Gabriela Carolina Herrera Preciado
Expediente 126/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 126/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/06/2022
Partes del expediente
- Gabriela Carolina Herrera Preciado
- Congreso del Estado de Jalisco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa en el caso y en lo futuro, la aplicación del artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil veintidós; 2. Desaplique a la parte quejosa, la sobre tasa de cien por ciento, para el pago del impuesto predial, del predio que se encuentra amparado en el pago del recibo oficial 6827343 AA, de doce de enero de dos mil veintidós. 3. Por consiguiente, deberá devolverse la cantidad, restante de la sobretasa que resulte del pago realizado en el recibo de referencia. Es así, pues esta sentencia no tiene por efecto liberar a la disconforme del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la norma a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. Cabe precisar que la devolución de la cantidad enterada por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163321, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante al comunicado 1400/2022/T-3619, la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, informó estar realizando diversos actos a fin de acatar lo ordenado en el fallo protector. La citada autoridad responsable, por medio del oficio 1400/2022/T-3619, allegó copia simple del Acuerdo de Devolución por sentencia definitiva ACDEV-IP1400/2022/T-3819, de trece de mayo de dos mil veintidós, en el que ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la impetrante la obligación que constriñe el artículo tildado de inconstitucional, ordenando expedir un cheque a favor de la incoante valioso por la cantidad de $13,784.93 (trece mil setecientos ochenta y cuatro pesos 93/100 moneda nacional). Por medio del comunicado 1400/2022/T-4599, la autoridad administrativa en comento, informó que la quejosa recogió el documento de valor a su nombre, el dos de junio de dos mil veintidós, asimismo, remitió copia simple del cheque 167505, a favor de la impetrante y valioso por la cantidad antes señalada, del que se desprende se acusó de recibo en dicha data, así como el original del recibo interno CH- 167505, de dos de junio de la presente anualidad, por la cantidad de referencia. Con lo cual, en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, desincorporó de la esfera jurídica de la impetrante la obligación que constriñe el artículo tildado de inconstitucional y le devolvió la cantidad de $13,784.93 (trece mil setecientos ochenta y cuatro pesos 93/100 moneda nacional). En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE CITATORIO: Se notifica por medio de lista de acuerdo que se publica en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, y se fija en el ingreso de ciudad judicial, a la PARTE QUEJOSA, el auto de DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS, por el cual se acordó lo siguiente: Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintidós, este juzgado de Distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo y la restitución a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, tiene el carácter de autoridad vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque es quien dentro del ámbito de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76, 94 y 96 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y 52, 53, fracción XIV, 73, fracción VI, 79, fracción III, 80, 87, fracción XXXIX del Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, habrá de realizar lo siguiente: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa en el caso y en lo futuro, la aplicación del artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2022 dos mil veintidós; 2. Desaplique a la parte quejosa, la sobre tasa de cien por ciento, para el pago del impuesto predial, del predio que se encuentra amparado en el pago del recibo oficial 6827343 AA, de doce de enero de dos mil veintidós. 3. Por consiguiente, deberá devolverse la cantidad, restante de la sobretasa que resulte del pago realizado en el recibo de referencia. Es así, pues esta sentencia no tiene por efecto liberar a la disconforme del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la norma a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. Cabe precisar que la devolución de la cantidad enterada por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163321, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante al comunicado 1400/2022/T-3619, la Tesorera Municipal de Zapopan, Jalisco, informó estar realizando diversos actos a fin de acatar lo ordenado en el fallo protector. La citada autoridad responsable, por medio del oficio 1400/2022/T-3619, allegó copia simple del Acuerdo de Devolución por sentencia definitiva ACDEV-IP1400/2022/T-3819, de trece de mayo de dos mil veintidós, en el que ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la impetrante la obligación que constriñe el artículo tildado de inconstitucional, ordenando expedir un cheque a favor de la incoante valioso por la cantidad de $13,784.93 (trece mil setecientos ochenta y cuatro pesos 93/100 moneda nacional). Por medio del comunicado 1400/2022/T-4599, la autoridad administrativa en comento, informó que la quejosa recogió el documento de valor a su nombre, el dos de junio de dos mil veintidós, asimismo, remitió copia simple del cheque 167505, a favor de la impetrante y valioso por la cantidad antes señalada, del que se desprende se acusó de recibo en dicha data, así como el original del recibo interno CH- 167505, de dos de junio de la presente anualidad, por la cantidad de referencia. Con lo cual, en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que atendieron los lineamientos del fallo protector, esto es, desincorporó de la esfera jurídica de la impetrante la obligación que constriñe el artículo tildado de inconstitucional y le devolvió la cantidad de $13,784.93 (trece mil setecientos ochenta y cuatro pesos 93/100 moneda nacional). En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documentos. Ahora bien, toda vez que resulta innecesario que permanezca en este juzgado el documento exhibido por la parte quejosa, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recoger dicho documento, dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así se establece en los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Apercibida que de no acudir por este, en el plazo indicado, podrá ser depurados junto con el expediente, sin ulterior acuerdo.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que signa la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, allega el original del acuerdo de devolución ACDEV-IP1400/2022/T-3849, de trece de mayo de dos mil veintidós, en el cual se ordenó desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa en el caso y en los futuro, la aplicación del artículo del artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2022, desaplique a la parte quejosa, la sobretasa de cien por ciento, para el pago del recibo oficial 6827343 AA, y como consecuencia, se ordenó expedir cheque a favor de Gabriela Carolina Herrera Preciado, por la cantidad de $13,748.93 (trece mil setecientos ochenta y cuatro pesos 93/100 moneda nacional), de conformidad con la liquidación. Asimismo, solicita se le dé vista a la parte quejosa a efecto de que se presente en el término de diez días, contado a partir de la presentación de esta promoción, a recoger el título de crédito emitido a su favor en día laborable de oficina, de las diez a las doce horas, en ventanilla 95, ubicada en la planta baja, del nuevo Municipal CISZ, localizado en Avenida Prolongación Laureles, número 300, colonia Tepeyac, del municipio de Zapopan, Jalisco. Sin que sea factible atender a su petición, toda vez que la autoridad oficiante omitió remitir copia certificada del título de crédito a favor de la quejosa. Requerimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la referida autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se reciba el comunicado que derive del presente proveído, remita copia certificada completa y legible, de la orden de pago o título de crédito a nombre de la aquí quejosa que ampara la devolución de la cantidad precisada en el fallo protector a favor, o en su defecto, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dos de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de este asunto, se pudo advertir que en proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se tuvo al coordinador de asuntos jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, así como al director de amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, rindiendo los informes justificados de sus representados de conformidad a los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo; sin embargo, dicha determinación fue notificada por medio de lista a las partes el veinticuatro del referido mes y año. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, debido a que las referidas autoridades responsables no rindieron sus informes de ley con la oportunidad de ocho días previos a la celebración de este asunto, como lo establece el aludido numeral 117, para el efecto de que las partes se impongan de su contenido; se determina diferir la audiencia constitucional señalada para el día hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Tiene sustento lo anterior, en la siguiente tesis jurisprudencial cuyo rubro a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO" Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
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