Gabriela González Reyes
Expediente 226/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gabriela González Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Directora General de Procedimientos Constitucionales en representación del Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Por ello, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio para oír recibir notificaciones el referido en el telegrama de cuenta; revocando el domicilio señalado con anterioridad. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE: "SENTENCIA. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese; personalmente a la quejosa, por oficio a las autoridades responsables, y por lista al agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con el artículo 26, fracciones I, inciso e), II, inciso a) y III, de la Ley de Amparo."
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. No obstante lo anterior, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, destacando la siguiente precisión: - Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por tanto, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el presente juicio de amparo en relación con el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos. Agréguese el escrito electrónico de cuenta signado por la parte quejosa, por medio del cual, formula manifestaciones en relación a la vista formulada en auto de diez de marzo del presente año. Se toma conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, mismo que será materia de análisis más adelante, dejando sin efectos el apercibimiento formulado en autos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable. En tales condiciones y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a determinar si la sentencia dictada en autos se encuentra debidamente cumplida. Conviene precisar que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la ejecutoria pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 1/2020, resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Se desecha el recurso interpuesto por la Secretaría Técnica del Pleno de Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. - - - SEGUNDO. Se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a David Díaz Ponce, contra el acto reclamado al director general de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, consistente en el acuerdo dictado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve en el recurso de revisión RRD 0185/19, para los efectos precisados en el punto 92 de la presente ejecutoria. CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva". En virtud de lo anterior, es necesario precisar que los efectos de la sentencia de treinta de enero de dos mil veinte, emitida por la Superioridad consistieron en: "92. Por lo que ante lo parcialmente fundado de los agravios expuestos, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado a fin de que el director general de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales realice lo siguiente: I. Deje sin efectos el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la resolución emitida en el recurso de revisión RRD 0185/19. II. Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, debidamente fundada y motivada, en la que conteste la manifestación que el ahora quejoso hizo valer mediante el correo electrónico de cinco de mayo de dos mil diecinueve, consistente en que "ii) el sujeto obligado delegó la búsqueda a diversa autoridad, es decir, al Director General Adjunto de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, siendo que en la resolución correspondiente se determinó que quien debería realizar la búsqueda era la Dirección de Administración y Control de Personal"; o bien, exprese los fundamentos y motivos por los cuáles no le es posible analizarlo". En la misma tesitura, el seis de marzo del año en curso, se recibió en este órgano jurisdiccional un oficio firmado por los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y de Cumplimientos y Responsabilidades, ambos adscritos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde exhibieron copia certificada del; Resolución del Recurso de Revisión RRD 0185/19, de veintisiete de febrero del presente año, suscrito por el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por el cual en cumplimiento, determinó: En su punto TERCERO, dejar sin efectos el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la resolución emitida en el recurso de revisión RRD 0185/19. Emitió nueva respuesta con plenitud de jurisdicción donde, tuvo por cumplido el recurso de revisión que atañe a la autoridad responsable. Asimismo en el punto SEXTO, primordialmente en fojas siete y ocho, se advierte que pretendió dar contestación a las manifestaciones planteadas por la parte quejosa. Ahora bien, de la lectura del escrito electrónico presentado por la parte quejosa, manifiesta medularmente que la autoridad responsable, no dio cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por la superioridad, esto es, dar contestación a la manifestación "el sujeto obligado delegó la búsqueda a diversa autoridad, es decir, al Director General Adjunto de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, siendo que en la resolución correspondiente se determinó que quien debería realizar la búsqueda era la Dirección de Administración y Control de Personal". Atento lo ya citado y al estudiar las constancias aportadas por la responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la resolución de mérito, así como los efectos de la concesión del amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable: Dejó insubsistente el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la resolución emitida en el recurso de revisión RRD 0185/19. No atendió la fracción II del punto 92 de la sentencia emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, esto es: II. Con plenitud de jurisdicción, emita una nueva determinación, debidamente fundada y motivada, en la que conteste la manifestación que el ahora quejoso hizo valer mediante el correo electrónico de cinco de mayo de dos mil diecinueve, consistente en que "ii) el sujeto obligado delegó la búsqueda a diversa autoridad, es decir, al Director General Adjunto de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, siendo que en la resolución correspondiente se determinó que quien debería realizar la búsqueda era la Dirección de Administración y Control de Personal"; o bien, exprese los fundamentos y motivos por los cuáles no le es posible analizarlo". Lo subrayado y resaltado es nuestro Lo que se traduce en dar contestación tácitamente respecto la supuesta remisión de la búsqueda de información a una diversa autoridad y no a la correcta, ya que de las constancias que se remiten, principalmente a fojas siete y ocho de la resolución a examinar, no se advierte lo siguiente: Se refiera la fecha del correo electrónico y la manifestación que ahí consta, y: Una contestación debidamente fundada y motivada, ya que la autoridad responsable solo realiza una redacción tendiente a cumplir con el requerimiento. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 193, de la Ley de Amparo, se requiere a las siguientes autoridades: AUTORIDADES OBLIGADAS SUPERIOR JERÁRQUICO Director General de Cumplimientos y Responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En términos del artículo 6 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Para que den cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que sea notificada del presente proveído, y remita las constancias con las que acredite haber llevado a cabo lo transcrito de la sentencia de amparo. En el entendido de que no basta que el superior jerárquico referido emita un oficio en el que indique que giró una orden a su inferior jerárquico, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables puedan formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de lo contrario se hará acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), con rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito". Apercibida la autoridad obligada y superior jerárquico que de no acatar lo ya ordenado: 1. Se les aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, con relación a los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo; esto es, se les impondrá a cada uno, multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización; 2. Se determinará por qué a juicio de este juzgado, no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; 3. Se procederá conforme al punto cuarto del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, de conformidad con los artículos 193, párrafos primero, quinto, sexto; y, 195, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad obligada y superior jerárquico, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, el cumplimiento extemporáneo injustificado, no las exime de responsabilidad. Por otra parte, se tienen por recibidos los escritos electrónicos presentados por la parte quejosa el diecisiete y veinte de abril del presente año respectivamente, por medio del cual, en el primero formula manifestaciones relativas a un posible incumplimiento de la ejecutoria de amparo y en el subsecuente, interpone repetición del acto reclamado. No ha lugar a proveer de conformidad ambos escritos, en virtud de la determinación que se provee, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente se exhorta a las partes a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, en términos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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