Gabriela Dorantes Rubio
Expediente 1059/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 53 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1059/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 12/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gabriela Dorantes Rubio
- Luis Roque Nieves
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
Acapulco, Guerrero; doce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta; agréguese a los autos el escrito signado por Carlos César Berrut Bustos, autorizado del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele la copia simple que solicita, previa razón de recibido que se deje en autos, en la inteligencia de que es a su costa la reproducción fotostática de la misma. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de la forma en que la autoridad vinculada Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, en la inteligencia que la parte quejosa hizo uso de tal derecho, a través de su escrito presentado el cuatro de diciembre del año en curso. De acuerdo con la técnica jurídica del juicio de amparo, es preciso mencionar que el efecto para el cual fue concedida la protección constitucional por este Juzgado de Distrito, mediante sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho , fue para el efecto de que la autoridad responsable cumpla con lo siguiente: "La Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con plenitud de jurisdicción, dentro del juicio especial de alimentos 170-3/2015, dicte todas las providencias necesarias para garantizar que se realice al tercero interesado Luis Roque Nieves, el descuento del cincuenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe, por concepto de pensión alimenticia provisional decretada a favor de los menores Ulises Rafael y Gabriela Monserrath, ambos de apellidos Roque Dorantes, pudiendo hacer uso, en caso de ser necesario, de los medios de apremio que estime conducentes, para el éxito de lo encomendado, siempre y cuando no exista imposibilidad jurídica o material para ello. En la inteligencia de que una vez se acredite que se ha logrado realizar el citado descuento, o bien que existe una imposibilidad jurídica o material para ello, este órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada en la que se declarará si la sentencia fue cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; De igual manera, debe especificarse que la concesión del amparo no implica que se esté variando lo determinado por el juez responsable en los proveídos de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis y seis de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio especial de alimentos 170-3/2015, sino, únicamente lograr el efectivo y real descuento al demandado Luis Roque Nieves, por concepto de pensión alimenticia provisional. [.]" Dicha determinación causó ejecutoria el veinticuatro de mayo del año en curso, por lo que en esa data se requirió su cumplimiento a la juez familiar responsable. Mediante oficio allegado el treinta y uno de mayo del año en curso, la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en este puerto, remitió, entre otras constancias, copia certificada del proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el cual requiere al Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que ordenara a quien corresponda, la aplicación del cincuenta por ciento de descuento ordenado de manera provisional, a favor de los aquí quejosos, manifestándole a dicho funcionario, que ello obedecía a la ejecutoria que deriva del presente expediente, para lo cual giró el oficio 1681, de veintiocho de mayo siguiente. En la inteligencia de que, al advertirse de las actuaciones remitidas por la juez en mención, que el Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, tenía injerencia en el acatamiento de dicha sentencia, con fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se le vinculó al cumplimiento del fallo amparador, formulándose el requerimiento correspondiente. Asimismo, en providencia de veintisiete de septiembre del año en curso, se indicó al juez responsable, que indebidamente soslayó precisar a la pagadora, que el porcentaje relativo, debía aplicarse respecto del remanente, considerando que a cargo del acreedor existe diversa pensión alimenticia decretada a favor de diversas personas; aspecto que fue atendido por dicho juzgador mediante providencia de uno de octubre de dos mil dieciocho, en el cual rectificó dicha circunstancia, y la ordenó hacer del conocimiento de la responsable del descuento . Luego, mediante oficio recibido por auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho , la mencionada autoridad vinculado Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, remitió, entre otras constancias, copia certificada en el oficio DPE 1.0.2.2.1/10348/2018 de nueve de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual la Dirección de Prestaciones Económicas de este Instituto informó la continuidad de la aplicación del 50% (cincuenta por ciento) de descuento, por concepto de pensión alimenticia que cobra Gloria Antonia Rosas, y que del 50% (cincuenta por ciento) del remanente sólo procedió a descontar el equivalente al 25% (veinticinco por ciento), por concepto de pensión alimenticia de Gabriela Dorantes Rubio, -que en realidad corresponde al 50% (cincuenta por ciento) del remanente del acreedor-. Asimismo, para corroborar su dicho remitió la documental consistente en el recibo de pago del mes de noviembre del año en curso , del cual se advierte la materialización del descuento realizado al deudor alimentista, a favor de la acreedora alimentaria Gabriela Dorantes Rubio, y los menores Ulises Rafael y Gabriela Monserrath, ambos de apellidos Roque Dorantes. Documentales a las que dada su calidad de pública, se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, segundo párrafo. En ese contexto, se obtiene que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en vinculación con la diversa autoridad Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, acataron la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que la primera, dentro del juicio especial de alimentos 170-3/2015, dictó las providencias correspondientes para garantizar que se realizara al tercero interesado Luis Roque Nieves, el descuento correspondiente del salario y demás prestaciones que percibe, por concepto de pensión alimenticia provisional decretada a favor de los menores Ulises Rafael y Gabriela Monserrath, ambos de apellidos Roque Dorantes, y la segunda, materializó el pago del descuento ordenado. De ahí que se tengan por plenamente acatados los efectos de la ejecutoria; por lo que, acorde a lo establecido en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo protector fue cumplido en su totalidad, sin exceso ni defectos. Expuesto lo anterior, destaca que mediante proveído de cinco de diciembre del año en curso , este juzgado se reservó a pronunciarse respecto a las manifestaciones expuestas en el escrito signado por Carlos César Berrut Bustos, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto transcurriera la vista concedida a las partes respecto del cumplimiento dado por la responsable; en consecuencia, como ello ya aconteció, se levanta dicha reserva y se procede a dar contestación a las mismas. Pues bien, la parte quejosa sustancialmente se inconforma con el cumplimiento del amparo alegando que que los menores recibirán por concepto de pensión alimenticia mensualmente la cantidad de $3,702.40 (tres mil setecientos dos pesos con cuarenta centavos, moneda nacional), por lo que ni siquiera recibirán un salario mínimo diario, lo que, dice, es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y de educación; sin embargo, deben desestimarse dichos argumentos, en virtud de que la fijación de los porcentajes correspondientes no fue materia de la litis en este amparo, sino sólo la falta de materialización del descuento ordenado. En efecto, en la propia sentencia, justo después de la precisión de los efectos del amparo , de manera destacada se indicó que la concesión aludida, no implicaba variación alguna respecto a lo determinado por el juez responsable en los proveídos de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis y seis de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio especial de alimentos 170-3/2015, sino, únicamente lograr el efectivo y real descuento al demandado Luis Roque Nieves, por concepto de pensión alimenticia provisional. Tal especificación obedeció a que, como quedó de relieve en dicha sentencia, lo relativo a la distribución de los descuentos por pensión de que es objeto el salario del hoy tercero interesado, no fue materia de la concesión, ya que a su respecto, incluso se negó el amparo solicitado. Luego entonces, para atender de manera cabal los efectos del amparo, la autoridad responsable lo único que tenía que hacer era tomar las medidas necesarias para que el pagador, hoy autoridad vinculada Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, efectivamente realizara el descuento correspondiente, y la cantidad resultante fuese entregada a la parte quejosa, lo que, como se vio líneas atrás, ya aconteció. De ahí que deban desestimarse las manifestaciones de la parte quejosa, pues la cantidad que por concepto de pensión alimenticia mensualmente reciban los acreedores, no atañe al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues como ya se estableció con antelación, la fijación de los indicados porcentajes no fue materia de la litis en este amparo, sino sólo la falta de materialización del descuento ordenado. Por tanto, como se evidenció en párrafos previos, la autoridad sí responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apegándose a lo puntualizado en la concesión del fallo amparador, lo que se atiende en virtud de lo informado también por la vinculada. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, excepción hecha a la demanda de amparo y sentencia respectiva. Por consiguiente, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, su destino se cumplimentará al tenor de lo expuesto en el párrafo que precede. Ahora bien, en relación con el duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General en párrafos precedentes, se ordena que una vez que transcurran seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, en cumplimiento al tercer párrafo del artículo décimo primero del citado Acuerdo General, hágase saber a la parte quejosa el derecho que tiene para que dentro de un plazo de noventa días naturales a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con la finalidad de recoger los documentos originales que allegó al presente juicio con su demanda de amparo; con el apercibimiento que de no realizar lo indicado en el plazo antes señalado, se destruirá con los presentes autos, remitiendo copia del acta antes mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en copia certificada, como complemento de su informe con justificación; devuélvasele el mismo, sin necesidad de requerir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio enviado por el Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, a través del cual de nueva cuenta remite constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; lo anterior en virtud, de lo acordado en líneas anteriores. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO. EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LUIS ROQUE NIEVES, EL ACUERDO DE ONCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes en auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de la forma en que la autoridad vinculada Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, dio cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio, en la inteligencia que la parte quejosa hizo uso de tal derecho, a través de su escrito presentado el cuatro de diciembre del año en curso. De acuerdo con la técnica jurídica del juicio de amparo, es preciso mencionar que el efecto para el cual fue concedida la protección constitucional por este Juzgado de Distrito, mediante sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciocho , fue para el efecto de que la autoridad responsable cumpla con lo siguiente: "La Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con plenitud de jurisdicción, dentro del juicio especial de alimentos 170-3/2015, dicte todas las providencias necesarias para garantizar que se realice al tercero interesado Luis Roque Nieves, el descuento del cincuenta por ciento del salario y demás prestaciones que percibe, por concepto de pensión alimenticia provisional decretada a favor de los menores Ulises Rafael y Gabriela Monserrath, ambos de apellidos Roque Dorantes, pudiendo hacer uso, en caso de ser necesario, de los medios de apremio que estime conducentes, para el éxito de lo encomendado, siempre y cuando no exista imposibilidad jurídica o material para ello. En la inteligencia de que una vez se acredite que se ha logrado realizar el citado descuento, o bien que existe una imposibilidad jurídica o material para ello, este órgano jurisdiccional dictará resolución fundada y motivada en la que se declarará si la sentencia fue cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; De igual manera, debe especificarse que la concesión del amparo no implica que se esté variando lo determinado por el juez responsable en los proveídos de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis y seis de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio especial de alimentos 170-3/2015, sino, únicamente lograr el efectivo y real descuento al demandado Luis Roque Nieves, por concepto de pensión alimenticia provisional. [.]" Dicha determinación causó ejecutoria el veinticuatro de mayo del año en curso, por lo que en esa data se requirió su cumplimiento a la juez familiar responsable. Mediante oficio allegado el treinta y uno de mayo del año en curso, la Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en este puerto, remitió, entre otras constancias, copia certificada del proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, en el cual requiere al Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que ordenara a quien corresponda, la aplicación del cincuenta por ciento de descuento ordenado de manera provisional, a favor de los aquí quejosos, manifestándole a dicho funcionario, que ello obedecía a la ejecutoria que deriva del presente expediente, para lo cual giró el oficio 1681, de veintiocho de mayo siguiente. En la inteligencia de que, al advertirse de las actuaciones remitidas por la juez en mención, que el Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, tenía injerencia en el acatamiento de dicha sentencia, con fecha trece de agosto de dos mil dieciocho, se le vinculó al cumplimiento del fallo amparador, formulándose el requerimiento correspondiente. Asimismo, en providencia de veintisiete de septiembre del año en curso, se indicó al juez responsable, que indebidamente soslayó precisar a la pagadora, que el porcentaje relativo, debía aplicarse respecto del remanente, considerando que a cargo del acreedor existe diversa pensión alimenticia decretada a favor de diversas personas; aspecto que fue atendido por dicho juzgador mediante providencia de uno de octubre de dos mil dieciocho, en el cual rectificó dicha circunstancia, y la ordenó hacer del conocimiento de la responsable del descuento . Luego, mediante oficio recibido por auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho , la mencionada autoridad vinculado Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, remitió, entre otras constancias, copia certificada en el oficio DPE 1.0.2.2.1/10348/2018 de nueve de octubre de dos mil dieciocho, a través del cual la Dirección de Prestaciones Económicas de este Instituto informó la continuidad de la aplicación del 50% (cincuenta por ciento) de descuento, por concepto de pensión alimenticia que cobra Gloria Antonia Rosas, y que del 50% (cincuenta por ciento) del remanente sólo procedió a descontar el equivalente al 25% (veinticinco por ciento), por concepto de pensión alimenticia de Gabriela Dorantes Rubio, -que en realidad corresponde al 50% (cincuenta por ciento) del remanente del acreedor-. Asimismo, para corroborar su dicho remitió la documental consistente en el recibo de pago del mes de noviembre del año en curso , del cual se advierte la materialización del descuento realizado al deudor alimentista, a favor de la acreedora alimentaria Gabriela Dorantes Rubio, y los menores Ulises Rafael y Gabriela Monserrath, ambos de apellidos Roque Dorantes. Documentales a las que dada su calidad de pública, se les otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, segundo párrafo. En ese contexto, se obtiene que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en vinculación con la diversa autoridad Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, acataron la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que la primera, dentro del juicio especial de alimentos 170-3/2015, dictó las providencias correspondientes para garantizar que se realizara al tercero interesado Luis Roque Nieves, el descuento correspondiente del salario y demás prestaciones que percibe, por concepto de pensión alimenticia provisional decretada a favor de los menores Ulises Rafael y Gabriela Monserrath, ambos de apellidos Roque Dorantes, y la segunda, materializó el pago del descuento ordenado. De ahí que se tengan por plenamente acatados los efectos de la ejecutoria; por lo que, acorde a lo establecido en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo protector fue cumplido en su totalidad, sin exceso ni defectos. Expuesto lo anterior, destaca que mediante proveído de cinco de diciembre del año en curso , este juzgado se reservó a pronunciarse respecto a las manifestaciones expuestas en el escrito signado por Carlos César Berrut Bustos, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto transcurriera la vista concedida a las partes respecto del cumplimiento dado por la responsable; en consecuencia, como ello ya aconteció, se levanta dicha reserva y se procede a dar contestación a las mismas. Pues bien, la parte quejosa sustancialmente se inconforma con el cumplimiento del amparo alegando que que los menores recibirán por concepto de pensión alimenticia mensualmente la cantidad de $3,702.40 (tres mil setecientos dos pesos con cuarenta centavos, moneda nacional), por lo que ni siquiera recibirán un salario mínimo diario, lo que, dice, es insuficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y de educación; sin embargo, deben desestimarse dichos argumentos, en virtud de que la fijación de los porcentajes correspondientes no fue materia de la litis en este amparo, sino sólo la falta de materialización del descuento ordenado. En efecto, en la propia sentencia, justo después de la precisión de los efectos del amparo , de manera destacada se indicó que la concesión aludida, no implicaba variación alguna respecto a lo determinado por el juez responsable en los proveídos de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis y seis de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio especial de alimentos 170-3/2015, sino, únicamente lograr el efectivo y real descuento al demandado Luis Roque Nieves, por concepto de pensión alimenticia provisional. Tal especificación obedeció a que, como quedó de relieve en dicha sentencia, lo relativo a la distribución de los descuentos por pensión de que es objeto el salario del hoy tercero interesado, no fue materia de la concesión, ya que a su respecto, incluso se negó el amparo solicitado. Luego entonces, para atender de manera cabal los efectos del amparo, la autoridad responsable lo único que tenía que hacer era tomar las medidas necesarias para que el pagador, hoy autoridad vinculada Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, efectivamente realizara el descuento correspondiente, y la cantidad resultante fuese entregada a la parte quejosa, lo que, como se vio líneas atrás, ya aconteció. De ahí que deban desestimarse las manifestaciones de la parte quejosa, pues la cantidad que por concepto de pensión alimenticia mensualmente reciban los acreedores, no atañe al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues como ya se estableció con antelación, la fijación de los indicados porcentajes no fue materia de la litis en este amparo, sino sólo la falta de materialización del descuento ordenado. Por tanto, como se evidenció en párrafos previos, la autoridad sí responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, apegándose a lo puntualizado en la concesión del fallo amparador, lo que se atiende en virtud de lo informado también por la vinculada. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, excepción hecha a la demanda de amparo y sentencia respectiva. Por consiguiente, de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Acuerdo General antes referido, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Respecto al original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en la especie se concedió la suspensión provisional y definitiva; en consecuencia, su destino se cumplimentará al tenor de lo expuesto en el párrafo que precede. Ahora bien, en relación con el duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General en párrafos precedentes, se ordena que una vez que transcurran seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, se proceda a su destrucción, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Asimismo, en cumplimiento al tercer párrafo del artículo décimo primero del citado Acuerdo General, hágase saber a la parte quejosa el derecho que tiene para que dentro de un plazo de noventa días naturales a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional, con la finalidad de recoger los documentos originales que allegó al presente juicio con su demanda de amparo; con el apercibimiento que de no realizar lo indicado en el plazo antes señalado, se destruirá con los presentes autos, remitiendo copia del acta antes mencionada a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que resulta innecesario conservar el tomo de prueba que remitió el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en copia certificada, como complemento de su informe con justificación; devuélvasele el mismo, sin necesidad de requerir el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio enviado por el Director Jurídico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con sede en la ciudad de México, a través del cual de nueva cuenta remite constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; lo anterior en virtud, de lo acordado en líneas anteriores... NOTIFIQUESE
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de diciembre de dos mil dieciocho. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja civil 161/2018 de su índice, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la quejosa Gabriela Dorantes Rubio, en contra del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por este juzgado federal; por tanto, agréguese el oficio, testimonio de cuenta, y acúsese recibo. Hágase saber a las partes que el tribunal de referencia en el recurso de queja de que se trata, dictó el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso de queja a que este expediente se refiere." En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó Carlos Alberto Larumbe Ramírez, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de la licencia académica de la titular de este órgano jurisdiccional; autorizada mediante oficio SECJ/STB/1217/2018, de dos de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de José María Pliego Moreno, secretario que da fe.
Quedan 49 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero · 9,273 expedientes
- Gabriel Gallegos García725/2015
- Gabriel García García53/2018
- Gabriel Nieves Cabrera1223/2015
- Gabriel Vázquez Santana447/2015
- Gabriela Cerón Pacheco676/2023
- Gabriela Dorantes Bravo444/2022
- Gabriela Dorantes Rubio198/2019
- Gabriela Elizabeth Ibarra Huerta136/2022
- Gabriela Fajardo García634/2016
- Gabriela Herrera Martínez267/2017
- Gabriela Hirugami Flores1043/2015
- Gabriela Juárez Huerta265/2020