Gabriela Casas del Sauz

Expediente 523/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
523/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Gabriela Casas del Sauz

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, este Juzgado determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. b) Por auto de quince de octubre del presente año, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos; por lo que se procedió a requerir a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Ahora, los efectos del de la sentencia se hicieron consistir en lo siguiente: (.) QUINTO. Efectos de la sentencia. Para que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, respete el derecho de acceso a la impartición de justicia violado, por lo que en cumplimiento a la presente resolución, deberá: 1. Dejar sin efectos el acuerdo en que se señalaron las trece horas del dieciocho de enero dedos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dictado en los autos del juicio laboral ***** de su índice, única y exclusivamente la parte relativa a la indicada fecha; y , 2. Dictar otro, en el que fije nueva fecha para su celebración dentro del plazo de quince días previsto para ello por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y en el caso de diferir la audiencia en cita por alguna cuestión procesal, al fijar nueva fecha deberá atender lo previsto en el ordinal invocado. Sin que los efectos del presente fallo comprendan las subsecuentes omisiones o dilaciones que eventualmente pudieran suscitarse durante la tramitación del juicio laboral, ya que los alcances por los que se otorgó la protección constitucional están delimitados en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúo dicha actuación dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. (.)" Precisado lo anterior, se procede a emitir la determinación en cuanto al cumplimiento al fallo protector en los siguientes términos. En proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, se agregó el oficio y anexo mediante el cual la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veintinueve de octubre del año en curso, dentro del expediente *****, documental que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, en virtud de que se trata de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones; de las que se advierte lo siguiente: Dejó sin efectos el señalamiento de la audiencia de conciliación demanda y excepciones señalada para las trece horas del dieciocho de enero dedos mil veintiuno. Con apoyo en los artículos 873 y 878 de la Ley Federal del Trabajo señaló las diez horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y ordenó el emplazamiento de las demandadas del procedimiento natural. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se observa que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pues se cumplieron los lineamientos ordenados en la misma. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Lo anterior, encuentra sustento en el contenido de la Jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." ARCHIVO DEFINITIVO. En consecuencia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. OTRAS CONSIDERACIONES. Se hace la aclaración que las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos. Notifíquese; y personalmente.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de noviembre de dos mil veinte. Ténganse por recibidas las piezas postales que contienen los oficios 9832, dirigido al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro, y 9833, dirigido al Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de San Juan del Río, Querétaro las cuales fueron devueltas por las razones que en ella se expresan; atento a su contenido y a fin de evitar mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive del presente proveído reenvíense las piezas postales a las autoridades responsables antes mencionadas, a efecto de que se impongan de su contenido. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable precisada, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veinte. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

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