Gabriela Borrego Inguanzo
Expediente 1680/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1680/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 22/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gabriela Borrego Inguanzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Juicio de Amparo: 1680/2018 El veintidós de abril de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió para la parte quejosa del tres al dieciséis de abril de dos mil diecinueve, sin que se haya recurrido la sentencia dictada el veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 1680/2018. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el veintinueve de marzo del dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento, por lo que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar
- Principal
El cuatro de abril de dos mil diecinueve, se da cuenta con la razón actuarial que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que al actuario judicial de la adscripción el uno de abril de dos mil diecinueve, no le fue posible notificar en forma personal al tercero interesado Rafael Jara Madera, la sentencia dictada por este Tribunal Federal el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Ahora, de los autos se advierte que el tercero interesado fue emplazado al juicio el siete de diciembre de dos mil dieciocho, sin que en el término de tres días concedido en auto de tres de diciembre de dos mil dieciocho, ocurriera a señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y se ordena notificarle la sentencia de mérito, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante José Luis Cuevas Nolasco, secretario que autoriza y da fe. gfp SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RAFAEL JARA MADERA, LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINITINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, inciso b), y Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: ""...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1680/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Gabriela Borrego Inguanzo, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: -La determinación que resuelve consulta de no ejercicio de la acción penal, dictada con fecha 30 de octubre de 2017, por el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro de la averiguación previa 122/II/2014 tramitada ante la agencia del Ministerio Publico número 2 de Distrito de Jerez Zacatecas. Actos que a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y previo cumplimiento de una prevención, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se emplazó a los terceros interesados; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se emitió por una autoridad residente dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -La resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 122/II/2014, emitida por el Agente del Ministerio Publico número dos del Distrito judicial de Jerez, Zacatecas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Fiscal General de Justicia del Estado, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado; de ahí que se tengan acreditado el mismo (fojas 21). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias de la averiguación previa 122/II/2014, que remitió la autoridad responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En efecto, los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: 1. Del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Del día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. 3. Del día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este modo, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentida conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó el inejercicio de la acción penal decretada por el agente del ministerio público número dos del distrito judicial de Jerez, Zacatecas, en la averiguación previa 122/II/2014. Acto del cual, contrario a lo indicado por el quejoso que tuvo conocimiento el treinta de agosto de dos mil dieciocho; lo fue el veintinueve de agosto anterior, según constancia de notificación realizada en esa fecha (foja 195), que se contiene en los siguientes términos: La notificación realizada a la quejosa de la resolución reclamada, surtió efectos en la propia fecha de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales del estado de Zacatecas. De ahí que, el término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de la resolución notificada y ahora reclamada, debe computarse a partir del día siguiente a la notificación realizada, esto es, el treinta de agosto de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de septiembre siguiente, siendo inhábiles los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de septiembre por corresponder a sábados y domingos y el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por ser inhábil de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, al presentar la demanda de amparo en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; es inconcuso, que resultó extemporánea al promoverse fuera del término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, al día dieciséis o posterior a la conclusión del término de los quince días y ante lo cual debe refutarse consentido el acto reclamado. Sin que se oponga a lo anterior, que la notificación realizada a la quejosa de la resolución reclamada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se contenga el nombre de diferente persona (Flor de María Borrego Inguanzo), pues tal circunstancia, solo constituye un error en el nombre de la ofendida, que en modo alguno influye para concluir que no se notificó a la aquí quejosa la resolución ahí precisada; en tanto que en la misma se contiene el nombre y firma de dicha quejosa, lo que da certeza legal que fue a ésta a quien se le notificó dicha actuación; aunado a que la firma que se encuentra estampada en la notificación es muy similar a la que obra al calce en la demanda que dio origen a éste juicio, incluso a la de la notificación que se hizo del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que obra en foja 14 vuelta. Sirve de apoyo la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto". Máxime, que dicha actuación debe surtir sus efectos legales, ante la ausencia de resolución que la declare nula. Además, los actos reclamados por la quejosa, no se encuentran dentro de las excepciones que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentarse la demanda en cualquier tiempo, pues no se trata de normas de carácter autoaplicativo; sentencia definitiva en proceso penal; ni relativos a derechos agrarios; incluso, tampoco se advierte que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o de alguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento invocado. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Sin que lo anterior pugne con el principio pro persona, estatuido en el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Federal; ya que el cambio en la forma en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben desempeñar sus facultades, no implica que dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, entre los que se encuentra el de seguridad jurídica a través de la irretroactividad de las leyes adjetivas. Es aplicable al caso la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 1587, del Libro XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, Tomo Dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, dado que se actualizó la causal de improcedencia analizada, resulta innecesario examinar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Al respecto, tiene aplicación la tesis del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Borrego Inguanzo, contra el acto que reclamó del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese; personalmente a las partes. ..."
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1680/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Gabriela Borrego Inguanzo, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: -La determinación que resuelve consulta de no ejercicio de la acción penal, dictada con fecha 30 de octubre de 2017, por el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro de la averiguación previa 122/II/2014 tramitada ante la agencia del Ministerio Publico número 2 de Distrito de Jerez Zacatecas. Actos que a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y previo cumplimiento de una prevención, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se emplazó a los terceros interesados; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se emitió por una autoridad residente dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -La resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 122/II/2014, emitida por el Agente del Ministerio Publico número dos del Distrito judicial de Jerez, Zacatecas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Fiscal General de Justicia del Estado, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado; de ahí que se tengan acreditado el mismo (fojas 21). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias de la averiguación previa 122/II/2014, que remitió la autoridad responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En efecto, los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: 1. Del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Del día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. 3. Del día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este modo, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentida conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó el inejercicio de la acción penal decretada por el agente del ministerio público número dos del distrito judicial de Jerez, Zacatecas, en la averiguación previa 122/II/2014. Acto del cual, contrario a lo indicado por el quejoso que tuvo conocimiento el treinta de agosto de dos mil dieciocho; lo fue el veintinueve de agosto anterior, según constancia de notificación realizada en esa fecha (foja 195), que se contiene en los siguientes términos: La notificación realizada a la quejosa de la resolución reclamada, surtió efectos en la propia fecha de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales del estado de Zacatecas. De ahí que, el término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de la resolución notificada y ahora reclamada, debe computarse a partir del día siguiente a la notificación realizada, esto es, el treinta de agosto de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de septiembre siguiente, siendo inhábiles los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de septiembre por corresponder a sábados y domingos y el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por ser inhábil de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, al presentar la demanda de amparo en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; es inconcuso, que resultó extemporánea al promoverse fuera del término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, al día dieciséis o posterior a la conclusión del término de los quince días y ante lo cual debe refutarse consentido el acto reclamado. Sin que se oponga a lo anterior, que la notificación realizada a la quejosa de la resolución reclamada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se contenga el nombre de diferente persona (Flor de María Borrego Inguanzo), pues tal circunstancia, solo constituye un error en el nombre de la ofendida, que en modo alguno influye para concluir que no se notificó a la aquí quejosa la resolución ahí precisada; en tanto que en la misma se contiene el nombre y firma de dicha quejosa, lo que da certeza legal que fue a ésta a quien se le notificó dicha actuación; aunado a que la firma que se encuentra estampada en la notificación es muy similar a la que obra al calce en la demanda que dio origen a éste juicio, incluso a la de la notificación que se hizo del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que obra en foja 14 vuelta. Sirve de apoyo la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto". Máxime, que dicha actuación debe surtir sus efectos legales, ante la ausencia de resolución que la declare nula. Además, los actos reclamados por la quejosa, no se encuentran dentro de las excepciones que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentarse la demanda en cualquier tiempo, pues no se trata de normas de carácter autoaplicativo; sentencia definitiva en proceso penal; ni relativos a derechos agrarios; incluso, tampoco se advierte que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o de alguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento invocado. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Sin que lo anterior pugne con el principio pro persona, estatuido en el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Federal; ya que el cambio en la forma en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben desempeñar sus facultades, no implica que dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, entre los que se encuentra el de seguridad jurídica a través de la irretroactividad de las leyes adjetivas. Es aplicable al caso la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 1587, del Libro XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, Tomo Dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, dado que se actualizó la causal de improcedencia analizada, resulta innecesario examinar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Al respecto, tiene aplicación la tesis del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Borrego Inguanzo, contra el acto que reclamó del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante el secretario José Luis Cuevas Nolasco, que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JESÚS BORREGO INGUANZO, LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1680/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Gabriela Borrego Inguanzo, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridad responsable: Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: -La determinación que resuelve consulta de no ejercicio de la acción penal, dictada con fecha 30 de octubre de 2017, por el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro de la averiguación previa 122/II/2014 tramitada ante la agencia del Ministerio Publico número 2 de Distrito de Jerez Zacatecas. Actos que a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas y previo cumplimiento de una prevención, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciocho se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien formuló pedimento; se emplazó a los terceros interesados; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se emitió por una autoridad residente dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en: -La resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa 122/II/2014, emitida por el Agente del Ministerio Publico número dos del Distrito judicial de Jerez, Zacatecas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Fiscal General de Justicia del Estado, rindió informe justificado aceptando la existencia del acto reclamado; de ahí que se tengan acreditado el mismo (fojas 21). Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las constancias de la averiguación previa 122/II/2014, que remitió la autoridad responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia. En el caso, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. En efecto, los citados artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: 1. Del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Del día siguiente en que haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. 3. Del día siguiente al que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De este modo, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentida conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que confirmó el inejercicio de la acción penal decretada por el agente del ministerio público número dos del distrito judicial de Jerez, Zacatecas, en la averiguación previa 122/II/2014. Acto del cual, contrario a lo indicado por el quejoso que tuvo conocimiento el treinta de agosto de dos mil dieciocho; lo fue el veintinueve de agosto anterior, según constancia de notificación realizada en esa fecha (foja 195), que se contiene en los siguientes términos: La notificación realizada a la quejosa de la resolución reclamada, surtió efectos en la propia fecha de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimientos Penales del estado de Zacatecas. De ahí que, el término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de la resolución notificada y ahora reclamada, debe computarse a partir del día siguiente a la notificación realizada, esto es, el treinta de agosto de dos mil dieciocho y concluyó el veinte de septiembre siguiente, siendo inhábiles los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de septiembre por corresponder a sábados y domingos y el catorce de septiembre de dos mil dieciocho, por ser inhábil de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, al presentar la demanda de amparo en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, el veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho; es inconcuso, que resultó extemporánea al promoverse fuera del término de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, esto es, al día dieciséis o posterior a la conclusión del término de los quince días y ante lo cual debe refutarse consentido el acto reclamado. Sin que se oponga a lo anterior, que la notificación realizada a la quejosa de la resolución reclamada el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se contenga el nombre de diferente persona (Flor de María Borrego Inguanzo), pues tal circunstancia, solo constituye un error en el nombre de la ofendida, que en modo alguno influye para concluir que no se notificó a la aquí quejosa la resolución ahí precisada; en tanto que en la misma se contiene el nombre y firma de dicha quejosa, lo que da certeza legal que fue a ésta a quien se le notificó dicha actuación; aunado a que la firma que se encuentra estampada en la notificación es muy similar a la que obra al calce en la demanda que dio origen a éste juicio, incluso a la de la notificación que se hizo del auto de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, que obra en foja 14 vuelta. Sirve de apoyo la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto". Máxime, que dicha actuación debe surtir sus efectos legales, ante la ausencia de resolución que la declare nula. Además, los actos reclamados por la quejosa, no se encuentran dentro de las excepciones que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentarse la demanda en cualquier tiempo, pues no se trata de normas de carácter autoaplicativo; sentencia definitiva en proceso penal; ni relativos a derechos agrarios; incluso, tampoco se advierte que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, o de alguno de los actos previstos en el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento invocado. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORÁNEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta." Sin que lo anterior pugne con el principio pro persona, estatuido en el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Federal; ya que el cambio en la forma en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben desempeñar sus facultades, no implica que dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, entre los que se encuentra el de seguridad jurídica a través de la irretroactividad de las leyes adjetivas. Es aplicable al caso la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 1587, del Libro XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, Tomo Dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." En consecuencia, dado que se actualizó la causal de improcedencia analizada, resulta innecesario examinar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Al respecto, tiene aplicación la tesis del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo. SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Borrego Inguanzo, contra el acto que reclamó del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta determinación. Notifíquese; personalmente a las partes. ..."
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