Gabriela García Hernández

Expediente 461/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
461/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Gabriela García Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    V... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ..., el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    V... Téngase recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto librado a fin de notificar a la parte quejosa el auto por el cual se desechó la demanda de amparo. El cual establece: 27/Mayo/2021: "... Vista la demanda de amparo promovida por Gabriela ... por propio derecho, contra actos del agente del Ministerio Público Encargado de la Mesa Quinta de Trámite del Sistema Penal Acusatorio sin detenido en Naucalpan de Juárez, Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 461/2020-V. En principio, resulta necesario precisar que la demanda de amparo que se examina fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual es un sitio web en el que las partes y sus representantes en los juicios de amparo pueden acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciaran y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal, en concordancia con los artículos 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el doce de junio de dos mil veinte. En este contexto, del artículo 3º de la Ley de Amparo se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. Asimismo, se establece que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, es menester destacar que los artículos 45 y 52, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, precisan que para que los usuarios puedan acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que las personas cuenten con firma electrónica, reconocida por el Poder Judicial Federal a través de la Unidad de Control de Certificación de Firmas, que se registren en el Sistema, y vincular dicho registro con su firma electrónica. Además, en los referidos preceptos se establece como excepción de la obligación de contar con dicho registro, para el caso de que se promuevan demandas en donde se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo asimismo, que en tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Por su parte, del precepto 45 del Acuerdo 12/2020 de referencia, se advierte que fuera de los casos de excepción precisados en el párrafo que antecede, al escrito de demanda debe agregarse la firma electrónica vigente. Finalmente, el artículo 52 del citado Acuerdo, señala que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica. En el caso se advierte que el escrito de cuenta no cumple con lo establecido en los citados preceptos legales, pues no contiene la Firma Electrónica de la aparente parte quejosa, Gabriela ..., conforme la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se encuentra signado electrónicamente por diversa persona Carlos ..., de la cual se advierte que si bien se le confirió autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo cierto es que dicho libelo no contiene la firma electrónica de Gabriela..., quien promovió la demanda por propio derecho, y del que se aprecia su voluntad precisamente de otorgar a éste la autorización para promover en su nombre; por tanto, se concluye que no hay instancia de parte, por lo que el suscrito se encuentra facultado para desecharla de plano. En efecto, del ocurso de cuenta no se advierte evidencia criptográfica alguna que denote alguna firma electrónica de quien la promueve, el cual es requisito que deben contener las promociones que se presenten de forma virtual, la cual, como se señaló, ya que tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, -toda vez que los actos reclamados los imputa a un Agente del Ministerio Público-, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Atento a lo expuesto en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 3, 5 y 6 de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos legales en cita, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame.... De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad del quejoso para instar la acción constitucional, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que la ausencia de la misma, convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, de los preceptos normativos invocados, queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de garantías, el artículo 3°, de la Ley de Amparo, dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en el caso en concreto, la demanda de amparo que nos ocupa como ya se precisó, carece de la evidencia criptográfica de la firma electrónica de la parte quejosa; y por tanto, el suscrito no advierte la manifestación de la voluntad de la promovente, ya que como se ha precisado tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° de la ley de la materia dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; con la cual las partes en un procedimiento expresan su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Lo anterior, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma no pueden expresar la voluntad del promovente, y ante tal omisión dicho escrito no tiene ningún valor, pues todo escrito debe de ir avalado mediante el nombre y firma del impetrante de garantías, o como en el caso, a través de la firma electrónica correspondiente y de esta forma responsabilizarse de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. En ese orden de ideas, se concluye que ante la falta de evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular, no puede decirse que exista voluntad de ejercer la acción de amparo. En consecuencia, al ser considerada la falta de firma, como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 3º, 5º y 6º de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que procede es desechar la demanda de amparo en la que aparece que promueve aparentemente Gabriela..., con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia...."; En esa virtud, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29, de la Ley de Amparo notifíquese a la parte quejosa el acuerdo en comento, así como las subsecuentes, por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional.

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