Gabriela Domínguez Ricardez
Expediente 304/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 304/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gabriela Domínguez Ricardez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Del estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de trece de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la reinvocada Ley, archívese este asunto como totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, de conformidad con los puntos segundo, fracción XVIII, Capítulo Primero y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero del aludido Acuerdo General, requiérase a la parte promovente para que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en el presente expediente; apercibido que, en caso de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, dichas documentales serán destruidas junto con el presente juicio de Amparo.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, trece de abril de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Visto el escrito de cuenta, copias y anexos, signado por Gabriela Domínguez Ricardez, en carácter de concubina de José Roberto Castillo Serrano, así como en representación de su menor hija, quien solicita amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Cosamaloapan, Veracruz y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno con el número 304/2018-IV, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Previo a que este Órgano Jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda interpuesta, se hace necesario reproducir el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Precisado lo anterior, el suscrito estima que la demanda de amparo promovida por Gabriela Domínguez Ricardez, en su carácter de concubina de José Roberto Castillo Serrano, así como en representación de su menor hija, deviene improcedente, en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Por otra parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Como se desprende de los dispositivos citados, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto y sólo podrá seguirse por el agraviado. Ahora, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En relación con lo anterior, el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, y que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, la existencia de un agravio personal y directo, implica que la acción de amparo sólo podrá promoverse por aquella persona física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad (agravio personal), y que exista una inmediatez entre la emisión o ejecución del acto y el surtimiento de sus consecuencias (agravio directo), es decir, la afectación debe ser resentida directamente por el impetrante de garantías, debiendo derivar tal afectación precisamente del acto reclamado. En ese orden de ideas, debe entenderse por la expresión "agravio" al perjuicio sufrido en la persona del quejoso, es decir, la afectación o la alteración que se desprende del acto de autoridad y que recae en la esfera de derechos del quejoso. En el caso, Gabriela Domínguez Ricardez, en su carácter de concubina de José Roberto Castillo Serrano y en representación de su menor hija, señala como acto reclamado, el siguiente: ". se reclama el mandamiento emitido por la responsable ordenadora que contiene remate de una propiedad del C. JOSÉ ROBERTO CASTILLO SERRANO, mi concubino y padre de mi menor hija que represento, y que forma parte del único patrimonio familiar, dentro del expediente número 427/2015 promovido por el Lic. David Guadalupe Barajas Mendoza, en su carácter de apoderado legal de la moral MOLINOS AZTECA DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., en contra de mi concubino JOSÉ ROBERTO CASTILLO SERRANO y otros, mandamiento que el derecho humano al patrimonio familiar de la suscrita y mi representada hija PERLA NAXHIELI CASTILLO DOMÍNGUEZ." Asimismo, del escrito de demanda se advierte que la promovente comparece como tercera extraña a juicio, pues aduce que vive en concubinato con José Roberto Castillo Serrano, quien es demandado dentro del expediente 427/2015 del índice del juzgado responsable, y propietario del bien materia del remate, señalando además que viven en el mismo y que por tanto, forma parte de su único patrimonio familiar, exhibiendo a fin de acreditar su interés jurídico una constancia de concubinato, expedida a su nombre por el Secretario del Ayuntamiento de Tres Valles, Veracruz, así como, copia certificada del acta de nacimiento de su menor hija. Sin embargo, la parte solicitante del amparo carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo pues no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando la quejosa se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, reclamando la desposesión y remate de un bien inmueble que aduce ocupar con motivo del concubinato, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. No es obstáculo a lo anterior, que en ciertas situaciones jurídicas opera la misma regulación para el matrimonio y para el concubinato, pues ello no ocurre en tratándose de las relaciones patrimoniales de la pareja, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que la forma de regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges rige para el concubinato. Por tanto, el hecho de que ocupe el bien con motivo de una relación de concubinato, indica que sólo lo detenta en virtud de una situación de dependencia, ineficaz para la procedencia de la acción constitucional, al no contar con la posesión que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada II.2o.C. 124 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1114, Tomo VIII, Octubre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que textualmente establece: "CONCUBINA. NO TIENE INTERÉS JURÍDICO CUANDO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE OCUPA CON MOTIVO DEL AMASIATO, Y ASÍ PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Conforme a los artículos 765, 766 y 768 del Código Civil del Estado de México, no puede considerarse a una persona como poseedor de un inmueble, si no existe un acto jurídico a través del cual haya adquirido la posesión y el hecho de que ocupe el bien con motivo de una relación de concubinato, indica que sólo lo detenta en virtud de una situación de dependencia, ineficaz para la procedencia de la acción constitucional, al no contar con la posesión que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, ciertamente, si la promovente del amparo expone desde su demanda de garantías, que la ocupación del bien del que se le trata de privar, la adquirió mediante concubinato, no se le puede considerar como poseedora, en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del propietario o legítimo poseedor de ese bien en términos del artículo 778 del Código Civil y por lo tanto, no debe admitirse la demanda de garantías, pues aun cuando demuestre la ocupación del bien, la relación de concubinato y la de desposeimiento del inmueble, sin embargo no está legitimada para promover la acción de amparo, por no contar con la posesión que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, actualizándose así, la falta de interés jurídico, que como causal de improcedencia prevé el artículo 73 fracción V de la Ley de Amparo, lo que amerita desechar el libelo de garantías." Así como, la diversa tesis aislada XVI.1o. 14 C, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en la página 1122, Tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CONCUBINA. NO TIENE INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CUANDO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE Y BIENES MUEBLES QUE SE CONTIENEN EN EL INTERIOR DE AQUEL QUE OCUPA CON MOTIVO DEL CONCUBINATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Conforme a los artículos 1037, 1048, 1051 y 1055 del Código Civil del Estado de Guanajuato, no puede considerarse a una persona como poseedora de un inmueble y de los bienes muebles que se contienen en su interior, si no existe un acto jurídico a través del cual haya adquirido la posesión, y el que detente los bienes con motivo de una relación de concubinato indica que sólo lo hace debido a una situación de dependencia, lo cual es ineficaz para la procedencia de la acción constitucional, al no contar con la posesión que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que si la ocupación de los bienes deriva del concubinato, entonces no es factible que tenga el carácter de poseedora, en virtud de la circunstancia en que se encuentra respecto del propietario o legítimo poseedor de esos bienes, en términos del artículo 1041 del ordenamiento sustantivo invocado, por lo que es correcto estimar actualizada la causa de improcedencia a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues aun cuando esté demostrada la ocupación del bien, la relación de concubinato y el desposeimiento de tales bienes, lo cierto es que no tiene interés jurídico para reclamar el acto desposesorio." De igual manera, tesis aislada VI.2o.C.618 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1072, Tomo XXVIII, Agosto de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es como sigue: "CONCUBINATO. NO ORIGINA UNA POSESIÓN DE LOS BIENES DE LA CONCUBINA O DEL CONCUBINARIO SUSCEPTIBLE DE SER PROTEGIDA MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). El artículo 42 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala dispone que hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo estuvieren; esto es, se trata de un hecho humano voluntario y lícito, el que conforme a los artículos 1241 y 1242 de la codificación en cita, consiste en un acontecimiento realizado con la acción y voluntad del hombre, que se encuentra permitido por la ley; hecho que si bien es cierto que produce consecuencias jurídicas, también lo es que la voluntad de las personas no se dirigió precisamente a la creación de esas consecuencias, como ocurre en los actos jurídicos. Por otro lado, de los diversos 1124, 1128 y 1131 del mismo ordenamiento, así como del criterio jurisprudencial P./J. 1/2002, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 5, con el rubro: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.", en el que sostuvo que para que la posesión fuera objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión; se concluye que la concubina no puede considerarse como poseedora de los bienes de su concubinario, ni a éste puede tenérsele como poseedor de los de aquélla, en virtud de que la posesión susceptible de ser protegida mediante el juicio de garantías es la definida por el derecho común, o sea, la que permite al titular de ese derecho ejercer sobre la cosa un poder de hecho, poder que de ninguna manera constituye un hecho con consecuencias jurídicas, como lo es la relación de concubinato, sino que por ese poder debe entenderse la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que necesariamente debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; de manera que si sólo pueden ser objeto de protección constitucional la posesión civil y la precaria, pero no la simple tenencia material o detentación de la cosa, que es en todo caso lo que tendría la concubina respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubinario, y éste respecto de los bienes que posee civil o precariamente su concubina, es inconcuso que aquélla no puede ser objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un juicio del orden civil, al surgir de un simple hecho con consecuencias jurídicas, pero no sustentarse en una figura jurídica contemplada en la ley, como pueden serlo la compraventa, la donación, el comodato, el arrendamiento, etcétera. No es obstáculo a lo anterior, el que la ley civil para el Estado de Tlaxcala determine que en ciertas situaciones jurídicas opera la misma regulación para el matrimonio y para el concubinato, pues ello no ocurre en tratándose de las relaciones patrimoniales de la pareja, ya que no existe disposición legal alguna que establezca que la forma de regular las relaciones patrimoniales entre cónyuges rige para el concubinato, menos aún en el caso de la sociedad conyugal, la que de conformidad con los artículos 60, 66, fracción I y 70, fracción I, del citado Código Civil, para ser constituida requiere de dos requisitos: a) Que se establezca expresamente; y, b) Que se pacten capitulaciones matrimoniales; de manera que si los cónyuges no pactan dichas capitulaciones, el régimen económico del matrimonio será el de separación de bienes. De ahí que si para establecer la sociedad conyugal, entendida como la formación y administración de un patrimonio común, se requiere que los consortes manifiesten expresamente su voluntad y además formulen capitulaciones matrimoniales, es evidente que no puede existir un régimen similar a la sociedad conyugal en el concubinato, el que por su propia naturaleza de una unión de hecho, excluye toda posibilidad de que haya existido una manifestación de voluntad para formar y administrar un patrimonio común y la formulación de capitulaciones matrimoniales." En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la demanda promovida por Gabriela Domínguez Ricardez, en carácter de concubina de José Roberto Castillo Serrano y en representación de su menor hija. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.
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