Gabriela García Crispín
Expediente 841/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2016
Partes del expediente
- Gabriela García Crispín
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de ocho de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante la licenciada Karla Villalba Rojas, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe. L´K V R /*Ana Funez En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de junio de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos los oficios signados por la Subdelegada Técnica y Registrador Integral ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado con los que rinden sus informes justificados, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en su escrito de demanda Gabriel García Crispin señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- Ciudadana Delegada en el Estado del Registro Agrario Nacional, con domicilio en Calle Trece Norte número tres, en esta Ciudad de Puebla. B).- Ciudadano Registrador del Registro Agrario Nacional, con domicilio para su debido emplazamiento el ubicado en la Calle Trece Norte número tres, en la ciudad de Puebla, Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO: Lo constituye el hecho de que la autoridad señalada como responsable ha omitido realizar una valoración respecto a el escrito de petición presentado por el suscrito respecto del contrato de enajenación de derechos parcelarios de Diez de Agosto del año dos mil quince, presentado ante el Registro Agrario Nacional con fecha Quince de octubre del año dos mil quince, el cual fue radicado bajo el número 21150019682 como se justifica con el acuse de recibo de solicitud de trámite, documento que se adjunta a este Juicio de Amparo." Ahora bien, de los comunicados y de cuenta se advierte que las autoridades responsables Subdelegada Técnica y Registrador Integral ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado señalan que los actos reclamados por la parte quejosa son ciertos; sin embargo, la solicitud con número de registro 21150019682 fue turnada al Registrador Integral por ser el servidor público competente para darle tramite, quien el diez de mayo del año en curso realizó la inscripción respectiva quedando asentada en el folio 21180013115071927R, generándose el certificado parcelario 1045771 a favor de Gabriel García Crispín (aquí quejoso), el cual fue entregado el veinticinco de mayo siguiente, y remitió copia certificada de la documentación que contiene la solicitud de trámite número 21150019682, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto al acto reclamado se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, y de la narrativa que antecede se colige que en atención a la solicitud con número registral 21150019682 mediante calificación registral positiva de diez de mayo de dos mil dieciséis se declaró procedente la inscripción de enajenación de derechos parcelarios de diez de agosto de dos mil quince realizada por Alfonso García Crispin a favor de Gabriel García Crispin (aquí quejoso), ordenándose su inscripción y la expedición de la constancia correspondiente; asimismo, el veinticinco de mayo del año actual se efectúo su entrega. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado la calificación registral positiva el diez de mayo de dos mil dieciséis en la que se declaró procedente la inscripción de enajenación de derechos parcelarios de diez de agosto de dos mil quince realizada por Alfonso García Crispin a favor de Gabriel García Crispin (aquí quejoso), ordenándose su inscripción y la expedición de la constancia correspondiente; asimismo, al haberse realizado su entrega el veinticinco de mayo del año actual cesaron los efectos del retardo del que se duele el peticionario de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable atendiera su solicitud con número de registro 21150019682, aquélla se vio satisfecha en la medida en que la autoridad responsable dictó la calificación registral positiva el diez de mayo de dos mil dieciséis en la que se declaró procedente la inscripción de enajenación de derechos parcelarios de diez de agosto de dos mil quince realizada por Alfonso García Crispin a favor de Gabriel García Crispin (aquí quejoso), ordenándose su inscripción y la expedición de la constancia correspondiente; asimismo, al haberse realizado su entrega el veinticinco de mayo del año actual. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de atender la solicitud con número de registro 21150019682 se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del catorce de junio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA..
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Gabriel García Crispín, contra actos de la Delegada en el Estado de Puebla del Registro Agrario Nacional, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 841/2016-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. 3 INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no la solicitó de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. 4 SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Signifíquese a la parte quejosa que si el Administrador de la Oficina de Servicios Directos Poder Judicial Siglo XXI, o en su caso el Actuario Judicial de la Adscripción devuelve los oficios que contienen la trascripción de este proveído por inexistencia de las autoridades destinatarias, se tendrán como inexistentes y se mandará suspender toda comunicación procesal posterior con ellas, lo anterior con fundamento en los artículos 63, fracción IV, de la ley de la materia; 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente. 5 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con dieciséis minutos del catorce de junio de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. 6 TERCERO INTERESADO Dado el planteamiento de la demanda de amparo, se estima que no existe persona tercero interesada. 7 VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. 8 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 9 PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciadas las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; esto es, al momento de celebrarse la audiencia constitucional. 10 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 11 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 12 RESERVA DE INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que de conformidad con los artículos 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, -aplicable al caso concreto de conformidad con el artículo 2º Transitorio del decreto por el que se expidió la ley en cita-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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