Gabriela García Taboada

Expediente 1114/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 40 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1114/2021
Año
2021
Actuaciones
40
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Gabriela García Taboada
  • 1. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. Con Residencia En la Ciudad de México. Domicilio: En Lieja, Número 7, Piso 1, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En atención a que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en dichos cuadernos. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 del citado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en copia certificada, como anexo en la demanda que dio origen a este asunto, apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a las restantes partes.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente asunto, archívese el presente incidente como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente incidente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 7, relativo al 7.1. Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión debe considerarse DEPURABLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, pues se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva; por tanto, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de TRES AÑOS a que se refiere el artículo 18 antes invocado, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurarse el original de este expediente, conservándose las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o violación en su caso, y los demás documentos que se consideren necesarios, así como el presente proveído donde se está acordando su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin embargo, toda vez que el presente incidente de suspensión, se formó por duplicado y separado en términos de lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.1 Expedientes que el órgano jurisdiccional debe destruir una vez que cuente con más de seis meses de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, punto 2, inciso a) del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte; debe considerarse DESTRUIBLE y una vez que transcurran seis meses a esta fecha de archivo como asunto concluido en términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse el duplicado de expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista electrónica a las partes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA A LA QUE SE LE DEJO CITATORIO, LA RESOLUCION QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2° de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo. Bajo ese orden, se estima que el presente expediente carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna; por tanto, en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo 8, relativo al 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos del MANUAL para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente debe considerarse DESTRUIBLE, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia. requiérase a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, contado a partir del siguiente a que surta efectos el presente acuerdo a fin de recuperar los documentos que exhibió en copia certificada, como anexo en la demanda que dio origen a este asunto, apercibida que de no hacerlo en el plazo establecido serán destruidos.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de veinte del mes y año en curso efectuada por el actuario adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, procedió a comunicarse mediante video llamada, al número telefónico 2299016231, con Antonio de Jesús Zapién Lajud, autorizado de la quejosa GABRIELA GARCÍA TABOADA, quien a su vez se enlazó con la citada impetrante, advirtiéndose, que previa acreditación y cercioramiento de que se trataba de la citada promovente, al identificarse con su credencial para votar, efectuó la diligencia encomendada y le hizo saber que el motivo del enlace, manifestando la impetrante que sí ratificaba el escrito de desistimiento recibido en oficialía común de este juzgado, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, con registro 13471, pues era su deseo desistirse del presente juicio, toda vez que los actos reclamados no violentaban ningún derecho humano para el libre tránsito, por lo cual solicitó se decretara el sobreseimiento en el presente juicio. En consecuencia, al advertirse el consentimiento expreso de la justiciable, a través de la diligencia efectuada, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Sirve de apoyo al caso por su contenido, la jurisprudencia 2a./J.33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cuarenta y siete, Tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Así como, la jurisprudencia 2a./J.119/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXIV, agosto de 2006, visible en la página doscientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto las medidas decretadas en este expediente, así como la fecha y hora, señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado para los efectos a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista electrónica a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.

Quedan 36 actuaciones en este expediente

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