Gabriela Cuevas Solís
Expediente 734/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Gabriela Cuevas Solís
- Agente del Ministerió Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta del Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad de Durango; al que acompaña copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el Amparo en Revisión laboral 106/2021, así como los autos originales del juicio de amparo número 734/2021. Agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó, acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y comuníquese a las autoridades responsables dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual ese alto tribunal confirmó la sentencia de primer grado en la que se negó el amparo y protección federal solicitado en este juicio de garantías. En su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
Durango, Durango, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con residencia en esta capital, en el que transcribe el acuerdo del veintiséis del mes en curso, que emitió el Magistrado Presidente de ese órgano jurisdiccional, mediante el cual admite el recurso de revisión interpuesto la quejosa Gabriela Cuevas Solís, contra la sentencia del tres de agosto del año en curso, en el juicio de amparo 734/2021. Notifíquese.
- Principal
Agréguese el escrito de la quejosa **, mediante el cual interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo y para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, remítanse los originales de estos autos al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, una vez que se encuentre debidamente integrado la instauración del recurso de revisión. Agréguese una copia del escrito de expresión de agravios al expediente.
- Principal
V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 734/2021, promovido por Gabriela Cuevas Solís, contra un acto del Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, por considerarlo violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este Estado de Durango, ***************demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: "III.- La autoridad o autoridades responsables. Lo es el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático en el expediente TLB/446/2019. IV.- La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. El acuerdo de fecha 26 de mayo de 2021 dictado en la etapa de ejecución de sentencia por el que determina que "no ha lugar" a sustanciar la nulidad del convenio celebrado el 18 de abril de 2021 por contener renuncia de derechos de la trabajadora". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto de quince de junio de dos mil veintiuno bajo el número 734/2021, en el que se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclama un acto de autoridad cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, reformado por su similar 35/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. El Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango reconoció la existencia del acto reclamado por la quejosa Gabriela Cuevas Solís, lo que se corrobora con las constancias del juicio laboral burocrático TLB/446/2019, que remitió como complemento de su informe justificado, a las que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". También es aplicable la diversa jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que es de la siguiente literalidad: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Es innecesario transcribir los conceptos de violación expresados por la disconforme Gabriela Cuevas Solís, al tenor de la jurisprudencia 2a./J.58/2010, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". CUARTO. Son infundados los motivos de disenso de la peticionaria de amparo Gabriela Cuevas Solís, sin que se advierta la posibilidad de suplirlos en su deficiencia conforme a lo que establece el normativo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Los ordinales 14, párrafo segundo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: "Artículo 14. . Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. .". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. .". Ambos numerales reconocen los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que se traducen en que las autoridades deben emitir sus actos conforme al marco jurídico nacional. Es ilustrativa la tesis que puede ser consultada en la página 263, del Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Por su parte, los dispositivos 33 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé. Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los Centros de Conciliación o al Tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Cuando el convenio sea celebrado sin la intervención de las autoridades, será susceptible de ser reclamada la nulidad ante el Tribunal, solamente de aquello que contenga renuncia de los derechos de los trabajadores, conservando su validez el resto de las cláusulas convenidas". "Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante los Centros de Conciliación solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de la Autoridad Conciliadora. En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual. Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por el Centro de Conciliación competente, cuando no afecten derechos de los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de sentencia ejecutoriada". Estas porciones normativas prevén la posibilidad de que las partes reclamen ante el tribunal laboral la nulidad de un convenio cuando a través del mismo se haya renunciado a algún derecho inherente a la parte trabajadora, siempre y cuando se haya celebrado sin la intervención de las autoridades; y también que el convenio que se lleve ante su potestad tendrá el carácter de sentencia ejecutoriada. Al resolver la contradicción de tesis 94/2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el acuerdo entre las partes que no haya sido sometido a la aprobación de la Junta, o que haya sido rechazado por ésta, no es válido, por lo que podrá plantearse su nulidad por no cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, al no estar demostrado que efectivamente existió consentimiento del trabajador; que no contiene renuncia de derechos en su perjuicio al tratarse de un convenio que no se celebró en la forma y conforme a los procedimientos de tutela de los derechos de los trabajadores. Explicó que por el contrario, en los casos en que los convenios sean ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y hayan sido aprobados, existe un pronunciamiento del órgano competente en el sentido de que las partes (entre ellas el trabajador) ratificaron el acuerdo de voluntades ante ella, y que el órgano jurisdiccional aprobó su contenido, al no contener renuncia de derechos debe tenerse como una resolución firme, por lo que ya no es posible que sea revocada ni modificada en un juicio posterior, en el que se pretenda cuestionar lo que fue materia de verificación por la Junta al aprobar el convenio. También estableció que si un convenio reúne los requisitos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, y así lo determina la autoridad laboral al aprobarlo, tanto los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y vincular a las partes, de manera que no es procedente que con posterioridad el trabajador haga valer la nulidad del convenio aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral, en el procedimiento de garantía establecido para ese fin. Finalmente, concluyó que de estimarse procedente el planteamiento de nulidad implicaría admitir la posibilidad de que el trabajador pudiera en una vía distinta retractarse en cualquier momento, incluso muchos años después de lo establecido en el convenio en el cual expresó su voluntad, lo que afecta la seguridad jurídica de las partes y desnaturaliza dichos medios de solución, los cuales se celebran en un procedimiento específico que permite su ratificación en audiencia ante la autoridad laboral, quien se encuentra obligada a verificar que no existe renuncia de derechos, y ello dota de certeza jurídica y estabilidad a lo pactado. De estas consideraciones surgió la jurisprudencia 2a./J. 17/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece bajo el registro digital 2008806, o bien consultable en la página 699, libro 17, abril de dos mil quince, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ES IMPROCEDENTE EL PLANTEAMIENTO DE NULIDAD FORMULADO EN SU CONTRA CUANDO EL TRABAJADOR ADUCE RENUNCIA DE DERECHOS (ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 105/2003, 2a./J. 162/2006, 2a./J. 195/2008 Y 2a./J. 1/2010). Los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo establecen limitantes al contenido de los convenios en materia laboral, cuya vulneración entraña renuncia de derechos en perjuicio de los trabajadores. Asimismo, el segundo párrafo del último precepto citado prevé como requisitos de los convenios, liquidaciones y finiquitos, que: a) consten por escrito; b) contengan una relación circunstanciada de los hechos que los motiven y de los derechos que sean su objeto; c) se ratifiquen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; y, d) ésta los apruebe cuando no contengan renuncia de los derechos de los trabajadores. Por tanto, con la aprobación de la Junta, los hechos narrados en el convenio, los montos en él liquidados y su clausulado deben surtir efectos y, por ende, son vinculantes para las partes, por lo que no procede que con posterioridad el trabajador haga valer su nulidad aduciendo una renuncia de derechos, en relación con hechos y prestaciones que ya fueron materia de pronunciamiento por el tribunal laboral; de ahí que resulta improcedente la acción de nulidad de los convenios sancionados por la Junta, así como la revisión posterior de hechos o prestaciones materia de dicho pronunciamiento, lo que lleva a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a abandonar las tesis de jurisprudencia aludidas, en la medida que consideran procedente la acción de nulidad de un convenio aprobado por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, la improcedencia de la acción de nulidad respecto de convenios aprobados por la Junta no excluye que pueda plantearse la invalidez de los que no han sido aprobados por la autoridad judicial, ni excluye que ésta, o los tribunales de amparo, deban aplicar las normas generales de protección a favor de los trabajadores, cuando las cláusulas dispongan condiciones inferiores a aquéllas y, por tanto, deban tenerse por no puestas para regir la relación de trabajo o las prestaciones derivadas o relacionados con ésta". Ahora bien, la quejosa Gabriela Cuevas Solís es actora en el juicio laboral burocrático TLB/446/2019, que se tramita en contra del Ayuntamiento de Durango, del que resulta necesario relatar lo que se transcribe a continuación: 1. Mediante escrito del treinta de septiembre de dos mil diecinueve Gabriela Cuevas Solís promovió demanda laboral ante el Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, en contra del Ayuntamiento de Durango por diversas prestaciones. 2. El uno de octubre de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda que se radicó con el número TLB/446/2019, en el que se citó a las partes a la audiencia de conciliación pero al no tener éxito, por acuerdo del veintitrés de octubre siguiente se ordenó el emplazamiento de la demandada. 3. El dieciocho de febrero de dos mil veinte, los Jueces del Tribunal Laboral Burocrático emitieron sentencia en la que, en sus puntos resolutivos determinaron lo siguiente: "PRIMERO: Que la parte Actora GABRIELA CUEVAS SOLÍS, PROBÓ SU ACCIÓN; de despido injustificado, atentos al considerando Tercero de la presente Resolución. SEGUNDO: Que la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO; NO PROBÓ SU EXCEPCIÓN; en consecuencia se le CONDENA al pago de las prestaciones ya precisadas en el cuerpo de la presente sentencia; atentos al considerando Tercero de la presente Resolución. TERCERO: SE ABSUELVE a la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO., al pago de las prestaciones de igual manera ya precisadas; atentos al considerando Tercero de la presente resolución. .". 4. Por sentencia del treinta de octubre de dos mil veinte en el juicio de amparo directo 134/2020, los Magistrados Integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito negaron el amparo y protección de la Justicia Federal al Ayuntamiento del Municipio de Durango. 5. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno Gabriela Cuevas Solís y el Ayuntamiento del Municipio de Durango acudieron ante el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado Durango, y celebraron el siguiente convenio: "En la ciudad de Durango Dgo., a 16 de abril de 2021, actuando el C. Juez Instructor de este Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado Durango, ante la asistencia del Secretario de Acuerdos que da fe.- Se hace constar que comparece la parte actora la C. GABRIELA CUEVAS SOLÍS, quien se identifica con credencial de elector para votar número de clave de elector CVSLGB85102310M900, acompañada de su apoderado legal el C. LIC. ERNESTO AGUILAR GARCÍA, quien se encuentra acreditado en autos, así mismo se hace constar que comparece la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, por conducto de su Apoderada Legal la C. LIC. CRISTINA QUINTERO ESCOBEDO, quien acreditada personalidad con poder General para pleitos y cobranzas y para actos de administración de la escritura pública 23025, volumen 487, ante la fe del Notario Público Número 07 de esta ciudad de Durango, LIC. LUIS ALBERTO ZAVALA RAMOS, dejando copia simple previo cotejo con su original, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que en uso de la voz el apoderado legal de la parte demandada manifiesta que: CON LA PERSONALIDAD QUE TENGO RECONOCIDA EN EL PRESENTE ACTO Y A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO TOTAL A LA SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ME (sic) EN ESTE ME PERMITO OFRECER A LA TRABAJADORA GABRIELA CUEVAS SOLÍS LA CANTIDAD DE $85,000.00 PESOS MEDIANTE LOS CHEQUES NÚMERO 0004633 POR LA CANTIDAD EL PRIMERO DE LA CANTIDAD DE $79,198.77 PESOS Y EL SEGUNDO CON NÚMERO 0004661 POR LA CANTIDAD DE $5801.23 PESOS QUE CONSTITUYEN EL TOTAL DE LA CANTIDAD OFRECIDA AMBOS DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE DE IGUAL FORMA SE SEÑALA QUE LA TRABAJADORA YA SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA COMO OBRA EN AUTOS DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA CON O (sic) QUE SE DA CUMPLIMIENTO TOTAL AL PAGO DE LAS PRESTACIONES DEMANDADAS Y CONDENADAS DE IGUAL FORMA SE SOLICITA QUE DE ACEPTARSE POR LA TRABAJADORA LA PROPUESTA FORMULADA LA MISMA SE DESISTE DE LA QUEJA NÚMERO 16/2021 INTERPUESTA ANTE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO DISTRITO ASÍ COMO DE LA QUEJA 062/2021 INTERPUESTA ANTE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER DEMANDA DE AMPARO, QUEJA RECURSO O CUALQUIER OTRA ACCIÓN JURÍDICA QUE TENGA INSTAURADA EN CONTRA DE MI REPRESENTADO PARTE DEMANDADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE ASÍ COMO DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO RELACIONADO CON A (sic) DEMANDADA RESPECTO DEL EXPEDIENTE QUE NOS OCUPA DE IGUAL FORMA QUE MANIFIESTE QUE NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN O DERECHO DE QUE DEMANDAR EN CONTRA DE MI REPRESENTADA AHORA DEMANDADA O DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO RELACIONADA CON ESTE, POR LO QUE SOLICITO SE MANDE ARCHIVAR EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. En uso de la voz del apoderado legal de la parte actora manifiesta que: HABIENDO RECIBIDO CON ANTELACIÓN LA CANTIDAD RESTANTE ME DOY POR PAGADA DE LAS PRESTACIONES ADEUDADAS DERIVADAS DEL PRESENTE ASUNTO Y COMO LO SOLICITA LA DEMANDADA ME DESISTO DE LAS ACCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS EN EL PRESENTE ASUNTO EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS, SOLICITANDO SE ENVÍE EL PRESENTE EXPEDIENTE AL ARCHIVO COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. C. JUEZ INSTRUCTOR ACUERDA: Téngase por hecha la comparecencia de la parte actora la C. GABRIELA CUEVAS SOLÍS, asimismo se hace constar que comparece la parte demandada H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO., por conducto de su Apoderado Legal la C. CRISTINA QUINTERO ESCOBEDO, quien este Tribunal le reconoce personalidad, de conformidad con el artículo 692 de la Ley Federal Trabajo y artículo 129 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes de Durango; y por hecha sus manifestaciones en virtud de que las partes en el presente juicio llegaron un arreglo conciliatorio realizando CONVENIO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de los Trabajadores del Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango y el 946 de la Ley Federal Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en los términos anteriormente establecidos y toda vez que el mismo no contiene renuncia alguna a los derechos de la trabajadora se aprueba y se sanciona produciendo todos los efectos jurídicos inherentes A una SENTENCIA, Y TODA VEZ QUE LA PARTE DEMANDADA DIO TOTAL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL, Y COMO LO SOLICITAN LAS PARTES SE ENVÍA EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. .". 6. El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno la hoy justiciable Gabriela Cuevas Solís solicitó al Tribunal Burocrático ".Declarar la nulidad del convenio de 16 de abril de 2021, únicamente por lo que hace el pago de las indemnizaciones, salarios caídos y pagos condenados (con relación a lo ofrecido y pagado por la parte patronal), y una vez que se determine la diferencia requerir a la parte patronal de las diferencias que resulten.". 7. Y el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango emitió el acuerdo reclamado en esta sede constitucional en el que, en lo interesante dispuso: ".C JUEZ INSTRUCTOR ACUERDA: Agréguese a sus autos el escrito de referencia para que forme parte de las constancias que integran el expediente en que se actúa, y dígasele al promoverte que NO HA LUGAR a acordar favorable a lo solicitado, toda vez que dentro del convenio realizado ante este Tribunal de fecha 16 de Abril de 2021, la actora en el presente Juicio C. GABRIELA CUEVAS SOLÍS, expresó su consentimiento el que produjo los efectos Jurídicos de la Sentencia y en el cual fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones que fueron demandadas, y solicitando a esta autoridad por tal motivo se enviara el presente expediente al Archivo como asunto totalmente concluido.". Pues bien, no tiene razón la quejosa Gabriela Cuevas Solís de reclamar el acuerdo mediante el cual el Juez Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango determinó que no ha lugar a declarar nulo el convenio que se llevó a cabo ante su potestad, pues es innegable que no resulta procedente su petición precisamente porque en su celebración participó la propia autoridad laboral responsable quien lo validó, situación que impide la revocación y revisión del convenio que pretende la disconforme conforme a lo señalado por los numerales 33 y 987 de la Ley Federal del Trabajo. Y esto es así aunque la garantista Gabriela Cuevas Solís alegue que existió renuncia a sus derechos porque el convenio aprobado por la autoridad burocrática se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, es decir, adquirió la calidad de inmutable aun cuando se aduce que sus cláusulas transgreden sus derechos laborales máxime que se estableció que ".LA PARTE DEMANDADA DIO TOTAL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA POR ESTE TRIBUNAL.". En tales condiciones, lo procedente es negar a la quejosa Gabriela Cuevas Solís la protección federal que solicita. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Gabriela Cuevas Solís, en contra del acto que reclamó del Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango. Notifíquese.
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