Gabriela Casteñeda Delgado
Expediente 554/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 554/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/05/2023
Partes del expediente
- Gabriela Casteñeda Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por la Delegada del Director de lo Jurídico de la Comisaria de Seguridad Ciudadana, mediante el cual informa respecto al cumplimiento de la sentencia; al respecto, se provee: agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar y una vez que se realice la anotación correspondiente en el expediente personal, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto al cumplimiento de la misma. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo, esto es, remita copia certificada de la constancia en la que se advierta la anotación en el Registro Nacional de Seguridad Publica, de que el quejoso fue separado o destituido de manera injustificada. En tales condiciones, se requiere nuevamente al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, para que, dentro del término de tres días, en su carácter de superior jerárquico de las responsables, ordene a éstas el cumplimiento de la ejecutoria de mérito.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que en proveído de **, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Décimo Tercera de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua, para que cumpliera con la ejecutoria de amparo en los términos ahí planteados; sin que a la fecha haya remitido documentación alguna o en su defecto haya manifestado la imposibilidad legal que tienen para ello, no obstante estar debidamente notificada para tal fin. En esas condiciones, previo a hacer efectivos los apercibimientos decretados en el citado proveído y con el animo de continuar procurando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como lo ordena el artículo 193, quinto párrafo, con fundamento en los artículos 192, 194, 195 y Tercero Transitorio, de la Ley de Amparo Vigente, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Décimo Tercera de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las que se advierta el cumplimiento dado al fallo protector y de los actos que está llevando a cabo para cumplir con el mismo; y, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chihuahua, diligencie el exhorto enviado a efecto de que emplace a la parte demandada del juicio laboral de origen.
- Principal
Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 138, fracción II. Se niega la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el requerimiento de pago del servicio de agua potable por parte del Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco, en virtud de que de concederse dicha medida cautelar para los efectos y términos que lo solicita; se infringirían disposiciones de orden público y de interés social. En efecto, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, el interés social y el orden público a que alude la disposición transcrita, debe ser delineado por el Juzgador acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que pretende evitar. Esto es así, porque si se atiende a que dicha fracción limita el otorgamiento de la suspensión en aquellos casos en que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contiene el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. Ahora, en el presente caso no procede la suspensión para los efectos solicitados, porque el artículo 128, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, señala que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se violenten los derechos fundamentales de la colectividad. De ahí que, siendo uno de los actos reclamados el cobro y ejecución de pago por servicio de agua potable por parte del municipio, no procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, por no reunirse la totalidad de los requisitos previstos para tal efecto. Ello en virtud de que, el que los ciudadanos paguen el servicio de agua potable sustenta y garantiza el continuo servicio de la misma por parte de las autoridades municipales, por lo que dicho acto es de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conceder una medida cautelar para el efecto de que se suspenda dicho cobro a un ciudadano redunda en una afección a la colectividad de la sociedad, en consecuencia, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues la función de suministrar agua potable tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tal servicio se realice en términos de las disposiciones aplicables. Cabe mencionar que el interés social y el orden público a que alude la disposición transcrita, deben ser delineados por el juzgador acorde a las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración, teniendo presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar. Se concede a ********************, la suspensión provisional, para el efecto de que la autoridad responsable restablezca y continúe con el suministro de agua potable en el domicilio que reside la quejosa; esto es, asegure a la impetrante del amparo el acceso del vital líquido, llamado agua para consumo personal y doméstico; de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; llevando a cabo las responsables, de manera positiva las acciones para así garantizarlo, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Dicha medida cautelar no surtirá efectos en caso de que los actos reclamados, obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si provienen de autoridades distintas a la señalada como responsable. Tampoco surtirá efectos en caso de que el acto reclamado se trate solo de la reducción del servicio en términos de lo establecido en la fracción IX del artículo 91 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, supuesto en el cual, la autoridad responsable deberá garantizar a la quejosa el agua suficiente para satisfacer sus necesidades vitales y sanitarias para el uso habitacional, asegurando el suministro del vital líquido de cincuenta litros por día, atento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 83 de la legislación en comento. En efecto, la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque también es evidente que la suspensión está caracterizada por diferencias que perfilan su naturaleza de manera singular y concreta; sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas cautelares, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. Sentado lo anterior, cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho "fumus boni iuris". 2) Peligro en la demora "periculum in mora". La apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada y temeraria o muy cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Ello obedece a que las medidas cautelares, más que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra. En otras palabras, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. Diversos autores De lo hasta aquí expuesto se puede concluir que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, al igual que las medidas cautelares, produce efectos provisionales, pues está encaminada a dar al juicio principal las condiciones necesarias para el dictado de una sentencia justa, congruente y eficaz, a su tiempo. Por otra parte, la suspensión tiene sentido si hay un derecho que necesita una protección provisional y urgente, a raíz de un daño ya producido o de inminente producción, mientras dure el proceso en el que se discute precisamente una pretensión de quien sufre dicho daño o su amenaza. Sin este peligro, es decir, si no hay materia qué frenar con la suspensión, para que el objeto del proceso se mantenga íntegro durante el tiempo que dure, no hay medidas cautelares. La medida cautelar exige, por ello, un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que es el que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales, es decir, sobre la existencia de la apariencia de un derecho; así, cuando existe la presunción de que la demanda es fundada, se debe acoger provisionalmente, pues es suficiente, en tal supuesto, la invocación de un derecho justificado a primera vista de la demanda. Al respecto, debe decirse que, si toda medida cautelar descansa en los principios de la verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, entonces, nada impide que ante un acto de autoridad que se prolonga en el tiempo, se puedan analizar esos elementos y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del gobernado, que si se le impidieran ocasionarían perjuicio a él y, algunas veces, a terceros. Lo anterior, tiene sustento en la fracción X del artículo 107 constitucional, que dispone que para la concesión de la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido por el solicitante, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social o el orden público; pues resultaría incongruente que el Juez de amparo advirtiera que el acto de autoridad es, a primera vista, violatorio de garantías y no disponga de ningún medio legal para ponerle remedio, aun en forma provisional, porque tal acto sea consumado. Luego, cuando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo ameriten, se puede otorgar excepcionalmente, la medida suspensional. En el caso, debe considerarse que la afectación en el suministro de agua potable para el consumo personal y doméstico, se trata de una violación directa a un derecho humano consagrado así por la Carta Magna y por diversos tratados internacionales de los cuales es parte el Estado mexicano. Lo anterior es así, dado que el incidentista acredita su interés suspensional, con la narración de los antecedentes en su libelo de amparo bajo protesta de decir verdad. Sin que por otro lado, resulte necesario fijar garantía alguna en virtud de que el acto reclamado no constituye crédito fiscal en términos del numeral 92 de la multicitada Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se le notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio Finalmente, con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente.
- Incidental
Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta, signada por la quejosa **, mediante la cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, ratifica como suya la firma que calza en el escrito de ampliación de demanda recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el trece de marzo del presente año. En tales condiciones, téngase a la parte promovente del amparo ratificando la rúbrica que obra en el ocurso en cuestión, para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, y visto el contenido del aludido escrito de ampliación de demanda, signado por la quejosa, mediante el cual amplía su demanda de amparo en contra del Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco y Otoniel Pérez Traschikoff, Director General de la Concesión Particular OSIAPA del Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco, por considerarlos violatorios de sus garantías tuteladas en los artículos 1º, 2º, 16, 73, fracciones XXIX del punto 4, XXIX-H, 103 107 Y 133 de la Constitución General de la República; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda; por tanto, córrase traslado a las referidas autoridades con copia del escrito de ampliación de demanda. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco y Otoniel Pérez Traschikoff, Director General de la Concesión Particular OSIAPA del Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco, rindan su informe con justificación. Por otra parte, hágase saber a las partes que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, deben manifestarlo así, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5º, fracción IV y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con copia de la ampliación de demanda de amparo, vía electrónica En el entendido de que, dichas notificaciones se tendrán por hechas a partir de que la persona autorizada consulte el expediente electrónico, o, de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta a dicho expediente dentro del plazo máximo de dos días a partir del envío de la resolución para notificarse; y, surtirán efectos de conformidad al artículo 31 fracción II y III de la Ley de Amparo. Tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión, según lo dispone el precepto legal 128, último párrafo, de la Ley de Amparo Respecto de la tercera interesada que refiere en su demanda de ampliación, se reserva a proveer lo conducente, hasta en tanto obren en autos los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.
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