Gabriela de Jesús Herrera García

Expediente 480/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
480/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Gabriela de Jesús Herrera García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, en nombre de ************, contra el acto del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y otras autoridades, regístrese con el número de juicio 480/2023-I y genérese expediente electrónico e impreso. Fijación de litis Privación de la libertad con motivo de la sentencia condenatoria dictada en los autos de la causa penal 394/2022. Improcedencia Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...).". De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley de la materia. En ese tenor, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte el artículo 22 constitucional, en la parte conducente, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado". Ahora bien, el artículo 6, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En tanto que, el precepto 15 del ordenamiento legal citado, refiere: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". De lo antes transcrito, se advierte que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos anotados. Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo puede ser promovido por cualquier persona cuando se reclamen, entre otros, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; sin embargo, dicha circunstancia tiene como condición esencial y, por ello imprescindible, que el quejoso se encuentre imposibilitado para instar la acción de amparo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: Privación de la libertad con motivo de la sentencia condenatoria dictada en los autos de la causa penal 394/2022. Por tanto, en el caso no se considera que la demanda pueda ser promovida por cualquier persona en representación del quejoso, pues el acto reclamado no es de los mencionados, ni se desprende que el justiciable se encuentre imposibilitado para hacerlo por propio derecho. En efecto, en el caso no se satisface la condición establecida en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se desprende que el directo quejoso*************, se encuentre imposibilitado material y físicamente para promover por propio derecho la demanda de amparo, pues si bien se encuentra privado de la libertad, en la demanda que se atiende no se expresa dato alguno que evidencie que no esté en posibilidad de instar la demanda por su propio derecho. En ese sentido, si la demanda de amparo fue promovida por ************, y no así por el directo quejoso ***********, por propio derecho -quien no se advierte que se encuentra imposibilitado para promover por propio derecho- como se apuntó, no se está en el supuesto de la última parte del primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la promoción de la demanda por conducto de un tercero, es inconcuso que no se satisface el requisito establecido por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia; razón por la cual, para efectos de la tramitación de esta controversia, quien suscribe la demanda no está legitimada para promover el juicio de amparo a nombre o representación del quejoso. No se soslaya que el numeral 6 de ese ordenamiento dispone que el juicio de amparo podrá ser promovido por conducto de representante; sin embargo, dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculada con el artículo 15 de la ley de la materia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 15, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    (Cédula de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 05 de junio de 2023 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por **********, en nombre de ************, contra el acto del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México y otras autoridades, regístrese con el número de juicio 480/2023-I y genérese expediente electrónico e impreso. Fijación de litis Privación de la libertad con motivo de la sentencia condenatoria dictada en los autos de la causa penal 394/2022. Improcedencia Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...).". De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley de la materia. En ese tenor, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por su parte el artículo 22 constitucional, en la parte conducente, establece: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado". Ahora bien, el artículo 6, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". En tanto que, el precepto 15 del ordenamiento legal citado, refiere: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.". De lo antes transcrito, se advierte que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada, por ello la representación de quien acude ante esta vía de amparo es un presupuesto que tendrá que acreditarse en términos de lo que establecen los dispositivos anotados. Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo antes transcrito, se advierte que el juicio de amparo puede ser promovido por cualquier persona cuando se reclamen, entre otros, actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; sin embargo, dicha circunstancia tiene como condición esencial y, por ello imprescindible, que el quejoso se encuentre imposibilitado para instar la acción de amparo. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: Privación de la libertad con motivo de la sentencia condenatoria dictada en los autos de la causa penal 394/2022. Por tanto, en el caso no se considera que la demanda pueda ser promovida por cualquier persona en representación del quejoso, pues el acto reclamado no es de los mencionados, ni se desprende que el justiciable se encuentre imposibilitado para hacerlo por propio derecho. En efecto, en el caso no se satisface la condición establecida en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que no se desprende que el directo quejoso*************, se encuentre imposibilitado material y físicamente para promover por propio derecho la demanda de amparo, pues si bien se encuentra privado de la libertad, en la demanda que se atiende no se expresa dato alguno que evidencie que no esté en posibilidad de instar la demanda por su propio derecho. En ese sentido, si la demanda de amparo fue promovida por ************, y no así por el directo quejoso ***********, por propio derecho -quien no se advierte que se encuentra imposibilitado para promover por propio derecho- como se apuntó, no se está en el supuesto de la última parte del primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la promoción de la demanda por conducto de un tercero, es inconcuso que no se satisface el requisito establecido por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia; razón por la cual, para efectos de la tramitación de esta controversia, quien suscribe la demanda no está legitimada para promover el juicio de amparo a nombre o representación del quejoso. No se soslaya que el numeral 6 de ese ordenamiento dispone que el juicio de amparo podrá ser promovido por conducto de representante; sin embargo, dicho concepto no debe atenderse de manera aislada, sino vinculada con el artículo 15 de la ley de la materia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 15, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente. Domicilio del quejoso Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese personalmente.".

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