Gabriela Carrillo Rojas
Expediente 983/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriela Carrillo Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Informa trámites Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad a través del cual informa que requirió a la Secretaría de Educación del Estado para que en el plazo de tres días informe el resultado obtenido al oficio con terminación 1042/2023 por el cual la apoderada jurídica de la secretaria demandada solicitó los cálculos de las deducciones por concepto de impuesto sobre la renta, así como la fuente de financiamiento. Con lo anterior, se le tiene informando los trámites que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a Gabriela Carrillo Rojas. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a dichas autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "1. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea lo conducente respecto de la petición que solicitó en la diligencia de requerimiento de pago de diecinueve de enero del año en curso, en el juicio laboral 615/2014, pudiendo dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. En el entendido de que la sentencia de amparo de tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que provea lo conducente a la petición en comento.". RESPECTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO Tomando en consideración que las Juntas y Tribunales Laborales son organismos jurisdiccionales con competencia definida para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, y por ello las determinaciones de su titular gozan de plena autonomía e independencia; de modo que, en la especie no es factible requerir a una autoridad diversa en términos artículo 194, de la Ley de Amparo, pues dada su envestidura no tiene superior jerárquico que tenga poder o mando que pueda obligarla a actuar o dejar de actuar en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en este controvertido constitucional. Cobra aplicación sobre el particular, la jurisprudencia 2a./J.36/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto que sigue. "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. . De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.", Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-983/2023, promovido por ********************, por conducto de sus apoderados ********************y ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad responsable remitió copia certificada de diversas constancias del juicio laboral ******************** de su índice; medio de convicción que se tiene por admitido y desahogado en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 612/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-983/2023, promovido por ********************, por conducto de sus apoderados ********************y ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ********************, por conducto de sus apoderados ********************y ********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente X-983/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que reclama lo siguiente: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad ordenadora: La omisión de acordar y requerir a la demandada del cumplimiento del pago al que resultó condenada la autoridad que fue demandada Secretaría de Educación en el Estado dentro del juicio laboral ********************, realizando todas las gestiones para que se le cubra el adeudo a la trabajadora -aquí peticionaria de amparo-; acorde a lo solicitado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés. De la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con sede en esta ciudad, en cuanto autoridad ejecutora: La omisión de realizar el pago del laudo y sus accesorios, actos derivados del juicio de origen. CUARTO. Certeza del acto reclamado identificado con el inciso a). Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que expresamente negó la existencia de la omisión reclamada dentro del juicio laboral número ********************, bajo el argumento de que el diecinueve de enero del año en curso, se realizó el requerimiento de pago y/o embargo por la cantidad de $******************** pesos ******************** moneda nacional, en las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán; y, que mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, ordenó requerir a ésta para que realice los trámites necesarios para lograr su cumplimiento bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se le aplicará el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda- diecinueve de julio del año en curso-; como tal el tribunal responsable no había atendido a la petición realizada por la requirente constitucional en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo. A mayor claridad, dicha diligencia se entendió con ********************, en cuanto apoderado de la citada secretaría, requiriéndose el pronto pago por la cantidad de $******************** pesos ******************** moneda nacional; y, en caso de negativa se procedería a realizar embargo ordenado. De ahí que, el apoderado de la secretaría citada, manifestó que para poder realizar el trámite de pago era necesario que la quejosa proporcionara los documentos relativos a la cedula fiscal, INE, CURP y clave interbancaria o estado de cuenta; y, en relación al embargo adujo que estaba imposibilitado para señalar benes para dicho embargo porque los bienes que posee la demandada integran el patrimonio del estado y por ende, tienen el carácter de inembargables. En ese acto, el apoderado de la hoy quejosa, exhibió la documentación requerida; se opuso a señalara bienes para embargar; y, solicitó al tribunal responsable girara oficios a: a) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe las cuentas bancarias, títulos de crédito e inversiones a plazo fijo que estén registradas a nombre de la Secretaría de Educación en el Estado; b) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para que informe el monto de la partida presupuestal que se tenga asignada para el presente ejercicio a la Secretaría de Educación en el Estado. c) El Registro Público d la Propiedad y de Comercio del Estado de Michoacán, para que informe los bienes muebles e inmuebles que estuvieran registrados a nombre de la multireferida secretaría en esta ciudad, y en los municipios de Uruapan y Lázaro Cárdenas., indicando las características de cada uno de ellos y vigentes a la fecha en caso de tener o no gravamen. d) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para que informe los vehículos automotores, automóvil, camioneta o camión, registrados a nombre de la demandada, remitiendo datos como marca, modelo, placas de circulación, entre otros. Lo anterior con el objeto de determinar los que sean de más fácil realización para garantizar el monto del adeudo; sin que a la fecha el tribunal responsable no haya acordado lo conducente a tal petición. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que la omisión reclamada existe. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió las copias certificadas relativas al juicio laboral ********************. Documentales a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Resulta fundado el concepto de violación atento a las siguientes consideraciones. La parte quejosa sustancialmente arguye que la responsable ha sido omisa en administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley, toda vez que refiere que desde la diligencia de requerimiento pago y/o embargo de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable ha sido omisa de requerir a la demandada del cumplimiento del pago al que resultó condenada la autoridad que fue demandada Secretaría de Educación en el Estado dentro del juicio laboral ********************, realizando todas las gestiones para que se le cubra el adeudo a la trabajadora, específicamente, sin que a la fecha haya atendido la petición realizada en dicha diligencia por parte de la quejosa, lo cual viola flagrantemente su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal. El motivo de discrepancia es fundado. En principio, debe invocarse el contenido de los artículos 17 de la Constitución Federal y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los que se encuentra consagrado el derecho de acceso a la justicia, numerales de contenido siguiente: "Artículo 17. [.]. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" Sobre el derecho de acceso efectivo a la justicia en su vertiente de justicia pronta, la Suprema Corte de Justicia al resolver amparo en revisión 522/2007 estableció que se traduce en la obligación de las autoridades de resolver la controversia sometida a su jurisdicción dentro de los plazos que para tal efecto se establezca en las leyes, a fin que los actos que integran el procedimiento judicial, no se prolonguen indefinidamente, lo cual implica exigir que la solución de un asunto se produzca en un plazo razonable. Por ello, las autoridades formal o materialmente judiciales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos en la ley. De tal suerte que la finalidad de este derecho no se logra si entre su ejercicio y su obtención se generan retardos injustificados en los plazos previstos en el texto constitucional, así como en las leyes secundarias. Las consideraciones anteriores se reflejaron en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Ahora, resulta necesario transcribir el contenido de los artículos 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios: "Artículo 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. Artículo 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente." De los preceptos transcritos, se desprende toralmente que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, está obligado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos, y, que una vez que se solicite la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado con la parte solicitante, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo. Máxime, que de conformidad con el artículo 114 de la ley burocrática estatal, prevé lo siguiente: "ARTICULO 114. Cualquier término no especificado en esta Ley, será de tres días hábiles": En ese contexto, se entiende que cualquier término no especificado en la ley burocrática estatal será de tres días, para efecto de cualquier actuación que expresamente no se prevea en el ordenamiento en comento. En otro sentido, de las constancias procesales remitidas por la autoridad responsable se obtiene que dentro del juicio laboral número ********************, se realizó el requerimiento de pago y/o embargo por la cantidad de $******************** pesos ******************** moneda nacional, en las instalaciones de la demandada Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán Esa diligencia se entendió con ********************, en cuanto apoderado de la citada secretaría, requiriéndose el pronto pago por la cantidad de $******************** pesos ******************** moneda nacional; y, en caso de negativa se procedería a realizar embargo ordenado. De ahí que, el apoderado de la secretaría citada, manifestó que para poder realizar el trámite de pago era necesario que la quejosa proporcionara los documentos relativos a la cedula fiscal, INE, CURP y clave interbancaria o estado de cuenta; y, en relación al embargo adujo que estaba imposibilitado para señalar benes para dicho embargo porque los bienes que posee la demandada integran el patrimonio del estado y por ende, tienen el carácter de inembargables. En ese acto, el apoderado de la hoy quejosa, exhibió la documentación requerida; se opuso a señalara bienes para embargar; y, solicitó al tribunal responsable girara oficios a: a) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe las cuentas bancarias, títulos de crédito e inversiones a plazo fijo que estén registradas a nombre de la Secretaría de Educación en el Estado; b) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para que informe el monto de la partida presupuestal que se tenga asignada para el presente ejercicio a la Secretaría de Educación en el Estado. c) El Registro Público d la Propiedad y de Comercio del Estado de Michoacán, para que informe los bienes muebles e inmuebles que estuvieran registrados a nombre de la multireferida secretaría en esta ciudad, y en los municipios de Uruapan y Lázaro Cárdenas., indicando las características de cada uno de ellos y vigentes a la fecha en caso de tener o no gravamen. d) La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para que informe los vehículos automotores, automóvil, camioneta o camión, registrados a nombre de la demandada, remitiendo datos como marca, modelo, placas de circulación, entre otros. Lo anterior con el objeto de determinar los que sean de más fácil realización para garantizar el monto del adeudo; sin que a la fecha el tribunal responsable haya acordado lo conducente a tal petición, sino que únicamente mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, el tribunal responsable ordenó requerir a la citada secretaría para que realice los trámites necesarios para lograr el total cumplimiento del laudo, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo se le aplicará el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ahora bien, al margen del requerimiento de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en efecto de las constancias que integran el juicio natural a la fecha en que se emite la presente resolución se advierte que el tribunal responsable no atendió la petición de la requirente constitucional en los términos que lo solicitó en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo de diecinueve de enero del año en curso. Con esas bases, al adminicular las manifestaciones de la quejosa con el contenido del informe justificado es dable corroborar que efectivamente aun cuando en el juicio de origen existe una resolución definitiva firme, a la fecha la autoridad responsable ha omitido realizar los actos necesarios o implementar las medidas conducentes para velar por su eficaz e inmediata ejecución, aun cuando en términos del artículo 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo se encuentra obligado a ello. En ese sentido, es claro que tal como lo refiere la quejosa, si a la fecha el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán no ha proveído la solicitud que realizó la aquí quejosa en la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo dentro del juicio natural, dicha omisión se traduce en una violación en su perjuicio del derecho de acceso a la justicia establecido en el artículo 17 Constitucional, relativa a la impartición de justicia pronta y expedita. Lo anterior, porque lo solicitado por la quejosa en los términos que precisó en la diligencia de requerimiento de pago de diecinueve de enero del año en curso, el tribunal responsable no ha acordado lo conducente, de ahí que hasta este momento la responsable no ha realizado los actos necesarios para proveer respecto de su eficaz e inmediato cumplimiento. En consecuencia, con la finalidad de restituir a la quejosa ******************** en su derecho fundamental violado, lo conducente es otorgarle la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: 1) El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de manera inmediata provea lo conducente respecto de la petición que solicitó en la diligencia de requerimiento de pago de diecinueve de enero del año en curso, en el juicio laboral ********************, pudiendo dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. En el entendido de que la sentencia de amparo de tendrá por cumplida cuando se reciba copia autorizada de la determinación en la que provea lo conducente a la petición en comento. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de contenido literal siguiente: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Al margen de lo anterior, no se soslaya que en esta instancia no fue llamada la autoridad señalada como responsable Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, pues, de las constancias allegadas al sumario se advierte que no había sido vinculada en el juicio de origen; de ahí que no tenga participación directa. A más que es innecesario realizar especial pronunciamiento respecto al contenido del concepto de violación identificado con el inciso b), toda vez que dicho su estudio no mejorará los efectos de la concesión de amparo ya precisados. Se cita en lo conducente el criterio de rubro y contenido que dice: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 193338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: III.3o.C.53 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Septiembre de 1999, página 789 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CASO EN EL QUE SI UNO DE ELLOS RESULTA FUNDADO, HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Si uno de los conceptos de violación se estima fundado debido a la incongruencia de la sentencia reclamada, al haber incurrido la responsable en la omisión de estudiar la totalidad de los agravios expresados por el inconforme, resulta innecesario hacer el estudio de los restantes conceptos que tienden al fondo del negocio, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que de hacerlo, la autoridad federal sustituiría a la responsable, lo que no es permitido por virtud de que los tribunales federales no son revisores de dicha autoridad". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. PRUEBA DOCUMENTAL Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio y anexos de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la responsable colmando el requerimiento formulado el veinticinco de agosto del año en curso. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Gabriel Vieyra Corona838/2022
- Gabriel Zamora Equihua701/2021
- Gabriel Zamora Equihua673/2022
- Gabriela Ayala Herrera18/2021
- Gabriela Becerra Pérez322/2018
- Gabriela Carranza Robles566/2019
- Gabriela Carrillo Rojas320/2022
- Gabriela Delgado Ramírez784/2021
- Gabriela Durán Negrete1184/2022
- Gabriela Durán Negrete1266/2022
- Gabriela Esmeralda Santoyo Maldonado24/2023
- Gabriela Esmeralda Santoyo Maldonado1342/2023