Gabriela Carreón Conde
Expediente 655/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gabriela Carreón Conde
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de diecisiete de julio de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por Gabriela Correón Conde, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Ahora, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se realizará con posterioridad al DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriela Carreón Conde, contra el acto reclamado a la rectoría de la Universidad Veracruzana, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 655/2019-I-B. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTOS RECLAMADOS. En ese sentido, la promovente, dentro de su demanda de amparo, señaló como acto reclamado: "La omisión de garantizar la educación superior, al negar el derecho a ingresar a la carrera de Contaduría en el sistema abierto, al encontrarme en la lista de los aspirantes sin derecho a inscripción." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Tomando en consideración lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que Gabriela Carreón Conde, reclama a la Rectoría, Comisión Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad, y Dirección General de Administración Escolar, todas de la Universidad Veracruzana, el resultado del examen diagnóstico presentado para ingresar a la Licenciatura en Contaduría del sistema abierto del área económico administrativa de la Universidad Veracruzana, en la sede de esta ciudad, dentro del periodo escolar de la anualidad en curso, mismo que no le dio el derecho de ingresar a la respectiva licenciatura. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Este órgano de control constitucional advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo. Por su parte, de los artículos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se deriva que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos del quejoso y esas funciones están determinada en la ley, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra-subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. Sirve de apoyo, la tesis P. XXVII/97, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior, se tiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, como ya se apuntó, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, y que por tal se entiende como aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecute, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Lo anterior tiene sustento en la tesis XXXVI/99, que es del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La Teoría General del Derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Se impone destacar que tal dispositivo establece que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, respecto de lo cual es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del Tomo XXXIV, correspondiente al mes de septiembre de dos mil once, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De los criterios referidos se advierten las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las cuales son: a) La existencia de un órgano del Estado o de particular que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado; b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano de una facultad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, como se anticipó, la parte quejosa reclama el resultado del examen diagnóstico presentado para ingresar a nivel Licenciatura en Contaduría del sistema abierto del área económico administrativa de la Universidad Veracruzana, en la sede de esta ciudad, en el que obtuvo como resultado "SIN DERECHO A INGRESAR"; sin embargo, el acto por el que una Universidad determina que al aspirante no ha sido seleccionado para ingresar a la educación superior no es susceptible de someterse a control constitucional, pues se trata de una de las manifestaciones de autogobierno que la Constitución otorga a dicha institución. En efecto, el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las universidades públicas son organismos públicos descentralizados con autonomía especial, la cual implica que cuentan con facultades de autoformación y autogobierno para lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que tienen atribuido, fundado en la libertad de enseñanza. A mayor abundamiento es importante destacar que los artículos 1 y 11, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, disponen lo siguiente: "Artículo 1. La Universidad Veracruzana es una Institución pública de educación superior, autónoma, de interés social y con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en la capital del Estado de Veracruz-Llave y regida por las disposiciones de esta Ley, el Estatuto General y los Estatutos y Reglamentos especiales aprobados por el Consejo Universitario General. Artículo 11. Son atribuciones de la Universidad Veracruzana: XXI. Expedir su propia reglamentación; y" De la lectura de los dispositivos legales transcritos se aprecia que la Universidad Veracruzana está dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior, con derecho para organizarse como lo estime mejor, así como otorgar y expedir las normas y disposiciones generales para su mejor organización y funcionamiento. Además, reconocen el derecho de dicha institución para organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados por la propia Ley, así como para emitir disposiciones de observancia general que regulen los términos y condiciones en que prestarán sus servicios educativos, los requisitos de ingreso de sus alumnos y la forma en que administraran su patrimonio. En este contexto, la autonomía de la que legalmente pueden ser dotadas las universidades públicas confiere a éstas la facultad de autogobierno acotada constitucionalmente, cuyo ejercicio está condicionado a lo establecido en las leyes para desarrollar bases que les permita cumplir con los fines que tienen encomendados, determinar sus planes y programas de estudio, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, así como la forma en que administrarán su patrimonio. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 18/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 919, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de marzo de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Administrativa, con número de registro 164875, de rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. LA AUTONOMÍA DE LA QUE LEGALMENTE PUEDEN SER DOTADAS LES CONFIERE LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO." En tal virtud, la capacidad de decisión que se confiere a la Universidad Veracruzana está supeditada a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado y, en el ámbito de las actividades específicas para las cuales le fue conferida la autonomía, deben sujetarse a los principios que en la propia norma fundamental contemplan a la educación pública. Debe tenerse presente que en aras de que la Universidad Veracruzana logre el pleno desarrollo de los referidos ámbitos de la autoridad universitaria, se le ha habilitado para que emita disposiciones administrativas de observancia general que regulen, en términos de lo dispuesto en la Constitución Federal y las leyes respectivas, los términos y condiciones en que presta los servicios educativos, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrará su patrimonio. Es aplicable la tesis 2a. XXXVII/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 587, del Tomo XV, correspondiente al mes de abril de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 187183, de rubro: "LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL." En este orden de ideas, resulta importante precisar que el artículo 178 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana, y 13, 14 y 15, del Estatuto de Alumnos 2008, establecen: "Artículo 178. La Dirección General de Administración Escolar es responsable de la planeación, dirección y supervisión de todas las actividades relacionadas con el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de la Universidad, en los términos de la legislación universitaria y de las disposiciones establecidas por la Comisión Técnico-Académica de Ingreso y Escolaridad; y contará para el ejercicio de sus funciones con la Dirección de Servicios Escolares, la Oficialía Mayor, y los Departamentos que sean necesarios para su funcionamiento, siempre que cuente con disponibilidad presupuestal. Artículo 13. Ingreso escolar es el proceso que un aspirante debe cumplir para ser admitido como alumno de la Universidad Veracruzana, y está determinado por la capacidad de cobertura de la institución, los requisitos establecidos en la convocatoria oficial correspondiente, y demás ordenamientos universitarios. Para efectos de este Estatuto se entiende por aspirante a la persona que ha solicitado su ingreso a la Universidad Veracruzana y cumple con los requisitos y trámites que establece la institución. El ingreso escolar se dará bajo las siguientes condiciones: I. El alumno que haya causado baja definitiva de un programa educativo no podrá solicitar su ingreso escolar al mismo u otro que ofrezca el mismo plan de estudios, para el cual se otorgue el mismo Título o Grado Académico, aún en diferente modelo o modalidad; y II. En ningún caso procederá el ingreso escolar de manera simultánea a más de un programa educativo del mismo nivel, excepto para los aspirantes al área de Artes, de los que ofrece la Universidad Veracruzana. Artículo 14. El ingreso escolar a la educación formal puede realizarse por dos vías: I. Por examen de ingreso; y II. Por revalidación o equivalencia de estudios. El procedimiento y los requisitos de ingreso por examen se determinarán en las convocatorias oficiales respectivas, así como en lo señalado por este Estatuto. El procedimiento y los requisitos de ingreso por revalidación o equivalencia de estudios se rigen por este Estatuto y por lo establecido en el Reglamento de Revalidación y Reconocimiento de Estudios. SECCIÓN PRIMERA POR EXAMEN Artículo 15. El examen de ingreso es uno de los requisitos que deben cumplir los aspirantes y consiste en la evaluación diagnóstica de sus conocimientos, actitudes, aptitudes y destrezas. Se presenta en las fechas y bajo las condiciones establecidas en las convocatorias oficiales correspondientes." En términos de los preceptos transcritos, para ingresar a la Universidad es indispensable, solicitar la inscripción atendiendo a los instructivos que se establezcan, es decir, las personas deben cumplir con los requisitos que la Universidad Veracruzana establezca y atendiendo a la autonomía otorgada, atender cada uno de los puntos que señale el instructivo o convocatoria que al efecto se emita. De esta manera, los aspirantes a ingresar a la Universidad Veracruzana, sólo adquirirán la condición de alumnos con todos los derechos y obligaciones que establecen las disposiciones de la Universidad, hasta que sean admitidos. En otros términos, se considerará alumno o miembro de la comunidad de la Universidad Veracruzana, todo aquél que haya cumplido con los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos de la propia institución de enseñanza superior. Por tanto, hasta que la gobernada sea considerada alumna de la Universidad Veracruzana, por haber cumplido los requisitos de ingreso establecidos por la normatividad aplicable, es decir, haya sido admitido por la autoridad competente y se encuentre inscrito en alguno de los programas académicos que imparte la casa de estudios en cita, es inconcuso que será entonces que se incorporará en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica. Así, el diagnóstico del examen presentado para ingresar a la Licenciatura en Contaduría del sistema abierto del área económico administrativa de la Universidad Veracruzana, en la sede de esta ciudad, dentro del periodo escolar de la anualidad en curso, en el que obtuvo como resultado "SIN DERECHO A INGRESAR", no constituye un acto de autoridad, ya que de ninguna manera se modificaron, restringieron o alteraron los derechos del gobernado, característica esencial para ser considerado como acto de autoridad, ello es así, pues la parte quejosa pretende adquirir la calidad de alumna de una institución de educación superior y el acto reclamado tuvo lugar con motivo de la potestad de que está investida la Universidad Veracruzana al impartir la enseñanza superior y, como tal, cuenta con plena autonomía para la admisión de estudiantes, en tanto que el Estatuto General y de Alumnos de 2008, contiene las bases correspondientes y además, no crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los solicitantes, pues éstos sólo son aspirantes a ingresar a dicha universidad y por ello no gozan de derecho alguno protegido por la Constitución, la cual establece en su artículo 3° como obligatoria la impartición de educación básica y la media superior. Aunado a que es voluntad de los aspirantes atender las convocatorias a efecto de poder ingresar a los estudios superiores que imparte la Universidad Veracruzana, en un plano de coordinación más no de supra a subordinación, es decir, no se trató de una imposición de la autoridad en el sentido de estimar que la aquí quejosa debía presentarse a tal convocatoria de manera obligatoria; por tanto, tal acto no tiene la característica de unilateralidad que distingue a cualquier acto de autoridad, pues los aspirantes no son forzados a presentarse a la convocatoria para, en su caso, estar en posibilidad de ingresar a cursar la educación superior que no obstante el resultado adverso, ello no le dota del carácter de acto de autoridad. En efecto, los aspirantes de una convocatoria para ingresar a estudios de nivel licenciatura sólo cuentan con la posibilidad de ser tomados considerados en la selección de ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y lineamientos establecidos en la convocatoria y no así con un derecho a ser inscrito de manera obligatoria por las autoridades universitarias; de ahí que no exista entre la autoridad y la aquí quejosa en su calidad de aspirante una relación de supra a subordinación. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 180/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1261, del Tomo XXIII, correspondiente al mes de enero de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Administrativa, con número de registro 176075, de rubro: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que dio origen a los presentes autos. Asimismo, atendiendo a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional para que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PROMOVENTE. Para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Córdoba Pérez, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el número de registro 185557. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la promovente de amparo.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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