Gabriela Gamboa Sanchez
Expediente 394/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/09/2021
Partes del expediente
- Gabriela Gamboa Sanchez
Actuaciones
- Principal
MESA V. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 109/2021, en sesión ordinaria virtual de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, cuyo resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja instado por Gabriela Gamboa Sánchez por propio derecho, contra el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 394/2021, en términos del considerando cuarto de esta resolución. [.]" Asimismo, devuelve un legajo de copias certificadas relativas al presente juicio, que fueron remitidas con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa, las cuales atendiendo a que únicamente se obtuvieron para la tramitación del citado medio de impugnación, procédase a su destrucción. Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo al Tribunal de Alzada. En diverso orden de ideas, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo en el presente juicio (artículo 21, inciso d del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA V Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil veintiuno. ACUSE DE RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2° de la ley de amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que acusa recibo del oficio mediante el cual se le remitió el recurso de queja hecho valer por la quejosa Gabriela Gamboa Sánchez, en contra del auto de trece de mayo de dos mil veintiuno y comunica que se registró en su índice como recurso de queja 109/2021. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, se ordena remitir al tribunal de alzada digitalmente la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del auto de trece de mayo de los cursantes, para los efectos legales a que haya lugar. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA V. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos una vez que las labores del juzgado lo permitan, el escrito de cuenta signado por *************** por medio del cual interpone recurso de queja contra el auto de trece de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Por otro lado, con el fin de resolver dicho medio de defensa, del que se advierte que está debidamente integrado; esto es, obra agregada la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del auto impugnado, tomando en consideración que lo constituye el proveído a través del cual se desechó la demanda, por lo tanto, no existe diversa parte a la cual notificar la interposición del recurso de que se trata; en consecuencia, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio y los anexos remitidos por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
- Principal
MESA V RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda promovida por ****** por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; fórmese expediente electrónico y físico una vez que las labores del juzgado lo permitan, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y regístrese con el número 394/2021-V. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México en la causa de control 777/2020. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.1o.A. J/4, publicada en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Ahora bien, en principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c). Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.; IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución: VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca; (.)". De lo anterior se advierte que la disposiciones legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de las garantías individuales y derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido en la causa de control 777/2020, acto que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción a agotar el principio de definitividad; por ende, la promovente no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado; por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por conducto de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código Federal de Procedimientos Penales. Al respecto, el artículo 467, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé: Artículo 467.- Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de Control: VIII.- Las que conceden, nieguen o revoquen la suspensión condicional del procedimiento; Conforme a la disposición citada, el recurso de apelación procede contra los autos o resoluciones que nieguen o revoquen la suspensión condicional del procedimiento; por lo que es claro que el auto emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido en la causa de control 777/202, puede impugnarse mediante el recurso de apelación y debe agotarse éste antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad que rige a este último. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la tesis IV.3º.135 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 509, que a la letra indica: "RECURSO DE APELACION. PROCEDE CONTRA AUTOS QUE RESUELVAN SOBRE INCIDENTES NO ESPECIFICADOS (FRACCION V, DEL ARTICULO 367, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). El artículo 367, fracción V, del Código Federal de Procedimientos Penales, establece: "Son apelables en el efecto devolutivo ... V.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelven algún incidente no especificado...", por lo que si el quejoso por medio del recurso de apelación impugnó el auto por el cual el a quo negó declarar la prescripción de la reparación del daño, y aquélla declaró con fundamento en el artículo 379 del mismo ordenamiento legal, mal admitido el recurso de apelación porque el auto no era apelable, ya que no se encontraba en ninguno de los casos enumerados en el artículo 367 anteriormente mencionado, es claro que dicha determinación es incorrecta, dado que el auto que pretendió impugnar el quejoso no tiene una tramitación específica autorizada en el Código Federal de Procedimientos Penales, y por ello reviste las características de un incidente no especificado en los términos del artículo 494 del ordenamiento legal mencionado, de tal manera que su resultado sí es apelable en el efecto devolutivo de acuerdo con lo previsto por la fracción V del artículo 367, transcrito." De ahí que, el acto reclamado en esta instancia constitucional, pudo ser recurrido por la peticionaria del amparo, conforme a lo previsto por el artículo señalado, concretamente a través del recurso de apelación por lo que, si no lo hizo de ese modo, es evidente que no se agotó el principio de definitividad para hacer procedente la vía constitucional. Al respecto se invoca la jurisprudencia 447 del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "RECURSOS ORDINARIOS.- El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Asimismo, la tesis de jurisprudencia número novecientos ochenta y seis, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, visible a foja seiscientos setenta y ocho, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud, de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad por lo dispuesto por el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, al respecto, cobra aplicación por identidad de razón jurídica la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, a página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". En virtud de lo considerado con antelación, resulta claro que el quejoso se encontraba en aptitud legal de agotar el medio ordinario que la ley que rige el acto reclamado pone a su alcance, previo a acudir a la instancia constitucional, colmando así el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sin que se advierta que el acto reclamado se trate de alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad invocado, como para considerar que estaba en condiciones de acudir directamente al juicio de amparo sin necesidad de agotar la instancia legal mencionada. Al quedar actualizada la causa de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por Gabriela Gamboa Sánchez, por derecho propio, contra actos de la Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a David Rivera Melgarejo, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV-2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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