Gabriela Gomez Sánchez

Expediente 153/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
153/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Gomez Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese al expediente el oficio suscrito por la Juez Primero de lo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, a través del acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de la autoridad responsable.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de garantías. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de septiembre de dos mil veintidós. Se ordena devolver al Juez responsable las constancias que remitió con apoyo a su informe justificado; requiriéndole el acuse de recibo de estilo dentro del término dentro del término de tres días legalmente computados, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el plazo que se concede, se le aplicará una multa equivalente a diez unidades de medida y actualización de conformidad al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución General, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el diverso numeral 237 fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que la quejosa exhibió diversos documentos en el presente juicio; con fundamento en el segundo párrafo del artículo 11, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, hágase saber a la quejosa que quedan a su disposición los documentos exhibido en autos, apercibida que de no recogerlos dentro del término de noventa días, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo, en términos de lo acordado en el presente auto, el cual deberá notificarse a dicha peticionaria por medio de lista, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a primero de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en la sentencia se ordenó notificación personal a las partes, y en atención a que el tercero interesado XXXXXXXXXXX, no ha señalado hasta la fecha domicilio para oír y recibir notificaciones, no obstante de estar debidamente emplazado a este juicio constitucional y notificado del requerimiento que se le hizo mediante auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se ordena notificar al citado tercero interesado la sentencia cuyo resolutivo dice: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por XXXXXXXXXXXX, contra actos del Juez Primero de lo Civil de la Ciudad de México y Actuario de su adscripción, por las razones apuntadas en el último considerando de esta sentencia". Así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, POR MEDIO DE LISTA, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. NOTIFÍQUESE por lista al tercero interesado.

  4. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA.- V I S T O S...R E S U L T A N D O: ...C O N S I D E R A N D O: ...QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa carece de interés jurídico. Dicha disposición a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) Del artículo transcrito, se advierte que para que el juicio de garantías resulte procedente, es necesario, entre otros supuestos, la preexistencia de una afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, originado por la norma, acto u omisión de la autoridad, tal y como lo establece el artículo 6, de la Ley de Amparo. Al respecto, la tesis I.13º.a.23 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1803, tomo XVII, enero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, señala: "INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4º DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Amparo. Así, la palabra 'interés', de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo 'jurídico' es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto.". Resulta oportuno señalar que la esfera jurídica está constituida por los intereses de esta clase (jurídicos), por los cuales debe entenderse hechos o situaciones que además de ser benéficos para el gobernado, estén debidamente tutelados y regulados por el orden jurídico; coligiéndose así, que no todos los intereses de una persona son aptos para dar lugar a la procedencia del juicio de amparo, sino sólo aquéllos con el calificativo de jurídicos, tutelados por el ordenamiento legal objetivo. Las consideraciones que anteceden encuentran respaldo en los siguientes criterios jurisprudenciales: Jurisprudencia 849, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 578, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, octava época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas." Jurisprudencia 87, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, tomo VI, segunda parte- 1, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.". Así como en la jurisprudencia 852, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 581, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, octava época, que a la letra dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.". De lo transcrito, se advierte que quien se considere agraviado por un acto u omisión de autoridad, al solicitar la protección de la justicia federal mediante la promoción del juicio de amparo, debe acreditar fehacientemente la afectación real y actual a su interés jurídico, esto es, demostrar que el acto u omisión de autoridad efectivamente le vulnera un derecho tutelado por el ordenamiento legal objetivo, para que así quede manifiesto el perjuicio jurídico, fundamento de la acción constitucional, y no inferirse éste con base en meras presunciones. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 216, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, octava época, cuyo rubro y texto establecen: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". En consecuencia, la ausencia de medios de convicción idóneos que acrediten la existencia del derecho subjetivo tutelado, o bien, la afectación real y actual de dicho interés jurídico, constituye la causa de improcedencia en análisis. Por su parte el artículo 107, fracción I, Constitucional, expresamente señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". (.) Además, el numeral 6 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De los preceptos transcritos, se colige que para iniciar la acción constitucional de amparo, únicamente compete a aquella persona que reciente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación real y actual por la actuación de una autoridad o por una norma de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por tanto, sólo tiene interés jurídico aquel particular a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia publicada en las páginas 911 y 912, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, primera parte, sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I, del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada y, a su vez, el artículo 4 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la Ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo solo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la Ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el hecho de promover ese juicio es personalísimo.". En la especie, la quejosa aduce que el Juez responsable transgrede en su perjuicio el derecho humano de debido proceso al no haberla oído ni vencido en la controversia de origen, con el fin de defender el derecho de propiedad y posesión originaria que afirma tener respecto del inmueble ubicado en la calle Juárez número 25, colonia y alcaldía Cuajimalpa, código postal 05000, en esta Ciudad, predio denominado "Atlautenco" y/o "Atlatenco", derivado del contrato privado de compraventa de veinticuatro de octubre de dos mil uno, celebrado con Gabriela Fonseca Hernández, que exhibe. Es necesario precisar que la litis constitucional a resolver versa en cuanto a lo dispuesto en el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" Del precepto transcrito, se colige que para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, por lo que queda incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada ilegalmente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 7/98, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, tomo VII, enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En este orden, de las constancias remitidas por el Juez del conocimiento se advierte que la quejosa es persona ajena al procedimiento de origen, pues se trata del juicio ordinario civil reivindicatorio 647/2017, seguido por Julio Rangel Díaz, en contra de Myrna y Gabriel, ambos de apellidos Santillán Ramírez. Por consiguiente, al afirmar que es poseedora y propietaria del inmueble de mérito, la quejosa tercera extraña, debe acreditar en principio, la afectación real y actual al interés jurídico en la presente instancia constitucional, siendo necesario para ello que se colmen de manera conjunta los siguientes supuestos: 1) La causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta. 2) La detentación material del bien. 3) La identidad entre el inmueble objeto del juicio de origen, y del que el quejoso asegura ser propietario y poseedor. Al respecto, el artículo 806 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable a la Ciudad de México, establece: "ARTICULO 806. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente para darle derecho de poseer. También es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entiéndase por título la causa generadora de la posesión.". El precepto citado, indica que el poseedor de buena fe es el que posee el bien en virtud de un título suficiente, mientras que, por la palabra 'título' debe entenderse la causa generadora de la posesión. De ahí que el interés jurídico para poseer sólo se actualice cuando el tercero extraño acredite que su posesión se basa en algún título sustentado en el orden legal que le otorgue tal derecho, lo que se traduce en que dicha posesión, para ser susceptible de protección a través de la acción de amparo, debe sostenerse sobre la base de una causa generadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, la cual establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Para acreditar su interés jurídico, la quejosa ofreció como prueba el contrato privado de compraventa de veinticuatro de octubre de dos mil uno, celebrado entre María del Carmen Torres Juárez (vendedora) y Gabriela Gómez Sánchez (compradora), respecto del inmueble ubicado en la calle Juárez número 25, colonia y alcaldía Cuajimalpa, código postal 05000, en esta Ciudad, denominado "Atlautenco" y/o "Atlatenco", donde se pagó como contraprestación la cantidad de $1'850,000.00 (un millón ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional). Documento al que se le concede valor probatorio pleno, en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual, al no haber sido objetado de falso, aun pudiendo considerársele de fecha cierta, lo cierto es que, al tratarse de derechos reales, la ley exige que los documentos exhibidos cumplan con ciertas formalidades para tener la certeza de la celebración del acto jurídico que se pretende probar, así como de quienes intervienen en él y de la data en que se celebraron, pues sólo así se considerará que un documento tiene fecha cierta, para que sea oponible a terceros, atendiendo a los requisitos siguientes: a) Cuando han sido presentados ante un Registro Público. b) Cuando han sido presentados ante un funcionario en razón de su oficio o que tenga fe pública; y, c) A partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Así lo determina la jurisprudencia VI.1º.175 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 315, tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes.". Precisamente la hipótesis contenida en el inicio c), es la que se actualiza en la especie y que demuestra la existencia de un acto sustentado en una figura jurídica tutelada en la ley secundaria, que adquirió fecha cierta, desde el diez de mayo de dos mil cinco, en que falleció la parte vendedora, lo que se acredita con la copia certificada del acta de defunción de María del Carmen Torres Juárez, dejando claro el derecho sustantivo que aduce tener la peticionaria del amparo respecto del inmueble materia del juicio en el juicio primigenio y con ello se acredita la tercera hipótesis mencionada en párrafos que anteceden. Sin embargo, se estima que la aquí quejosa no cumple con la segunda hipótesis mencionada, esto es, no demuestra detentar la posesión material del predio que defiende, pues es sabido que nuestro más Alto Tribunal del país ha sostenido que la prueba idónea para acreditar la posesión es la testimonial, la cual no fue ofertada en el presente asunto. Por lo que, válidamente se concluye que la quejosa no ofreció medio de convicción idóneo que justifique, ni aun de forma indiciaria, la existencia del segundo de los supuestos expresados con antelación, es decir, no posee materialmente el inmueble objeto de la litis en el contradictorio de origen, ya que las diversas cartas de quince de febrero de dos mil veinte, no son pertinentes para probar que la parte quejosa tenía la posesión continua y permanente del inmueble debatido, ya que, en ellas solo se concretó en que los firmantes indicaran que la quejosa era la legitima propietaria del inmueble mencionado y que desde octubre de dos mil uno, vivía ahí con su familia. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/18, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 43, número 83, noviembre de 1994, octava época, que dispone: "POSESIÓN. LA PRUEBA TESTIMONIAL ES IDÓNEA PARA ACREDITARLA. La testimonial adminiculada con otros medios de prueba, es la idónea para demostrar la posesión material de un inmueble, porque son los testigos, quienes mediante sus sentidos han percibido la realidad del caso concreto de que se trate y pueden informar acerca de los hechos que les consten y de ahí inferir bajo qué condición se detenta un inmueble.". Así como el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 2849, tomo LXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, quinta época, cuyo tenor es el siguiente: "POSESIÓN, COMO SE PRUEBA LA. Si el promovente no demostró en autos, con alguna prueba adecuada, como puede ser un informe testimonial o un contrato de arrendamiento celebrado con el ocupante de un inmueble, que tiene la posesión actual de ese inmueble, es decir, que estuviera realizando los actos de tenencia de la cosa, por sí o por conducto de otra persona, no puede declararse que con los actos reclamados, el embargo y entrega al depositario, se haya afectado su interés jurídico y el simple dicho de la persona que indica en sus agravios, contenido en la diligencia de posesión dada al depositario judicial nombrado en el juicio respectivo, en el sentido de haber recibido de cierta persona, diversos bienes muebles, no es bastante para acreditar, ni la calidad de arrendatario de esa persona, respecto de la parte quejosa, ni la posesión de ésta sobre la finca embargada.". De manera que, no pasa inadvertido para este juzgador que el contrato privado de compraventa que exhibe la peticionaria del amparo es de fecha cierta, conforme lo verificado en esta sentencia, siendo que con ello quedó acreditado por lo menos para efectos del amparo, la causa por la cual dice tener derecho de propiedad sobre el inmueble que defiende; sin embargo, no demostró de manera alguna que tuviera la posesión de uso de dicho inmueble, es decir no acreditó la segunda hipótesis en relación a la posesión que pretende. Así, tratándose de casos en que el agraviado se ostenta tercero extraño auténtico a juicio, aduciendo tener la propiedad y posesión de un inmueble, es indispensable la plena comprobación del interés jurídico, que como quedó advertido tenía que haber acreditado, primero, que cuenta con un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer y; segundo, que tiene la posesión del inmueble involucrado en la litis del juicio de origen; de manera que se reitera, este poder de hecho de forma actualizada no fue colmado conforme a los elementos probatorios aportados; lo anterior es así, ya que si la posesión no es acreditada en su justo orden, no puede ser protegida a través del juicio constitucional. Por tanto, procede concluir que si es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, siempre y cuando tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado; de ello se sigue, que solo en tratándose del segundo de estos supuestos también debe probarse la actual posesión material del bien, lo que en la especie no quedó probado. Por tanto, el material probatorio analizado es insuficiente para construir de manera lógica y natural, la prueba indiciaria prevista en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que pusiera de manifiesto el interés jurídico del que se habla; razón suficiente para justificar el sobreseimiento del juicio de amparo. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala del más alto tribunal del país, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, de la séptima época, volumen 145-150, tercera parte, materia común, página 147, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL". La causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de su demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación, debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causal de referencia." Además, en todo caso, puede a través de juicio contradictorio poner en disputa el documento base de la acción que exhibió el actor en el juicio de origen para confrontarlo con el que en esta vía exhibe y se determine cual debe prevalecer. En tal sentido, al haber omitido el quejoso aportar pruebas fehacientes para acreditar la posesión tutelada como garantía individual por el artículo 14 Constitucional, lo procedente es estimar su falta de interés jurídico para acudir al amparo y por consiguiente sobreseer en el juicio de amparo, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho cuerpo normativo. Lo anterior, puesto que no resulta idóneo negar la protección constitucional a quienes en modo alguno se ven afectados por el desposeimiento impugnado si la posesión del inmueble sobre la cual se dirigen no pertenece a su esfera de derechos. El sentido de esta determinación, impide entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la peticionaria de amparo, atento al contenido de la tesis II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 57, número 70, octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, al tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito al juzgado responsable, por no combatirse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Se cita la jurisprudencia, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, sexta parte, página 286, séptima época, que establece: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****************, contra actos del Juez Primero de lo Civil de la Ciudad de México y Actuario de su adscripción, por las razones apuntadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, por lista a la parte quejosa y personalmente a la tercera interesada.

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