Gabriela Diaz Martinez

Expediente 75/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
75/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Diaz Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado que guardan los autos y específicamente de la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), y 18, párrafo primero, fracción I, inciso a), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal y el cuadernillo original de la incidencia son susceptibles de destrucción. Transferencia del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Acuse de recepción de comunicaciones innecesario. Finalmente, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se abstengan de acusar recibo del oficio que derive del presente proveído, pues basta el sello de recepción que se estampe en la minuta respectiva. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 75/2021, promovido por ----, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, -----, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia Federal, en contra de actos que atribuye al Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y trámite del juicio. Por proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo con el número 403/2021, solicitó a las autoridades responsables que rindiera su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, al tenor del acta de tres de noviembre de dos mil veintiuno. (fojas 14 a 22 y 110) Posteriormente, en atención al oficio SECNO/STCCNO/668/2021 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y, al Punto de Acuerdo 120/2021, relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual comunicó la determinación de que los órganos jurisdiccionales ya en funciones remitieran a este órgano jurisdiccional diez juicios de amparo indirecto, radicados y con audiencia celebrada, cada uno, a efecto de que contribuya al abatimiento de las cargas de trabajo, en beneficio de las personas justiciables; en consecuencia, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, a través del oficio 38251/2021, remitió el expediente 403/2021 a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que por su conducto se enviara a este órgano, el juicio referido. Por lo que, mediante oficio OCC/C18/JDM/1068/2021, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dicha oficina remitió el juicio de amparo en comento, el cual, por proveído de veinticuatro siguiente, fue registrado por este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos con el número 75/2021, lo que se hizo del conocimiento de las partes, en el sentido de que esta sede federal resolverá el juicio de amparo en comento, sin que al efecto manifestaran impedimento alguno. TERCERO. Inexistencia de autoridades. Respecto de las autoridades denominadas Brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, e Integrantes de la brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, debe señalarse que por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a las mismas por inexistentes toda vez que, al rendir sus informes justificados las autoridades ordenadoras negaron la existencia de éstos, sin que la parte quejosa haya mostrado interés sobre tal circunstancia, además de que, a éstas les reviste el carácter de ejecutoras, y al resultar inexistentes los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, como más adelante se analizará, es inconcuso que también debe declararse la inexistencia de dichos actos y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 03/2013, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jurisdicción, entre otros, de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente la demanda de amparo y demás actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos; Dirección de Comercialización del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos; Brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, Morelos; e Integrantes de la brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, Morelos, se hace consistir en: 1) El corte de agua potable respecto del inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos y, en consecuencia, los daños materiales causados por éste. 2) El excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable en el inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Una vez fijados con claridad y precisión cuáles son los actos reclamados en este asunto, siguiendo la técnica que rige al juicio de garantías, debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de aquéllos y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, deberán estudiarse con posterioridad las causas de improcedencia aducidas o que, de oficio, se adviertan actualizadas, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. Tiene aplicación al caso y en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital: 212775, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y Dirección de Comercialización del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos; consistentes en el corte de agua potable y, en consecuencia, los daños materiales causados por éste, así como el excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, correspondiente al inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos; toda vez, que al rendir sus informes justificados negaron la existencia de éstos, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas o datos que desvirtúen esas negativas. Sin que pase desapercibido que, de los informes justificados de estas autoridades se obtiene que, la toma de agua respecto de la cual reclama los diversos actos se encuentra a nombre de un titular diverso a la quejosa, a saber, a nombre de ----, quien cuenta con un saldo vencido desde el mes de junio de dos mil quince; por lo que, en su caso, el interés jurídico para combatir lo ahí decretado corresponde al titular del derecho público subjetivo, que en el particular no es la quejosa; pues si bien, de los antecedentes se advierte que manifestó bajo protesta de decir verdad, que ----, es su padre, quien según su exposición falleció, lo cierto es que, para efectos del presente juicio de amparo no acreditó el interés jurídico, ni legítimo para obtener la protección constitucional que pretende, puesto que le asiste la carga procesal de demostrar que cuenta con título que le otorgue el derecho para exigir que las prestadoras de servicio señaladas como responsables se encuentran obligadas a brindarlo, lo que en el particular no se acreditó, ni mucho menos que la impetrante de amparo detente la propiedad o posesión del bien inmueble que refiere y respecto del cual -según aduce- recae la consecuencia del acto reclamado. Ahora bien, retomando el tema de la inexistencia de actos reclamados que afecten a la directa quejosa, al considerar la naturaleza de éstos y subsecuentemente al no haber aportado la parte quejosa algún medio de convicción con el que se acredite fehacientemente que las autoridades referidas lo emitieran, tiene sustento la negativa propuesta por éstas. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expresados en ellas se hayan realizado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones realizadas. Como se dijo la parte quejosa no aportó pruebas con las que acreditara su dicho, incluso después de que se le diera vista con los informes justificados, ya que fue omisa en allegar algún medio de prueba con el que pretendiera desvirtuar la negativa expresada por las autoridades responsables. Sin que pase desapercibo que las pruebas documentales que exhibió no son aptas para acreditar el corte del suministro de agua y, como consecuencia de éste, los daños materiales, pues únicamente son las consistentes en la copia simple de la credencial para votar a su nombre y el "aviso de cobro" con número de "recibo" ---, de las que se advierte la existencia de una toma de agua potable, de uso habitacional, a nombre de -----, con número de contrato --- y usuario ---, correspondiente al domicilio ubicado en ----, Jiutepec Morelos, del cual la quejosa refiere ser habitante, sin embargo, analizado todo el acervo probatorio y las constancias que integran el juicio, si bien se desprende una deuda, cierto es que no se advierte orden alguna que tenga por objeto suspender el suministro de agua potable, con motivo de dicha deuda y/o por algún otro motivo. Tiene sustento lo anterior, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 12, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 193-198 Sexta Parte, Séptima Época, con registro digital: 248542, de literalidad siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES. El hecho de que los quejosos, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, relaten bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, no demuestra la existencia de los mismos, pues para que sean estimados deben ser probados en el juicio constitucional por cualquiera de los medios probatorios que prevé el precepto 150 del citado ordenamiento legal." Así como, la tesis IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, con registro digital: 180736, que literalmente dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Además, dicha negativa cobra relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, pues la obligación que impone el artículo 117, de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir el informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo es exigible cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", si las autoridades admiten la existencia y aducen la constitucionalidad, mas no, cuando categóricamente niegan los actos que se les imputan. Supuesto en el cual no se está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y las encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto cobra aplicación la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, con registro digital 187728, del contenido siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De ahí, que no se acredite la existencia del corte del suministro de agua y, como consecuencia de éste, los daños materiales, tal y como lo refiere la quejosa. Ahora bien, respecto del acto reclamado identificado como el excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable del inmueble casa habitación, ubicado en ---, Jiutepec Morelos, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, como ya se vio, las autoridades responsables negaron su existencia al momento de rendir su respectivo informe, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Sin que obste a lo anterior el hecho de que en autos obre el "aviso de cobro" con número de "recibo" ---- del que se advierten las leyendas "este es un requerimiento de pago" y "procedimiento administrativo de ejecución fiscal", pues si bien el mismo tiene ese carácter de requerimiento de pago, cierto es también que el mismo no es equiparable al requerimiento de pago que la autoridad se encuentra constreñida a realizar para hacer efectivo el crédito fiscal. A efecto de comprender el contexto de la inexistencia del acto analizado, es menester citar los siguientes artículos: De la Ley Estatal de Agua Potable: "ARTÍCULO 101.- Los adeudos o cargos de los usuarios tendrán el carácter de créditos fiscales y por tanto, estarán sujetos al procedimiento administrativo de ejecución. La suspensión o limitación del servicio, no extingue el crédito fiscal." "ARTÍCULO *102.- Cuando el usuario no este de acuerdo con el consumo expresado en su recibo o con los cobros que se le hagan, tendrá derecho de inconformarse por escrito, en los formatos que se le proporcionen, ante el Municipio, el organismo, o en su caso la dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha que contenga el recibo de cobro. El organismo operador, resolverá la inconformidad en el término de cinco días hábiles, a partir de planteada ésta. Si se trata de servicios concesionados; el usuario podrá plantear su inconformidad ante la autoridad concedente; en los términos del primer párrafo de este artículo." Del Código Fiscal para el Estado de Morelos: "Artículo 16. El pago es el cumplimiento de un crédito fiscal determinado. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Salvo disposición expresa en contrario, el pago se hará mediante declaración que se presentará a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de su causación o retención, en las oficinas de la Secretaría o en otras oficinas de recaudación autorizadas. La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las disposiciones respectivas, determinará que el crédito sea exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución. En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate si quien deba recibirlos provee de los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarse respecto al mismo ejercicio." "Artículo *170. Las autoridades fiscales para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del Fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 174 fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales, y II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, con el fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades o pago diferido, por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del artículo 102 de este Código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento." Del contenido de los numerales transcritos, se observa que los adeudos de los usuarios tendrán el carácter de créditos fiscales, mismos que estarán sujetos al procedimiento administrativo de ejecución; el cual se vuelve exigible ante la falta de pago; y debe ser solicitado por la autoridad en términos del Código Fiscal para el Estado de Morelos. Lo anterior implica que la falta oportuna de pago motive el procedimiento económico-coactivo, aunque no en forma inmediata, pues si bien éste constituye el medio para hacer efectivo el crédito fiscal, no debe pasarse por alto que en caso de no estar de acuerdo con el consumo expresado en su recibo o con los cobros que se le hagan, tendrá derecho de inconformarse por escrito, en los formatos que se le proporcionen, ante el Municipio, el organismo, o en su caso la dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha que contenga el recibo de cobro, ello sin dejar de lado que se está en presencia de un procedimiento de naturaleza ejecutiva. Entonces, el "aviso de cobro" que obra en autos únicamente constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su exigibilidad, no así de la existencia de un Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal; aunado al hecho de que la responsable al desahogar el requerimiento de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, aclaró que dicho aviso tiene el carácter de "requerimiento de pago". (Fojas 94, 95 y 107) Dicho de otra forma, el requerimiento de pago previsto en el artículo 170 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, es inexistente porque de autos no se advierte que se haya llevado a cabo la diligencia de embargo de bienes, que refiere la parte quejosa, en la que exista el excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable del inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos, pues de la integridad de las constancias del juicio en que se actúa no se advierte tal actuación procesal. Entonces, si el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal bajo el que se hace un excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el suministro de agua potable, que señaló la parte quejosa no existe, debe sobreseerse en el juicio. Por ello, ante la inexistencia de los actos reclamados aquí analizados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. En apoyo se cita la tesis XXI. 1o. 102 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 349, Tomo XIV, Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital: 210529, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento decretado imposibilita el estudio de los conceptos de violación, conforme a lo señalado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia con número de registro digital 214593, visible en la página 57, Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 78 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por -----, contra los actos reclamados al Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y, Dirección de Comercialización del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 75/2021, promovido por ----, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, -----, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la justicia Federal, en contra de actos que atribuye al Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo y trámite del juicio. Por proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de amparo con el número 403/2021, solicitó a las autoridades responsables que rindiera su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo, al tenor del acta de tres de noviembre de dos mil veintiuno. (fojas 14 a 22 y 110) Posteriormente, en atención al oficio SECNO/STCCNO/668/2021 de ocho de diciembre de dos mil veintiuno y, al Punto de Acuerdo 120/2021, relativo a las Medidas de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Décimo de Distrito en esa sede, firmado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, mediante el cual comunicó la determinación de que los órganos jurisdiccionales ya en funciones remitieran a este órgano jurisdiccional diez juicios de amparo indirecto, radicados y con audiencia celebrada, cada uno, a efecto de que contribuya al abatimiento de las cargas de trabajo, en beneficio de las personas justiciables; en consecuencia, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, a través del oficio 38251/2021, remitió el expediente 403/2021 a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que por su conducto se enviara a este órgano, el juicio referido. Por lo que, mediante oficio OCC/C18/JDM/1068/2021, de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dicha oficina remitió el juicio de amparo en comento, el cual, por proveído de veinticuatro siguiente, fue registrado por este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos con el número 75/2021, lo que se hizo del conocimiento de las partes, en el sentido de que esta sede federal resolverá el juicio de amparo en comento, sin que al efecto manifestaran impedimento alguno. TERCERO. Inexistencia de autoridades. Respecto de las autoridades denominadas Brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, e Integrantes de la brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, debe señalarse que por acuerdo de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a las mismas por inexistentes toda vez que, al rendir sus informes justificados las autoridades ordenadoras negaron la existencia de éstos, sin que la parte quejosa haya mostrado interés sobre tal circunstancia, además de que, a éstas les reviste el carácter de ejecutoras, y al resultar inexistentes los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, como más adelante se analizará, es inconcuso que también debe declararse la inexistencia de dichos actos y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 03/2013, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jurisdicción, entre otros, de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente la demanda de amparo y demás actuaciones, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos; Dirección de Comercialización del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos; Brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, Morelos; e Integrantes de la brigada municipal de corte de suministro de agua potable del Municipio de Jiutepec, Morelos, se hace consistir en: 1) El corte de agua potable respecto del inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos y, en consecuencia, los daños materiales causados por éste. 2) El excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable en el inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Una vez fijados con claridad y precisión cuáles son los actos reclamados en este asunto, siguiendo la técnica que rige al juicio de garantías, debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de aquéllos y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, deberán estudiarse con posterioridad las causas de improcedencia aducidas o que, de oficio, se adviertan actualizadas, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de garantías sea procedente. Tiene aplicación al caso y en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital: 212775, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y Dirección de Comercialización del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos; consistentes en el corte de agua potable y, en consecuencia, los daños materiales causados por éste, así como el excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, correspondiente al inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos; toda vez, que al rendir sus informes justificados negaron la existencia de éstos, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas o datos que desvirtúen esas negativas. Sin que pase desapercibido que, de los informes justificados de estas autoridades se obtiene que, la toma de agua respecto de la cual reclama los diversos actos se encuentra a nombre de un titular diverso a la quejosa, a saber, a nombre de ----, quien cuenta con un saldo vencido desde el mes de junio de dos mil quince; por lo que, en su caso, el interés jurídico para combatir lo ahí decretado corresponde al titular del derecho público subjetivo, que en el particular no es la quejosa; pues si bien, de los antecedentes se advierte que manifestó bajo protesta de decir verdad, que ----, es su padre, quien según su exposición falleció, lo cierto es que, para efectos del presente juicio de amparo no acreditó el interés jurídico, ni legítimo para obtener la protección constitucional que pretende, puesto que le asiste la carga procesal de demostrar que cuenta con título que le otorgue el derecho para exigir que las prestadoras de servicio señaladas como responsables se encuentran obligadas a brindarlo, lo que en el particular no se acreditó, ni mucho menos que la impetrante de amparo detente la propiedad o posesión del bien inmueble que refiere y respecto del cual -según aduce- recae la consecuencia del acto reclamado. Ahora bien, retomando el tema de la inexistencia de actos reclamados que afecten a la directa quejosa, al considerar la naturaleza de éstos y subsecuentemente al no haber aportado la parte quejosa algún medio de convicción con el que se acredite fehacientemente que las autoridades referidas lo emitieran, tiene sustento la negativa propuesta por éstas. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia de los actos reclamados, ni es suficiente que los argumentos expresados en ellas se hayan realizado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones realizadas. Como se dijo la parte quejosa no aportó pruebas con las que acreditara su dicho, incluso después de que se le diera vista con los informes justificados, ya que fue omisa en allegar algún medio de prueba con el que pretendiera desvirtuar la negativa expresada por las autoridades responsables. Sin que pase desapercibo que las pruebas documentales que exhibió no son aptas para acreditar el corte del suministro de agua y, como consecuencia de éste, los daños materiales, pues únicamente son las consistentes en la copia simple de la credencial para votar a su nombre y el "aviso de cobro" con número de "recibo" ---, de las que se advierte la existencia de una toma de agua potable, de uso habitacional, a nombre de -----, con número de contrato --- y usuario ---, correspondiente al domicilio ubicado en ----, Jiutepec Morelos, del cual la quejosa refiere ser habitante, sin embargo, analizado todo el acervo probatorio y las constancias que integran el juicio, si bien se desprende una deuda, cierto es que no se advierte orden alguna que tenga por objeto suspender el suministro de agua potable, con motivo de dicha deuda y/o por algún otro motivo. Tiene sustento lo anterior, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 12, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 193-198 Sexta Parte, Séptima Época, con registro digital: 248542, de literalidad siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, EXISTENCIA DE LOS. NO LA PRUEBA LA MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN SUS ANTECEDENTES. El hecho de que los quejosos, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, relaten bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, no demuestra la existencia de los mismos, pues para que sean estimados deben ser probados en el juicio constitucional por cualquiera de los medios probatorios que prevé el precepto 150 del citado ordenamiento legal." Así como, la tesis IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, con registro digital: 180736, que literalmente dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Además, dicha negativa cobra relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos, pues la obligación que impone el artículo 117, de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir el informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo es exigible cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", si las autoridades admiten la existencia y aducen la constitucionalidad, mas no, cuando categóricamente niegan los actos que se les imputan. Supuesto en el cual no se está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se tratan y las encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Al respecto cobra aplicación la tesis VI.2o.A.4 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, con registro digital 187728, del contenido siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De ahí, que no se acredite la existencia del corte del suministro de agua y, como consecuencia de éste, los daños materiales, tal y como lo refiere la quejosa. Ahora bien, respecto del acto reclamado identificado como el excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable del inmueble casa habitación, ubicado en ---, Jiutepec Morelos, bajo el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal, como ya se vio, las autoridades responsables negaron su existencia al momento de rendir su respectivo informe, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Sin que obste a lo anterior el hecho de que en autos obre el "aviso de cobro" con número de "recibo" ---- del que se advierten las leyendas "este es un requerimiento de pago" y "procedimiento administrativo de ejecución fiscal", pues si bien el mismo tiene ese carácter de requerimiento de pago, cierto es también que el mismo no es equiparable al requerimiento de pago que la autoridad se encuentra constreñida a realizar para hacer efectivo el crédito fiscal. A efecto de comprender el contexto de la inexistencia del acto analizado, es menester citar los siguientes artículos: De la Ley Estatal de Agua Potable: "ARTÍCULO 101.- Los adeudos o cargos de los usuarios tendrán el carácter de créditos fiscales y por tanto, estarán sujetos al procedimiento administrativo de ejecución. La suspensión o limitación del servicio, no extingue el crédito fiscal." "ARTÍCULO *102.- Cuando el usuario no este de acuerdo con el consumo expresado en su recibo o con los cobros que se le hagan, tendrá derecho de inconformarse por escrito, en los formatos que se le proporcionen, ante el Municipio, el organismo, o en su caso la dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha que contenga el recibo de cobro. El organismo operador, resolverá la inconformidad en el término de cinco días hábiles, a partir de planteada ésta. Si se trata de servicios concesionados; el usuario podrá plantear su inconformidad ante la autoridad concedente; en los términos del primer párrafo de este artículo." Del Código Fiscal para el Estado de Morelos: "Artículo 16. El pago es el cumplimiento de un crédito fiscal determinado. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Salvo disposición expresa en contrario, el pago se hará mediante declaración que se presentará a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de su causación o retención, en las oficinas de la Secretaría o en otras oficinas de recaudación autorizadas. La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo establecido en las disposiciones respectivas, determinará que el crédito sea exigible mediante el procedimiento administrativo de ejecución. En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate si quien deba recibirlos provee de los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarse respecto al mismo ejercicio." "Artículo *170. Las autoridades fiscales para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue: I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del Fisco, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 174 fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales, y II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, con el fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades o pago diferido, por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del artículo 102 de este Código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento." Del contenido de los numerales transcritos, se observa que los adeudos de los usuarios tendrán el carácter de créditos fiscales, mismos que estarán sujetos al procedimiento administrativo de ejecución; el cual se vuelve exigible ante la falta de pago; y debe ser solicitado por la autoridad en términos del Código Fiscal para el Estado de Morelos. Lo anterior implica que la falta oportuna de pago motive el procedimiento económico-coactivo, aunque no en forma inmediata, pues si bien éste constituye el medio para hacer efectivo el crédito fiscal, no debe pasarse por alto que en caso de no estar de acuerdo con el consumo expresado en su recibo o con los cobros que se le hagan, tendrá derecho de inconformarse por escrito, en los formatos que se le proporcionen, ante el Municipio, el organismo, o en su caso la dependencia u organismo de la Administración Pública Estatal, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la fecha que contenga el recibo de cobro, ello sin dejar de lado que se está en presencia de un procedimiento de naturaleza ejecutiva. Entonces, el "aviso de cobro" que obra en autos únicamente constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su exigibilidad, no así de la existencia de un Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal; aunado al hecho de que la responsable al desahogar el requerimiento de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, aclaró que dicho aviso tiene el carácter de "requerimiento de pago". (Fojas 94, 95 y 107) Dicho de otra forma, el requerimiento de pago previsto en el artículo 170 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, es inexistente porque de autos no se advierte que se haya llevado a cabo la diligencia de embargo de bienes, que refiere la parte quejosa, en la que exista el excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio del suministro de agua potable del inmueble casa habitación, ubicado en -----, Jiutepec Morelos, pues de la integridad de las constancias del juicio en que se actúa no se advierte tal actuación procesal. Entonces, si el Procedimiento Administrativo de Ejecución Fiscal bajo el que se hace un excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el suministro de agua potable, que señaló la parte quejosa no existe, debe sobreseerse en el juicio. Por ello, ante la inexistencia de los actos reclamados aquí analizados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. En apoyo se cita la tesis XXI. 1o. 102 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 349, Tomo XIV, Septiembre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital: 210529, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo." El sobreseimiento decretado imposibilita el estudio de los conceptos de violación, conforme a lo señalado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia con número de registro digital 214593, visible en la página 57, Núm. 70, Octubre de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 78 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por -----, contra los actos reclamados al Director del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos y, Dirección de Comercialización del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, a través del cual comunica que remite los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión del juicio de amparo 403/2021 de su índice, toda vez que se advierte que en el mismo ya se dictó resolución interlocutoria y al no existir acuerdo pendiente de promover ni diligencia alguna por desahogar se ordenó el archivo del cuaderno de antecedentes. En consecuencia, se tienen por recibidos los cuadernillos incidentales allegados por el órgano homólogo; por tanto, acúsese el recibo de estilo por así haberlo solicitado la autoridad oficiante. Finalmente, antepóngase las carátulas correspondientes a los mismos, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

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