Gabriela García Lozano
Expediente 1082/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/10/2020
Partes del expediente
- Gabriela García Lozano
- Magistrado de la Tercera Sala Unitaria, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el escrito de demanda signado por **** e *** y **, ambos de apellidos ***, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; por consiguiente, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1082/2020, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte, que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada la demanda se aprecia, que los promoventes señalan como autoridad responsable y acto reclamado, lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Le reviste tal carácter al ciudadano Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con domicilio ubicado en calle Zacatecas Sur #109, colonia Centro en la Ciudad de Tepic, Nayarit". "ACTO RECLAMADO: Del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit reclamo lo consistente en la resolución de fecha 22 veintidós de Septiembre del año 2020 dos mil veinte". Asimismo, en los puntos tres y cuatro del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestaron: "BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD, expreso los hechos y abstenciones que me constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado, como se relata a continuación: [.] 3.- Ahora bien, en fecha 22 veintidós de septiembre del año dos mil veinte se emite la resolución de alzada del número de toca civil 131/2019, misma que nos fue notificada en fecha 25 veinticinco de septiembre del año 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico con nuestro representante legal, la cual establece de manera ilegal, contradictoria e infundada que los agravios expresados por la suscrita quejosa Gabriela García Lozano, son inoperantes y los agravios expresados por la parte demandada incidentista en el juicio principal eran fundados y por consiguiente se tiene por modificada la sentencia interlocutoria de fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2019, misma que tuvo a bien emitir el Juez Segundo del Juzgado Civil con residencia en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit. 4.- En la misma resolución se tuvo a bien de igual forma modificar el incidente de nulidad presentado por los suscritos Ma. Isidra y Lorenzo de apellidos Aguilar Lozano, en el cual revocó la resolución emitida por el Juez natural donde se había decretado procedente dicho incidente y se tenía por ordenado llevar de nueva cuenta y de manera legal las diligencias de emplazamiento a juicio, sin embargo en dicha resolución de fecha ya mencionada modifica y ordena que se levante el procedimiento y se continúe de tal modo hasta la culminación del mismo contra los tres aquí quejosos". En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII de los arábigos 61 y 62 de la Ley de Amparo vigente, en correlación con el 107 fracción V, éste último aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte .". De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la ley en comento), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En otras palabras, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". De igual manera, la tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y ocho, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUE DEBE CONSIDERARSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO. Por actos de imposible reparación, se deben considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio". Asimismo, la Jurisprudencia I.11o.C. J/7 emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y seis, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO". Acotado lo anterior, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, radica medularmente en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en autos del Toca Civil 131/2019, a través del cual modificó la determinación del Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, dentro del expediente 548/2018, en el que ordenó llevar de nueva cuenta y de manera legal las diligencias de emplazamiento de los demandados, aquí quejosos, así como el levantamiento del procedimiento y su continuación hasta su culminación; considerando con ello que se transgredió en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el quejoso obtiene sentencia favorable, máxime que la resolución dictada en el incidente de nulidad de notificaciones, no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario al interés del solicitante de la protección constitucional. Cierto, lo determinado en la resolución reclamada, no obstruye la continuación del procedimiento para que se emita sentencia en su oportunidad, la que puede ser, como ya se dijo, favorable a los intereses de la parte quejosa, supuesto en el que desaparecería la posible afectación a su esfera jurídica; razones por las que se insiste, los actos impugnados constituyen violaciones intraprocesales, que no ameritan desde luego sus análisis en el amparo indirecto, por lo que se advierte que dichos actos no resultan ser de imposible reparación, toda vez que estos no producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasionan una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegarán a trascender en el resultado del fallo de donde emanan los actos que aquí se reclaman. Ello es así, toda vez que los actos reclamados por la parte promovente en esta instancia, no se encuentran previstos en la hipótesis de extrema gravedad cuyo estudio sea preponderante y no pueda reservarse al análisis constitucional en contra de dichas determinaciones, ya que dichos actos no son definitivos para efectos del amparo biinstancial, ni pueden considerarse que sean de imposible reparación. Es aplicable, por las razones que la sustentan la Jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en la página veinticinco, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en Sesión Privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultando del fallo". De igual manera, la tesis XX. 306 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página trescientos dos, enero de mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RESOLUCION QUE ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMER GRADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. De conformidad con lo establecido por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, por tanto, no puede considerarse como tal la resolución que ordena reponer el procedimiento de primer grado, en razón de que sus efectos son meramente intraprocesales". Asimismo, resulta aplicable por las razones que expone la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". De igual manera, sustenta lo anterior la Tesis XI.T Aux.C.1. K, en materia común, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable a página 1880, tomo XXXII, de julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo". También tiene aplicación sobre el particular, la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Parte, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los actos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Asimismo, es atendible la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página cuarenta y nueve, agosto de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y sinopsis siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el precepto 107, fracción V de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Gabriela García Lozano e Isidra y Lorenzo, ambos de apellidos Aguilar Lozano, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. En términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 13:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. Con base en lo establecido por el arábigo 108, fracción I, en relación con el diverso 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte gestionante del amparo, el que indican y como autorizados para ese efecto en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Joel Abad Jiménez Lozano y Miguel Ángel García Romero, en tanto que en términos restringidos del numeral en cita, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la restante persona que menciona, por así haberlo solicitado. Asimismo, con apoyo en el precepto 13 de la Ley de la Materia, se designa como representante común de la parte quejosa a Gabriela García Lozano. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE COMÚN.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el escrito de demanda signado por **** e *** y **, ambos de apellidos ***, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad; por consiguiente, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1082/2020, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte, que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada la demanda se aprecia, que los promoventes señalan como autoridad responsable y acto reclamado, lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Le reviste tal carácter al ciudadano Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con domicilio ubicado en calle Zacatecas Sur #109, colonia Centro en la Ciudad de Tepic, Nayarit". "ACTO RECLAMADO: Del Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit reclamo lo consistente en la resolución de fecha 22 veintidós de Septiembre del año 2020 dos mil veinte". Asimismo, en los puntos tres y cuatro del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestaron: "BAJO PROTESTA DE CONDUCIRME CON VERDAD, expreso los hechos y abstenciones que me constan y constituyen los antecedentes del acto reclamado, como se relata a continuación: [.] 3.- Ahora bien, en fecha 22 veintidós de septiembre del año dos mil veinte se emite la resolución de alzada del número de toca civil 131/2019, misma que nos fue notificada en fecha 25 veinticinco de septiembre del año 2020 dos mil veinte, a través de correo electrónico con nuestro representante legal, la cual establece de manera ilegal, contradictoria e infundada que los agravios expresados por la suscrita quejosa Gabriela García Lozano, son inoperantes y los agravios expresados por la parte demandada incidentista en el juicio principal eran fundados y por consiguiente se tiene por modificada la sentencia interlocutoria de fecha 31 treinta y uno de mayo del año 2019, misma que tuvo a bien emitir el Juez Segundo del Juzgado Civil con residencia en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit. 4.- En la misma resolución se tuvo a bien de igual forma modificar el incidente de nulidad presentado por los suscritos Ma. Isidra y Lorenzo de apellidos Aguilar Lozano, en el cual revocó la resolución emitida por el Juez natural donde se había decretado procedente dicho incidente y se tenía por ordenado llevar de nueva cuenta y de manera legal las diligencias de emplazamiento a juicio, sin embargo en dicha resolución de fecha ya mencionada modifica y ordena que se levante el procedimiento y se continúe de tal modo hasta la culminación del mismo contra los tres aquí quejosos". En esas condiciones, debe decirse que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII de los arábigos 61 y 62 de la Ley de Amparo vigente, en correlación con el 107 fracción V, éste último aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte .". De los preceptos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la ley en comento), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En otras palabras, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". De igual manera, la tesis número II.1o.C.T.9 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Segundo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y ocho, Tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN; QUE DEBE CONSIDERARSE COMO, EN EL JUICIO DE AMPARO. Por actos de imposible reparación, se deben considerar aquellos cuyas consecuencias, sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, cuyos efectos no puedan repararse en el juicio del que dimanan tales actos, aunque se obtenga sentencia definitiva favorable, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento; y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna, dada en el trámite y resolución del juicio". Asimismo, la Jurisprudencia I.11o.C. J/7 emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página mil quinientos treinta y seis, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso. DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO". Acotado lo anterior, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, radica medularmente en la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Magistrado de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en autos del Toca Civil 131/2019, a través del cual modificó la determinación del Juez Segundo del Ramo Civil con residencia en Bucerías, Bahía de Banderas, Nayarit, dentro del expediente 548/2018, en el que ordenó llevar de nueva cuenta y de manera legal las diligencias de emplazamiento de los demandados, aquí quejosos, así como el levantamiento del procedimiento y su continuación hasta su culminación; considerando con ello que se transgredió en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el quejoso obtiene sentencia favorable, máxime que la resolución dictada en el incidente de nulidad de notificaciones, no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario al interés del solicitante de la protección constitucional. Cierto, lo determinado en la resolución reclamada, no obstruye la continuación del procedimiento para que se emita sentencia en su oportunidad, la que puede ser, como ya se dijo, favorable a los intereses de la parte quejosa, supuesto en el que desaparecería la posible afectación a su esfera jurídica; razones por las que se insiste, los actos impugnados constituyen violaciones intraprocesales, que no ameritan desde luego sus análisis en el amparo indirecto, por lo que se advierte que dichos actos no resultan ser de imposible reparación, toda vez que estos no producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que solo ocasionan una lesión jurídica formal o adjetiva, que no llegarán a trascender en el resultado del fallo de donde emanan los actos que aquí se reclaman. Ello es así, toda vez que los actos reclamados por la parte promovente en esta instancia, no se encuentran previstos en la hipótesis de extrema gravedad cuyo estudio sea preponderante y no pueda reservarse al análisis constitucional en contra de dichas determinaciones, ya que dichos actos no son definitivos para efectos del amparo biinstancial, ni pueden considerarse que sean de imposible reparación. Es aplicable, por las razones que la sustentan la Jurisprudencia P./J. 17/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, publicada en la página veinticinco, Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la Jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en Sesión Privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultando del fallo". De igual manera, la tesis XX. 306 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página trescientos dos, enero de mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "RESOLUCION QUE ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMER GRADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. De conformidad con lo establecido por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos dentro de juicio que sean de imposible reparación, por tanto, no puede considerarse como tal la resolución que ordena reponer el procedimiento de primer grado, en razón de que sus efectos son meramente intraprocesales". Asimismo, resulta aplicable por las razones que expone la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página 1186, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". De igual manera, sustenta lo anterior la Tesis XI.T Aux.C.1. K, en materia común, sustentada por el Tribunal Colegiado Auxiliar en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable a página 1880, tomo XXXII, de julio 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO TENGAN ESA NATURALEZA JURÍDICA. El artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de garantías será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resultare de alguna disposición de la ley; esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que opera cuando resultare de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los que señala el invocado artículo; por su parte, el artículo 114, fracción IV, de la citada ley, dispone: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito ... IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.", numeral del que se advierte que el juicio de amparo es procedente contra los actos dictados en juicio que tuvieren sobre las personas o las cosas una ejecución que fuere de imposible reparación, lo que significa que al existir un vacío o laguna en el texto de la ley, en cuanto a que no se advierte una disposición expresa que estableciera que no procede el amparo indirecto cuando los actos reclamados no tuvieren esa naturaleza jurídica, cabe colmar esa laguna a través de una interpretación integradora, usando el argumento a contrario sensu, que permite al juzgador extraer la norma implícita que se contiene en la fracción IV del mencionado artículo 114, en el sentido de que cuando los actos reclamados no sean de imposible reparación, el Juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo". También tiene aplicación sobre el particular, la Jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Parte, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los actos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Asimismo, es atendible la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página cuarenta y nueve, agosto de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y sinopsis siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito que el precepto 107, fracción V de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y lo correcto es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por Gabriela García Lozano e Isidra y Lorenzo, ambos de apellidos Aguilar Lozano, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. En términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que procuren la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 13:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. Con base en lo establecido por el arábigo 108, fracción I, en relación con el diverso 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte gestionante del amparo, el que indican y como autorizados para ese efecto en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Joel Abad Jiménez Lozano y Miguel Ángel García Romero, en tanto que en términos restringidos del numeral en cita, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la restante persona que menciona, por así haberlo solicitado. Asimismo, con apoyo en el precepto 13 de la Ley de la Materia, se designa como representante común de la parte quejosa a Gabriela García Lozano. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE COMÚN.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes
- Gabriel Vega del Bosque389/2018
- Gabriela Alanis Roque153/2019
- Gabriela Alanis Roque2135/2018
- Gabriela Castillo Carriquiry711/2019
- Gabriela Esther Pérez Gómez2549/2023
- Gabriela García Lozano1667/2019
- Gabriela González Romo1614/2017
- Gabriela Guadalupe Patiño Patiño501/2018
- Gabriela Machuca Quiñones305/2019
- Gabriela Marcela Rivas Álvarez385/2018
- Gabriela Martínez Zavala1415/2019
- Gabriela Miramontes Jacobo2966/2019