Gabriela Damaris Chávez Gutiérrez
Expediente 929/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Gabriela Damaris Chávez Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
1. Archivo de asunto. Ahora bien, se advierte que con esta fecha se remitió al archivo el juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión; además, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del citado Acuerdo General, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que el asunto se negó la suspensión, quien esto provee considera que el original del presente incidente de suspensión de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del original del este incidente de suspensión. Del mismo modo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado acuerdo general, destrúyase el duplicado del incidente de suspensión, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos. 1.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Visto el estado procesal, así como la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control. 1.5 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a partir de la resolución interlocutoria previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto.
- Incidental
1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obran los informes previos solicitados a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia en Materia Familiar, Oficinas Administrativas en la Región Carbonífera, de la Tienda Oxxo, ambas con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y Universidad Autónoma de Coahuila, con sede en Nueva Rosita, ni las tarjetas postales acuses de recibo de los oficios 25802/2019-IR, 25803/2019-IR y 25804/2019-IR, de veinte de diciembre del año en curso, a través de los cuales se les requirió dicho informe. 2. Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para su celebración.
- Incidental
1. Formación de incidente y acto reclamado. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión promovido por...contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades, consistente en el acuerdo de cuatro de diciembre del presente año, dictado dentro del expediente 1433/2018, mediante el cual, giró un oficio a la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Melchor Múzquiz, Coahuila, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, a fin de que descuente el trece punto tres por ciento (13.3%), del salario, aguinaldo, utilidades, horas extras, emolumentos y demás prestaciones que percibe el tercero interesado ...por concepto de alimentos, y a su vez, envía un oficio al representante legal de la tienda OXXO, ubicada en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, para el efecto de que si la quejosa labora en dicha negociación, proceda a descontarle el veintiséis por ciento (26%), del salario, aguinaldo, utilidades, horas extras, emolumentos y demás prestaciones, por concepto de alimentos en favor de los menores hijos G. E. y M. F., ambos de apellidos Ibarra Chávez; cantidad que debe ser entregada al tercero interesado. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se ejecute la reducción de la pensión alimenticia que reciben los menores G. E. y M. F., de apellidos Ibarra Chávez, a cargo del tercero interesado, y que no se le ejecute el descuento del veintiséis por ciento (26%) de su salario por concepto de alimentos. 5. Tramitación pronta y eficaz del incidente. En caso de que las autoridades responsables no existan o tengan denominación distinta a la señalada por la parte quejosa, se tendrán por inexistentes; sin que ello impida que con posterioridad se proporcione la correcta hasta antes de la celebración de la audiencia incidental. 6. Pruebas. Con fundamento en el numeral 143 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia incidental. 7. Negación de la suspensión provisional. En relación al acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de divorcio encausado número 1433/2015, índice del Juez responsable, con apoyo en el numeral 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, toda vez que el mismo ya se realizó, y sus efectos dejaron de existir al momento de que la responsable lo emitió; por tanto es improcedente conceder la suspensión al no existir materia para el dictado de la medida cautelar. 8. Disposiciones del orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo señala como requisito de procedencia de la suspensión que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el diverso 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los casos distintos a los contenidos en dicho precepto legal, quien resuelve tiene la facultad de determinar si con la suspensión de los actos reclamados se sigue o no perjuicio al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. Además, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, se deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. 9. Apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho como requisito para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, parte del fundamento constitucional previsto en la fracción X, del artículo 107, de la Constitución Federal. El análisis de la apariencia del buen derecho tiene como condición previa la posibilidad de impedir que la actuación de una autoridad se siga llevando a cabo en tanto se decida sobre su constitucionalidad. De este modo, para determinar la procedencia de la suspensión, el juzgador debe ponderar la estimación que obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. Señalado lo anterior, en el caso concreto, la concesión de la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, en los términos solicitados, contraviene lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de la Materia. En efecto, el numeral 129, de la citada legislación, establece en las fracciones VIII y IX, que cuando, se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico y se impida el pago de alimentos, se considera que se afecta el interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Por tanto, con independencia de si el auto reclamado es o no inconstitucional, lo que será materia del fondo en el juicio de amparo, de ninguna manera puede suspenderse la orden de que se gire el oficio respectivo a su lugar de trabajo para que se descuente la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia a cargo de la quejosa, en favor de sus menores hijos, atendiendo a que manifestó bajo protesta de decir verdad que el Juez responsable decretó la guarda y custodia a favor del tercero interesado. En ese contexto, no procede conceder la suspensión en los términos solicitados por la parte quejosa, precisamente con base en lo dispuesto por el artículo 138, de la Ley de Amparo, que estatuye que ha de hacerse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, en virtud de que si se afecta el interés social, tomando en consideración la preeminencia que tiene la prerrogativa de los menores. Por consiguiente, es evidente que de ninguna manera podría suspenderse la orden de girar oficio a la fuente de trabajo de la parte quejosa para que se le descuente determinado porcentaje por concepto de pensión alimenticia para sus dos menores hijos, dado que con ello se pretende garantizar la pensión alimenticia de los infantes a efecto de asegurar su subsistencia, atendiendo al interés superior de éstos, lo que constituye una cuestión de orden público. De este modo, es posible concluir que de concederse la suspensión provisional solicitada, se seguirían perjuicios al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, en términos del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de lo que llegue a dilucidarse al resolver en la suspensión definitiva una vez que cuente con los elementos de prueba necesarios. En conclusión, al hacer un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, se obtiene que debe prevalecer el segundo, por las razones anteriormente expuestas. 9.1. Criterio aplicable. Sobre el tema se invoca la tesis 1ª. LXXXVIII/2015 (10ª). 10. Consecuencias del acto reclamado. En relación a las consecuencias del acto reclamado consistente en el acuerdo de cuatro de diciembre del presente año, dictado por la autoridad responsable ordenadora en el expediente identificado con el número estadístico 1433/2015, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, en virtud de que no se satisface el requisito previsto en los artículos 124, fracción II, y 129, fracción IX, de la citada legislación, en virtud de que con la medida suspensional se afecta el orden público e interés social. 11. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, además conforme a la interpretación más favorable a la parte quejosa de lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, se requiere informe previo por duplicado y separado a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rindan su informe previo. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes en cada oficio. 12. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet...
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