Gabriela de Dios de la Cruz
Expediente 406/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Gabriela de Dios de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintiséis de abril del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2°; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el presente expediente; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.
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MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de abril del año actual (fojas 17 y 18), remite copia certificada del expediente laboral 565/2018; sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve (fojas 26 a 28), se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En virtud de lo anterior, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, la copia certificada del expediente laboral 565/2018.
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, se acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa. Ahora bien, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, anexó al oficio que se provee, en lo que aquí interesa, copia certificada del auto de veintidós de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente laboral 565/2018; documento que goza de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitida por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la dilación reclamada. Tienen aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, y atendiendo a que la quejosa Gabriela de Dios de la Cruz, promovió el presente juicio de amparo, en contra de la falta de acuerdo respecto a la contestación de demanda, así como señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de calificación y admisión de pruebas en el juicio laboral 565/2018; en ese sentido, de la constancia remitida por la autoridad responsable, se aprecia que el veintidós de abril de dos mil diecinueve (fojas 23 a 25), emitió un acuerdo en la contienda laboral materia del presente juicio, del que se aprecia que acordó los escritos de contestación de demanda presentados por los apoderados legales de las demandas y señaló las once horas del veintiocho de junio de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de calificación y admisión de pruebas, en el juicio laboral 565/2018; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó a la impetrante de mérito en el goce de sus garantías. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, de la Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 18). No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que el Tribunal responsable no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto del proveído de veintidós de abril del año en curso, dictado en el expediente laboral 565/2018, de su índice, ya que conjuntamente con el presente auto se ordena al fedatario de la adscripción notifique en forma personal el citado acuerdo a la parte quejosa, y le corra traslado con copia simple de éste para su debido conocimiento. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto dicen: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber emitido el Tribunal responsable, el proveído de veintidós de abril del año actual, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar.
- Principal
MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 8167, se le requirió su informe justificado, el cual recibió el veintisiete de marzo citado, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obran a foja 14 de autos; por lo que, a la fecha el plazo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo; ya feneció, sin que hubiere rendido el informe solicitado; por tanto, de conformidad con lo establecido en el precepto legal antes mencionado se presume cierto el acto reclamado. Con fundamento del numeral 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a la referida autoridad señalada como responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede notificada del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que integren el acto reclamado, las cuales deberán ser legibles, foliadas, entre selladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Hágase del conocimiento de la aludida autoridad responsable que en caso no dar cumplimiento a lo anterior, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiséis de marzo último, consistente en multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO SIGUIENTE.
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