Gabriela Casillas Alvarez

Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
813/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Casillas Alvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó electrónicamente a la parte quejosa el doce de mayo de dos mil veintitrés, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: " el Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, efectúe lo siguiente: A) Emita acuerdo en el que ordene desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación tributaria dispuesta en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y se proscriba su aplicación presente y futura, en tanto perviva el vicio de inconstitucionalidad detectado en esta sentencia. . La protección constitucional también deberá hacerse extensiva al acto de aplicación consistente en el recibo oficial **, no obstante, la concesión del amparo no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad del tributo mencionado, sino que se deberá cuantificar nuevamente el monto a cobrar aplicándole la tasa menor que comprenda el giro de similar naturaleza al del quejoso, es decir, la prevista en la fracción I, inciso a), del artículo 77, en comento " Es decir, deberá aplicarse en el cobro del derecho respectivo -fracción II)-, la tarifa prevista en la fracción I), inciso a), del numeral 77 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y devolverse el excedente. B) Asimismo, deberá reintegrar a la parte quejosa la totalidad del monto que erogó en términos del artículo 7, fracción VIII, en relación con el penúltimo párrafo del numeral 77, ambos de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, contenido en el recibo oficial * Luego, las cantidades enteradas por los conceptos materia de amparo en el presente fallo protector, deberán devolverse actualizadas conforme a lo previsto en el artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Cabe precisar que dichas devoluciones no comprenden el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de las cantidades pagadas por concepto de los tributos declarados inconstitucionales y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector" Al respecto, mediante el oficio 1400/2022/T-10396, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, informó que con la finalidad de cumplimentar la sentencia definitiva dictada en autos, remitió el acuerdo ACDEV-LG1400/2022/T-9595, por el cual se ordenó que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación tributaria dispuesta en el artículo 77, fracción II, así como el artículo 7, fracción VIII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, respecto del recibo oficial * y, en su lugar, se aplicara la fracción I, inciso a), del primero de los preceptos legales en cita, por lo cual también ordenó expedir un cheque a favor del quejoso ***, por la cantidad de *; de igual forma, remitió el trámite manual con pago (SAC) folio *, así como copia simple del cheque número *, expedido a nombre del quejoso, por la cantidad antes indicada. Asimismo, por oficio 1400/2023/T-3685, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, remitió el original del recibo interno de fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés firmado de recibido, acuse de recibo del cheque * y copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió la protección constitucional, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe oficio. Se tiene por recibido el oficio presentado electrónicamente por el Director de lo Contencioso de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, en representación del Director General de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, visto su contenido y en obvio de repeticiones innecesarias, dígasele que se esté a lo proveído en actuación de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, toda vez que el comunicado, en respuesta al oficio 11789/2023, al que hace alusión, ya fue acordado en el auto antes referido. Requerimiento. En consecuencia, previo a imponer la multa correspondiente y en su caso dar vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, requiérase a la autoridad responsable, para que, en el término de veinticuatro horas legalmente computadas a partir de la siguiente a la en que se le notifique el presente proveído, se manifieste respecto a lo expuesto en el ocurso de referencia en torno al cumplimiento dado a la suspensión de oficio y plano decretada; en el entendido que, atendiendo a lo previsto por los artículos 126, párrafo segundo y 147 de la ley de la materia, queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable el cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano decretada, por ende, deberá informar dentro del mismo término concedido para tal efecto, las gestiones que hubiere tomado al efecto. Tiene aplicación, en lo conducente, la Jurisprudencia 1a./J. 8/2019 (10a.), registro 2019358, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 486, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, del rubro y texto siguientes: DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. Así como la diversa tesis CCCXLIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 969, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. De igual forma, en lo conducente, la tesis I.7o.A.316 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1880, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Y, en lo conducente, la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1832, del tomo XXXII, diciembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. NATURALEZA DE LA. La suspensión de oficio se rige por el artículo 123 de la Ley de Amparo y se concede cuando se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República y, cuando se trate de algún otro que de llegar a consumarse haría físicamente imposible la restitución al quejoso en el goce de la garantía violada; asimismo, en el auto en el que se decrete de plano dicha medida, el Juez Federal admitirá la demanda. Acorde con lo anterior, debe precisarse que esta suspensión de oficio no admite condición o restricción alguna que impida que surta sus efectos; es decir, que no cobran aplicación los artículos 124, 124 bis y 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se hará efecto el apercibimiento contenido en el auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, esto es, se procederá en su contra conforme a lo estatuido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Agréguese a los autos el oficio remitido por la Presidente Auxiliar de la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual cumple las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. Establecido lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Décima Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se les comunique el presente proveído, cumplan cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable, en atención al oficio 7224/2023, cumple con el requerimiento formulado en auto de uno de marzo del año en curso, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. En tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Segundo de lo Civil, con sede en Chapala, Jalisco, para que dentro del término de tres días legalmente computados al día siguiente al en que surta efecto la notificación que del presente acuerdo se le realice, remita copia certificada de la totalidad de lo actuado en el expediente del juicio oral mercantil 859/2022, mismo que deberá acompañar con su informe justificado. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA unidades de medida y actualización. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional).

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