Gabriela de los Angeles Herrera Arguelles
Expediente 1769/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1769/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela de los Angeles Herrera Arguelles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a este expediente el escrito de cuenta de********************, autorizado de la parte tercero interesada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y en atención a su contenido, SE ACUERDA: Comuníquesele que con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36 y 38, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le ha otorgado autorización para tener acceso electrónico a este expediente. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Vistos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1769/2023-VII-B, promovido por Gabriela de los Ángeles Herrera Arguelles contra los actos que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, así como de otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, la nombrada quejosa solicitó la suspensión definitiva de los actos que atribuye a la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial, actuaria de su adscripción y Comisión Federal de Electricidad, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el quince de noviembre del año en curso, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 360/2021, promovido en su contra por Flor Eugenia Dueñas Echeverría, con sus consecuencias legales, tales como el auto de exequendo y el informe requerido a la Comisión Federal de Electricidad respecto de su sueldo y emolumentos que percibe como pensionada. SEGUNDA. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y actuaria de su adscripción, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes previos. Lo mismo cabe decir en cuanto al acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, ya que si bien al momento de resolver la presente, no se tiene conocimiento de que hubiese rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificada, de conformidad con la constancia relativa a la entrega del oficio correspondiente; misma que obra en autos. Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es dable analizar en primer término la naturaleza de los actos reclamados, los cuales consisten en actos consumados con efectos positivos, por lo que solo respecto de estos últimos sería factible verificar sobre la procedencia de la suspensión, toda vez que en cuanto a la emisión del acto (emplazamiento, embargo y solicitud de información sobre las prestaciones y sueldos que devenga la demandada, quejosa) ya se llevaron a cabo y su legalidad será analizada, en su caso, al momento de dictar la sentencia definitiva. Sin embargo, respecto de sus efectos y consecuencias, que se traducen en el embargo emitido en su perjuicio, debe decirse que sí es susceptible de suspenderse, toda vez que conlleva una ejecución; pero para que se conceda la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio al impetrante del amparo. Esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. Lo anterior es así, pues en el caso, el primero de los requisitos previstos en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo queda colmado, ya que la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa. Quien acreditó su interés suspensional con la cédula de notificación practicada el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, relativa a la notificación del auto de dieciocho del citado mes y año, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 360/2021, del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado -cuya compulsa se ordenó en el expediente principal para que obre en estos autos-, del que se desprende que la hoy quejosa tiene la calidad de parte demandada y que ha sido condenada en el controvertido natural e incluso se le fijó término para cumplir con la sentencia. Además, se corrobora lo anterior, con el informe previo rendido por la Juez responsable en la que manifestó la certeza de los actos reclamados, en el sentido de que la quejosa es parte demandada en el procedimiento del que deriva el acto que reclama, además de que se ha decretado embargo en su perjuicio; lo que conlleva, como antes se dijo, a tener por acreditado indiciariamente el interés suspensional que ostenta. Es aplicable la tesis VI.3o.A.C.J/63, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1962, del Tomo XXV, de Mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 172,299 que al rubro dice: "SUSPENSION, LA PRUEBA DEL INTERÉS JURÍDICO EN QUE SE ACREDITE ESTÁ RESERVADA A LOS EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO." Así como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Común, Tesis: VII.2o.C.32 K, Página: 1416 y registro: 168761, que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN, BASTA CON QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, PARA QUE SE ACREDITE EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. Si del informe previo rendido por las autoridades responsables se desprende que el quejoso es un tercero extraño a juicio por equiparación, pues fue señalado como parte demandada en el juicio natural y se dictó sentencia condenatoria que implica la desocupación y entrega del inmueble litigioso a favor de la parte actora, es inminente que la orden de lanzamiento que se llegue a emitir en ejecución de ella estará dirigida al quejoso y traerá como consecuencia su desposeimiento; de ahí que se satisfaga el requisito de procedibilidad de la medida cautelar sujeta a estudio, previsto por el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin que la anterior conclusión contravenga el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificado con el número P./J. 96/97, publicada en el Semanario Judicial del Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 2007, página 23, con el rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.", pues tanto de la lectura de su texto como de la ejecutoria de donde derivó, se pone de manifiesto que nuestro Máximo Tribunal en ningún momento se ocupó de analizar ese supuesto, sino que en la contradicción de tesis número 37/97, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, el punto a dilucidar se estableció a partir de que el primero de los mencionados órganos jurisdiccionales consideró que aun cuando se haya afirmado bajo protesta de decir verdad que se tiene la posesión del inmueble, ello no basta porque debe demostrarse, aunque sea indiciariamente, el interés suspensional que puede resultar lesionado con los daños y perjuicios de difícil reparación, mientras que el segundo consideró que no puede estarse sino a lo expresado bajo protesta de decir verdad en la demanda de garantías, atendiendo a la naturaleza del acto, privación de la posesión, lo cual es suficiente para tener por demostrado, aunque sea presuntivamente, el aludido interés en el otorgamiento de la suspensión provisional; esto es, nunca efectuó pronunciamiento respecto de los medios de convicción que pueden tomarse en cuenta para tener por acreditado el interés suspensional del quejoso cuando, como en la especie, se ostenta como tercero extraño por equiparación". También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la Ley de la Materia. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128 y 139 de la Ley de Amparo, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados para el efecto de que se mantengan en el estado que guardan, esto es, no sea desposeída de algún bien de su propiedad. Lo anterior, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del que derivan estos autos. Sin que ello implique la suspensión del procedimiento de origen por ser de orden público. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD Por otra parte, conviene señalar que la concesión de la medida cautelar de mérito surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la Ley de la Materia, pero toda vez que la suspensión otorgada podría ocasionar daños y perjuicios a terceros, la misma dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días hábiles, garantía bastante en este cuaderno incidental para indemnizar los daños y perjuicios que con aquélla pudieran causarse si no obtiene sentencia favorable en el juicio del cual derivan estos autos, por así disponerlo el numeral 132 de la citada ley. Garantía cuyo importe se fija discrecionalmente al no tener mayores datos en este momento procesal, en la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, sin centavos, moneda nacional), la cual deberá depositar en efectivo y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la sucursal del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de esta ciudad, o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2a./J.15/2006, perteneciente a la Novena Época, Instancia Segunda Sala; Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, visible a página 419, Materia Común, con número de registro 175,421, en el IUS Intranet, con el rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que debe presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, porque basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." En el supuesto de que la parte quejosa exhiba la garantía mediante certificado de depósito, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "Otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre del quejoso (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículo 125, 128, 144, 146, 147 y 163 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se RESUELVE: ÚNICO. Se CONCEDE a Gabriela de los Ángeles Herrera Arguelles, la suspensión definitiva de los actos que reclama de la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, actuaria de su adscripción y Comisión Federal de Electricidad; por los motivos y para el efectos señalados en la consideración tercera de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe previo rendido por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, resérvese para ser relacionado en la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos, el escrito de cuenta signado por la tercero interesada ********************, con el que se presenta a este juicio. De igual forma téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de cuenta, así también, se tiene como sus autorizados en términos amplios como lo establece el artículo 12 de la Ley de amparo a ********************y********************. En cuanto al señalamiento del correo electrónico y número telefónico que refiere la tercera interesada, se tienen proporcionados únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en caso de ser necesarias. Sin embargo, no ha lugar a notificarle por ese conducto, toda vez que dichos medios electrónicos no están previstos como tal en la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36 y 38, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización al usuario ********************, para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.
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