Gabriela Enríquez Guerra

Expediente 1411/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1411/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
05/12/2019

Partes del expediente

  • GABRIELA ENRÍQUEZ GUERRA y Otros.
  • Gabriela Enríquez Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del juicio del que se advierte que en proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó el archivo del presente expediente, al estar totalmente concluido; en ese sentido, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y se declara que éste es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de la citada fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1411/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Finalmente, toda vez que el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" El precepto transcrito, señala que el juicio de amparo es improcedente, contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado, sin que al hacerlo, se afecte la situación creada por el nuevo acto de autoridad no reclamado en la instancia constitucional. Es importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la parte quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y la aplicación de ciertos preceptos, a su caso en particular. Así, el cambio de situación jurídica, para elevarse como causa de improcedencia, debe efectuarse dentro de un procedimiento judicial o administrativo, o en uno seguido en forma de juicio. En ese contexto, es necesario establecer los elementos que determinan la actualización de la causal de improcedencia analizada: 1) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; 2) Que con posterioridad a la instauración de la demanda, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, 4) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Es aplicable al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a. CXI/96, Novena Época, con número de registro: 199808, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Página: 219, del rubro "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente de la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, omisiones que, refiere, contiene el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el Procedimiento Especial sobre Divorcio Incausado 202/2017-3. Con lo cual se cumple con el primero de los elementos citados. Aduce que se emitió en respuesta a la solicitud que ella formuló a través de escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho, en el que narró a la juez de mérito lo siguiente: 1.- Que por medio del presente me permito informar a su Señoría que CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ ha ejercido formalmente la custodia de sus menores hijos, Bruno y Braulio ambos de apellidos González Enríquez, en las semanas comprendidas del 2 al 9 de septiembre y del 16 al 23 de septiembre del año en curso, sin embargo, el actor incidentista de los 8 días que tendría que haber presentado a los menores a clases en el colegio Porter de Cuernavaca, escuela en la que se encuentran formalmente inscritos tal y como consta en autos, no los ha presentado en ninguna ocasión tal y como consta en el escrito presentado con fecha 5 de septiembre y en la impresión del correo enviado por la Dirección de la Primaria del colegio, mismo que se anexa al presente escrito. 2.- Derivado de lo anterior y considerando la importancia del derecho humano de los menores Bruno y Braulio ambos de apellidos González Enríquez, y la obligación del C. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LOPEZ de que los menores acudan a la escuela y ante su reiterado incumplimiento solicitamos a su Señoría SE SUSPENDA EL EJERCICIO DE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA, hasta en tanto el demandado no garantice su compromiso a que los menores realicen sus actividades cotidianas de manera normal, que compre los uniformes escolares que los menores tienen la obligación de portar diariamente en el colegio y cubra el 50% de los gastos de inscripción, material escolar y colegiaturas que hasta el momento los ha venido realizando la C. GABRIELA ENRIQUEZ GUERRA. Reiteramos a su Señoría que por encima del derecho del padre de ejercer la guarda y custodia se encuentra el interés superior de los menores y que en caso concreto éste se ha visto violentado por el demandado y con ello se pueden ocasionar repercusiones de consecuencias irreparables, por lo que solicitamos que en beneficio de los menores se suspenda el ejercicio de la guarda y custodia compartida y se pondere su derecho humano a la educación.". En respuesta, recayó el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, del tenor literal siguiente: "Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito registrado bajo el número 9476, suscrito por MARIANA GUADALUPE SEDANO PADILLA, abogada patrono de la parte actora. Atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte y con base a las mismas, se ordena girar oficio correspondiente a la escuela Porter de Cuernavaca, para que en el plazo de cinco días, informe sobre la asistencia escolar de los menores Braulio y Bruno de apellidos González Enríquez del periodo de inicio de clases a la fecha, y cuántas inasistencias han tenido, debiendo precisar los días, oficio que se ordena hacer llegar a su destino por su conducto. Respecto a su segunda solicitud, dígase que se dejan a salvo sus derechos para que promueva en la vía y forma correspondiente. Lo anterior lo es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, 111, 113, 114, 118, 122, 1E 169, 337 del Código Procesal Familiar en vigor.". En ese sentido, la quejosa aduce que sus menores no han sido presentados por su progenitor en distintas fechas en la escuela en que se encuentran inscritos, y que ello motivó la solicitud que se citó; ante lo cual el juez responsable en el acuerdo referido se limita a solicitar información al colegio en que se encuentran inscritos los menores hijos de las partes del juicio natural, BRAULIO y BRUNO de apellidos GONZÁLEZ ENRÍQUEZ; sin embargo que omite requerir al padre de los menores para que informe acerca de dicha circunstancia. Agregando la quejosa que CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ le ha manifestado que va a cambiarlos a una distinta escuela denominada MONTESSORI TEPOZTLÁN. Por lo tanto, que CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, al ejercer la guarda y custodia compartida no está cumpliendo con el deber fundamental de procurar el derecho humano de los menores a la educación, con lo cual pone en riesgo la estabilidad emocional, física, psicológica y el desarrollo intelectual y académico de éstos. Por lo que el Juez omite realizar los actos necesarios para defender el interés superior de los menores. Ahora bien, la autoridad responsable anexó a su informe justificado, fotocopia certificada de constancias del juicio de mérito, de las que se advierte que por auto del veintiuno de octubre de dos mil diecinueve se requirió a CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, para que cumpla con las obligaciones contempladas en la fracción II del artículo 181 del Código Familiar en vigor, con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a los medios de apremio que marca la Ley. Asimismo, con fecha veintitrés de octubre del dos mil diecinueve, CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ contestó la vista ordenada por auto del siete de octubre de éste año, informando los motivos por los cuales no habían asistido sus hijos a la escuela en mención. De igual manera, que la aquí quejosa, por conducto de su abogada patrono, a través de escrito presentado el veinticuatro de octubre del año en curso, hizo del conocimiento a la juez responsable que pensando lo mejor para sus hijos, GABRIELA ENRÍQUEZ GUERRA tomó la decisión de dar de baja a los menores del Colegio Porter e incorporarlos de manera definitiva a diverso colegio elegido por el padre de los menores, donde se tuvo una reunión y que al parecer será éste quien cubrirá las cuotas escolares. De igual manera, anexó constancia de las inasistencias de los menores expedida por dicho colegio. En respuesta la Juez responsable emitió el auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, por el que tuvo por hechas las manifestaciones acerca de la incorporación de los menores a una diversa institución educativa. Respecto a las inasistencias de éstos al Colegio Porter, requirió a las partes a fin de que pusieran límites y orden para su desarrollo; así mismo, para que antes de cada inicio escolar, con la anticipación debida y no cuando ya se encontrara iniciado el ciclo escolar, realizaran las gestiones necesarias a efecto de determinar de común acuerdo la escuela en que los inscribirían, ya que de no hacerlo así se genera que falten a clases innecesariamente generándoles inestabilidad. Conforme a lo anterior, se aprecia que la problemática inherente a la inasistencia constante de los menores al Colegio Porter al que se encontraban inscritos, ha sido superada en virtud de que las partes de común acuerdo decidieron no continuar en dicha institución educativa e inscribirlos en una diversa; con motivo de lo cual la juez natural exigió a las partes que con la anticipación debida se pongan de acuerdo respecto a la escuela en que decidan inscribir a los menores. A las constancias certificadas de la controversia familiar de origen, se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de documentales públicas, por haber sido expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. En tales condiciones, con motivo del actuar de las partes del juicio de origen y la emisión del auto de veintinueve de octubre del presente año, se satisface el segundo de los elementos, estimandose que ha operado un cambio de situación jurídica, al no poderse analizarse las omisiones que se atribuyen a la juez responsable, con motivo del dictado del auto combatido de veintiséis de septiembre del año en curso, por el que ordenó requerir información al Colegio Porter sobre las asistencias de los menores; a virtud de las nuevas condiciones generadas ante el acuerdo de las partes para el cambio de colegio de éstos y la determinación judicial por el que se toma conocimiento de esa circunstancia, y principalmente porque a través del presente juicio ya no sería posible exigir que la juez de origen realizara actuaciones para lograr la asistencia de los menores al Colegio Porter, en razón de que ya no se encuentran inscritos en éste; aspecto que acredita el tercero elemento para considerar que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Finalmente la cuarta exigencia relativa a que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclama en esta instancia constitucional y la posterior resolución emitida en el procedimiento, se cumple en razón de que la nueva condición surgida con motivo del cambio de escuela de los menores y del dictado del auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve por la que la juez natural toma conocimiento de esa circunstancia y conmina a los padres a tomar oportunos acuerdos sobre la escuela en la que los menores deben ser inscritos, subsistiría autónomamente aun cuando el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve -acto originalmente reclamado- fuese declarado inconstitucional. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1411/2019-V y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama esencialmente de la Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, omisiones que refiere, contiene el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el Procedimiento Especial sobre Divorcio Incausado 202/2017-3. Aduce que se emitió en respuesta a la solicitud que ella formuló a través de escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil dieciocho, en el que narró a la juez de mérito lo siguiente: 1.- Que por medio del presente me permito informar a su Señoría que CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ ha ejercido formalmente la custodia de sus menores hijos, Bruno y Braulio ambos de apellidos González Enríquez, en las semanas comprendidas del 2 al 9 de septiembre y del 16 al 23 de septiembre del año en curso, sin embargo, el actor incidentista de los 8 días que tendría que haber presentado a los menores a clases en el colegio Porter de Cuernavaca, escuela en la que se encuentran formalmente inscritos tal y como consta en autos, no los ha presentado en ninguna ocasión tal y como consta en el escrito presentado con fecha 5 de septiembre y en la impresión del correo enviado por la Dirección de la Primaria del colegio, mismo que se anexa al presente escrito. 2.- Derivado de lo anterior y considerando la importancia del derecho humano de los menores Bruno y Braulio ambos de apellidos González Enríquez, y la obligación del C. CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LOPEZ de que los menores acudan a la escuela y ante su reiterado incumplimiento solicitamos a su Señoría SE SUSPENDA EL EJERCICIO DE LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA, hasta en tanto el demandado no garantice su compromiso a que los menores realicen sus actividades cotidianas de manera normal, que compre los uniformes escolares que los menores tienen la obligación de portar diariamente en el colegio y cubra el 50% de los gastos de inscripción, material escolar y colegiaturas que hasta el momento los ha venido realizando la C. GABRIELA ENRIQUEZ GUERRA. Reiteramos a su Señoría que por encima del derecho del padre de ejercer la guarda y custodia se encuentra el interés superior de los menores y que en caso concreto éste se ha visto violentado por el demandado y con ello se pueden ocasionar repercusiones de consecuencias irreparables, por lo que solicitamos que en beneficio de los menores se suspenda el ejercicio de la guarda y custodia compartida y se pondere su derecho humano a la educación.". En respuesta, recayó el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, del tenor literal siguiente: "Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito registrado bajo el número 9476, suscrito por MARIANA GUADALUPE SEDANO PADILLA, abogada patrono de la parte actora. Atento a su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte y con base a las mismas, se ordena girar oficio correspondiente a la escuela Porter de Cuernavaca, para que en el plazo de cinco días, informe sobre la asistencia escolar de los menores Braulio y Bruno de apellidos González Enríquez del periodo de inicio de clases a la fecha, y cuántas inasistencias han tenido, debiendo precisar los días, oficio que se ordena hacer llegar a su destino por su conducto. Respecto a su segunda solicitud, dígase que se dejan a salvo sus derechos para que promueva en la vía y forma correspondiente. Lo anterior lo es con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, 111, 113, 114, 118, 122, 1E 169, 337 del Código Procesal Familiar en vigor.". En ese sentido, la quejosa aduce que sus menores no han sido presentados por su progenitor en distintas fechas en la escuela en que se encuentran inscritos, y que ello motivó la solicitud que se citó; ante lo cual el juez responsable en el acuerdo referido se limita a solicitar información al colegio en que se encuentran inscritos los menores hijos de las partes del juicio natural, BRAULIO y BRUNO de apellidos GONZÁLEZ ENRÍQUEZ; sin embargo que omite requerir al padre de los menores para que informe acerca de dicha circunstancia. Agregando la quejosa que CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ le ha manifestado que va a cambiarlos a una distinta escuela denominada MONTESSORI TEPOZTLÁN. Por lo tanto, que CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, al ejercer la guarda y custodia compartida, no está cumpliendo con el deber fundamental de procurar el derecho humano de los menores a la educación, con lo cual pone en riesgo la estabilidad emocional, física, psicológica y el desarrollo intelectual y académico de éstos. Por lo que el Juez omite realizar los actos necesarios para defender el interés superior de los menores. En consecuencia, solicita la suspensión del acto reclamado y para el efecto de que se suspendan los efectos de las determinaciones judiciales que fijaron el régimen de custodia y convivencias de los padres con los menores de mérito. II.- CERTEZA DEL ACTO. La autoridad responsable JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, al rendir su informe previo admitió la certeza del acto reclamado. III.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. La quejosa ofreció como medio de convicción copia simple del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por ESTEBAN PICHARDO SANTAMARÍA, Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en el expediente 202/2017-3. Constancia a la que se le concede valor indiciario en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En tales circunstancias, se advierte que por cuanto a los actos reclamados, consistentes en las omisiones contenidas en el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se trata de actos negativos, pues implican abstenciones y en su caso negativas de la autoridad responsable de actuar de determinada manera pretendida por la quejosa. En ese orden de ideas, los actos negativos se clasifican de la siguiente manera: a) abstenciones; b) negativas simples; c) actos prohibitivos; Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por su parte, las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y, dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a las negativas simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En el caso, se está ante una negativa simple y abstención de la autoridad; esto es, el rechazo a una solicitud del particular y el no actuar de una autoridad, toda vez que el Juez responsable en el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, ordenó recabar información de la asistencia de los menores al colegio Porter en esta ciudad, negando suspender al padre en el ejercicio de la guarda y custodia compartida que ejerce con la madre de los menores; ello dentro del juicio Especial sobre Divorcio Incausado 202/2017-3. Por lo expuesto, se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que su naturaleza es de carácter negativo, pues como ya se dijo, implica un rechazo a una solicitud del particular y se le atribuye además la omisión del juez responsable de obrar en el sentido esperado por la quejosa, es decir, requerir información al progenitor acerca de la asistencia de los menores al colegio Porter, de ahí que tal omisión se genera al no actuar de determinada manera; por tanto, conceder la medida suspensiva no tendría el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran y conservar así la materia del juicio de amparo, sino que otorgaría efectos restitutorios, al obligar a la autoridad responsable a actuar en la forma que el quejoso pretende. Orienta el criterio anterior la tesis del rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS.", emitida por Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y su Gaceta Volumen: Tomo XV, Pagina 1468 de la Novena Época. Sin soslayar que la quejosa pretenda que los efectos de la suspensión se traduzcan en suspender al padre en el ejercicio de la guarda y custodia compartida que ejerce con la madre de los menores; ello dentro del juicio Especial sobre Divorcio Incausado 202/2017-3., pues se estima que con la negativa de la suspensión en los términos indicados no se pone en riesgo la situación jurídica de los menores, habida cuenta que como la propia quejosa lo refirió en la demanda, ya se definió en el juicio sobre la guarda y custodia del éstos, lo cual inclusive fue materia de estudio del recurso de apelación y que la resolución emitida a propósito de éste, es materia de impugnación por ambas partes. De ahí que el conminar a la responsable a actuar en la forma pretendida por el quejoso implicaría dotar de efectos restitutorios al incidente e incluso se variaría la litis constitucional planteada, abordando el análisis de lo resuelto en definitiva por el Juez de primer grado a pesar de ser objeto de impugnación a través del medio ordinario de defensa previsto por la ley y cuya resolución fue atacada por las partes a través de sendos juicios de amparo. En efecto, esto es así porque de la demanda se advierte que la quejosa narró los hechos siguientes: 1. Que en el Procedimiento Especial sobre Divorcio Incausado 202/2017-3, radicado ante el Juez responsable, el diez de julio de dos mil diecisiete, se declaró procedente la solicitud de divorcio incausado externada por Gabriela Enríquez Guerra en contra de Carlos Alberto Gonzalez Lopez, por consiguiente, una vez que causó ejecutoria se ordenó su ejecución en los términos ahí decretados. 2. Que el treinta de noviembre de dos mil dieciocho se emitió sentencia interlocutoria en el Incidente de Guarda y Custodia y Alimentos definitivos promovido por Gabriela Enríquez Guerra por sí y en representación de sus menores hijos Bruno y Braulio, de apellidos González Enríquez., donde el Juez natural decretó la guarda y custodia definitiva de los menores quejosos, de manera compartida a sus progenitores en el domicilio en el que se encuentran habitando dichos padres. 3. Inconformes con tal determinación las partes interpusieron recurso de apelación, el cual quedó registrado bajo la toca civil 150/19-4, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 4. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el Toca Civil 150/19-4. 5. Narra la quejosa que la resolución anterior fue recurrida a través del juicio de Amparo Directo 743/2019, desechado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, promoviendo recurso de reclamación contra esta determinación y que se encuentra pendiente de resolución. De lo que se advierte que la guardia y custodia de los menores y las convivencias con ambos padres es un tema decidido en el juicio natural en forma definitiva y materia de impugnación en juicio de amparo por la aquí quejosa, como expresamente lo narra, y por el padre de dichos menores, al ser un hecho notorio que se encuentra tramitando el juicio de amparo 1010/2019, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en el que precisamente combate la resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictada en el Toca Civil 150/19-4. Se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y, además, en la Tesis: 2a./J. 103/2007,Tomo XXV, Junio de 2007, página 285 de la Novena Época, de la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En las condiciones apuntadas, lo aquí resuelto no contraviene el interés superior de los menores. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por GABRIELA ENRÍQUEZ GUERRA, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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