México, campos Morelos, la cual se encuentra ubicada en avenida Universidad, número 2001, colonia Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos, cantidad que será destinada para sustentar las necesidades acordes al nivel de vida que hasta la fecha ha disfrutado nuestra menor hija y la suscrita, quien siempre he sido dependiente de mi cónyuge, siendo lo indispensable acorde a nuestra necesidades y posibilidades del deudor alimentista. 2.- LA GUARDA Y CUSTODIA DE MI MENOR HIJA DE NOMBRE ROSA GABRIELA RASURA HERNÁNDEZ, quien actualmente cuenta con la edad de once años de edad, a favor de la suscrita misma que ejerzo al día de hoy. 3.- DEPÓSITO JUDICIAL de la suscrita así como de mi menor hija ROSA GABRIELA RASURA HERNÁNDEZ, en el domicilio PRIVADA SAN GABRIEL, LAS PALMAS, NÚMERO 149, CONJUNTO HABITACIONAL CLAUSTROS DE LA HACIENDA, TEMIXCO, MORELOS el cual ha sido nuestro domicilio familiar." 2. El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, la juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec admitió a trámite las providencias precautorias, la registró bajo el número 679/2017, y refirió que se señalaría día y hora para la recepción de la prueba testimonial que ofreció la promovente para acreditar sus hechos (foja 89 del expediente de amparo). 3. El uno de septiembre de dos mil diecisiete, se emitió la resolución correspondiente a las providencias cautelares, conforme a los siguientes puntos resolutivos (fojas 106 a 117 del expediente de amparo): "PRIMERO.- Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente asunto y la vía elegida por la parte actora es la procedente, de conformidad con los razonamientos expuestos en el considerando I de la presente resolución. SEGUNDO.- SE DECLARA PROCEDENTE la PROVIDENCIA CAUTELAR DE ALIMENTOS Y GUARDA Y CUSTODIA solicitada por la ciudadana GABRIELA HERNÁNDEZ ESPINOZA por su propio derecho y en representación de su menor hija ROSA GABRIELA RASURA HERNÁNDEZ, no así la providencia sobre depósito judicial; en virtud de los motivos expuestos en el presente fallo, en consecuencia: TERCERO.- Se decreta por concepto de pensión alimenticia a favor de la promovente GABRIELA HERNÁNDEZ ESPINOZA y de su menor hija ROSA GABRIELA RASURA HERNÁNDEZ a cargo del deudor alimentario ARTURO RASURA FLORES, la cantidad que resulte de aplicar el 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) mensual del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el demandado en su fuente de trabajo previas deducciones de ley. En consecuencia, gírese atento oficio al jefe de Recursos Humanos u homólogo de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, campus Morelos, que se encuentra ubicada en avenida Universidad 2001, Cuernavaca, Morelos 62210, a efecto de que ordene a quien corresponda proceda a hacer el descuento de la cantidad que resulte del porcentaje ordenado en líneas que anteceden y sea entregado a la ciudadana GABRIELA HERNÁNDEZ ESPINOZA, previa identificación y acuse de recibo correspondiente; en el entendido que en caso de renuncia, despido o cualquier otra causa de separación del empleo del deudor alimentista, deberá retener la cantidad equivalente a tres meses del porcentaje decretado por concepto de pensión alimenticia a efecto de garantizar el derecho de alimentos de las acreedoras alimentarías, que por concepto de finiquito corresponda al deudor alimentario. CUARTO.- Se decreta la guarda y custodia de la menor ROSA GABRIELA RASURA HERNÁNDEZ a favor de su señora madre la señora GABRIELA HERNÁNDEZ ESPINOZA. QUINTO.- Por último, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 233 del Código Procesal Familiar en vigor, prevéngase a la promovente ciudadana GABRIELA HERNÁNDEZ ESPINOZA, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, presente la demanda definitiva, apercibida que de no hacerlo perderá su eficacia y se levantará la presente providencia. SEXTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. (.)." La resolución anterior constituye el acto reclamado, en el presente juicio de amparo. 4. Mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Civil de Xochitepec, Morelos, compareció Gabriela Hernández Espinoza, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.G.R.H., en la vía de controversia familiar, a demandar la guarda y custodia, alimentos y depósito judicial de su menor hija, en contra de Arturo Rasura Flores (fojas 1 a 10 del tomo de pruebas). 5. Demanda que se tuvo por recibida por auto de trece de octubre de dos mil diecisiete, por parte del juez Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, y a efecto de acordar lo conducente, ordenó girar oficio a la tercer secretaría para que remita el expediente 679/2017 radicado en ese mismo juzgado (foja 21 del tomo de amparo). 6. Por auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el expediente 679/2017 relativo a las providencias cautelares requerido, por lo que se admitió a trámite la controversia familiar planteada por Gabriela Hernández Espinoza en contra de Arturo Rasura Flores, la registró con el número 1151/2017, ordenó el emplazamiento del demandado y confirmó las medidas provisionales decretadas en la interlocutoria de uno de septiembre de dos mil diecisiete en el expediente 679/2017 (fojas 25 y 26 del tomo de pruebas). QUINTO. Causales de improcedencia. En el caso, este juzgado federal estima que el presente asunto es improcedente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en virtud de que la quejosa inobservó el principio de definitividad, pues no agotó el recurso de apelación que prevé el Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, para impugnar la interlocutoria reclamada. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El numeral transcrito contiene el principio de definitividad que rige a los juicios de amparo. Este principio establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debe agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior se desprende que el medio de control constitucional en comento es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.60.C. J/37 , del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Destacado lo anterior, conviene reiterar que en el caso la parte quejosa reclama la resolución de uno de septiembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del juicio 679/2017, relativo a la providencia cautelar de alimentos, guarda y custodia y depósito judicial, en la que se declaró procedente las providencias precautorias de alimentos, guarda y custodia, no así sobre depósito judicial. En tal sentido, a fin de determinar si surte o no la causal de improcedencia en análisis, es menester determinar si en las leyes ordinarias se prevé un juicio o recurso mediante el cual puedan modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En ese sentido, los artículos 589 y 572 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen: "ARTÍCULO 569.- OBJETO DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal Superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." ARTÍCULO 572.- RESOLUCIONES APELABLES. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que se proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste." Del contenido de los artículos transcritos, se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal superior confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados y que puede ser objeto de apelación, entre otras, las sentencias interlocutorias y las se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios. En ese sentido, la interlocutoria que aquí constituye el acto reclamado, por la cual se declaró procedente las providencias precautorias de alimentos, guarda y custodia, no así sobre depósito judicial, la agraviada estaba obligada a interponer en su contra el recurso de apelación, previamente a la instauración del presente juicio de amparo; no obstante que pueda considerarse que el acto reclamado reviste una ejecución de imposible reparación, pues ello no es una excepción a la regla de definitividad, de ahí que al no haberse cumplido con el principio de definitividad, resulta improcedente la demanda de amparo. Ilustra el sentido de lo analizado por las razones que la informan, la jurisprudencia 113/2013 (10a.) , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, robustece lo razonado, la diversa jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En ese tenor, la parte quejosa está obligada a agotar el recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria reclamada antes de acudir al juicio de amparo; al no ser así, este juicio deviene improcedente, conforme a lo que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que no se advierte que la parte quejosa esté en alguno de los supuestos de excepción que el mismo prevé. Se afirma ello, pues el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, tampoco alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en un acto que afecte la libertad personal de la parte quejosa. De igual forma, se destaca que la solicitante del amparo, no es persona extraña al procedimiento, dado que tiene el carácter de parte actora en la medida cautelar de origen; en virtud de lo anterior, está sujeta a las reglas que rigen esa relación procesal, estando en posibilidad de defenderse a través de los medios ordinarios de impugnación que marca la ley que rige el acto y, por tanto, obligada a cumplir con los principios rectores del juicio de amparo, entre ellos, el de definitividad. Finalmente, tampoco se está en el supuesto de que el recurso de apelación que debió agotar la parte quejosa, deba sujetarse a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. En este último aspecto, cabe precisar que la citada excepción no se actualiza atento a que, para considerar que contra el acto aquí reclamado procede apelación de conformidad con el artículo 572 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, no se requiere mayor interpretación que la simple lectura del referido artículo; de ahí que no existe duda en cuanto a que el referido medio de defensa es procedente contra la resolución interlocutoria reclamada. De ahí que no nos encontremos ante un caso de excepción, en el que no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios previos a la promoción del amparo, por lo que la procedencia del juicio constitucional está condicionada al cumplimiento del principio de definitividad, de acuerdo con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En esas condiciones y puesto que el amparo es un juicio extraordinario al que solamente puede acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de impugnación previstos por la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar, revocar o anular los actos que vayan a reclamarse, y al no haberlo hecho así la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado y, en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución, para que dicho órgano jurisdiccional ordene lo relativo a su notificación. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Hernández Espinoza, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales R.G.R.H., respecto del acto reclamado de la autoridad responsable que precisado quedó en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy veinte de marzo de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 1616/2017promovido por GABRIELA HERNANDEZ ESPINOZA, constante de ciento cincuenta y ocho fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veinte de marzo de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que por auto de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, este juzgado se reservó acordar lo conducente, respecto a la solicitud formulada por el tercero interesado, en virtud que el expediente principal se encontraba en audiencia celebrada, por lo que una vez que se dictara la sentencia se acordaría lo conducente; tomando en consideración que lo anterior ya aconteció, en consecuencia se provee lo siguiente: Visto el escrito signado por el tercero interesado Arturo Rasura Flores, por medio del cual señala nuevo domicilio para efecto de oír y recibir toda notificaciones. En atención a su contenido, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte tercera interesada el ubicado en Prolongación Tamaulipas, número 93, Colonia Flores Magón, Cuernavaca, Morelos, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jueza Civil de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copias certificadas del expediente 1151/2017 promovido por Gabriela Hernández Espinoza, en atención al requerimiento de ocho de diciembre de dos mil diecisiete; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, sin perjuicio de su relación en audiencia constitucional. Finalmente, para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo I, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, para que se impongan de su contenido; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE...
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