Gabriela González Anzaldo
Expediente 243/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/07/2019
Partes del expediente
- Gabriela González Anzaldo
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, dos de julio de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia en la que se negó el amparo en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo; dense los avisos de ley y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencias respectivas. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente parte de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Por último, se tiene por hecha la certificación secretarial en el sentido de que en el presente juicio de amparo no se solicitó la tramitación del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Se resuelve: Niega..
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 FRACCION III SE NOTIFICA A LA parte tercero interesada Administración Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable.Ensenada, Baja California, veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha concluyó el plazo de tres días hábiles otorgado en proveído de trece de mayo del año en curso, a la parte tercero interesada Administración Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya realizado, ello si se toma en cuenta, que dicho auto le fue notificado el veintiuno del citado mes y año; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se ordena notificar el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal mediante lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. .
- Principal
Ensenada, Baja California, trece de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Gabriela González Anzaldo, por propio derecho, contra actos de los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente 243/2019, anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Sin que sea el caso tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de la totalidad de las constancias que apoyen el mismo -de las que deriva el acto reclamado- mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que si bien se le otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que se deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio que se le gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con la misma; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Se señalan las nueve horas con veinte minutos del trece de junio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, se le reconoce el carácter de tercero interesada en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, a Administración Soriana, Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, túrnense los autos a la actuaria de este juzgado a efecto de que se traslade al domicilio ubicado en calle Sexta y Gastelúm, sin número, Zona Centro, en esta ciudad, y proceda a emplazar al tercero interesado de referencia, por conducto de quien legalmente la represente, corriéndole traslado con copia del escrito inicial de demanda y este proveído; asimismo, la requiera para que dentro de término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que le surta efecto la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, se tiene a la promovente del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Alejandro Rodríguez Niebla, ya que del contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ángel Yahír López González, toda vez que no cuenta con cédula registrada en dicho sistema, así como a las diversas personas que autoriza para tal efecto. Ahora, dado que no existe disposición legal en contrario, como lo solicita la quejosa, se autoriza la utilización de los medios electrónicos que precisa; en la inteligencia, de que el uso y destino de las constancias que obtengan bajo ese supuesto, será bajo su más estricta responsabilidad. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de las actuarias de este juzgado, realicen las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 4,552 expedientes
- Gabriel Humberto Morales Ríos78/2017
- Gabriel Oswaldo Mendoza Rojas833/2014
- Gabriel Rivera Íñiguez118/2019
- Gabriela Alvarado Álvarez227/2022
- Gabriela Alvarado Álvarez401/2022
- Gabriela González Anzaldo453/2017
- Gabriela González Anzaldo6/2019
- Gabriela Ledesma Ventura222/2020
- Gabriela Magdalena Sofía Orendain Faudoa23/2017
- Gabriela Mendoza Tarin201/2014
- Gabriela Rivera Ortiz82/2022
- Gabriela Robledo Navarro437/2017