Gabriela Eloísa Jerónimo Martínez
Expediente 325/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/05/2017
Partes del expediente
- Gabriela Eloísa Jerónimo Martínez
- Karina Jerónimo Martínez
- Gabriela Eloísa Jerónimo Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del precepto legal 2º de la Ley de Amparo, glósese a los autos el oficio de mérito, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite el testimonio de la ejecutoria emitida por dicho órgano colegiado en sesión de veintiocho de abril de este año, en el expediente 58/2017 de su índice, relativo al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, cuyo punto resolutivo es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO del recurso de queja, interpuesto por GABRIELA ELOÍSA, KARINA y CAROLINA, de apellidos JERÓNIMO MARTÍNEZ, por propio derecho y en su calidad de coherederas en el Juicio Sucesorio a Bienes de EUGENIO ADRIÁN JERÓNIMO JUÁREZ, en contra del auto dictado el tres de marzo de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo indirecto 325/2017, por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca". En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En términos del punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, no obstante que el presente auto a consideración del suscrito debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, lo cierto es que la impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
- Principal
VI.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de dos de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó girar el exhorto 902/2016-VI, orden 1097/2016, dirigido al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, en turno, a fin de dar a conocer la admisión de la demanda del juicio de amparo 1715/2016, sin que se advierta el estado procesal que guarda la referida comunicación oficial. Por tanto, tomando en consideración que el dos de febrero de dos mil diecisiete se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se concedió el amparo y protección de justicia de la unión solicitada, misma que el seis de marzo del presente año, causó ejecutoria; resulta evidente que el propósito de la referida comunicación ya ceso; por lo tanto, se determina dejar sin efectos el mismo y darlo de baja, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Gabriela Eloísa, Karina y Carolina, de apellidos Jerónimo Martínez, por propio derecho y en su calidad de coherederas en el juicio sucesorio a bienes de Eugenio Adrián Jerónimo Juárez, a través del cual interponen recurso de queja contra el proveído de tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 10 a 15), por el que se desechó la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el medio de impugnación referido; ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Por otro lado, con el fin de resolver dicho medio de defensa, remítase el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriela Eloísa, Karina y Carolina, de apellidos Jerónimo Martínez, por propio derecho y en su calidad de coherederas en el juicio sucesorio a bines de Eugenio Adrián Jerónimo Juárez, personalidad que se les reconoce al exhibir copias certificada del auto declarativo de herederos de seis de septiembre de dos mil diez, dictado en el expediente 396/2010; mediante la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con sede en Atlacomulco, Estado de México y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 325/2017. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en lo siguiente: El auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el juicio sucesorio intestamentario 396/2010 de su índice, mediante el cual requiere a las quejosas de forma individual la cantidad de $699,843.05 (seiscientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 05/100 M.N.), y su ejecución. Hecho lo anterior, este Juzgado considera, que respecto del citado acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo; ello, en razón de las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Así las cosas, la cesación de efectos del acto reclamado de manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica de la parte quejosa, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón justificatoria de la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: 1. Cuando la propia responsable deja sin efectos el acto reclamado y emite uno nuevo que lo substituye procesalmente. 2. Al interponer recurso ordinario contra el acto reclamado, al cual recae nueva resolución, que de igual manera lo substituye. Precisado lo anterior, el acto reclamado en estudio encuadra en el supuesto señalado en el numeral dos, pues de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de demanda, precisó que contra el auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el juicio sucesorio intestamentario 396/2010 (que constituye el acto reclamado en esta instancia), interpuso recurso de apelación, se resolvió mediante sentencia interlocutoria de ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la que el juez de origen determinó que era improcedente dicho medio de impugnación. Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por tanto, es evidente que el auto de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el juicio sucesorio intestamentario 396/2010, de su índice, cesó en sus efectos; esto es, dejó de tener fuerza vinculativa entre lo determinado por la autoridad responsable y la posible afectación de que se duele la quejosa, pues sus efectos quedaron destruidos en forma total e incondicional, al haber sido sustituida procesalmente por una nueva determinación, esto es, por la determinación mediante la cual el citado Juez declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra tal auto; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI de la Ley de Amparo, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se impone desechar de plano la demanda de amparo promovida por Gabriela Eloísa, Karina y Carolina, de apellidos Jerónimo Martínez, por propio derecho y en su calidad de coherederas en el juicio sucesorio a bines de Eugenio Adrián Jerónimo Juárez, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con sede en Atlacomulco, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Como lo establece el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a Gabriela Eloísa Jerónimo Martínez. Acorde con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a Nicolás Martínez Romero y Álvaro Ramírez Ramírez, en virtud de que cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito; y de conformidad con la última parte del citado precepto legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que se mencionan pues carecen de registro en dicho sistema. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones a la parte quejosa por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, toda vez que en la Ley Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el boletín no está contemplado como domicilio para oír y recibir notificaciones. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, lo cierto es que las impetrantes de amparo señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
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