Gabriela Durán Garza Galindo
Expediente 402/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 402/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gabriela Durán Garza Galindo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Juicio de Amparo Directo
A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable acusa recibo del diverso oficio 1905/2018 con el cual se comunicó el auto que tuvo por consentida la resolución de cumplimiento. Como del auto que antecede se advierte que este expediente se envió al archivo, devuélvase al mismo.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, se declara consentida la determinación que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Con testimonio de dicha resolución, notifíquese a la autoridad responsable. Archívese el presente asunto como asunto concluido, previas las anotaciones de ley en el libro respectivo. Por ello, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, específicamente en los puntos de acuerdo decimoprimero, vigésimo y vigesimoprimero, se concluye que este expediente es susceptible de ser DEPURABLE, pues no contiene relevancia documental ni documentos originales.
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LOS PROVEÍDOS DE CATORCE DE JUNIO Y CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES TERCERA INTERESADA Y QUEJOSA, RESPECTIVAMENTE, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DICTADA EL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 402/2017, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: En trece de febrero de dos mil dieciocho, la Secretaria de Estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste.- Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en su etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; que a la autoridad responsable la requerirá para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia se dictó el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete y el cuatro de enero de dos mil dieciocho se requirió su cumplimiento; así, la Primera Sala Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, comunicó a este tribunal que realizó lo necesario al efecto, lo que se procede a corroborar de la siguiente manera: a) La resolución que conlleva el cumplimiento se dictó el dieciocho de enero de dos mil dieciocho. b) La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: b.1. La autoridad señalada como responsable ordenadora debería emitir una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la sentencia reclamada; b.2. Debería partir de la consideración que el examen de la escucha de menores y los dictámenes periciales rendidos en autos acreditaban que ********** era generador de violencia y en consecuencia, debían prevalecer las medidas de protección determinadas por la jueza de primera instancia, es decir, que prevalecieran con ese carácter las medidas provisionales que en su oportunidad procesal se dictaron en auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, las que debían seguir vigentes hasta en tanto las partes y sus menores hijos hayan acudido a tomar terapia y el perito designado al efecto informara que se ha restablecido entre los interesados el equilibrio emocional, todo ello observando la protección del interés superior de los menores. A través de oficio seis de ocho de enero de dos mil dieciocho, la sala responsable informó a este tribunal colegiado que por auto de esa misma fecha, dejó sin efecto la sentencia reclamada y solicitó la ampliación del plazo por siete días, ello, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; fue concedida en auto de diez de ese propio mes. En la especie, la responsable, mediante oficio doscientos ochenta y cuatro de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, remitió copias certificadas de la nueva resolución dictada ese mismo día, en el toca de apelación 268/2017, con las que sostiene el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de diecinueve siguiente, se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercero interesado, solo ********** la desahogó. La sentencia la dictó fuera del término que se le concedió en auto de cuatro de enero de dos mil dieciocho; sin embargo, ello atendió a la prórroga concedida en diverso proveído de diez posterior, en ella: 1. Dejó insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, emitió otra en la que partió de la consideración que de la valoración de la diligencia de escucha de menores ante la autoridad judicial, sí aporta datos que constituyen indicadores de la existencia de violencia familiar cometida en agravio de los menores hijos, esto ante su animadversión hacia su padre, y sobre todo ante las manifestaciones dentro de las cuales identifican los actos u omisiones que consideran como violentos desplegados en su contra por dicha figura parental, así como derivado de los indicadores útiles; y por lo que hace al examen de los dictámenes periciales y su ampliación, sostuvo que derivado de los indicadores útiles que se advierten de las opiniones de los menores, valorados en conjunto con las conclusiones de los propios dictámenes periciales, se apreció que las conductas inadecuadas y violentas desplegadas por su progenitor en agravio de sus menores hijos, les genera tristeza, ansiedad y necesidad de estabilidad, por lo que es evidente que estos son víctimas de violencia familiar, no solo porque son testigos de la violencia que impera en su núcleo familiar, sino por las conductas desplegadas en su contra por su progenitor. Por tanto, al haberse acreditado que el demandado ********** es generador de violencia en agravio de sus menores hijos, existe por ende razón jurídica fundada para que prevalezcan con ese carácter las medidas de protección decretadas por la jurisdicente primaria a favor de los menores **********. **********y **********., todos de apellidos **********., por auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, las que deben seguir vigentes hasta en tanto las partes y sus menores hijos hayan acudido a tomar terapia, y el perito designado al efecto, informe que se ha restablecido entre los interesados el equilibrio emocional, todo ello observando la protección del interés superior de los menores. Para mejor comprensión, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA. RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. 1. La autoridad señalada como responsable debería dejar insubsistente la sentencia reclamada. 2. En la nueva que emitiera, debería partir de la consideración que el examen de la escucha de menores y los dictámenes periciales rendidos en autos acreditaban que ********** era generador de violencia y en consecuencia, debían prevalecer las medidas de protección determinadas por la jueza de primera instancia, es decir, que prevalecieran con ese carácter las medidas provisionales que en su oportunidad procesal se dictaron en auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, las que debían seguir vigentes hasta en tanto las partes y sus menores hijos hayan acudido a tomar terapia y el perito designado al efecto informara que se ha restablecido entre los interesados el equilibrio emocional, todo ello observando la protección del interés superior de los menores. 1. Mediante proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho remitió copias certificadas de la nueva resolución dictada ese mismo día, en la que dejó insubsistente la sentencia reclamada. 2. En su lugar, emitió otra en la que partió de la consideración que de la valoración de la diligencia de escucha de menores ante la autoridad judicial, sí aporta datos que constituyen indicadores de la existencia de violencia familiar cometida en agravio de los menores hijos, esto ante su animadversión hacia su padre, y sobre todo ante las manifestaciones dentro de las cuales identifican los actos u omisiones que consideran como violentos desplegados en su contra por dicha figura parental, así como derivado de los indicadores útiles; y por lo que hace al examen de los dictámenes periciales y su ampliación, sostuvo que derivado de los indicadores útiles que se advierten de las opiniones de los menores, valorados en conjunto con las conclusiones de los propios dictámenes periciales, se apreció que las conductas inadecuadas y violentas desplegadas por su progenitor en agravio de sus menores hijos, les genera tristeza, ansiedad y necesidad de estabilidad, por lo que es evidente que estos son víctimas de violencia familiar, no solo porque son testigos de la violencia que impera en su núcleo familiar, sino por las conductas desplegadas en su contra por su progenitor. Por tanto, al haberse acreditado que el demandado ********** es generador de violencia en agravio de sus menores hijos, existe por ende razón jurídica fundada para que prevalezcan con ese carácter las medidas de protección decretadas por la jurisdicente primaria a favor de los menores **********., todos de apellidos **********., por auto de fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, las que deben seguir vigentes hasta en tanto las partes y sus menores hijos hayan acudido a tomar terapia, y el perito designado al efecto, informe que se ha restablecido entre los interesados el equilibrio emocional, todo ello observando la protección del interés superior de los menores. Al no actualizarse hipótesis alguna de las previstas en el artículo 1.227 de la ley procesal civil, no condenó en costas en esa segunda instancia. Del anterior cuadro comparativo se advierte certeza sobre el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este tribunal advierta exceso o defecto en el cumplimiento. No obsta a lo anterior, el que la quejosa ********** manifieste que hubo defecto y exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, dado que la responsable no se ajustó a los lineamientos que le fueron señalados en la ejecutoria de amparo. En efecto, en lo que corresponde al exceso, la quejosa manifiesta que la autoridad responsable indebidamente adicionó un punto resolutivo en el que se especificó que ********** no fue receptora de violencia familiar, lo que dice incumple con la ejecutoria, porque ese lineamiento no le fue marcado e incluso resalta la circunstancia de que el tercero interesado promovió aclaración de sentencia precisamente para que ese tema fuera adicionado, a lo que este tribunal colegiado le contestó que no procedía la aclaración solicitada, porque ese tema no fue objeto de la litis constitucional, lo que le lleva a sostener que la autoridad responsable no tenía por qué adicionar ese resolutivo, si no le fue ordenado y además ello le ocasiona graves perjuicios en su persona. No asiste razón a la inconforme, en virtud de que, atentas las constancias de autos, en la sentencia de primera instancia se determinó que el demandado ********** no era generador de violencia en contra de **********, sin que la propia actora interpusiera el recurso de apelación en contra de esa determinación, pues únicamente apeló en contra de la sentencia de primer grado el demandado. Fue debido a este estado de cosas, que la solicitud de que se aclarara la sentencia para abordar este tema no prosperó, porque efectivamente la litis constitucional se centró en el análisis de si era generador o no de violencia el demandado en contra de los menores y si debían persistir o no las medidas provisionales a favor de los menores y que, atendiendo al hecho de que las pruebas reportaban que sí existía violencia familiar generada por el conflicto parental, de lo que se sigue que los lineamientos de la ejecutoria únicamente versaron sobre considerar que sí se demostró que el demandado es generador de violencia en contra de los menores, y que por ende debían persistir las medidas de protección que con carácter provisional se habían decretado, lo que desde luego excluye el análisis o pronunciamiento alguno sobre el punto concreto de la generación de violencia por el demandado en contra de la actora, lo que como ya se dijo, fue objeto de absolución en la sentencia de primer grado, que no fue apelada por la actora. Así, como ya quedó demostrado con el cuadro comparativo en párrafos precedentes, la autoridad responsable se ciñó a los lineamientos que le fueron proporcionados, esto es, en lo que estaba completamente vinculada a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, lo cumplió sin exceso ni defecto y si la autoridad responsable, en la parte en que tenía plenitud de jurisdicción, determinó adicionar ese punto resolutivo, ello desde luego no es materia del cumplimiento, por lo que en su caso, debe impugnarse a través de una nueva acción constitucional, pero no puede ser objeto de análisis en lo que respecta al cumplimiento, porque este tema no fue analizado en el juicio constitucional. Bajo este contexto, las afirmaciones de la quejosa en el sentido de que la adición de ese punto resolutivo afecta sus derechos, constituye un aspecto que no guarda relación con la materia de la litis constitucional y de los lineamientos señalados en la ejecutoria y, en todo caso, deberá hacer valer el medio de defensa procedente para impugnar tal decisión. En lo que atañe al defecto, la inconforme aduce que la autoridad responsable solo hizo mención a que debería quedar intocado el segundo punto resolutivo bis, concerniente a las terapias psicológicas a que debía someterse el grupo familiar, lo cual considera incorrecto, porque en los puntos resolutivos, señala cómo deben quedar, lo que implicaba que debería haber transcrito ese punto resolutivo y no solamente mencionar que quedaba intocado y, en su caso, precisar cuáles eran esas medidas que deberían prevalecer. Es infundado lo que sobre este particular se alega, en atención a que en la ejecutoria de amparo se proporcionó el lineamiento relativo a que debían prevalecer las medidas de protección determinadas por la jueza de primera instancia, es decir, que prevalecieran con ese carácter las medidas provisionales que en su oportunidad procesal se dictaron en auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, las que debían seguir vigentes hasta en tanto las partes y sus menores hijos hayan acudido a tomar terapia y el perito designado al efecto informara que se ha restablecido entre los interesados el equilibrio emocional, todo ello observando la protección del interés superior de los menores. Por tanto, si en la nueva sentencia, en la que la autoridad responsable da cumplimiento a este fallo protector, se deja intocado el resolutivo segundo bis, que precisamente indica que prevalecen las medidas de protección decretadas en auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince, entonces es indudable que con ello se satisface el lineamiento marcado en la sentencia protectora, sin que sea necesario transcribirlo, porque basta señalar que queda intocado y sin que tampoco deban precisarse cuáles son las medidas que específicamente prevalecen, porque el reenvío al auto en el que se decretaron basta para que queden claramente delimitadas en cuanto a su contenido. Por tanto, como la sala responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, por lista tanto a la quejosa como al tercero interesado. Así lo acordó y firma el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante la secretaria con quien actúa, licenciada María Gabriela Toledo Martínez. Doy fe.
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