Gabriela González Silva
Expediente 435/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2022
Partes del expediente
- Gabriela González Silva
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de doce de abril de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la constancia que acompaña a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora bien, de la constancia que se remite al informe justificado se advierte que en auto de once de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral D-3/523/2020, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, hizo efectivo el apercibimiento formulado en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y, en virtud de que las partes no formularon alegatos dentro del plazo de dos días otorgados, tuvo por perdido el derecho de éstas a realizarlos; asimismo, certificó que no existe prueba pendiente por desahogar y, concedió el término de tres días a las partes para que manifiesten lo conducente a esa certificación, apercibidas que de no dar cumplimiento se tendrá por perdido su derecho a pronunciarse respecto de la misma y se decretará el desistimiento de las pruebas que queden pendientes por desahogar; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. En ese contexto, la omisión señalada por la quejosa Gabriela González Silva, como acto reclamado atribuido a la autoridad responsable consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-3/523/2020, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. En el presente juicio se reclama una abstención u omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento de estar obligada a actuar no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos, que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: "VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: ... Ahora bien, en el caso concreto, en el juicio laboral D-3/523/2020, el once de abril de dos mil veintidós se dio impulso procesal, pues la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y, en virtud de que las partes no formularon alegatos dentro del plazo de dos días otorgados, tuvo por perdido el derecho de éstas a realizarlos, asimismo, certificó que no existe prueba pendiente por desahogar y, concedió el término de tres días a las partes para que manifiesten lo conducente a esa certificación, apercibidas que de no dar cumplimiento tendrán por perdido su derecho a pronunciarse respecto de la misma y se decretará el desistimiento de las pruebas que queden pendientes por desahogar. Así, se considera que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla no está en aptitud de dictar laudo dentro del juicio laboral D-3/523/2020, de su índice, dado que aún falta que las partes se pronuncien respecto a la vista otorgada con la certificación relativa a que no existe prueba pendiente por desahogar, como lo acredita dicha autoridad responsable. Conforme a lo anterior, se colige que el juicio laboral de origen, no guarda estado para emitir el laudo cuya omisión se reclama, pues la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha concluido con las etapas procesales correspondientes para tal efecto. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-3/523/2020 deviene inexistente En las relatadas consideraciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la constancia que acompaña a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora bien, de la constancia que se remite al informe justificado se advierte que en auto de once de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral D-3/523/2020, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, hizo efectivo el apercibimiento formulado en acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y, en virtud de que las partes no formularon alegatos dentro del plazo de dos días otorgados, tuvo por perdido el derecho de éstas a realizarlos; asimismo, certificó que no existe prueba pendiente por desahogar y, concedió el término de tres días a las partes para que manifiesten lo conducente a esa certificación, apercibidas que de no dar cumplimiento se tendrá por perdido su derecho a pronunciarse respecto de la misma y se decretará el desistimiento de las pruebas que queden pendientes por desahogar; documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. En ese contexto, la omisión señalada por la quejosa Gabriela González Silva, como acto reclamado atribuido a la autoridad responsable consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-3/523/2020, deviene inexistente, como enseguida se expondrá. En el presente juicio se reclama una abstención u omisión por parte de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, que se traduce en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento de estar obligada a actuar no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 104/2018, entre la sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito -cuya parte conducente se transcribirá más adelante- resolvió el once de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos, que tratándose de actos de omisión, a efecto de adquirir convicción de su existencia, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable. Es decir, si estaba en condiciones de emitir una actuación, porque al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar esa circunstancia (si la autoridad podía o no emitir una determinación) para obtener certeza sobre la existencia del acto. Amén de que tal verificación debe hacerse al estudiar la existencia del acto. Las consideraciones de la ejecutoria en comento, en la parte conducente, disponen: "VI. Estudio de contradicción. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: ... Ahora bien, en el caso concreto, en el juicio laboral D-3/523/2020, el once de abril de dos mil veintidós se dio impulso procesal, pues la autoridad responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y, en virtud de que las partes no formularon alegatos dentro del plazo de dos días otorgados, tuvo por perdido el derecho de éstas a realizarlos, asimismo, certificó que no existe prueba pendiente por desahogar y, concedió el término de tres días a las partes para que manifiesten lo conducente a esa certificación, apercibidas que de no dar cumplimiento tendrán por perdido su derecho a pronunciarse respecto de la misma y se decretará el desistimiento de las pruebas que queden pendientes por desahogar. Así, se considera que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla no está en aptitud de dictar laudo dentro del juicio laboral D-3/523/2020, de su índice, dado que aún falta que las partes se pronuncien respecto a la vista otorgada con la certificación relativa a que no existe prueba pendiente por desahogar, como lo acredita dicha autoridad responsable. Conforme a lo anterior, se colige que el juicio laboral de origen, no guarda estado para emitir el laudo cuya omisión se reclama, pues la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha concluido con las etapas procesales correspondientes para tal efecto. Por tanto, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral D-3/523/2020 deviene inexistente En las relatadas consideraciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia ha causado ejecutoria. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de tres días cumplan con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: ".- Se desincorpore de la esfera jurídica de la peticionaria de amparo las obligaciones previstas en la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, específicamente los artículo 52 Bis y 53 y 57, fracción II, de su reglamento; por lo tanto, ninguna autoridad podrá volver a aplicarlos en perjuicio de Eloyda Fuentes Monterrosas, mientras éstos se encuentren vigentes. - Los Policías "B" Jafet Mizrain Urea García, Vicente Ramírez Andrade, Omayamalil Maturano Muñoz, Dulce María Astete Bedolla, Marco Agustín Sánchez Palacios y Zaira Felisa Mayen López, todos de la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por sí o por conducto de las autoridades administrativas correspondientes, deberán dejar insubsistentes los actos de aplicación de los preceptos indicados en el punto que precede, contenido en las boletas de infracción reclamadas números 12164160, 12437262, 12437546, 12538506, 12745670, 12746316, 12780146 y 13010892, respecto del vehículo marca Nissan, número de serie 3N8CP5HD9LL471511, línea Kicks 5 Puertas, tipo Advance 1.6. CVT, modelo 2020, con placas de circulación del Estado de Puebla TRC434A. La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, por sí o a través del área que corresponda, únicamente en el caso de que la parte quejosa hubiera pagado el monto de las infracciones antes señaladas, deberá devolver el monto erogado por el promovente de amparo, con su respectiva actualización. [.] En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la aludida ley, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto de ejecución en cumplimiento al fallo protector." Por lo que deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. ...
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