Gabriela García Morales
Expediente 1019/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Director(a) del Centro Penitenciario y Reinserción Social de Barrientos, Estado de México
- Gabriela García Morales
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, de conformidad con el artículo 21, inciso a) de esa normatividad. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa en términos de lo ordenado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios enviados (por duplicado) por la 2. Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, Tlalnepantla, Estado de México, y sus anexos, de los que se advierte que el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la quejosa salió en libertad atendiendo a la orden emitida el treinta de ese mes por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, actuando con el carácter de Jueza de Control. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba las documentales que adjunta a su oficio de cuenta. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del informe de cuenta y de sus anexos se advierte que en la audiencia relativa a la revisión de medidas cautelares celebrada a las dieciocho horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil veintidós, en la causa penal 293/2022 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en la que al haber resultado procedente la solicitud de la defensa de la imputada *** modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a la que estaba sujeta la impetrante y en su lugar, se impusieron otras NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD (presentación periódica y exhibir una garantía económica, entre otras), por lo que en cumplimiento a lo ordenado, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se externó del centro de reclusión a la quejosa, tal y como se advierte de las constancias que adjuntó la autoridad oficiante. Por tanto, de la interpretación al contenido de los artículos 63 fracción V y 81 fracción I inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones "que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional", que no son las sentencias dictadas en dicha audiencia. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; conforme al criterio referido está contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, foja 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, se precisa que respecto a los actos reclamados consistentes en: "ataques a la libertad personal, así como la retención ilegal fuera de procedimiento", se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia consistente en el cambio de situación jurídica, prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." De la citada disposición legal se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis con número de registro 918214, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación, Apéndice de 2000, Tomo VI, Materia Común, Precedentes Relevantes SCJN, visible en la página 39, cuyo epígrafe y sinopsis son: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En principio, es importante destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo último y primordial fin, es restituir en el pleno goce de los derechos humanos al gobernado que se duele del proceder del órgano del Estado, en su carácter de autoridad. Por su parte, el legislador ordinario estableció como principio que rige su procedencia que el fallo protector se concrete y trascienda en la esfera jurídica de quien lo promueve, de tal manera que se repare la afectación que resintió. Ahora bien, al imponerse las medidas cautelares no privativas de libertad a la quejosa durante la tramitación de este juicio de amparo, es inconcuso que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, pues es patente que esa nueva resolución adquirió vida jurídica, sustituyendo procesalmente a los actos combatidos y sus consecuencias, lo que configura la causal de improcedencia invocada. Ello así, permite válidamente concluir que la situación jurídica dentro del expediente en el que se emitió ha cambiado, y por ende, no es procedente abordar el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, dado que se afectaría la nueva situación jurídica creada. Sustenta a lo anterior, por identidad de razón jurídica la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/18 (10a.), registro 2017544, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Penal, Página: 2482, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." Así como la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, registro 171841, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, Novena Época, Materias(s): Penal, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. En consecuencia, atendiendo a los motivos expuestos con anterioridad, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las nueve horas con cinco minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, no se soslaya el hecho que la parte quejosa adujo en su demanda ser sujeta a "LA RETENCIÓN ILEGAL DE LA CUAL ESTA SIENDO OBJETO EN ESTE MOMENTO LA QUEJOSA, POR CONDUCTO DEL (LA) DIRECTOR(A) DEL CENTRO PENITENCIARIO Y REINSERCIÓN SOCIAL DE BARRIENTOS, ESTADO DE MÉXICO", puesto que del informe que se acuerda, se advierte que la autoridad responsable refiere que la quejosa no fue objeto de ningún acto tendiente a ataques de libertad fuera del procedimiento y mucho menos se encontraba retenida de forma ilegal por parte de esa autoridad, sino que previo a efectuar su externamiento, solicitó a la jueza de control para que comunicara la situación jurídica de la investigada; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa en términos de lo ordenado el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda electrónica enviada por...a favor de...anótese su ingreso en el Libro de Gobierno correspondiente y regístrese bajo el número 1019/2022-VII. ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama: a) Ataques a la libertad personal, así como la retención ilegal fuera de procedimiento. SUSPENSIÓN DE PLANO De los antecedentes del ocurso constitucional se desprende que el promovente refiere que mediante audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal 293/2022 del índice del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Nezahualcóyotl, se modificó la medida cautelar de prisión preventiva en favor de la agraviada, ordenando su inmediata libertad; sin embargo, en el lugar donde se encuentra recluida se le refirió a la quejosa que "no podía irse" porque tenía que cumplir con una audiencia por videoconferencia ordenada por un Juez Federal del Reclusorio Norte. En ese tenor, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano del acto reclamado para que, siempre y cuando no exista orden o sentencia emitida por alguna autoridad competente por la que la directa quejosa deba continuar recluida en el Centro Preventivo en el que actualmente se localiza, o bien, que su libertad se encuentre condicionada a la exhibición de algún tipo de garantía, se le ponga en inmediata libertad, debiendo informar la autoridad responsable a este juzgado, en un término de veinticuatro horas contadas a partir de que quede notificada de la presente determinación, sobre el cumplimiento de la suspensión concedida; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, será sancionada en términos de la Ley de Amparo. Asimismo, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al correo electrónico 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx confirmando en la extensión 1231. Es menester precisar que la medida aquí concedida no surtirá efecto legal alguno, si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a la señalada como responsable en la demanda o si el acto resulta ser uno distinto al que aquí se combate. Hágase saber a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. Se hace la indicación a la autoridad, que en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir el oficio correspondiente a este proveído a ella dirigida. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción para que de ser el caso que sea informado de diversa denominación de la autoridad de mérito, SIN ULTERIOR ACUERDO, siempre y cuando sea de la misma dependencia, en la línea que se inserta tenga a bien anotarlo y constreñirse a la entrega del mismo recabando nombre y cargo, hora y fecha, así como el sello correspondiente. Apercibida la referida autoridad que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones. Ahora bien, dada la premura del caso, con fundamento en la fracción II, párrafo segundo del artículo 27, de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial para que de inmediato se constituya en las instalaciones que ocupa la responsable a fin que le haga entrega del oficio derivado de este proveído, quien lo deberá recibir sin que para ello sea obstáculo que su denominación no sea exacta o correcta, pues tal circunstancia podrá informarla al momento de rendir su informe. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Asimismo, deberá requerirle a la quejosa para que en el acto de la notificación, o bien, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la misma, ratifique, o no, la solicitud de amparo promovida en su favor y le aperciba que, en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias que con motivo de ella se hubieren decretado, en términos de lo que dispone el ordinal 15 de la legislación de amparo. Se requiere al personal de la autoridad responsable permita el libre acceso a sus instalaciones al actuario judicial para que pueda entrevistarse con la quejosa directo a fin de que pueda dar cumplimiento a esta determinación. Asimismo, se conmina a la autoridad para que de ser impreciso el nombre de la quejosa, permitan al actuario judicial el acceso al registro de ingresos e incluso que pueda entrevistarse con aquellos detenidos cuyo nombre sea similar a la de la quejosa, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de ella, bajo pena de incurrir en responsabilidad oficial de no permitirlo. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por cuerda separada, en virtud de que en párrafos precedentes se pronuncia sobre la suspensión solicitada por el quejoso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas consultables en la página del Consejo de la Judicatura Federal y fijadas en los estrados del edificio en el que se localiza este juzgado; lo anterior, hasta en tanto señale algún domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Con relación a la consulta del expediente electrónico se autoriza al usuario "gasrace" consultar el expediente electrónico, el cual se encuentra disponible en la página http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; así como a los Secretarios y Actuarios, a supervisar y dar fe de que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, asimismo en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS EN LÍNEA En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en Línea. COPIAS Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídanse a favor de la quejosa las copias certificadas que solicita de la suspensión otorgada, las cuales serán entregadas por conducto de sus autorizados. Notifíquese, personalmente a la directa agraviada..."
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