Gabriela Estefany Téllez Pérez

Expediente 19/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
19/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Estefany Téllez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Apareciendo que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja contra el proveído donde se desechó de plano la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales. Se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo legal concedido en acuerdo de veintisiete de noviembre pasado, donde se previno a la promovente a efecto de aclarar su libelo de amparo; en consecuencia, al no haber dado cumplimiento a ello, se hace efectivo el apercibimiento plasmado en dicho proveído y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la legislación de la materia, se tiene por no presentada su demanda de amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA a la parte quejosa Gabriela Estefany Téllez Pérez, el proveído de ocho de enero del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.... Visto lo de cuenta, se tiene recibida la demanda electrónica promovida por Gabriela Estefany Téllez Pérez, contra actos del Juez de Control en Materia Penal, con residencia en Monterrey, Nuevo León y otras autoridades; al efecto, regístrese el expediente relativo bajo el número 19/2021, que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Tal documento adquiere validez, porque fue presentado a través de un sistema autorizado, según los numerales 14 y 53 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora, una vez analizado el citado libelo, este tribunal considera viable el desechamiento de plano de la demanda promovida por la impetrante, al ser notoria, manifiesta e indudable su improcedencia, lo que debe ser examinado de manera preferente a cualquier otra cuestión, al ser de orden público, conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la legislación aplicable a la materia. Para arribar a lo anterior, debe señalarse en primer término que el artículo 3 de la Ley de Amparo, permite el empleo de las tecnologías de la información para la tramitación del juicio de amparo, mediante el uso de la "firma electrónica", en relación también con la regulación que para tal efecto emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, el mencionado precepto legal, señala que la firma electrónica, es: "El medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". A su vez, el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, del cual es menester destacar el marco normativo necesario para acordar lo procedente en relación al presente juicio de amparo, en específico los artículos 14 al 19 establecen lo siguiente: "Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Artículo 15. El Portal de Servicios en Línea funcionará las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. Artículo 18. El registro en el Portal no implica la consulta de los expedientes electrónicos en los que la persona tenga interés, ni tampoco la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, pues ello depende que así lo haya solicitado quien cuente con capacidad procesal para ello, y que, a su vez, lo haya autorizado el órgano jurisdiccional que conozca del expediente respectivo. Artículo 19. Una vez realizado el registro en el Portal, la persona usuaria podrá entrar al sistema a través de su "Nombre de Usuario y Contraseña", o bien, a través de su Firma Electrónica vigente. [.]" Del citado marco normativo es posible colegir que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal, como el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo cual, es necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el propio Poder Judicial de la Federación; de ahí que, el registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Precisado lo anterior, se destaca que en el procedimiento la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho se manifiesta a través de su firma ya sea autógrafa o electrónica, lo que no acontece en la especie, toda vez que la demanda de amparo se promovió mediante el empleo de las tecnologías de la información, sin firma electrónica certificada. En ese contexto, es inconcuso que si la demanda carece de la firma correspondiente de quien la promueve, debe considerarse como un simple papel, en el que no se incorporó expresión de voluntad por no aparecer, en el caso, la firma electrónica de la promovente, esto en razón de que si ello es el signo con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos, pues denota su voluntad y conformidad con el contenido del escrito que signan, dado que esa falta no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento, de donde se sigue que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formule vía electrónica conste de esa manera. Por tanto, ante la ausencia de firma electrónica de la promovente en el escrito de demanda, debe considerarse que no hay instancia de parte agraviada, razón por la cual procede desechar la demanda de amparo, al surtirse la causa de improcedencia que se plantea. Debido a tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 3° y 6° de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3°. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley [.]" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley [.]" Es así, dado que el artículo 3° de la Ley de Amparo y la propia normatividad que regula el trámite de los juicios de amparo vía electrónica, establecen que la firma electrónica (FIREL), produce los mismos efectos que la signatura autógrafa; por ende, no es posible considerar que Gabriela Estefany Téllez Pérez, promueve la demanda en mención, al carecer de manifestación inequívoca de su voluntad de instar el juicio de amparo de que se trata. De ahí que, si era su voluntad presentar la demanda de amparo indirecto vía electrónica, debió contar con el requisito indispensable para acceder a las tecnologías de la información que utiliza el Poder Judicial de la Federación, como es la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o certificado digital institucional, emitida a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estimar lo contrario, implicaría considerar que es válido que cualquier persona presente promociones, sin la utilización de un certificado digital; lo cual sería contrario a la ley, pues la obtención de la firma electrónica es un trámite personalísimo. Por tanto, no se actualiza el principio de instancia de parte agraviada, que constituya la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa - Gabriela Estefany Téllez Pérez -, de instar el medio de control constitucional de que se trata. Aunado a que, tal circunstancia no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir a la parte quejosa para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica, no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el órgano jurisdiccional está facultado para desecharla de plano. Sustenta esta consideración, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". De igual manera, se cita en lo conducente, el criterio de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Además, el acto reclamado consistente en las órdenes de aprehensión y detención en contra de Gabriela Estefany Téllez Pérez, resulta incontrovertible que se trata de un acto que no actualiza la excepción prevista en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual resultase innecesario exigir firma electrónica al promoverse la demanda con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Apoya lo expresado, la jurisprudencia 8/2019 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, página 79, registro 2019715, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Así, conforme a lo expuesto en líneas precedentes y de acuerdo con los artículos 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 3° y 6°, de la misma ley, se desecha de plano por su notoria improcedencia la demanda origen de este juicio. En la inteligencia, que no es el caso pronunciarse respecto a la suspensión de oficio, no obstante que la amparista, en el capítulo respectivo, solicita dicha medida en términos del artículo 126 de la legislación que rige la materia, pues de la propia demanda se aprecia se duele de las órdenes de aprehensión y detención, acto que de acuerdo a su propia naturaleza, no es suspendiese conforme a dicho normativo. Al respecto, los numerales 126 y 127 del cuerpo legal en cita, señalan procede la suspensión de oficio, cuando se trate de actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el arábigo 22, de la Constitución Federal y, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, cuando se trate de algún otro acto, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir a los impetrantes en el goce del derecho fundamental reclamado. Por su parte, el ordinal 22 Constitucional, establece quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que deviene improcedente conceder la suspensión de oficio en el presente caso, a pesar de solicitarse en los términos invocados, pues de la demanda no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis pertinentes. Apoya a lo anterior la tesis VI.1o.A.19 K, de registro digital 179731, visible a página 1458, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO." En otro aspecto, en atención a la Circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó regresar al esquema contemplado en el Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus COVID-19. De ahí que, conforme a lo establecido en artículo 11 del mencionado Acuerdo General 13/2020, se hace del conocimiento a las partes que en términos del artículo 1, fracción IV, del propio Acuerdo, no corren plazos ni términos procesales, por lo que la notificación de la presente resolución, será hecha conforme a lo establecido en la normatividad correspondiente, de manera escalonada y una vez que se normalicen las actividades. Asimismo, se instruye al actuario de la adscripción, que en términos de lo estipulado en el párrafo segundo del citado artículo 11, la notificación que deba practicarse de manera personal, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. ....

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · 4,988 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano