Gabriela Flores Miranda
Expediente 1224/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gabriela Flores Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el proveído de once de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales procedentes. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos aportados por las partes quejosa y tercera interesada. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; del informe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia certificada del proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del C. D. T. 267/2020-1, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" . La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en su informe de cuenta, se advierte que por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral C. D. T. 267/2020-1, se acordó el escrito de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, signado por la aquí parte quejosa. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamaron los siguientes actos: [.] La omisión de acordar mi escrito de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente C. D. T. 267/2020-1, en el término de quince días después de haber sido recepcionado en seis de julio del mismo año, como lo establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, con el consiguiente perjuicio que ello ha ocasionado a la ahora quejosa. [.] En tales condiciones, teniendo en consideración que la autoridad responsable Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral C. D. T. 267/2020-1, en el que se proveyó el escrito de la parte quejosa, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del acordar el escrito antes señalado; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DE ESTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que se encuentran señaladas las diez horas con veinticuatro minutos del día veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio al tercero interesado y autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; del informe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. De igual manera, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia certificada del proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del C. D. T. 267/2020-1, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Ahora bien, es pertinente destacar que por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" . La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la omisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la parte quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la parte quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en su informe de cuenta, se advierte que por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral C. D. T. 267/2020-1, se acordó el escrito de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, signado por la aquí parte quejosa. Por lo que teniendo en cuenta que en el presente juicio de amparo se reclamaron los siguientes actos: [.] La omisión de acordar mi escrito de fecha cinco de julio de dos mil veintidós, dentro del expediente C. D. T. 267/2020-1, en el término de quince días después de haber sido recepcionado en seis de julio del mismo año, como lo establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, con el consiguiente perjuicio que ello ha ocasionado a la ahora quejosa. [.] En tales condiciones, teniendo en consideración que la autoridad responsable Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada del acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral C. D. T. 267/2020-1, en el que se proveyó el escrito de la parte quejosa, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del acordar el escrito antes señalado; y a consecuencia de ello, es evidente notorio, manifiesto e indudable que se actualiza de la citada causal de improcedencia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 242, que establece lo siguiente: [.] CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal [.]. En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DE ESTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Ahora bien, en virtud de que se encuentran señaladas las diez horas con veinticuatro minutos del día veintidós de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, y dadas las consideraciones precisadas en el apartado que antecede, se hace del conocimiento de las partes que queda sin efectos la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio al tercero interesado y autoridad responsable.***
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que no obra la constancia de notificación al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional, ordenada vía electrónica, del proveído de dieciséis de marzo del presente año, en el cual esta Juzgadora Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, y ordenó el archivo del expediente como concluido; en tales condiciones, túrnense los autos al Actuario de la adscripción a fin de que recabe dicha constancia. Notifíquese y cúmplase. SE INSERTA AUTO DE 16 DE MARZO DE 2022, PARA NOTIFICACIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO:...Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia dictada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, este juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Unidad Arzafil, Sociedad Anónima de Capital Variable, determinación que fue recurrida por la autoridad responsable Tesorero Municipal de Papalotla, Tlaxcala, y confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, en el recurso de revisión 262/2019; y en ese sentido se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de mérito; y conforme a ello, el diez de febrero del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y con las mismas se dio vista a la parte quejosa a efecto que manifestara lo que en derecho correspondiera, sin que realizara manifestación alguna. En ese sentido se tiene que, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable: a) Desvincule a la moral quejosa de la obligación de pagar el derecho de alumbrado público relacionado con el número de servicio 228120700147 durante la vigencia del dispositivo legal; y, b) Ordene a quien corresponda restituya las cantidades -debidamente actualizadas-, que la parte quejosa enteró por dicha contribución. Así de las constancias remitidas por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria del amparo, se advierte que por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, se tomó conocimiento de que el Presidente y Tesorera, ambos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, remitieron copia certificada del depósito realizado mediante trasferencia electrónica a la quejosa Unidad Arzafil, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Con las constancias referidas se evidencia que las responsables dieron cabal cumplimiento al fallo protector toda vez que el Presidente y Tesorera, ambos del Municipio de Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala, exhibieron copia certificada del depósito mediante transferencia electrónica de cuatro de febrero de dos mil veintidós a la parte quejosa Unidad Arzafil, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la cantidad de $107,846.07 (ciento siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 7/100 moneda nacional). En ese sentido, la parte quejosa mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de febrero de este año, afirmó que sí recibió dicha transferencia que corresponde a devolución del pago del derecho de alumbrado público del ejercicio fiscal dos mil diecinueve y manifestó que considera cumplida la ejecutoria de amparo. En este sentido, este juzgado no inadvierte que si bien uno de los efectos de la protección constitucional implicaba la desaplicación del numeral declarado inconstitucional, lo cierto es que dicho artículo tuvo vigencia únicamente respecto del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; de ahí que a la presente data sea innecesario requerir la referida desaplicación. Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable dio cumplimiento exacto a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
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