Gabriela del Carmen Cortés Navarro
Expediente 1184/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2021
Partes del expediente
- Gabriela del Carmen Cortés Navarro
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Respecto a la otra certificación secretarial que antecede, se advierte que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes para su conocimiento y efectos legales procedentes. Tomando en consideración que este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a MARÍA MERCEDES JIMÉNEZ, contra actos de las autoridades siguientes: Director y Responsable de la Farmacia, ambos del Hospital "Dr. Aquiles Calles" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Tepic, Nayarit, y Directora y del Responsable de Farmacia del Hospital Regional "Valentín Gómez Farías" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Zapopan, Jalisco, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas autoridades, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, toda vez que resultan innecesarias las constancias que remitió el Encargado de la Dirección del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramírez", del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta Ciudad, mediante oficio sin número de diez de octubre de dos mil diecinueve; devuélvanse las mismas para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
OF. 3113-VII MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EN TURNO. C I U D A D. En cumplimiento al proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, sesenta y un fojas útiles, remito a Usted, los autos originales del juicio de amparo indirecto 2137/2019, promovido por GASPAR GASTELUM SOTELO, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso de referencia, en contra de la sentencia dictada en el mencionado juicio de amparo; asimismo, se anexa original y copia del escrito de expresión de agravios, así como un tomo de pruebas. Con la súplica que a su llegada, acuse el recibo correspondiente. R E S P E T U O S A M E N T E LIC. IVAR LANGLE GÓMEZ. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.
- Principal
Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General en suplencia del Fiscal General del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizado para dar cumplimiento al oficio 2884-VII de fecha veintidós de octubre del año en curso, en el presente asunto, lo que justifica con el anexo que acompaña. NOTIFÍQUESE
- Principal
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa que la parte quejosa no se ha presentado a proporcionar los documentos necesarios solicitados a fin de estar en condiciones de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en los presentes autos, no obstante lo anterior, requiérase de nueva cuenta a la quejosa MAYRA LIZETTE MINJAREZ GARCÍA, para que proporcione a la citada Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, su REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON HOMOCLAVE EXPEDIDA POR EL SAT, ESTADO DE CUENTA CON CLABE INTERBANCARIA DE UNA INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL, COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR y COMPROBANTE DE SU DOMICILIO a efecto de que le sea depositada la cantidad que le será devuelta. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días justifique ante este Juzgado de Distrito, que compareció ante la autoridad que se indica en el oficio de cuenta, y proporcionó los datos solicitados a efecto de que, como se dijo con antelación, la citada autoridad esté en condiciones de acatar la ejecutoria de amparo pronunciada en autos; ello es así, toda vez que la observancia de las sentencias de amparo son de orden público, por tanto, deberán cumplirse inmediatamente por las autoridades, pero como en este caso, ese cumplimiento depende en parte, de la parte quejosa, entonces, ante esa vinculación, también debe sujetarse al procedimiento que señala la Ley de la Materia para ese efecto.
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