Gabriela Dominguez Pérez
Expediente 1069/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gabriela Dominguez Pérez
Actuaciones
- Principal
tramítese la demanda de amparo, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 1069/2023-II-B. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Pronunciamiento de la suspensión de plano. Del escrito de demanda se advierte que la promovente destacó como acto reclamado, "La INCOMUNICACIÓN Y/O DESAPARICIÓN FORZADA del C. EDUARDO DOMÍNGUEZ CENICEROS DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO [.]" Asimismo, en la narrativa de antecedentes la ocursante narró [bajo protesta de decir verdad] lo siguiente: [1] Que su sobrino se encuentra a disposición del juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en Orizaba, Veracruz, con motivo del proceso penal 19/2022, en el que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, motivo por el que quedó interno en el Centro de Reinserción Social La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. [2] Que el veintiuno de noviembre actual, mediante una llamada telefónica el propio Eduardo Domínguez Cenicero le manifestó que varios internos serían trasladados a otros centro penitenciarios, por lo que tenía el temor de que también pudiera ser trasladado a otro sitio. [3] Que el veintitrés del referido mes y año, acudió a visitar a su sobrino al Centro de Reinserción Social La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pero al proporcionar su nombre le contestaron los custodios que dicha persona ya no se encontraba recluido en ese centro penitenciario y al solicitar mayor información le indicaron que no podían darle más datos. [4] que a partir de esa fecha, desconoce el paradero de su sobrino, o bien, el sitio en el que actualmente se encuentre recluido, pues carece de información en ese sentido. En ese contexto, al tener en consideración que el acto reclamado consistente en la posible incomunicación de la que pude ser objeto el[la] quejoso[a] directo[a] ********************o cualquier acto similar que puede considerarse violatorio a lo dispuesto por el artículo 22 constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 20, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que la[s] autoridad[es] responsable[s], respete[n] los derechos que asisten al detenido, previstos por los artículos 113, fracciones I, a la VI, VIII, XI a XIV y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de tener el acceso a los actos de investigación a fin de no afectar su derecho de defensa, tal y como lo prevé el artículo 218, párrafo tercero, del citado Código Nacional de Procedimientos Penales, dichos derechos son los siguientes: A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad; A comunicarse con un familiar y con su Defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio Público todas las facilidades para lograrlo; A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio; A estar asistido de su Defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él; A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra; A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad; A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad; A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate; A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido; A no ser expuesto a los medios de comunicación; Informar a alguien de su detención; Consultar en privado con su Defensor; Recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en las fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal; Ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal; No estar detenido desnudo o en prendas íntimas; y cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y Recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental. La suspensión de oficio y de plano que se concede se hace extensiva a cualquier acto prohibido en el artículo 22 constitucional, es decir, a penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, tortura, privación de alimentos y agua, así como de penas inusitadas y trascendentales, por lo que las autoridades responsables deben cesar de inmediato los actos reclamados (incomunicación y/o desaparición forzada) contra el[la] directo[a] quejoso[a]. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de rubro y datos siguientes: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL IDENTIFICARLA COMO ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASÍ COMO REQUERIRLES TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO. En observancia a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que imponen a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, y en atención al principio pro homine previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al identificar en el amparo como acto reclamado la desaparición forzada de personas, el órgano de control constitucional y convencional, oficiosamente, debe ordenar a las autoridades correspondientes que practiquen las diligencias conducentes para lograr la localización y comparecencia del agraviado, así como requerirles toda la información para ello. (Época: Décima Época, Registro: 2001633, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, Materia(s): Común, Tesis: VIII.2o.P.A.2 P (10a.), Página: 1726). En ese sentido, se comisiona al actuario para que localice al directo(a) quejoso(a) y se les faculta a señalar diversa[s] autoridad[es]. Para lo cual se le instruye a dicho personal de la adscripción para que se constituyan en el lugar en que manifestó la promovente [bajo protesta de decir verdad] que se encontraba recluido el directo quejoso, esto es, el Centro de Reinserción Social La Toma, del municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz y requiera al personal de dichas dependencia para que "bajo protesta de decir verdad" le indiquen si el quejoso(a) se encuentra en ese sitio privado de la libertad o bajo resguardo o custodia, en caso afirmativo, le hagan saber que desde ese momento se le señala como autoridad responsable ejecutora, caso contrario, la requiera para que indique si conoce el sitio en el que se encuentre el directo quejoso, asimismo, en caso de que se encuentre a disposición de diversa autoridad de las que señaló como responsables, se le faculta para que suscriba los oficios correspondientes que permita notificar este acuerdo a dichas autoridades, y les haga saber que deben acatar la suspensión concedida, y de las penas que incurren de no obedecer la misma, en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, debiendo levantar el acta correspondiente. Una vez que el Actuario lo[s] encuentre, deberá asentar en la razón que al efecto levante: La fecha y la hora en que se constituyó en el lugar donde esté detenido el directo[s] quejoso[s]. El nombre del servidor o funcionario público que lo atendió. Que solicitó la comparecencia inmediata del quejoso(a). De ser el caso, la razón que dio la autoridad para retrasar la comparecencia del amparista y la hora en que estuvo ante su presencia al directo quejoso(a). Notificarle este proveído y requerirle para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifieste por sí o por su representante si ratifica o no la demanda promovida a su nombre, apercibido(a) que, de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. De conformidad con el "Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos" el actuario deberá preguntar al quejoso(a) si fue incomunicado, objeto de tortura o malos tratos y, en caso afirmativo, deberá describir las lesiones que advierta e informar de inmediato a este juzgador. Así como cualquier otro dato que, sin estar comprendido en los antes listados, igualmente resulte de especial importancia para el cumplimiento de la medida dictada. En caso de que se encuentre(n) presente(s) el (los) abogado (s) particulares del directo quejoso(a) en las instalaciones donde se localice a éste, deberá asegurarse y asentar que la autoridad le(s) permitió asistirlo en ese momento. Se exime de otorgar garantía. La medida cautelar de que se trata surte sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, pues de ejecutarse los actos reclamados causarían a la parte quejosa un gravamen de imposible reparación, pues se consumarían irreparablemente los efectos del acto reclamado mientras se cumplieran tales requisitos, contrariando así los fines de la suspensión. Requerimiento de informe. Las autoridades responsables deberán informar de inmediato el cumplimiento que den a este mandato, con la consiguiente responsabilidad en caso de ser omisas, debiendo anexar copias certificadas de las constancias que acrediten su dicho, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la anterior determinación, se le dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la[s] autoridad[es] que el informe que se le[s] requiere debe[n] preferentemente enviarlo al correo electrónico 16jdo7cto@correo.cjf.gob.mx (medio magnético); previa confirmación que se realice por este juzgado en el número telefónico (271) 4-05-22-21; sin que lo anterior, en caso de que deban de acompañar constancias para justificar sus actos, la[s] autoridad[es] las remitirán por la mensajería rápida que estimen conveniente a la dirección calle 13 número 1309, entre Avenidas 1 y 3, colonia Centro, código postal 94500, Córdoba, Veracruz; lo anterior, con fundamento en el artículo 117, primer párrafo, de la ley de la materia, en relación con el numeral 17 constitucional, que obliga a una justicia pronta. Solo en el supuesto de que no tenga[n] la posibilidad o los medios para enviarlos así, lo puede hacer en la forma tradicional (por escrito). En el entendido de que la remisión del citado informe deberá hacerla por cualquiera de las vías que estime conveniente, sin que deba hacerlo por todas. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] ********************, tiene[n] inscrita su[s] cédula[s] profesional[es] en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; así como autorizados en términos del segundo párrafo del citado ordenamiento legal, a los diversos profesionistas que indica, en virtud de no contar con cédula debidamente registrada en el citado sistema. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento mediante el cual el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional hizo constar la imposibilidad para llevar a cabo la diligencia de ratificación ordenada en auto de esta propia fecha, con el directo quejoso Eduardo Domínguez Ceniceros, por los motivos que expone, con lo que se ordena dar vista la parte promovente para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable se advierte que el directo quejoso fue trasladado en febrero de dos mil veintidós, al CERESO de Pacho Viejo, Veracruz, lugar en el que aparentemente se encuentra privado de su libertad. Por tanto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en aras de agotar todos los medios para dar con su paradero, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado; arábigos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para en el ámbito de su competencia comisione personal a su cargo a efecto de que se constituyan en dicho centro penitenciario y solicite la presencia de Eduardo Domínguez Ceniceros y, una vez cerciorado de que se trata de la persona buscada, le notifique el auto inicial de esta fecha, del cual se remite las constancias correspondientes (copia de la demanda y del auto de inicio de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés). Asimismo, en el acto de la diligencia lleve a cabo lo encomendado en la determinación inicial de veintinueve de noviembre actual y lo requiera en los términos ahí precisados, explicando los alcances de la medida otorgada en ese auto, a efecto de que exprese si es o no su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Gabriela Domínguez Pérez, en el entendido que de no ratificarla demanda, se tendrá por no presentada de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. Asimismo, comunique a la autoridad bajo cuya custodia se encuentra privado de su libertad, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional en esta fecha. Hecho lo cual, se deberá dar fe en el acto de la diligencia de que se tomaron las medidas necesarias que resulten conducentes, con el objeto de que cesen y no continúen los actos reclamados, así como del estado físico en el que se encuentra el directo agraviado, para lo que se deberá asentar razón pormenorizada en el caso de que presente lesiones que pongan en riesgo su vida, a efecto de que este órgano de control constitucional esté en aptitud de proveer lo conducente a la asistencia médica y demás medidas de atención que, en su caso requiera al quejoso directo. Ahora bien, de no localizar al directo quejoso deberá de revisar los registros o listas de la autoridad penitenciaria, en las que se advierta el nombre de las personas que han ingresado a dichas áreas, verificando si el quejoso ha estado detenido o ingresó en ese lugar y a partir de qué fecha. Se solicita que cualquier información relevante la remita de inmediato al correo electrónico oficial de este Juzgado Federal 16jdo7cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, le se faculta al juez exhortado para que hagan uso de las medidas de apremio a su alcance. Sirve como apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA".
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