Gabriela Garcia Gonzalez
Expediente 1585/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1585/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/09/2022
Partes del expediente
- Gabriela Garcia Gonzalez
Actuaciones
- Principal
AVISO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTE SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA DICE VISTO, para resolver en definitiva, el incidente de repetición del acto reclamado planteado en el juicio de amparo 843/2021;VISTO, para resolver en definitiva, el incidente de repetición del acto reclamado planteado en el juicio de amparo 843/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado en esa fecha a este Juzgado, +++, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: Integrantes de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Actos reclamados: La expedición del Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, por el que se reformaron, entre otros, los artículos 29, fracción III, inciso d), 44, fracción I, 61 y 62, fracción I, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de abril de dos mil veintiuno. Elaboración del proyecto de acuerdo modificatorio y presentación para su aprobación a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previa prevención y cumplimiento, en auto de tres de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, a la que correspondió el número de expediente 843/2021, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables rindieran informe con justificación, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento legal; asimismo, se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la que se celebró el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno y se dictó sentencia definitiva, en la que se sobreseyó en dicha instancia. TERCERO. Revisión y concesión de amparo. En contra de la sentencia definitiva, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado bajo el toca +++, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en sesión de veintidós de febrero de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Queda firme el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida respecto del reclamado artículo 44, fracción I, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. SEGUNDO. Se modifica la sentencia recurrida dictada por la Secretaria en funciones del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el juicio de garantías 843/2021, el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso en el juicio de origen, acorde a las razones esgrimidas en considerando séptimo de esta ejecutoria, por los actos y para los efectos precisados en el diverso considerando octavo." En la ejecutoria de trato, se determinó que las autoridades responsables debían realizar los actos siguientes: ".lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, contra los artículos 29, fracción III, inciso d), 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores , reformados mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, para el efecto de que no se apliquen en la esfera jurídica presente o futura del promovente de amparo, entre otras, las restricciones que prevén para que los investigadores que laboren en instituciones o centros de investigación del sector privado puedan acceder a los apoyados económicos." CUARTO. Cumplimiento de ejecutoria. En auto de nueve de marzo de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el tribunal citado y se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. Luego, en auto de nueve de mayo pasado, se declaró cumplido el fallo protector, por las razones ahí indicadas. QUINTO. Presentación de la denuncia de repetición. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, la parte quejosa manifestó que era su deseo denunciar la repetición del acto reclamado con motivo de los hechos siguientes: Que el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, dejó de percibir el estímulo económico reconocido en su favor como investigador del Sistema Nacional de Investigadores y que el tres de agosto siguiente, mediante correo electrónico, le informaron que, para ser acreedor al apoyo económico de trato, debía cumplir con dos requisitos: la suscripción de un convenio y el cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es menester señalar que una vez que estuvo debidamente integrado el presente asunto, se reservaron los autos para la elaboración de la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de repetición de acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 199 de la Ley de Amparo, en razón de que ante este Juzgado Federal, se tramitó el juicio de amparo del cual deriva la presente denuncia. SEGUNDO. Informes de las autoridades responsables. Las autoridades responsables, al rendir el informe que les fue requerido, aducen esencialmente lo siguiente: Que el quejoso dejó de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, porque el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Asociación Civil, para el cual presta sus servicios, ya no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Sistema Nacional de Investigadores, en virtud de que su último convenio de colaboración estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Argumentos de la denuncia de repetición del acto reclamado. Es innecesario transcribir los argumentos expresados por la parte quejosa, pues además de que ello no es un requisito que la ley exija, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad basta con que en el fallo se precisen los puntos objetos del debate, que éstos se estudien y se les dé respuesta. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.1 " CUARTO. Decisión sobre la denuncia de repetición de acto reclamado. Es infundada la denuncia materia de la presente incidencia, conforme a los razonamientos siguientes: La repetición del acto reclamado se encuentra regulada en los artículos 107, fracción XVI, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 199 de la Ley de Amparo, la cual se configura cuando, una vez otorgada la protección de la Justicia Federal respecto de cierto acto autoritario, que se consideró inconstitucional por estar viciado uno de sus elementos, la responsable insiste en lesionar la esfera jurídica del gobernado con un acto u omisión ulterior en los mismos términos que el primero, con el mismo sentido de afectación y que reproduce la violación de los derechos protegidos en el fallo constitucional. Así, el objeto de la incidencia en comento consiste en salvaguardar los efectos de la cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de las sentencias de amparo, porque el propósito que se persigue con este procedimiento consiste en compeler a la autoridad responsable para que quede insubsistente el acto denunciado como repetitivo y en el caso de ser procedente, previa la secuela procesal, separar de su cargo a la responsable y consignarla ante el juez de distrito que corresponda para la instrucción del proceso respectivo. Ahora bien, para la existencia de la repetición del acto reclamado, se requiere que el acto denunciado sea idéntico en la violación de derechos que involucró aquél que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que el nuevo acto está basado en los mismos supuestos y motivaciones que el órgano jurisdiccional tomó en consideración y declaró inconstitucionales al otorgar la protección solicitada por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "REPETICION DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGO EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo". Conviene destacar que el fin de la figura de la repetición del acto reclamado es impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional. Sustenta la anterior determinación, la tesis de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SE ENCUENTRA VINCULADA CON EL CONCEPTO DE COSA JUZGADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 70/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 400, concluyó que la repetición del acto reclamado se estableció para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, y no para evitar que aquélla realice cualquier acto con efectos parecidos a los que tuvo el declarado inconstitucional; en ese sentido es indudable su vinculación con el concepto de cosa juzgada. Es así que no procede bajo el mismo contexto decisorio que la responsable vuelva a pronunciarse o a decidir, lo cual requiere la coincidencia o concurrencia de los siguientes elementos: a) Objeto de la decisión; b) Fundamento jurídico; y, c) Sujetos; consecuentemente cuando tales elementos no concurren, habida cuenta que hay una evidente y notoria diferencia en las razones y disposiciones que gobiernan la decisión cuestionada, no existe repetición del acto reclamado.3 " En ese contexto, para determinar si existe repetición del acto reclamado es necesario comparar el acto que dio origen al juicio de amparo con el nuevo que se acusa de reiterativo, considerando, de manera fundamental, los efectos vinculatorios de la sentencia que concedió el amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 68/98 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PARA DETERMINAR SI EXISTE, DEBE EFECTUARSE UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NUEVA RESOLUCIÓN DENUNCIADA COMO REPETICIÓN Y AQUELLA QUE FUE MATERIA DEL FALLO PROTECTOR. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, resulta ineludible para la autoridad que deba resolver el incidente que por repetición del acto reclamado se le plantee, procurarse todos los elementos de convicción necesarios para el legal pronunciamiento, siendo particularmente necesario allegarse ambas resoluciones, la reclamada y la que se denuncia como repetición, sin perjuicio de otros elementos que pudieran resultar idóneos, a fin de que el juzgador esté en posibilidad legal de efectuar el debido análisis comparativo y determinar así, mediante la correcta valoración de todos los elementos de juicio, si el acto denunciado incurre en los mismos vicios que aquel impugnado en el juicio de garantías y objeto del fallo protector. Consecuentemente, si el Juez de Distrito resuelve el incidente sin tales elementos, procede devolverle los autos para que falle con apego a derecho. Para realizar dicho examen, necesariamente deben concurrir los requisitos siguientes: a) La existencia de una sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal; b) Que posteriormente realice actos que reiteren la violación que antes fue materia de juicio y respecto de la cual se concedió la protección constitucional. Sobre el requisito relativo a la reiteración de la violación que fue materia del juicio, existen notas fundamentales para concluir la identidad del acto nuevo con el que fue denunciado; siendo que debe existir los mismos supuestos, consistentes en los elementos fácticos y normativos del acto de autoridad determinantes de las consideraciones y voluntad de quien lo emite, susceptibles de generar consecuencias de derecho. También, las razones y fundamentos en que se sustenta la decisión, incluyendo los aspectos de forma y fondo determinantes de su contenido y objeto. Bajo ese contexto normativo, cabe reiterar que los actos reclamados fueron delimitados en la sentencia de amparo, de la manera siguiente: La expedición del Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, por el que se reformaron, entre otros, los artículos 29, fracción III, inciso d), 44, fracción I, 61 y 62, fracción I, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de abril de dos mil veintiuno. Elaboración del proyecto de acuerdo modificatorio y presentación para su aprobación a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, se puntualiza que, en la ejecutoria de la Superioridad citada, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, contra los artículos 29, fracción III, inciso d), 61 y 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, reformados mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, para el efecto de que no se apliquen en la esfera jurídica presente o futura del promovente de amparo, entre otras, las restricciones que prevén para que los investigadores que laboren en instituciones o centros de investigación del sector privado puedan acceder a los apoyos económicos." Con lo anterior, se acredita el primer requisito de procedencia del presente incidente, consistente en la emisión de una sentencia concesoria del amparo. Por otra parte, este Juzgado Federal advierte que no se cumple con el segundo requisito, consistente en que posteriormente las autoridades responsables realicen actos que reiteren la violación que antes fue materia de juicio y respecto de la cual se concedió la protección constitucional Primero, se reitera que la parte quejosa sustenta la presente denuncia, en la circunstancia de que el treinta y uno de julio de dos mil veintidós, dejó de percibir el estímulo económico reconocido en su favor como investigador del Sistema Nacional de Investigadores y que el tres de agosto siguiente, mediante correo electrónico, le informaron que para ser acreedor al apoyo económico de trato, debía cumplir con dos requisitos: la suscripción de un convenio y el cumplimiento de lo previsto en el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Frente a tales manifestaciones, las autoridades responsables aducen esencialmente que el quejoso dejó de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, porque el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Asociación Civil, para el cual presta sus servicios, ya no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Sistema Nacional de Investigadores, en virtud de que su último convenio de colaboración tuvo vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Así, es pertinente hacer un análisis comparativo entre el contenido del artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el que las autoridades responsables sustentan la omisión de pago del estímulo económico de trato, y el numeral 62 de dicho reglamento, publicado el veinte de abril de dos mil veintiuno, que fue materia del presente juicio de amparo y que fue declarado inconstitucional: Artículo 62 a que se refiere reforma publicada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en que se sustenta omisión de pago de estímulo económico. Artículo 62 a que se refiere reforma publicada el veinte de abril de dos mil veintiuno, declarado inconstitucional. "Artículo 62. Los miembros del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente a cada categoría y nivel cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado como corresponde al nivel académico respectivo, II. Laborar en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de Educación superior o centros de investigación del sector público, privado o social de México. III. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de "Artículo 62. Las y los integrantes del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente cuando cumplan los siguientes requisitos: I. Ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México. Los servicios prestados deberán ser acreditados por medio de un comprobante de adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Para las investigadoras y los adscripción proporcionado en el formato y con las condiciones que establezca el CONACYT. Para los/las investigadores(as) que ocupen las Cátedras CONACYT, se entenderá que desarrollan las actividades de investigación científica y tecnológica en la institución beneficiada a la cual fueron comisionados por el CONACYT. En el caso de instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos o preinscritos en el RENIECYT y deberán haber suscrito un convenio de colaboración con el SNI que se encuentre vigente, en cuyo caso podrán tener el apoyo económico que especifique dicho convenio. Los apoyos económicos otorgados en forma directa por el SNI estarán exentos del pago del impuesto correspondiente, conforme lo establezca la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se darán sin perjuicio de los ingresos que, por concepto de sueldo, salario, compensaciones y otras prestaciones tengan sus miembros". investigadores que ocupen las Cátedras CONACYT, se entenderá que desarrollan las actividades de investigación humanística, científica y desarrollo tecnológico e innovación, en la institución beneficiada a la cual fueron comisionados por el CONACYT. Se exceptúa de los requisitos a los que se refiere esta fracción a las Investigadoras y los Investigadores Nacionales Eméritos. II. No desempeñar un cargo de elección popular durante la vigencia de su distinción. III. Las y los integrantes del SNI que asuman un cargo en la administración pública podrán seguir recibiendo el apoyo económico independientemente de que cumplan o no con el requisito establecido en la fracción I de este artículo, siempre que tengan una licencia sin goce de sueldo o equivalente en su institución de adscripción o una comisión donde gocen de un máximo del 5 de su sueldo, en cuyo caso deberán seguir cumpliendo con las obligaciones a las que se refiere el artículo 71 del Reglamento". De la tabla inserta, este Juzgado Federal toma nota de que en el artículo 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores a que se refiere la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, se estableció en lo que interesa, que en el caso de instituciones o centros de los sectores privado y social, éstos deberán estar inscritos o preinscritos en el RENIECYT (Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas) y deberán haber suscrito un convenio de colaboración con el Sistema Nacional de Investigadores que se encuentre vigente, a efecto de que los miembros del sistema nacional que presten sus servicios para tales instituciones puedan acceder al apoyo económico que se especifique en dicho convenio. En tales condiciones, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que las autoridades responsables no incurrieron en repetición de los actos reclamados, dado que la omisión de pago del estímulo económico del quejoso se sustentó en una porción normativa diversa a la declarada inconstitucional en este juicio de amparo y con fundamento en una consideración de distinta naturaleza. Esto es así, porque el efecto de la ejecutoria de amparo se contrajo a obligar a las autoridades responsables a que se abstengan de aplicar en perjuicio del quejoso, entre otros preceptos, lo previsto en el numeral 62 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, reformado mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de abril de dos mil veintiuno, en cuanto a las restricciones previstas para que investigadores que laboren en instituciones educativas privadas puedan acceder a los apoyos económicos ahí previstos. Siendo que las autoridades responsables omitieron pagar el estímulo económico del quejoso bajo la consideración de que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Asociación Civil, para el cual presta sus servicios, ya no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Sistema Nacional de Investigadores, de conformidad con lo previsto por el citado artículo 62 del reglamento de trato, publicado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en virtud de que su último convenio de colaboración tuvo vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, para lo cual, exhibieron digitalización del citado convenio, en cuya cláusula décima segunda, se consignó tal vigencia. Entonces, dado que la omisión de pago del estímulo económico de trato descansa en una consideración que resulta ajena a los preceptos declarados inconstitucionales, en cuanto a las restricciones previstas en éstos para que investigadores que laboren en instituciones educativas privadas puedan acceder a los apoyos económicos, en la medida en que esa abstención se sustentó en que la institución privada para la que presta sus servicios no cuenta con un convenio vigente con el Sistema Nacional de Investigadores, se concluye que la omisión de pago denunciada no reproduce ni se fundamenta en los preceptos normativos respecto de los que se concedió la protección constitucional. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que, contrario a lo aducido por el quejoso denunciante, la omisión de pago del estímulo económico no entraña una violación idéntica a la que fue materia de concesión en la ejecutoria de amparo, al estar fundada y motivada en un supuesto normativo y hecho que no fue materia de debate constitucional, como lo es la circunstancia de que a la fecha, el instituto privado para el que presta sus servicios no cuenta con convenio de colaboración vigente con el Sistema Nacional de Investigadores. Por lo cual, es infundada la presente denuncia. Apoya a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO EXISTE CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITE EL NUEVO ACTO APOYÁNDOSE EN MOTIVACIONES DIVERSAS A LAS CONTENIDAS EN EL ACTO MATERIA DEL AMPARO. Para que se dé la figura jurídica de la repetición del acto reclamado, se requiere que el acto denunciado como tal, sea idéntico en la violación de garantías que involucró al que se impugnó en el juicio de amparo, de manera tal, que se advierta claramente que el nuevo acto se está basando en los mismos supuestos y motivaciones que el juzgador federal tomó en consideración para otorgar la protección constitucional al quejoso; hipótesis que no se da cuando la responsable apoya su nueva resolución en motivaciones diversas a las consideradas en el acto materia del amparo, pues ante tal evento se está en presencia de actos diversos, y por ende resulta infundado el incidente de repetición del acto reclamado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO" . Conforme a ello, y con fundamento en los artículos 199, 217 de la Ley de Amparo, y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se resuelve: ÚNICO. Es infundada la denuncia de repetición de acto reclamado realizada por +++, por las razones expuestas en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese personalmente
- Principal
NOtifíquese personalmente.
- Principal
Visto el escrito signado electrónicamente por el quejoso Francisco mediante el cual desahoga la vista que se ordenó en auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós y realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento que la autoridad señalada como responsable dio a la ejecutoria de amparo. Indíquese al promovente que dichas manifestaciones serán tomadas en consideración una vez que transcurra el plazo a que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para el resto de las partes. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, no ha cumplido con el requerimiento efectuado mediante auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, en donde se le requirió para que diera cumplimiento cabalmente con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y Actuario Notificador adscrito, para que en el plazo de tres días, contado a partir del momento siguiente al en que reciba la comunicación respectiva, remitan copia certificada de las constancias de notificación a las demandadas del auto de diecisiete de junio pasado, dictado en el juicio de origen. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se apercibe a dicha autoridad, con la aplicación de multa por el equivalente de ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista física y electrónica.
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