Gabriela Graciano Soto

Expediente 794/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
794/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Graciano Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, no fue notificada del oficio que contiene transcripción del proveído de doce de julio del año en curso, por el que se señalaron las trece horas con diez minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia al incidente innominado. Hecho notorio. Es un hecho notorio para este juzgador que la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, se encuentra gozando de su primer periodo vacacional correspondiente al año en curso, motivo por el cual, no fue notificada del auto de doce de julio del año en curso. Fecha de audiencia. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia del incidente innominado señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con diez minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 67, párrafo segundo, con relación al numeral 193, ambos de la Ley de Amparo, respecto al incidente innominado aperturado en autos, a fin que las partes expresen alegatos de su intención. Reserva notificación. Finalmente, en atención a que es del conocimiento oficial que la autoridad responsable, se encuentra gozando de su periodo vacacional, una vez que reanude labores, sin necesidad de nuevo acuerdo, hágase la notificación del presente proveído. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido del licenciado Jorge Trejo Veloz, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Oficio. Téngase por recibido el oficio remitido por la autoridad responsable, por medio del cual solicita el estado procesal del presente juicio de amparo. Acuerdo. Atento a lo anterior, dígasele a la autoridad compareciente que el nueve de marzo del presente año, se dictó sentencia dentro del presente juicio, el cual se decretó el sobreseimiento; asimismo, en autos de veintiocho y treinta de marzo del actual, el asesor jurídico federal y la parte quejosa interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución antes mencionada, y una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, se remitirán los autos originales al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, a efecto de que substancien los recursos de mérito. Notifíquese.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las doce horas con diez minutos del siete de julio de dos mil veintitrés, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión del licenciado Ernesto Rubio Hernández, secretario que da fe, la declaró abierta, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta al Juez con las constancias obrantes en autos, entre las que se encuentran el ocurso inicial y sus anexos, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegaciones en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual lo conducente ahora es dictar el fallo relativo.VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil veintitrés, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, Gabriela Graciano Soto, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. La autoridad responsable: señalo al C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil con residencia en esta ciudad de Torreón, Coahuila, así como al actuario de la adscripción. --- IV. El acto reclamado. Autoridad que son violatorios de derechos humanos: --- 1.- el indebido decreto que autoriza el llevar a cabo actos de molestia en mi domicilio, calle Río Serna número 1358 de la colonia Magdalenas de esta ciudad de Torreón, Coahuila. Dentro del expediente 455/2021 radicado ante la responsable. --- 1.- El ilegal decreto de desahucio respecto de los interesados dentro del juicio citado con antelación. Así como del remate del bien del cual soy copropietaria, violando el derecho al tanto que me corresponde." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, quien por conducto de su presidencia, declaró carecer de competencia legal por razón de grado y la remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, a lo que ese mismo día se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Así, por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia declinada, se acusó el recibo correspondiente, se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 794/2023-VIII-A, y fue admitida la demanda de amparo, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó los informes justificados correspondientes y, se dio vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, fueron dictados por una autoridad residente en esta localidad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255). Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa en su carácter de tercera extraña en sentido estricto, son los siguientes: i. El acto de molestia emitido en el juicio especial hipotecario 455/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, en el domicilio ubicado en calle Río Serna, número 1358, colonia Magdalenas de esta ciudad; y, ii. La orden de desalojo o lanzamiento, emitida en su contra, dentro de los autos del juicio de origen 455/2021 respecto del bien inmueble ubicado en el domicilio de referencia. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables aceptaron la existencia del acto que se les reclama y que se precisa en el número ii., del considerando segundo de esta sentencia. No obstante, de las constancias que en copias certificadas acompañó el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, relativas al juicio especial hipotecario 455/2021, promovido por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex por conducto de su apoderado legal licenciado Hugo Barbosa Seade, en contra de Arnulfo Ríos Castañón, se advierte que el mismo no existe, ello en tanto que por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se señaló fecha para que tuviera verificativo el remate judicial del bien inmueble que refiere la parte quejosa, sin embargo no existe constancia de que se haya ordenado el desahucio respectivo. Constancias que por tratarse de documentos públicos, tienen valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena época, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En congruencia con lo anterior lo procedente en la especie es, sin duda, sobreseer en este juicio de amparo en los términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que respecta al acto reclamado de mérito. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto que la quejosa reclama de las autoridades responsables precisado con el número i., del considerando segundo de esta sentencia, ya que así lo afirman al rendir sus respectivos informes justificados. Apoya, la jurisprudencia 305, publicada en la página 206, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto atacado por la parte quejosa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto, este juzgador afirma que en el caso en estudio, respecto al acto reclamado por la quejosa se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5° de la legislación en cita y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior es así, por las siguientes consideraciones de índole jurídico: El numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". (.)". Por su parte, la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, refiere lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Así también, la fracción I, del artículo 107 Constitucional, en la que se establece como un principio básico del juicio de amparo, que debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, pues al efecto señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". De la lectura de los preceptos legales referidos se tiene, que uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, es el interés jurídico. Ello es así, porque si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica de la parte quejosa, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional, por lo cual, aquél debe acreditar fehacientemente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica; o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Toda vez que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resultará improcedente, máxime porque el interés jurídico no puede inferirse a base de presunciones. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, registro digital 206338, octubre de 1994, materia común, página 17, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". De igual manera, la jurisprudencia número 3a./J. 28/90, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava época, registro electrónico 207223, tomo V, enero-junio de 1990, materia común, página 230, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo". Ahora bien, la quejosa comparece en su carácter de tercera extraña en sentido estricto al juicio especial hipotecario 455/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, con sede en esta ciudad, promovido por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex por conducto de su apoderado legal licenciado Hugo Barbosa Seade, en contra de Arnulfo Ríos Castañón. En esa virtud, se estima pertinente determinar qué debe entenderse por tercero extraño para efectos del análisis correspondiente. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido como tercero a aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte o tener injerencia en el asunto de que se trata. Ello atiende a la naturaleza misma de la relación jurídico-procesal por lo que respecta al principio de exclusividad de los sujetos de la misma. Criterio el cual se ve plasmado en la tesis jurisprudencial 7/98, sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo VII, enero de 1998, página 56, registro electrónico 196932, la cual se transcribe a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En efecto, en un procedimiento judicial únicamente tienen injerencia las partes, es decir, los sujetos entre quienes se entabla la controversia o cuestión debatida, o bien, personas las cuales la ley normativa correspondiente otorga la facultad de desplegar actos o les impone alguna obligación, dentro de la secuela procesal. Importa destacar por otro lado, que la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela que va desde la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame, bien sea en relación con el bien debatido en el juicio, o con los bienes que la sentencia disponga o, con aquéllos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando dos o más personas siguen un juicio sin llamar a la que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertir, es evidente, que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista constitucional, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio y, desde el punto de vista constitucional, en razón de que, si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna reconocen a toda persona el derecho y principio de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una persona a quien no se llamó para que se defendiera. En esa virtud, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre los cuales, dice ser titular la parte quejosa y ésta tiene la calidad de tercero extraño, el procedimiento puede causarle perjuicio a su esfera jurídica, puesto que las leyes no le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que, también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin ser oído se sustancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una sentencia que lesione sus intereses. De igual manera conviene destacar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya sea en defensa de un derecho de propiedad o de posesión, se traduce en un derecho subjetivo y debe decirse que dicho derecho subjetivo solo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorios, es decir, tiene interés para acudir al juicio de amparo quien es titular de un derecho subjetivo, afectado directamente por un acto de autoridad. El perjuicio debe ser actual y directo, no indirecto ni eventual, además la peticionaria de amparo tiene la obligación de acreditar plenamente su interés jurídico para que, si así lo estima fundado, la autoridad que conozca del juicio constitucional, esté en posibilidad de conceder o negar la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, por el interés jurídico demostrado. En suma, el derecho subjetivo protegido por la Constitución Federal, es lo que se traduce en el juicio de amparo como el interés jurídico que la ley de la materia considera necesario para la procedencia del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1484 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1046, tomo I, materia constitucional, precedentes relevantes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 2000, cuyos rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio". También la jurisprudencia 856 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 584, tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de la literalidad siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". Así, el interés jurídico deriva de la protección del ordenamiento legal objetivo, pues la naturaleza del interés jurídico implica solamente la protección de una situación jurídica concreta y no obedece a intereses simples que pueden revestir el carácter de materiales o económicos, ya que con el interés simple no se afecta la esfera jurídica de una persona, entendiéndose como tal, el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto derivado de las normas de derecho subjetivo. Asimismo, las afectaciones de las que se duele la parte quejosa deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, so pena que el órgano constitucional del conocimiento considere que no se afecta el derecho subjetivo del peticionario, en razón de no encontrarse acreditado de forma fehaciente que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, consultable en la página 225, la cual dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Precisado lo anterior, de las constancias que obran en autos respecto del aludido juicio natural, las cuales ya fueron valoradas previamente, se advierte que la quejosa es tercera extraña en sentido estricto al juicio especial hipotecario 455/2021, toda vez que no figura como actora ni demandada, ya que dicho procedimiento fue promovido por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex por conducto de su apoderado legal licenciado Hugo Barbosa Seade, en contra de Arnulfo Ríos Castañón. Sin embargo, se considera que la quejosa no demostró su interés jurídico, no obstante argumenta que los actos reclamados transgreden en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16, constitucionales, aun cuando no forma parte de la relación jurídico procesal del juicio especial hipotecario de mérito, se le pretende privar de la propiedad de un bien inmueble del cual refiere tener un derecho real derivado del concubinato que sostiene con la parte demandada en el juicio de origen, sin previamente haber sido oída y vencida en juicio o haber demostrado tener un derecho real con el inmueble Litis. Lo anterior, pues en el caso, la prueba documental pública consistente en el acta de nacimiento de la hija que tuvo con la parte demandada en el juicio de origen Arnulfo Ríos Castañón, resulta insuficiente para reconocer que la quejosa tiene un derecho real sobre el inmueble de mérito pues aun y cuando fuera concubina del demandado -se reitera-, en todo caso sería una expectativa de derecho adquirir uno con el inmueble de referencia, lo cual desde luego, genera que no tenga interés jurídico en este juicio de amparo. En esa medida, únicamente quienes formen parte del litigio son aquéllos que están facultados para reclamar las determinaciones ahí asumidas, sin que la impetrante acredite que tiene dicho carácter. De ahí que se tiene que las determinaciones impugnadas no trascienden a la esfera jurídica de la aquí quejosa, porque no es parte en el juicio de origen; además, del expediente en comento no se evidencia que haya sido llamado como tercera interesada; por lo tanto, la solicitante del amparo no cuenta con alguna calidad en el referido juicio especial hipotecario y en esa medida, tampoco tiene la facultad para ser integrada al mismo. Bajo esa óptica, se estima que la parte quejosa no justificó el interés jurídico que refirió tener respecto de la propiedad bien inmueble que menciona, ya que no anexó prueba alguna que acreditara lo anterior. En ese tenor, no está acreditado con prueba alguna el interés jurídico que la quejosa dice que le asiste, siendo que dicho interés, para la promoción del presente juicio de amparo, debe estar demostrado fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. Apoya a lo anterior, la tesis III.1o.A.25 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, editada en la página cuatrocientos uno, Tomo VI, Julio de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." En esas consideraciones, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en virtud que la peticionaria de amparo no acreditó contar con un derecho legítimamente tutelado que se afecte con los actos reclamados. Sobreseimiento en el juicio que debe hacerse extensivo en relación al acto reclamado de la autoridad responsable señalada como ejecutora, al no combatirse por vicios propios. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cincuenta, Tomo 24, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." De ahí que, al no acreditar el interés jurídico para efectos de la procedencia del juicio de amparo, lo procedente es sobreseer en términos de los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y además con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 73, 74, 75, y 76 de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintidós de junio de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que remite por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo número ********************, así como testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo ********************, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO En "la materia de la revisión, se revoca la sentencia impugnada. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, para los efectos indicados en la parte final de la presente ejecutoria". Integración. Agréguense al presente juicio de amparo las actuaciones originales del cuadernillo de revisión respectivo, debiéndose destruir el resto de las constancias que lo conforman. Acuse. Acúsese el recibo correspondiente al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Requerimiento. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al fallo protector, y en su caso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese.

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