Gabriela García Rebollo
Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriela García Rebollo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del proveído en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en el que se actúa, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe resaltar, que en este asunto no se ordenó la apertura del incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que la fecha en que tendría verificativo la diligencia de requerimiento de pago a favor de la parte quejosa, fue el doce de agosto de dos mil veintidós. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Humberto Díaz Vargas, Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago a favor de la parte quejosa, que señalo para el doce de agosto de dos mil veintidós, en el expediente 01/29/2017, o se ajuste a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, para el efecto de remitir los oficios que deriven del presente asunto. También, con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tiene por ofrecidas a favor de la autoridad de mérito las pruebas documentales que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de mayo de la presente anualidad, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Por consiguiente, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, por sí o por conducto de las instancias administrativas que resulten competentes, provean lo conducente para que: De conformidad con los Acuerdos de veinticuatro de marzo - artículos primero y segundo, y de treinta y uno de marzo ambos de dos mil veinte, por el que se establecen acciones ordinarias y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las gestiones conducentes, para que, de forma inmediata, se garantice el derecho a la salud de la quejosa, a través del resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia. Aspectos que deben ser considerados con el esencial propósito de reparar, de forma integral, las violaciones al artículo 4° constitucional. . . Asimismo, la presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento a la misma, aun cuando éstas no estuvieran señaladas como responsables en el juicio de derechos; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236, emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, página 159, registro 394192 cuyo rubro establece: . Finalmente, debe invocarse como un hecho notorio que de acuerdo a la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, la implementación de dicha medida para inmunizar a la población en contra de este virus inició a partir de diciembre de dos mil veinte con el personal de salud de primera línea de control de la Covid- 19; mientras que el personal de salud restante así como personas mayores de sesenta años iniciaron en febrero del presente año. Expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa el esquema de vacunación a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma, pero sin que se le asigne a un área covid. ..." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, las autoridades responsables a través del oficio con terminación 724.2022 de siete de marzo de dos mil veintidós, y oficio con terminación 11365.2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós., respectivamente informó que la quejosa ya completó su esquema de vacunación, y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, así también, se informó y acreditó que la quejosa el uno de mayo de dos mil veintidós inició sus trámites jubilatorios encontrándose actualmente de licencia con goce de sueldo por jubilación; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al corroborar que la quejosa recibió su esquema de vacunación contra el virus SARS.CoV2 (covid19), y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, y le hacen de su conocimiento que se le proporcionaran todos los recursos de los que se disponen a efecto de satisfacer al nivel más alto su derecho a la salud, en el sentido de vulnerabilidad que representa a efecto de reducir lo más razonable posible el peligro a eventual contagio de la enfermedad denominada SARS.CoV2 (covid19). Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable garantice el resguardo domiciliario de la trabajadora, lo cual implica que le sea otorgado permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes a su encargo en el centro de trabajo, hasta en tanto las autoridades competentes determinen el regreso a las actividades laborales de las personas consideradas como grupo vulnerable. En el entendido de que las autoridades responsables, pueden asignar tareas laborales a la parte quejosa, siempre y cuando éstas correspondan a sus funciones cotidianas, debiéndole proporcionar lo necesario para que pueda desempeñarlas dentro de su domicilio particular, debiendo salvaguardar la integridad y salud de la quejosa, de conformidad con las consideraciones expuestas en la sentencia, expuesto lo anterior, se establece que la presente concesión (la obligación de mantener en resguardo domiciliario con goce de sueldo), deberá subsistir hasta en tanto se hubiese aplicado de manera completa el esquema de vacunación a la aquí quejosa o en su defecto, quede acreditado de manera fehaciente que ésta se hubiese negado a recibir la misma, pero sin que se le asigne a un área covid. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se corrobora que la quejosa recibió su esquema de vacunación contra el virus SARS.CoV2 (covid19), y en atención a ello giro el oficio terminación 714.2022 de cuatro de marzo de dos mil veintidós donde le hacen saber la reincorporación a sus labores en un horario ahí establecido, en el servicio de obstetricia, y le hacen de su conocimiento que se le proporcionaran todos los recursos de los que se disponen a efecto de satisfacer al nivel más alto su derecho a la salud, en el sentido de vulnerabilidad que representa a efecto de reducir lo más razonable posible el peligro a eventual contagio de la enfermedad denominada SARS.CoV2 (covid19), tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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