Gabriela Campos Alcantara

Expediente 800/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
800/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Campos Alcantara

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio remitido vía interconexión, firmado electrónicamente signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con la evidencia criptográfica de la firma electrónica de Froylan Piña Villegas, mediante el cual, acusa recibo del diverso oficio a través del cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como las copias de demanda exhibidas por la promovente; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo en cita, en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia asumida por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el artículo 21, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa

  2. Principal

    Ciudad de México, a quince de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio remitido vía interconexión, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con la evidencia criptográfica de la firma electrónica de Froylan Piña Villegas, a través del cual, acusa recibo del diverso oficio por el que se le remitió el juicio de amparo 800/2021-I, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Gabriela Campos Alcántara, por propio derecho, e informa que asume la competencia planteada, por lo que solicita se le remita el expediente original del juicio de amparo en que se actúa, así como de las copias de demanda que fueron exhibidas por la quejosa. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como lo solicita el promovente y en obvio de mayores dilaciones procesales remítanse los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, así como las copias de demanda exhibidas por la promovente al juzgado oficiante, solicitando se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cinco de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta promovida por Gabriela Campos Alcántara, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, se forma expediente y se registra en el Libro de Gobierno con el número 800/2021-I. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de garantías, con independencia de su procedencia, se advierte que este Juzgado Sexto de Distrito en Materia JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 Administrativa en la Ciudad de México es legalmente incompetente por razón de materia para conocer de la presente demanda de garantías, según se pondrá de relieve al tenor de las consideraciones que enseguida se realizan: La jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 3 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ARTICULO 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. ARTICULO 50. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. ARTICULO 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 5 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 58. Las y los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 7 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? las y los miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 6o. Constitucional, en materia del derecho de réplica. Artículo 59. Las y los jueces de distrito mercantiles federales conocerán: I. De las controversias del orden mercantil cuando la persona actora no haya optado por iniciar la acción ante las o los jueces y tribunales del orden común conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos no podrá declinarse la competencia en favor de dichos jueces y tribunales; II. De todas las controversias en materia concursal; III. De los juicios mercantiles en los que la Federación sea parte; IV. De los juicios mercantiles que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción de la persona juzgadora; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia mercantil cuyo valor exceda de una cantidad equivalente a un millón de Unidades de Inversión por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la solicitud; JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 VI. Del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales comerciales cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, y de la nulidad de laudos arbitrales comerciales nacionales o internacionales cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, y VII. De las acciones colectivas mercantiles a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 9 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con los postulados de los preceptos transcritos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito del siguiente modo: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal; Jueces de Distrito en Materia Administrativa; Jueces de Distrito Civiles Federales; Jueces de Distrito Mercantiles Federales; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil; y, Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Asimismo, de la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Los criterios señalados justifican la especialidad por materia, pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican en forma preferente a las diversas ramas del derecho, y por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento a los principios que alberga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, sobre el tema de la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), que es del rubro: JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 11 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (No. Registro: 919,034, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis: 182, Página: 296). Precisado lo anterior, sobre la base de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación del Juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional, la cual es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (No. Registro: 192,097, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000), Página: 32). La jurisprudencia transcrita establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. También, se destaca que la precisión de los actos reclamados debe realizarse sin tomar en cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad; así se advierte de la jurisprudencia, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. (No. de Registro: 239099, Séptima Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 18 Tercera Parte, Página: JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 159) Ante tal imperativo, del estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados destacados la aprobación, expedición, promulgación, publicación y ejecución de los artículos 19, fracción XLIII, 50, fracción III, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 65, 69, así como el cuarto, séptimo y octavo transitorios de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil veintiuno, pues aduce que dichas disposiciones vulneran su estabilidad laboral, pues se encuentran encaminados a desaparecer la categoría de personal de base al establecer una serie de condiciones innecesarias y extraordinarias para mantener su puesto de trabajo, pasando por alto que con motivo de su antigüedad como trabajadora de base en la Fiscalía General de la República ha obtenido diversos derechos que no pueden ser modificados ni revocados, por lo que se pone en peligro inminente su permanencia en dicha dependencia. Asimismo, refiere que actualmente cuenta con el puesto de técnico superior adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la citada Fiscalía, lo cual se corrobora con la copia simple de su credencial número 577677, que exhibe con su escrito de demanda. En esas condiciones, se advierte que el acto reclamado es de naturaleza laboral, atendiendo a que para determinar cuándo se está ante un acto que pertenece a la materia laboral, no basta que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad de trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 13 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? aplicar la Ley Federal del Trabajo, sino que se requiere que la controversia derive de una relación de trabajo o de un conflicto obrero-patronal, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Época: Novena Época Registro: 180735 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Septiembre de 2004 Materia(s): Laboral Tesis: I.14o.T.1 L Página: 1714." En ese sentido, de las manifestaciones vertidas por la propia promovente en su escrito de demanda, se advierte que la misma se desempeña como Técnico Superior adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Fiscalía General de la República, por lo que no se encuentra dentro del régimen de excepción previsto en el artículo 123 apartado B, fracción XIII constitucional, toda vez que no es Agente del Ministerio Público, Agente de la Policía de Investigación o Perito, y si bien presta sus servicios en esa institución, no realiza las funciones encomendadas por el artículo 21 de la Constitución Federal, por lo tanto, la relación que guarda dicha quejosa con esa institución no es administrativa, sino laboral. Al respecto, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que la interpretación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previstos en el JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 precepto constitucional, solo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio profesional de Carrera Policial, al ser considerado personal de confianza. Por lo tanto, si la quejosa Gabriela Campos Alcántara no desempeña funciones de Agente del Ministerio Público, Agente de la Policía de Investigación o Perito, lo relativo a sus condiciones de trabajo y permanencia forma parte de la materia de trabajo y no de la administrativa. Lo anterior encuentra justificación en la jurisprudencia 2ª / J.67/2012 (10ª) de rubro siguiente: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL." En consecuencia, no podrían analizarse los actos reclamados que ahora se combaten bajo la óptica de un asunto de carácter administrativo, sino que para estudiar su inconstitucionalidad, el juzgador del conocimiento requiere necesariamente verificar el cumplimiento de normas de índole netamente laborales; por lo tanto, el asunto encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Resulta aplicable a la anterior determinación, la tesis I.14o.T.1 L, sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1714, tomo XX, mes de septiembre JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 15 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. Cuando surge la disyuntiva de si un acto es de naturaleza laboral o administrativa, para considerar lo primero no basta con que el acto de autoridad tenga sustento en un dispositivo de la Ley Federal del Trabajo, ni que éste sea aplicado por alguna de las autoridades previstas en el artículo 523 de esa legislación, sino que debe tomarse en cuenta que la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. Además, debe tenerse presente que concebido el derecho del trabajo en el artículo 123 de la Constitución de 1917 como un sistema de mínimos derechos en favor de los trabajadores y máximas obligaciones a su cargo, se dota a la clase trabajadora de herramientas de lucha para superar sus derechos y disminuir sus obligaciones legales, como son la sindicación, la huelga y la contratación colectiva, que le permiten nivelar su fuerza social con la fuerza económica del patrón, entonces, también las controversias que tengan que ver con la formación, registro, funcionamiento y dirección de sus organizaciones, esto es, los conflictos intergremiales o de los sindicatos con sus agremiados, quedan comprendidas dentro del marco de la materia laboral. Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. En conclusión, para que un acto de autoridad pueda considerarse de contenido materialmente laboral, no bastará que sea emitido por una dependencia prevista como autoridad del trabajo, ni que su actuación se sustente en la facultad para aplicar la Ley Federal del Trabajo, para vigilar y hacer efectivas las normas de esa legislación, ya que si no se vincula con alguno de los campos anteriormente señalados, se quedará en el mero ámbito de la relación autoridad-gobernado y, por consecuencia, deberá considerarse que se trata de un acto materialmente administrativo, cuyo conocimiento será de la competencia de un órgano de amparo en materia administrativa." Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías y ordena remitir de manera electrónica vía interconexión, la demanda que dio origen al presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno, a quien se considera competente para conocer del asunto y con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la Oficial Judicial encargada del Sistema Integral de JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 17 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que realice los ajustes necesarios para que haga disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto que el juzgado, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad de las constancias que integran el expediente digital relativo al juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, sin que de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión del acto reclamado en la demanda de amparo, en tanto que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese sentido, se solicita atentamente al Juzgado de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica vía interconexión, el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Sin que haya lugar a notificar personalmente el JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 presente proveído a la promovente, en atención a la jurisprudencia número P./J. 12/96, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMUN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. (No. Registro:200,158 Novena Época, Instancia: Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Página: 55). En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. No obstante lo anterior, en atención su solicitud, con el fin de brindar seguridad jurídica a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 3, 26, fracción IV, 30, párrafo primero fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, numerales 35, a 38 y 55, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto de los usuarios "ZeltzinMtzB", "SViveros", y "fedex_jes", toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, autorización que de conformidad con el último párrafo del JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 TRÁMITE 19 JUICIO DE AMPARO P- 800/2021-I ??????????????? artículo 57 del primero de los Acuerdos citados, lleva implícita la necesaria consulta del expediente electrónico. En el entendido de que de conformidad con el artículo 60 último párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las notificaciones se tendrán por hechas a partir de que el primero de los autorizados para tal efecto, consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente la constancia de notificación ante la falta de consulta del expediente electrónico dentro de los plazos previstos por el artículo 62 del multicitado acuerdo general. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sergio Viveros Romero, Zeltzin Martínez Blancas y Miguel Jiménez Roldan, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Se hace del conocimiento de la parte quejosa, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3º.C.725 C de rubro: JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af 25/01/24 10:35:32 REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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