Gabriela Bianey López Gutiérrez

Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 50 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
56/2019
Año
2019
Actuaciones
50
Última actuación
03/12/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Bianey López Gutiérrez
  • Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 50.

  1. Incidental

    INC 56/2019 MESA 6-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de diciembre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente....

  2. Incidental

    INC 56/2019 MESA 6-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Se informa a Tribunal Colegiado de Circuito del Decimotercer Circuito. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, el diecisiete del actual se dictó un acuerdo en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en ese juicio el veinticuatro de septiembre de este año, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En esas condiciones, y toda vez que la quejosa ***, por propio derecho y en representación de su menor hija ***., interpuso recurso de revisión contra la interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 41 a 47), en la que se concedió la suspensión definitiva en este cuaderno incidental; infórmese lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, que es el que tramita el citado medio de impugnación con el número ***, para los efectos legales que estime procedentes; debiendo adjuntarse al oficio respectivo copia certificada de la referida sentencia y del acuerdo en el que causó ejecutoria la misma. Notifíquese. ...

  3. Principal

    PRAL 56/2019 MESA 6-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. 1. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de septiembre de este año (fojas 201 a 217), en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que las partes lo hubieren hecho en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que obste lo anterior, el hecho de que no exista constancia que acredite que la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, haya quedado notificada de la sentencia dictada en este expediente; toda vez que, como se precisó, en la sentencia emitida, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se negó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que ningún agravio genera a dicha responsable el sentido de la misma para poder inconformarse. 2. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo del expediente. Ahora bien, como se advierte de la certificación que antecede, en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 5. Destino. Además, con fundamento en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, este expediente es depurable una vez transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por tanto, se conservará en el archivo de valor jurídico, la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. 6. Archivo reciente. De igual manera, comuníquese a las partes que, conforme a los puntos noveno, fracción I, décimo, fracción I, y vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo General, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; y, cumplido tal plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno impreso y electrónico. 7. Devolución de documentos. Por carecer de objeto su permanencia en este juicio de amparo, devuélvase a la autoridad responsable, juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, la copia certificada del expediente 112/2018, que remitió en apoyo a su informe justificado, y con la que se formó por separado el cuaderno de pruebas anexo I, relativo a este juicio de amparo (foja 68 vuelta). 7.1. Finalmente, como la parte quejosa anexó a su demanda de amparo: a) copia certificada del acta de nacimiento relativa a la menor S.I.T.L. (foja 15) y b) copia simple del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 112/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca (fojas 16 a 19); se ordena su devolución (previa identificación y razón de entrega que se dejen en este expediente), los cuales quedarán a su disposición por el plazo de noventa días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que podrá comparecer en días y horas hábiles (lunes a viernes, de 9:00 am a 15:00 pm); apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos junto con este expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa....

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO BENITO DE JSÚS TAPIA VALLE (PREVIO CITATORIO) .- AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo (foja 168 vuelta), estando presente el juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Ponciano Velasco Velasco; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes. Apertura de la audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, por lo que el secretario hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo promovida por la quejosa Gabriela Bianey López Gutiérrez, por propio derecho y en representación de la menor S.I.T.L., presentada el veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 2 a 14), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida al día siguiente en este Juzgado; auto de veinticuatro de enero del año en curso, mediante el cual se admitió la demanda (fojas 24 a 29); e informe justificado rendido por 1) la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca (foja 66 y 67). Asimismo, el secretario CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se les previno en auto admisorio de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 24 a 29). A lo anterior se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, resuélvase lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se reciben las documentales que el quejoso acompañó a su demanda, consistente en: a) Copia certificada del acta de nacimiento de la menor S.I.T.L. (foja 15). b) Copia simple del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 16 a 19); Documentales que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza y se tomarán en cuenta en la consideración respectiva; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, en el que hace constar que la parte tercera interesada formuló alegatos (fojas 47 a 50), al igual que la representante especial de la menor S.I.T.L. (fojas 118 a 120); por lo que se cierra esta última etapa y se dicta la siguiente sentencia. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 56/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil diecinueve (fojas 2 a 14), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en esa misma fecha en este Juzgado, la quejosa Gabriela Bianey López Gutiérrez, por propio derecho y en representación de la menor S.I.T.L., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos dictados por la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca; mismos que serán precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 11, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 3 y 6 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, en relación con el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Trámite de la demanda. En proveído de veinticuatro de enero del año en curso (fojas 24 a 29) se admitió la demanda; además, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde y se le notificó de la presentación de la misma (foja 32); de igual forma, en proveído de veintiséis de abril de este año (fojas 92 y 93) se tuvo como representante especial de la menor S.I.T.L. a la asesora jurídica Federal, Juana Leticia López Galindo; asimismo, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, a quien se le tuvo apersonándose al juicio el quince de marzo de dos mil diecinueve (foja 63); además, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza civil; además, el acto de ejecución, se llevará a cabo en la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta del acto reclamado por el que se realizará el estudio, el cual es: a) La determinación de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en el requerimiento hecho por la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, dentro del expediente familiar 112/2018, para que la ahora quejosa no traslade a su hija S.I.T.L. fuera del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, sin previa autorización de esa autoridad. b) La omisión de imponer una pensión alimenticia provisional a favor de la menor S.I.T.L. Es aplicable, la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 181810, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto que la parte quejosa atribuyó a la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, quedó acreditada con las manifestaciones que hizo en el informe justificado que rindió al respecto (fojas 66 y 67); así como, con las propias constancias que adjuntó a su respectivo informe (anexo I). Documentales que adquieren valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 226, publicada en el Tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, de imponer una pensión alimenticia provisional a favor de la menor S.I.T.L., lo que dará lugar a sobreseer en este juicio. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la lectura del artículo y fracción transcritos, se advierte que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando, ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior, que es idéntico al antes transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio, por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El criterio transcrito evidencia que para que se actualice la causa de improcedencia analizada, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. En el caso, uno de los actos que motivó el juicio de amparo, inicialmente, fue la omisión de la autoridad responsable de imponer una pensión alimenticia provisional a favor de la menor S.I.T.L.; ello, dentro del juicio de controversias del orden familiar 112/2018. Ahora, del propio informe, así como de las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, se puede advertir que, efectivamente, en auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 1- 48 a 50, anexo I) la secretaria de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, encargada por Ministerio de Ley, consideró que no había lugar a decretar la guarda y custodia provisional de la menor hija, a favor de Benito de Jesús Tapia Valle, así como tampoco fijar pensión alimenticia a favor de ella y a cargo de su progenitora, quedando sus pretensiones para resolverse cuando las circunstancias sean contrarias a como las narró en su escrito . Posteriormente, la autoridad responsable, en determinación de trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 54 vuelta, 55, 81 a 85 vuelta y 96, anexo I), fijó la pensión alimenticia a favor de la menor. Es decir, en lo que interesa, en el mencionado proveído (fojas 84 vuelta y 85, anexo I) la autoridad responsable determinó que del atestado del Registro Civil exhibido por la parte actora se advertía que el demandado reconvenido Benito Jesús Tapia Valle tenía la obligación jurídica de proporcionar alimentos a su menor hija, quien a la fecha contaba con tan solo siete meses de edad; además, no estaba en posibilidad de allegarse de sus propios alimentos; y al constituir los alimentos una prioridad de orden público y de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin era asegurar la subsistencia de quien los demanda, mientras se dictaba sentencia definitiva, con fundamento en los artículos 314, 315 y 320 del Código Civil del Estado, en relación con los artículos 962, 963 y 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, al ser una la acreedora alimentista, fijó por concepto de pensión alimenticia provisional el veinte por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado, como empleado de la empresa "SINVACREM S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V."; además, ordenó girar oficio al representante legal de la misma, para que procediera a efectuar el descuento y la cantidad resultante le fuera entregada a la actora reconvencionista, en representación de su menor hija, en el lugar y época de pago acostumbrado; por lo que esa empresa quedó notificada del proveído de trece de febrero del año en curso, el siete de marzo siguiente (foja 134, anexo I). Además, aunque la autoridad responsable ordenó notificar (foja 96 vuelta, anexo I) la determinación de trece de febrero de dos mil diecinueve, donde fijó la pensión alimenticia a favor de la menor, sin que obre la constancia respectiva; sin embargo, la parte quejosa conoció el resultado de esa determinación, ya que en este juicio de amparo, en proveído de ocho de abril de este año (fojas 71 a 73) se dio vista con su contenido y se notificó personalmente a su autorizado el nueve de abril del año en curso (foja 75). En ese contexto, al haber impuesto la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, al actor Benito de Jesús Tapia Valle una pensión alimenticia a favor de la menor S.I.T.L., es claro que cesaron en sus efectos los referidos actos reclamados; por tanto, en el juicio ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada ley, procede decretar el sobreseimiento en este juicio, únicamente respecto del acto consistente en: a) La omisión de imponer una pensión alimenticia provisional a favor de la menor S.I.T.L. Lo anterior es así, porque respecto al diverso acto, consistente en el requerimiento hecho por la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, dentro del expediente familiar 112/2018, a fin de que la ahora quejosa no trasladara a su hija S.I.T.L. fuera del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, sin previa autorización de esa autoridad, al estar involucrado derechos de la menor y no sólo de los progenitores, es necesario realizar su estudio; máxime que en la documental exhibida por la parte quejosa, consistente en copia simple del convenio de cuatro de abril del año en curso (fojas 151 a 154) no se advierte que hubiera quedado sin efecto la medida adoptada por la autoridad para no trasladar a la menor sin previa autorización; de modo que sí es factible analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Es ilustrativa la tesis V.3o.C.T.7 C (10a.), visible en la página 2586, del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, Libro 54, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2018, Décima Época, Registro 2016861, del contenido siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. ES ILEGAL QUE CONFORME AL ARTÍCULO 504, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE SONORA, SE DECRETE EL SOBRESEIMIENTO EN UN JUICIO ORAL SOBRE RÉGIMEN DE CONVIVENCIA. El interés superior del menor está por encima de cualquier derecho que se disputen las partes, por lo que la negligencia o descuido de alguna de ellas, no puede afectar los derechos del menor. En ese contexto, conforme al artículo citado, es ilegal que el Juez natural decrete el sobreseimiento en el juicio oral sobre cuestiones familiares, en el que se demandó la convivencia con un menor de edad, debido a la inasistencia del actor a la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. Lo anterior es así, pues con relación a los juicios en los que se disputen derechos de un menor, como la convivencia de éste con sus progenitores, resulta improcedente decretar la caducidad de la instancia, la prescripción, el desistimiento de la acción o, en su caso, el sobreseimiento. Ello, en la medida en que dichas determinaciones derivan de la voluntad, de la negligencia o del descuido de alguna de las partes que materialmente intervienen en el juicio -sea como actora o demandada- y producen los efectos siguientes: a) Anulan todos los actos procesales verificados en el juicio; b) Las cosas vuelven o se retrotraen hasta antes de la presentación de la demanda; y, c) Impiden que se resuelva la controversia de fondo planteada. Efectos que, por su importancia debe destacarse, no deben permitirse en los juicios en que se vean involucrados derechos de menores, en tanto que inciden en el interés superior de éstos, pues el derecho de convivencia es, precisamente, uno de los aspectos que integran ese interés superior, derecho que el Estado debe proteger de acuerdo con el marco normativo nacional e internacional." QUINTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. La parte quejosa, en su demanda de amparo formuló conceptos de violación (fojas 4 a 11), los cuales se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, puesto que tienen la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estimen pertinente, en caso de no ser favorable a sus intereses; como así lo ilustra la jurisprudencia del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El análisis de los conceptos de violación, en relación con las constancias de autos, conducen a estimar lo siguiente: A manera de antecedentes y para mejor comprensión del asunto, en lo sustancial, conviene mencionar la forma en que se inició el procedimiento y que dio lugar al acto que ahora reclama la parte quejosa, siendo los siguientes: 1) En escrito de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, el actor Benito de Jesús Tapia Valle demandó la guarda y custodia provisional y definitiva de la menor S.I.T.L.; para acreditar los hechos, ofreció diversos medios probatorios. Además, en lo que interesa, solicitó a favor de su menor hija, la residencia de manera provisional en el domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc número 13, Sección Cuarta, Santiago Yolomecatl, Oaxaca, que es el lugar donde actualmente habita y desde recién nacida había habitado (fojas 182 a 196, del juicio de amparo). 2) En auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, tuvo al actor Benito de Jesús Tapia Valle, en representación de su menor hija S.I.T.L., demandando a Gabriela Vianey López Gutiérrez, en la vía de las controversias del orden familiar, diversas prestaciones que enunció en su escrito de demanda. 3) En relación a la guarda y custodia solicitada por el actor, la autoridad responsable, en ese mismo auto, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 429 del Código Civil del Estado, 1°, 2°, 6°, 13°, 22, 43, así como demás relativos y aplicables de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, estableció que, en virtud de que la demandada tenía a la menor y vivían en el mismo domicilio, era procedente conceder la guarda y custodia provisional a la actora (sic); además, le hizo saber que debía otorgar los cuidados inherentes a la edad de la menor en tanto se resolvía el asunto; y determinó que la medida era susceptible de modificarse durante el trámite y sólo surtiría efectos para el caso de que, efectivamente, la citada infante se encontrara bajo la custodia material de la demandada; además, la requirió para que no la trasladara fuera del Distrito judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, sin previa autorización de esa autoridad (foja 49 vuelta, anexo I). Determinación que constituye el acto reclamado en estudio. Ahora, en el escrito de demanda, específicamente en el capítulo relativo a los conceptos de violación (fojas 4 a 10, del juicio de amparo), por lo que respecta al acto que se analiza en este considerando, la parte quejosa, sucintamente, alega lo siguiente: a) Que se viola lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el artículo 16, ante la falta de fundamentación y motivación, en la parte del acuerdo en la que se impone la medida provisional para que no se traslade a la menor, fuera del Distrito de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca (fojas 6 y 7, del juicio de amparo). b) El acto reclamado resulta violatorio de los artículos 4 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 17 y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos (los transcribe), ya que la libertad de tránsito de los individuos para su movilización y desplazamiento por el territorio nacional, se puede realizar sin necesidad de documentación de ningún tipo, sin que la autoridad tenga prerrogativa alguna para impedirlo (foja 9, del juicio de amparo). Hecha la narrativa anterior, se puede determinar que el concepto de violación en el que la parte quejosa indica que no se encuentra fundada ni motivada la medida provisional para que no se traslade a la menor, fuera del Distrito de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, es infundado. Ello es así, porque, contrario a lo que aduce, la autoridad responsable al analizar la demanda de la parte actora, específicamente respecto a la medida solicitada, citó los preceptos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 429 del Código Civil del Estado, así como los diversos 1°, 2°, 6°, 13°, 22, 43, de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes; además, al dejarle la guarda y custodia provisional de la menor S.I.T.L., a la demandada Gabriela Bianey López Gutiérrez, sólo la requirió para que no la trasladara fuera de ese Distrito, sin previa autorización y estableció que esa medida podía modificarse durante el proceso si las circunstancias así lo ameritaban (foja 49 vuelta, anexo I); con base en ello, de manera fundada y motivada, dictó el auto de veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo cual, en el aspecto formal, no se trasgredió el derecho sobre la legalidad en mención, pues se trató de una medida tendiente a garantizar el interés superior del menor; lo que es acorde con la jurisprudencia del siguiente contenido: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Así como la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, Décima Época, Registro 2020401, del contenido siguiente: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate." Por otro lado, para dar contestación al segundo concepto de violación que hace valer la parte quejosa, se estima necesario abordar algunas ideas de carácter general en torno a las medidas provisionales o cautelares, sus requisitos y principios que las rigen, para, enseguida, analizar la impuesta por la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, como lo fue la restricción de no trasladar a la menor S.I.T.L. fuera de ese Distrito Judicial, sin previa autorización de esa autoridad. Al respecto debe decirse que las providencias o medidas precautorias se decretan a través de resoluciones judiciales de carácter provisional, esto es, con efectos pre-procesales o intraprocesales, cuya finalidad es la de resguardar la materia sobre la que versa el juicio, o asegurar el cumplimiento de una resolución futura. Tales medidas se rigen por los principios de instrumentalidad y de provisionalidad, entre otros; la característica de la instrumentalidad que se atribuye a dichas providencias cautelares, significa que sirven a los fines del proceso o que son un instrumento de éste; lo que, a su vez, implica que no se constituyen como un fin del proceso, sino solamente como un medio, cuya utilidad es conservar la materia de la controversia principal o asegurar el cumplimiento de una sentencia futura. Por su parte, la provisionalidad se traduce en que dichas medidas tienen una vigencia limitada, pues están supeditadas al dictado de alguna otra resolución que las confirme o modifique, o de la sentencia firme que las deje sin efecto. Asimismo, en toda providencia precautoria o cautelar deben siempre encontrarse presentes dos características esenciales, que son: el de apariencia del buen derecho y el de peligro en la demora. La primera, supone únicamente que sea verosímil la existencia del derecho discutido en el juicio, o que en apariencia exista, mas no exige una comprobación plena del derecho porque esto último es materia de una sentencia definitiva sobre el tema principal debatido. La segunda, tiene implícita en su naturaleza que el fallo o resolución que decida la controversia puede demorar, por lo que la tutela preventiva o cautelar debe proveerse de inmediato, ya que, de lo contrario, se pondría en riesgo la materia del proceso, al poder perderse o desaparecer durante el trámite. Respecto al tema de los procedimientos de orden familiar, cabe precisar que el artículo 200 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca dispone: "Artículo 200.- El Juez practicará todas las diligencias que sean necesarias para proteger a los menores hijos, a quienes deberá escuchárseles en presencia del Ministerio Público. Asimismo, dictará todas las medidas que sean necesarias para evitar que los cónyuges, se causen daños y perjuicios entre sí, o los causen a los bienes comunes. El juez practicará las diligencias que a su juicio sean necesarias antes de dictar resolución. En el caso de violencia familiar tomará en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que hubieren realizado las instituciones públicas o privadas dedicadas a atender estos asuntos." Del referido precepto se puede deducir la imposición de medidas de carácter provisional, inclusive de oficio, cuando se trate de preservar o proteger a los menores o alguno de sus miembros; por tanto, si se toma en cuenta la naturaleza de las medidas cautelares, se llega a la conclusión de que siempre deben dictarse ponderando el interés superior del menor. En el caso, la parte quejosa aduce que el acto reclamado resulta violatorio de los artículos 4 y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los preceptos 17 y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos (los transcribe), ya que la libertad de tránsito de los individuos para su movilización y desplazamiento por el territorio nacional, se puede realizar sin necesidad de documentación de ningún tipo, sin que la autoridad tenga prerrogativa alguna para impedirlo (foja 9, del juicio de amparo). Bajo el anterior contexto, debe establecerse que la llamada libertad de tránsito está comprendida en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." De la literalidad del precepto constitucional se advierte que la libertad de circulación y residencia se traduce en el derecho que tiene toda persona para entrar o salir del país, viajar por su territorio y cambiar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, permiso o autorización alguna; asimismo, esta libertad puede estar subordinada a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal y civil, entre otras limitaciones administrativas. Este derecho humano de transitar libremente y variar de residencia sin necesidad de pasaportes o requisitos semejantes, se encuentra establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , así como en el artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos . En ambos preceptos se prevé que el derecho humano referido no puede ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertad de terceros. Sin embargo, en el caso concreto, se estima justificada la restricción a la libertad de circulación ordenada en el acto reclamado, atendiendo al principio del interés superior del menor, establecido en el artículo 4° de la Constitución Federal y, específicamente, al derecho del menor a convivir con sus padres. Respecto del interés superior del menor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés superior del menor cumple dos funciones normativas. En la primera, funge como un principio jurídico garantista y, en la segunda, sirve como una pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos. Dichas consideraciones quedaron plasmadas en la tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), visible en la página 261, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2000989, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores." Desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia, tienen el derecho de visitar y convivir con sus hijos; además, tienen el deber de hacerlo, porque se los exige el derecho humano de los menores. Por lo cual, el derecho de los hijos menores de edad para convivir con el padre o la madre del cual viven separados, puede entrar en conflicto, cuando por algún motivo alguno de ellos trate de cambiar de residencia a un lugar distante de donde radica el otro, ya que esa circunstancia puede dificultar o hasta impedir las convivencias con la regularidad y las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho, según la distancia y la dificultad de las comunicaciones, el acceso de las partes a éstos, así como el costo físico y económico que puedan representar los traslados, entre otros. Por tanto, el padre o la madre que tiene la guarda y custodia no pueden decidir, por sí solos, dónde va a vivir el hijo en común o si es trasladado a un lugar distinto, sino que tiene que tomar esa decisión de forma consensuada con el padre no custodio o, en su defecto, con autorización judicial. De ahí que el ejercicio del derecho de circulación y de residencia de un progenitor custodio puede ser válidamente restringido en virtud del derecho de su hijo a convivir con el progenitor no custodio. Es aplicable la tesis 1a. CCCLXVI/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 596, Libro 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2014, Décima Época, Registro 2007793, del contenido siguiente: "CAMBIO DE DOMICILIO DEL PROGENITOR QUE TIENE LA GUARDIA Y CUSTODIA DE UN MENOR DE EDAD. EL DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS CONSTITUYE UN LÍMITE A ÉSTE. Como regla general, los padres que detentan la guarda y custodia no pueden cambiar el domicilio del menor sin la autorización del juez, ya sea en el supuesto de que exista una determinación judicial donde se haya establecido el domicilio donde se ejercerá la guarda y custodia o cuando hay un acuerdo expreso al respecto entre los padres. A contrario sensu, puede decirse que el padre custodio puede cambiar libremente su domicilio y el del menor cuando no exista una decisión judicial o un convenio donde se establezca el domicilio del menor. No obstante, esta posibilidad tiene como limitante que el cambio de domicilio no haga nugatorio o dificulte de manera excesiva el ejercicio del derecho del menor a las visitas y convivencias. Esta situación ocurriría, por ejemplo, si el padre custodio decide cambiar el domicilio del menor a un lugar muy lejano del domicilio del padre no custodio, de tal manera que por razones económicas o de distancia sea prácticamente imposible mantener un contacto frecuente entre padre e hijo." Por lo anterior, es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, ya que la medida judicial decretada, esto es, la prohibición de no trasladar a la menor S.I.T.L. fuera del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, sin previa autorización de esa autoridad, tuvo como finalidad, precisamente, preservar el entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones afectivas, ya que, como se refirió con anterioridad, la decisión del progenitor que detenta la guarda y custodia de un menor para trasladarlo a otro lugar, no puede ser unilateral. De modo que se estima apegado a derecho que la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, determinara en acuerdo de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado, la prohibición provisional de trasladar fuera de ese Distrito Judicial a la menor, sin previa autorización, pues permitía, en ese momento, salvaguardar el derecho de convivencia con el progenitor no custodio y, sobre todo, garantizar el interés superior de la menor. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional al resolver el asunto, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por la quejosa Gabriela Bianey López Gutiérrez, por propio derecho y en representación de la menor S.I.T.L., por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a la quejosa Gabriela Bianey López Gutiérrez, por propio derecho y en representación de la menor S.I.T.L., contra el acto reclamado a la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro y San Pablo, Teposcolula, Oaxaca, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; mediante oficio que al efecto se gire, remítase copia de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe. PVV/JGMB.

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