Gabriela Bello Diaz
Expediente 853/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 853/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gabriela Bello Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de agosto de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con trece minutos del cuatro de agosto de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 853/2017, promovido por GABRIELA BELLO DÍAZ; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, se declara abierto el periodo probatorio, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas constancias del expediente laboral 01/944/15, de su índice; lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, motivo por el cual se procedió a cerrar dicho período. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 853/2017, promovido por GABRIELA BELLO DÍAZ, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 5 y 17 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada al día siguiente al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, GABRIELA BELLO DÍAZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en: ". la omisión de la autoridad responsable de impartir justicia en los plazos y términos previstos por la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en sus artículos 11, 115, 116, 117, 118 y 119 y la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria en sus artículos 6, 685, 686, 687, 735 y 838 en relación con los artículos 1, 5, 8 y 17 constitucionales al no desahogar el procedimiento dentro del término máximo establecido por la norma que regula el procedimiento, esto es, no concluir con el desahogo de las pruebas, dictar término para alegatos y emitir el laudo correspondiente." SEGUNDO. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos se declaró incompetente por razón de turno (antecedente directo) para conocer y resolver el juicio de que se trata, en favor de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado. TERCERO. Mediante oficio recibido el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se recibió la determinación de incompetencia del Juez Federal antes mencionado así como la demanda y sus anexos, en este Juzgado de Distrito y por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se aceptó la competencia declinada, se avocó al conocimiento de la demanda, la cual se admitió a trámite, registrándose con el número 853/2017, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los Acuerdos Generales 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que las sentencias deben tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." El acto de molestia se hace consistir en: "LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DESAHOGAR LAS PRUEBAS DENTRO DE LOS TÉRMINOS LEGALMENTE PREVISTOS PARA ELLO, CERRAR INSTRUCCIÓN Y DICTAR E LAUDO RESPECTIVO." TERCERO. El Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aun cuando aceptó la existencia del acto reclamado, lo hizo en los siguientes términos: ".ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, pero no en los términos que refiere la impetrante de garantías, únicamente lo es por cuanto a que ante esta H. Autoridad se tramita el expediente laboral 01/944/15, dentro del cual se desprende que con fecha cinco de octubre del año dos mil dieciséis, se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, en ese sentido y después de realizar una minuciosa búsqueda en el expediente laboral en que se actúa, se desprende que a la presente fecha solo falta por desahogar la testimonial a cargo del C. GUSTAVO NÚÑEZ LINARES, de lo cual se observa que por conducto del auto admisorio e pruebas, dicha probanza se tuvo como CONFESIONAL, señalándose para su desahogo las once horas del día veinte de enero del año dos mil diecisiete, sin embargo del auto que se emitió en la misma data señalada con antelación, se desprende que en virtud que el C. GUSTAVO NÚÑEZ LINARES ya no labora en la municipalidad demandada, se admitió y ordenó el cambio de naturaleza de la probanza en comento a la de TESTIMONIAL, señalándose las once horas del día cuatro de abril del año dos mil diecisiete, para que tenga verificativo el desahogo de dicha probanza, sin embargo llegado el día y la hora señalados para tal efecto, el ateste en comento no compareció no obstante de encontrarse debidamente notificado, en tal sentido se ordenó girar el oficio de mérito y se señaló de nueva cuenta las once horas del día veintinueve de junio del año que transcurre, a efecto de que tenga verificativo el desahogo de la probanza de mérito." (foja 46). CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos para advertir la actualización de las causales de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Del examen de las constancias que la autoridad laboral anexó a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º; se advierte la inexistencia del acto, actualizándose así, la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." En efecto, se reitera que la quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de desahogar las pruebas ofrecidas por las partes dentro de los términos legales; igualmente y como consecuencia, cerrar instrucción y dictar el laudo correspondiente dentro del expediente laboral 01/944/15. Ahora, del examen de las constancias que el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, anexó al informe justificado, se constata efectivamente que el cuatro de abril de dos mil diecisiete, se pronunció un proveído en el cual se fijaron las once horas del veintinueve de junio de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de GUSTAVO NÚÑEZ LINARES, ofrecida por la parte actora, para lo cual, en virtud de la incomparecencia del ateste de referencia en dicha fecha (cuatro de abril del año en curso), fue requerida su presencia por conducto de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos; asimismo, se hizo constar es la única prueba que falta por desahogarse; como consecuencia de ello, se puede concluir válidamente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de mayo de dos mil diecisiete) incluso a la fecha en que esto se resuelve, no existe el acto reclamado; en razón de que el juicio de origen se encuentra precisamente en la etapa de desahogo de pruebas y la autoridad laboral ha gestionado correcta y oportunamente lo necesario para agilizar dicho desahogo. En las anteriores condiciones, si la quejosa presentó su demanda de garantías solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, reclamando la omisión de la responsable de desahogar las pruebas en los términos legales así como de cerrar instrucción y en su momento dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 01/944/15, resulta incuestionable que el acto reclamado es inexistente, pues el juicio laboral que nos ocupa se encuentra exactamente en la etapa de desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte actora (aquí quejosa), y hasta que las probanzas pendientes se desahoguen, se podrá declarar cerrada la instrucción, turnar los autos a la etapa de alegatos y posteriormente dictar el proyecto de resolución en forma de laudo, actualizándose así, la causal de sobreseimiento que contempla la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis visible a página 254, Tomo XIII, Enero 1994, del Semanario Judicial de Federación, Octava Época; Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito; que dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Consecuentemente, al no quedar acreditada la existencia del acto que combate la quejosa mediante esta vía constitucional, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio, promovido por GABRIELA BELLO DÍAZ, por su propio derecho, contra el acto y autoridad señalado en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que con fecha veintidós de junio del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad; en consecuencia, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del mismo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado, rendido por el Presidente y Tercer Arbitro y la Secretaria General del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad; con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tiene como Delegados de la autoridad oficiante a las personas que designa; asimismo, se tiene por señalado el domicilio que indican, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida la prueba documental que ofrece, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.
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