Gabriela Citlaly González Aguayo
Expediente 576/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 33 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 07/11/2022
Partes del expediente
- Gabriela Citlaly González Aguayo
- H. Congreso del Estado de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, siete de noviembre de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional se hicieron consistir en: "1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial del Estado; en particular, los artículos 20, 21 fracciones I y XVIII y 22 así como los diversos 11, 12, y 13 de la propia legislación. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de los dispositivos señalados en el inciso a). 3. Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. (.) c) El acto de aplicación de los preceptos señalados en el inciso a), consistente en el pago realizado mediante la Institución Bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, el veintisiete de agosto de dos mil veinte, por concepto de inscripción de documento público o privado e inscripción de préstamo hipotecario, así como de los impuestos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, por la cantidad total de $14,295.19 (catorce mil doscientos noventa y cinco pesos 19/100 moneda nacional). Sin que se proceda a emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de la cantidad de $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de aportación a la Cruz Roja, el cual enteró la parte quejosa, toda vez que dicha cantidad no es objeto de controversia, ni el artículo que lo prevé fue señalado como acto reclamado. Mediante sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, por una parte, se resolvió sobreseer y por otra, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los siguientes términos: "7.1. Efectos respecto al artículo 20, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 1. El artículo 20, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevé el costo por inscripción de documentos sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente de los $6,295.02 (seis mil doscientos noventa y cinco pesos 02/100 moneda nacional) sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), (fracción I) y el remanente de los $3,108.21 (tres mil ciento ocho pesos 21/100 moneda nacional), sin eximirlo del pago de la diversa cuota de los $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), (fracción XVIII), por el pago de los conceptos de inscripción de documento público e inscripción de préstamo hipotecario, respectivamente, con sustento el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, que ampara el recibo de pago que exhibió, lo que hará en los términos siguientes: Interesado Concepto Monto aplicado Pago mínimo por aplicar Diferencia a favor Inscripción de documento público o privado (Fracción I) $6,295.20 (seis mil doscientos noventa y cinco pesos 20/100 moneda nacional) $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 $6,005.20 (seis mil cinco pesos 20/100 moneda Gabriela Citlaly González Aguayo Inscripción préstamo hipotecario $3,108.21 (tres mil ciento ocho pesos 21/100 $280.00 (doscientos ochenta pesos $2,828.21 (dos mil ochocientos (Fracción XVIII) moneda nacional) 00/100 moneda nacional) veintiocho pesos 21/100 moneda nacional) 7.2 Efectos respecto de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 1. Los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevén lo relativo a los impuestos especiales para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. De igual manera, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y, por ende, devuelva las cantidades que enteró por dichos conceptos, al tenor del recibo que acompañó, conforme a lo siguiente: Recibo respecto a la inscripción de documento público o privado y préstamo hipotecario Interesado Formato de pago Impuesto Monto aplicado Devolución Fomento a la educación (Artículo 11) $2,350.85 (dos mil trescientos cincuenta pesos 85/100 moneda nacional) $2,350.85 (dos mil trescientos cincuenta pesos 85/100 moneda nacional) Asistencia social (Artículo 12 $1,410.51 (mil cuatrocientos diez pesos 51/100 moneda nacional) $1,410.51 (mil cuatrocientos diez pesos 51/100 moneda nacional) Gabriela Citlaly González Aguayo 29991 Universidad Autónoma de Nayarit (Artículo 13) $1,128.40 (mil ciento veintiocho pesos 40/100 moneda nacional) $1,128.40 (mil ciento veintiocho pesos 40/100 moneda nacional) 7.3 Devolución con su debida actualización. 1. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al Fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. No se soslaya que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo,26 por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. (.)" Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable Director Jurídico dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, mediante auto de diez de marzo de dos mil veintidós, se le tuvo interponiendo recurso de revisión en contra tal determinación. Luego, mediante auto de treinta y uno de agosto del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, informó que en autos del amparo en revisión, desechó el citado medio de impugnación dentro del amparo en revisión 307/2022. Por tanto, al haber adquirido firmeza la sentencia de primer grado dictada por este órgano jurisdiccional, se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, para que, en el término de tres días, informara sobre su cumplimiento. Por medio del oficio registrado con el folio 22457, el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, haciendo del conocimiento que el diez de octubre de dos mil veintidós, realizó la transferencia bancaria a nombre de la quejosa y para demostrarlo, remitió copia de la referida transferencia bancaria que obra en autos del expediente en que se actúa, del que se advierte que realizó lo siguiente: Adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la quejosa Gabriela Citlaly González Aguayo y de la que se advierte que le devolvió la cantidad de $16,469.41 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 41/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días a partir de su debida notificación, manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento del fallo protector y se le apercibió que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector; en ese sentido la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, se procede a corroborar si la cantidad devuelta a la justiciable, se encuentra debidamente actualizada, en ese sentido, se destaca que el monto de la cantidad erogada por la quejosa lo fue $9,403.41 (nueve mil cuatrocientos tres pesos 41/100 moneda nacional), a la cual se ordenó aplicar $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por el pago de concepto de inscripción de documento público y compraventa de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 21, fracciones I y XVIII, respectivamente, de la Ley de Ingresos del Estado, arrojando un remanente a devolver de $8,833.41 (ocho mil trescientos treinta y tres pesos 41/100 moneda nacional). Esto más los impuestos, previstos en los artículos 11, 12 y 13, de la citada ley, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, por las cantidades de: $2,350.85 (dos mil trescientos cincuenta pesos 85/100 moneda nacional), $1,410.51 (mil cuatrocientos diez pesos 51/100 moneda nacional) y $1,128.40 (mil ciento veintiocho pesos 40/100 moneda nacional) respectivamente. Lo anterior, arroja como remanente la cantidad de $13,723.17 (trece mil setecientos veintitrés pesos 17/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit.2 Al respecto, y dado lo establecido por dicho ordinal, debe atenderse al mes en que se realizó el pago (veintisiete de agosto de dos mil veinte) y al mes en que se efectuó el pago actualizado (diez de octubre de dos mil veintidós), a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente (septiembre de dos mil veintidós), entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo (agosto de dos mil veinte). Lo anterior dado que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, mientras que la autoridad responsable, previos trámites inherentes, el diez de octubre de dos mil veintidós, realizó el pago a favor de la parte quejosa; por tanto, el período de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil veintidós al mes de julio de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. En ese sentido, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil veintidós, entre el índice para el mes de agosto de dos mil veinte (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado). Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil veinte, fue de 107.444; y, para el mes de septiembre de dos mil veintidós, fue de 124.571, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.159403968578981. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad a devolver $13,723.17 (trece mil setecientos veintitrés pesos 17/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $15,910.69 (quince mil novecientos diez pesos 69/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $2,187.52 (dos mil ciento ochenta y siete pesos 52/100 moneda nacional). Así, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable, desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 21, fracción I y XVIII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. No pasa inadvertido que la autoridad responsable recaudadora, sólo debía devolver al quejoso la cantidad de $15,910.69 (quince mil novecientos diez pesos 69/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $16,469.41 (dieciséis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 41/100 moneda nacional), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada de $558.72 (quinientos cincuenta y ocho pesos 72/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que se entregó la totalidad del monto descontado por la aplicación de los preceptos inconstitucionales y si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia del análisis de cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, pues en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes destruibles, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa, al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió diversos anexos en copia certificada; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dicho documento tendrá el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Siendo las nueve horas del quince de noviembre de dos mil veintidós, hago constar que la quejosa Gabriela Citlaly González Aguayo, no compareció ante este Juzgado a fin de notificarse personalmente del proveído de siete de noviembre del presente año; por tanto, en cumplimiento a lo asentado en el aviso de notificación de diez de noviembre del presente año, procedo a notificar a la referida quejosa, el proveído referido anteriormente, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios con anexos, el primero de ellos procedente del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con el que remite el diverso signado por el Director General Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y el segundo proveniente de dicha institución recaudadora. Atento a su contenido, se comunica que se ha desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa **********, los preceptos 20 fracción I y XVII, 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veinte; asimismo, que el diez de octubre del año en curso, realizó la transferencia bancaría a nombre de la aquí amparista, para lo cual adjunta copia del SPEI. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa con copia de las constancias referidas en párrafos anteriores, por el término de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y con lo que exponga, o transcurrido dicho plazo sin realizar alguna manifestación, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda; lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
A las nueve horas del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha al quejoso GABRIELA CITLALY GONZÁLEZ AGUAYO, la notificación a través de lista de la determinación de veinte de octubre del año en curso, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la nueva Ley de Amparo.
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