Gabriela Guzmán Pérez

Expediente 49/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
49/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Guzmán Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado en que se encuentran los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo para impugnar el pronunciamiento de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que este expediente es conservable, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo en cita, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió en exceso el término de tres días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por las aludidas autoridades responsables. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243). En primer término, conviene precisar que en sesión de quince de junio de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión R.A. 6/2023, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó la sentencia emitida en el presente juicio el siete de noviembre de dos mil veintidós, por la cual se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En las condiciones apuntadas, sin prejuzgar sobre la oportunidad del recurso de revisión, dada la incongruencia de la resolución reclamada, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dentro del término de diez días, contados a partir de que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno en el recurso de revisión R.R.A14637/21, y con libertad de jurisdicción, emita una nueva en la que analice la oportunidad del recurso de revisión presentado en contra de la respuesta que le fue notificada a la quejosa el uno de noviembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio COFEPRIS-CGSFS 115/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, así como en el memorándum COFEPRIS-CCAYAC-7022-2021, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, conforme a lo expuesto en esta sentencia, y hecho lo anterior, se acuerde lo conducente sobre la procedencia o no del medio de defensa intentado." Ahora bien, al estudiar las constancias aportadas por la responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la resolución de mérito y observar los efectos de la concesión del amparo, se advierte que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió el acuerdo ACT-EXT PUB/09/08/2023.02, mediante el cual dejó insubsistente la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión R.R.A. 14637/21 y por acuerdo de nueve de agosto del año en curso, admitió el 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P.-49/2022-VI recurso de revisión presentado en contra de la respuesta notificada a la aquí quejosa el uno de noviembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio COFEPRIS-CGSFS 115/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, así como en el memorándum COFEPRIS-CCAYAC-7022- 2021, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se acataron con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, en razón de que la autoridad responsable Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cumplió con la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Las consideraciones anteriores tienen sustento por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, que es del rubro y texto siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." (No. Registro: 165,807, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, Diciembre de 2009, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ Notifíquese; y de manera electrónica a la parte quejosa

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por el que remite diversas constancias con las que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda tomando conocimiento de su contenido para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta, anexos que acompaña, así como las impresiones de los documento adjuntos en CD, se da vista a la parte quejosa, Gabriela Guzmán Pérez, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten por escrito lo que a su interés y derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ Apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa

  4. Principal

    Ciudad de México, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en representación del Pleno de dicho organismo, por medio del cual manifiesta la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que no existe nombrado el quorum de integración valido del órgano máximo de gobierno del Instituto (cinco comisionados) para la sesión pública; no obstante, solicita que, en caso de ser necesario, este juzgado realice un control ex officio o una interpretación estricta del contenido del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto del quorum mínimo para que ese Pleno sesione. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a sus autos para que obre como corresponda. Atento a su contenido se procede a proveer lo relativo a sus manifestaciones. Como se advierte del oficio de cuenta, la autoridad responsable sustenta la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, en el hecho de que actualmente el Pleno del Instituto Nacional de 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 2 Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no se encuentra integrado, pues a la fecha no se han nombrado a los Comisionados que faltan para completar el quorum que el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece. Así, refiere que el citado artículo, impide sesionar a los Comisionados que actualmente integran ese Pleno y, por ende, no es posible someter a su consideración el proyecto del acuerdo que se ordenó emitir en la ejecutoria de este juicio. De esta manera, la autoridad responsable solicita que se declare la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector, o bien se realice una interpretación conforme al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en su caso, se le conmine a sesionar la resolución materia del cumplimiento, únicamente con los Comisionados que actualmente integran el Pleno. De lo anterior se observa que, la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, radica en que el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, exige como requisito de validez que las sesiones del Pleno del Instituto se lleven a cabo con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado presidente. Esto es, refiere que el citado artículo es el que impide dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, aunado a la dilación en la que ha incurrido la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en hacer la designación de los tres comisionados vacantes de ese Instituto. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 3 JUICIO DE AMPARO P- 49/2022-VI Corolario de lo anterior este Juzgador de Distrito advierte que, en efecto, dicho precepto legal obstaculiza el cumplimiento del fallo protector, por lo que, con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el derecho del quejoso generado en la ejecutoria de amparo, como lo es el derecho humano de acceso a la justicia. El artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. De tal forma que los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, como garantes directos de la eficacia jurídica de la Constitución, deben resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan las previsiones de la Carta Magna, a modo de hacer prevalecer aquella interpretación que materialice de un modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucionales. De esa guisa, el principio de interpretación conforme invocado por la quejosa, se fundamenta en el diverso de conservación legal, que desde la perspectiva objetiva del legislador, se refiere a que la interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando, el sentido normativo resultante de la ley no conlleve una distorsión, sino una atemperación o adecuación frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el principio de interpretación conforme se fundamenta en una presunción general de validez de las 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 4 normas que tiene como propósito la conservación de las leyes; por ello, se trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un precepto legal; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de mérito, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento internacional. Apoya lo anterior, la tesis P. II/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), registro digital: 2014204, que dice: "INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal, lo que supone que dicha interpretación está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un lado, aquél encuentra su límite en la voluntad del legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio texto de la norma en cuestión. En el caso de la voluntad objetiva del legislador, la interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando el sentido normativo resultante de la ley no conlleve una distorsión, sino una atemperación o adecuación frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el principio de interpretación conforme se fundamenta en una presunción general de validez de las normas que tiene como propósito la conservación de las leyes; por ello, se trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un precepto legal. En ese sentido, sólo cuando exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una norma ordinaria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional, se realizará una declaración de inconstitucionalidad o, en su caso, de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento internacional. Al respecto, dicha técnica interpretativa está íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme de todas las normas expedidas por el legislador al Texto Constitucional y a los instrumentos internacionales, en aquellos escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo que previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. Por tanto, mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de interpretación más favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que más beneficie a la persona y en todo caso a la sociedad." También es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 5 JUICIO DE AMPARO P- 49/2022-VI Federación y su Gaceta (sic), registro digital: 2014332, que dice: "INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prolonga, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así el Juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. Ahora bien la interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración de inconstitucionalidad de la norma." Puntualizado lo anterior, se considera oportuno precisar en primer lugar los antecedentes del caso concreto para establecer el derecho humano que hace necesaria la interpretación conforme del citado artículo. Así, se impone destacar que en la sentencia dictada por este Juzgado Federal el siete de noviembre de dos mil 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 6 veintidós, se otorgó a la parte quejosa Gabriela Guzmán Pérez, el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realizara lo siguiente: 1. Deberá dejar insubsistente la resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno en el recurso de revisión R.R.A. 14637/21 ; y, 2. Con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que analice la oportunidad del recurso de revisión presentado en contra de la respuesta que le fue notificada a la quejosa el uno de noviembre de dos mil veintiuno, contenida en el oficio COFEPRIS-CGSFS-115/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, así como en el memorándum COFEPRIS-CCAYAC-7022-2021, de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, y hecho lo anterior, se acuerde lo conducente sobre la procedencia o no del medio de defensa intentado. Lo anterior se otorgó para el efecto de restablecer a la parte quejosa su derecho infringido por el acto reclamado, es decir, su derecho a la garantía de motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La referida sentencia fue confirmada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.A. 6/2023; lo que hace patente que dicha sentencia adquirió firmeza y, por ende, la fuerza de cosa juzgada. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 7 JUICIO DE AMPARO P- 49/2022-VI Entonces, es inconcuso que la ejecutoria de amparo, al ser cosa juzgada, debe ser cumplida en sus términos y en el plazo previsto en la Ley de Amparo para ello; para así respetar el derecho humado de acceso a la justicia efectiva del quejoso, protegido en el artículo 17 constitucional que, en lo que aquí interesa, establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. (.)." De la interpretación del precepto citado, en específico de su párrafo segundo, se advierte que en él se consagran a favor de los gobernados los siguientes principios: 1). Justicia pronta. Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2). Justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3). Justicia imparcial. Significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 8 considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4). Justicia gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 5). Plena ejecución. La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrá que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. De igual manera, el derecho humano de acceso a la justicia también se encuentra previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación por parte del Estado de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos humanos. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha interpretado este derecho fundamental en diversos casos, en el sentido que para la satisfacción de la prerrogativa de acceso a la justicia no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, deben ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 9 JUICIO DE AMPARO P- 49/2022-VI Bajo ese contexto, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real - no ilusoria-, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. Para ello, los órganos que tienen a su cargo funciones jurisdiccionales deben tratar de suprimir, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o delimitar el referido derecho de acceso a la justicia. De ahí, que la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos de todo Estado de derecho en una sociedad democrática. Además, no debe perderse de vista que dicha garantía no se limita exclusivamente a los recursos judiciales en estricto sentido; sino que, en realidad, se refieren al conjunto de requisitos que deben observarse en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas; pues, el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, es un derecho humano, y, por ende, la administración pública no se encuentra excluida de cumplir con este deber. En este sentido, en el caso cobra relevancia especial, el concepto de justicia completa, entendido como el derecho de las personas a obtener, por parte de la autoridad, un pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos cuyo estudio sea necesario; y, a la necesidad que el recurso sea capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, debiendo las autoridades abstenerse de dificultar la posibilidad de esa restitución de derechos. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 10 Con base en lo anterior, se llega a la conclusión que el cumplimiento de las ejecutoria de amparo tiene un impacto en el derecho humano de acceso a la justicia efectiva, específicamente en su principio de plena ejecución, el cual, como quedó precisado, consiste en que deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma, obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. Lo anterior guarda estrecha relación con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, de los cuales se obtiene que el Legislador estableció un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el cumplimiento pronto de las sentencias de amparo, para lo cual limitó el número de requerimientos que pueden realizarse a las autoridades para cumplir el fallo protector, de tal forma que, en principio, solo puede hacerse un requerimiento para que, dentro del plazo de tres días, se cumpla la sentencia. A esta regla general sobre el plazo para cumplir, la ley establece dos excepciones, a saber, la prevista en el último párrafo del artículo 192, y la prescrita en el tercer párrafo del artículo 193. De esta manera, de conformidad con el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo que prevé la Ley de Amparo, debe procurarse que el único término que se otorgue para hacer cumplir el fallo protector, sea el de tres días que dispone el artículo 192 de la mencionada ley; sin embargo, se reitera, los aludidos preceptos legales contemplan excepciones a esa regla y, se actualizan cuando a consideración del juzgador de amparo, existe dificultad o complejidad para dar dicho cumplimiento o la autoridad responsable justifique la causa del retraso o que la ejecutoria se encuentra en vías de su cumplimiento. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 11 JUICIO DE AMPARO P- 49/2022-VI Así, el objetivo de la Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. Máxime que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se trata de una situación extraordinaria, por lo que la autoridad responsable no debe darle, a las conductas exigidas, un tratamiento en condiciones ordinarias, esto es, no debe condicionar el cumplimiento a trámites burocráticos, administrativos, comunicaciones internas, ni pretender justificarlo con las cargas de trabajo pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional de manera inmediata para que el quejoso que ya obtuvo una sentencia favorable no tenga que estar soportando más la actuación de la autoridad declarada inconstitucional. Ahora, en el caso particular, se reitera, lo que imposibilita el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, es el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que es indispensable imponerse de su contenido, que es el siguiente: "Artículo 33. El Pleno del Instituto, integrado por siete Comisionados con voz y voto, incluido su Presidente, es el órgano superior de dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto. El Pleno tomará sus decisiones y desarrollará sus funciones de manera colegiada. Sus resoluciones serán obligatorias para todos los Comisionados, aunque estuviesen ausentes o sean disidentes al momento de tomarlas. Las versiones estenográficas de todas las resoluciones que tome el Pleno son públicas; salvo que en el caso particular exista disposición contraria en la Ley. Las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 12 Las decisiones y resoluciones se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, el Comisionado Presidente resolverá con voto de calidad. Los Expedientes y las actas resolutivas se considerarán públicos, asegurando que la información reservada o confidencial se mantenga con tal carácter. Como se observa de la transcripción anterior, la limitante que la autoridad responsable considera que existe para cumplir la ejecutoria de amparo, se encuentra únicamente en el tercer párrafo del citado artículo, pues, dispone que las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente. Se considera oportuno mencionar que la imposibilidad que aduce la autoridad responsable, si bien deriva de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 33, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo cierto es que, per se, esa prescripción normativa no limita o impide el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, sino los acontecimientos que actualmente imperan en el mundo factico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues es un hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que desde el uno de abril de dos mil veintidós, quedaron vacantes los nombramientos de dos Comisionados, por lo que, a partir de esa fecha el Pleno de ese Instituto funcionó con cinco miembros; no obstante, el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, concluyó el cargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas; lo que generó que dicho Pleno se quedará solo con cuatro comisionados y, por ende, no se cumple con el requisito de quorum de cinco comisionados para que sus sesiones sean válidas, tal como lo establece el multicitado artículo 33. Además, también es un hecho notorio que la falta de nombramiento de los tres comisionados faltantes, se debe a la omisión en que ha incurrido la Cámara de Senadores del 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 13 JUICIO DE AMPARO P- 49/2022-VI Congreso de la Unión de nombrar a los tres comisionados vacantes, tal como lo establece el artículo 6° constitucional1 . Entonces, con base en todo lo anteriormente expuesto, se procede a realizar la interpretación conforme del artículo 33, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la luz del derecho de acceso a la justicia del quejoso, en su vertiente de plena ejecución. Así, se obtiene que, en lo relativo al caso concreto, conforme a dicho artículo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es integrado por siete Comisionados con voz y voto, incluido su Presidente, y es el órgano superior de dirección de ese Instituto, quien toma sus decisiones y desarrolla sus funciones de manera colegiada; así, se establece que las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente. No obstante, con la finalidad de no entorpecer las funciones del aludido Pleno, derivado de situación ajenas a él 1 "Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. (.) El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante". 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 14 en cuanto al nombramiento de sus integrantes, dicho artículo debe ser interpretado en su conjunto y de manera armónica. Con base en lo anterior, se puede concluir que, si bien el Pleno del Instituto, se encuentra integrado por siete Comisionados; también es verdad que tal dispositivo legal permite que las sesiones se lleven a cabo con un número menor a siete, es decir, prevé que tales sesiones se pueden realizar con la asistencia de cinco comisionados, lo que hace patente que no fue intensión del legislador exigir que las sesiones se desarrollen necesariamente con los siete miembros del Pleno, sino que pretendió prever situaciones en las que no podrían concurrir a las sesiones los siete Comisionados. Además, se insiste, de esa interpretación integral y armónica del artículo en cuestión, se advierte que lo más importante para que las decisiones de ese Pleno sean válidas, es que éstas se tomen de manera colegiada y por mayoría simple. Incluso, el legislador contempló y estableció que en caso de empate en la votación de las resoluciones, el Comisionado Presidente resolverá con voto de calidad. Sin embargo, no se previó en tal artículo, la posibilidad de que, por cuestiones ajenas al Instituto, el Senado no nombrará en tiempo y forma a los Comisionados vacantes. Por lo tanto, tomando en consideración que el propio artículo permite la posibilidad de que el Pleno sesione con menos de los siete Comisionados, se determina que es posible que el Pleno aquí responsable, sesione con los cuatro Comisionados que actualmente lo integran, pues se entiende que éstos son la totalidad que lo integran y que además son 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 15 JUICIO DE AMPARO P- 49/2022-VI mayoría de los siete que lo deben integrar; siempre y cuando lo hagan con la asistencia de los cuatro y, que aprueben de manera colegiada y por mayoría simple su determinación, por lo cual, en caso de empate, el Comisionado Presidente resolverá con voto de calidad. Lo anterior, con la finalidad de respetar el derecho humano de acceso a la justicia del quejoso, consagrado en el artículo 17 constitucional, esto es, que se dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y, por consecuencia, se restituya a quejoso en su derecho humano infringido por el acto declarado inconstitucional. Máxime que, de considerar lo contrario y hacer una simple interpretación literal del citado artículo 33, se permitiría a la autoridad utilizar lo previsto en el tercer párrafo de tal dispositivo como una herramienta para dilatar injustificadamente el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, soslayando los derechos humanos del quejoso, quien ya obtuvo una sentencia favorable que constituye cosa juzgada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 196, de la Ley de Amparo, se requiere al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el término de diez días, contados a partir de la notificación del presente auto, sesione con los cuatro Comisionados que actualmente lo integran, y emitían la determinación ordenada en la ejecutoria de amparo. En el entendido de que, para dicha sesión deberán asistir los cuatro Comisionados, los que deberán resolver de manera colegiada y por mayoría simple; y, en caso de 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 16 empate, el Comisionado Presidente resolverá con voto de calidad. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, sin causa justificada se hará efectivo el diverso apercibimiento decretado en el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese

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