Gabriela Bandera Mendoza

Expediente 592/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
592/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Bandera Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Lo anterior, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado y guardar únicamente el original. Asimismo, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó concederlas. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Gabriela Bandera Mendoza, por su propio derecho y en representación de la menor V. P. B., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, Actuario de su adscripción, Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La aplicación y ejecución directa e inmediata, a esta parte, del inconstitucional Código Civil del Estado de Morelos y el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, concretamente en el auto de fecha 08 de mayo del 2019, dentro del expediente civil número 35/2015, mediante el cual la responsable emite la inminente orden de lanzamiento con fuera pública de casa habitación de mi menor hija de nombre., sin ser parte procesal en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y sin que la Legislación Civil del Estado de Morelos, tutelen los derechos de habitación y vivienda e intereses superiores de mi menor hija.". SEGUNDO. Previo auto aclaratorio, el uno de octubre de dos mil veinte, esta autoridad, radicó el asunto con el número de expediente 592/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a los terceros interesados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la ejecución de los actos reclamados se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de lanzamiento del inmueble ubicado en el número veintiséis del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J.H. Preciado noventa y uno actualmente ciento ocho, de la colonia San Antón, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, su ejecución, relativo al juicio especial hipotecario 35/2015. La constitucionalidad de los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, actuario de su adscripción (adhiere) con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado y el juez remitió las constancias relativas, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte las responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", aceptaron el acto reclamado cada cual en el ámbito de su correspondiente competencia. Además, la certeza de actos se corrobora, respecto de los reclamados a las autoridades legislativas, con la existencia de los ordenamientos legales reclamados, ello en virtud de que dichas autoridades concurrieron al proceso y formación legislativa de los mismos, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo y, por similitud de razón, con la tesis número V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, Febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, (denominación correcta), negó el acto reclamado, sin embargo, en su calidad de autoridad ejecutora, además que la responsable ordenadora Juez Noveno Civil, aceptó la orden de lanzamiento con uso de la fuerza pública, se actualiza la presunción de certeza y se le tiene por cierto el mismo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Este Juzgador de oficio, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia, que consagra el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no acredita su interés jurídico. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley.". De la porción normativa reproducida, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Por su parte, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, en estos casos se necesita acreditar un interés jurídico. Respecto del interés jurídico, si bien la ley de la materia no da una definición exacta, ese extremo ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, como aquella situación jurídica en donde un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no existirá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Asimismo, se tiene que atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De los preceptos transcritos, se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo el juicio de garantías se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de la parte quejosa. Para acreditar tal extremo, se puede ofrecer cualquier medio de prueba previsto por las leyes que resulte idóneo, pero de ninguna manera basta para demostrarlo el hecho de presentar la demanda de amparo, pues ello sólo implica la pretensión de incitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan el interés jurídico del quejoso, pues esa afectación tiene que probarse de manera fehaciente y no de forma presuntiva. Es ilustrativa al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, ochenta y dos, octubre de 1994, página 17, del siguiente texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así pues, los supuestos que integran el interés jurídico son dos: el primero, la existencia y titularidad de un derecho y, el segundo, el resentimiento de un perjuicio en aquél proveniente de un acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio especial hipotecario 35/2015, de donde se aprecian los siguientes antecedentes: El cinco de febrero de dos mil quince, los apoderados legales de la actora BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demandaron en la vía especial hipotecaria a Antonio Pastrana Sánchez, en su carácter de acreditado y garante hipotecario la cantidad de $1,560,710. 40 pesos, por incumplimiento en el pago de amortizaciones mensuales a partir del treinta y uno de julio de dos mil catorce (fojas 2 a 97 del anexo 1). Por acuerdo de seis de febrero de dos mil quince, el juez natural radicó el asunto bajo el consecutivo 35/2015. En diligencia de dieciséis de marzo de dos mil quince, fue emplazado a juicio especial hipotecario el demandado Antonio Pastrana Sánchez (foja 109 del anexo 1). Por acuerdo de doce de mayo de dos mil quince, la responsable acusó la rebeldía del demandado Antonio Pastrana Sánchez, y ordenó las posteriores notificaciones aún las de carácter personal por boletín judicial. El diecinueve de mayo de dos mil quince, el Juez Noveno Civil responsable, emitió sentencia definitiva en la que condenó: ". PRIMERO:. SEGUNDO. La parte actora BBVA BANCOMER,. acreditó su acción; el demandado Antonio Pastrana Sánchez, no contestó la demanda. TERCERO: Se condena al demandado Antonio Pastrana Sánchez, al pago de $1,560,710.40. por concepto de saldo insoluto del crédito otorgado por la actora, calculados al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. CUARTO:. . DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede al demandado un plazo de CINCO DÍAS a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución para que haga pago. DÉCIMO TERCERO.- En caso de no realizarse el pago dentro del plazo concedido, se ordena proceder al remate del bien hipotecado y con su producto páguese al actor." Por acuerdo de nueve de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia definitiva. El seis de agosto de dos mil quince, la responsable ante el incumplimiento del demandado, ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva. En proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, se fijó las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de ese año, para que tenga verificativo el remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecario identificado como casa número 26, del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J. H. Preciado número 108, de la colonia San Antón, de Cuernavaca, Morelos. En diligencia de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo el remate en primera almoneda del bien inmueble embargado, desahogada que fue, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia interlocutoria aprobó el remate en primera almoneda, se adjudicó al actor el bien inmueble identificado como casa número 26, del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J. H. Preciado número 108, de la colonia San Antón, de Cuernavaca, Morelos, y requirió al demandado para en un plazo de cinco días compareciera a la Notaria Pública Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con apercibimiento que de no hacerlo el juez natural lo hará en su rebeldía. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución de aprobación del remate en primera almoneda, elevándose a categoría de cosa juzgada. El catorce de febrero de dos mil diecisiete, el juez natural, ante la incomparecencia del demandado a firmar la escritura, ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Dos, para tirar la escritura pública correspondiente, y él la firmaría en su rebeldía, que correspondió a la escritura pública 315,876, volumen 12,316, página 167. En acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó el lanzamiento del demandado Antonio Pastrana Sánchez, o de cualquier tercero que no tenga contrato para acreditar el uso del inmueble casa número 26, del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J. H. Preciado número 108, de la colonia San Antón, de Cuernavaca, Morelos, y autorizó el auxilio de la fuerza pública, rompimiento de cerraduras si fuere necesario. En diligencia de requerimiento de entrega de inmueble con auxilio de la fuerza pública, de veinticinco de agosto de dos mil veinte, el actuario responsable, ejecutó la sentencia definitiva lanzando al demandado Antonio Pastrana Sánchez, (foja 363 a 364 anexo 1) que constituye el acto reclamado. Ahora, la quejosa Gabriela Bandera Mendoza, por propio derecho y en su carácter de representante de la menor V.P.B., se ostenta como tercera extraña al aludido juicio hipotecario; pues refiere no fue parte en el mismo. Así las cosas, la inconforme debe cumplir con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico de la quejosa por parte del acto reclamado, principio que es consagrado tanto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como por el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el presente asunto tenemos que la quejosa no justifica su interés jurídico para ejercitar la presente acción constitucional, en virtud de que no aportó pruebas suficientes para demostrar la afectación a su esfera jurídica. Así, para demostrar su interés jurídico la agraviada ofreció como medios de convicción: Copia certificada del acta de matrimonio con identificador electrónico 17031000120190003320. Acta de nacimiento de Antonio Pastrana Sánchez, es decir, del demandado en el juicio de origen. Copia simple de la escritura pública número cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco, por la cual se celebró el contrato de compraventa, así como el de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, sobre el bien inmueble materia del juicio de origen. Con las probanzas anteriores no se acredita de manera alguna su interés jurídico como se expondrá a continuación. El acta de matrimonio, solo demuestra que la quejosa contrajo matrimonio con el demandado Antonio Pastrana Sánchez, bajo el régimen de separación de bienes. Sin embargo, conforme el régimen por el cual contrajo matrimonio, cada consorte es propietario y libre de disponer de sus bienes. Para arribar a esta conclusión, resulta oportuno destacar que los artículos 95 y 116 del Código Familiar del Estado de Morels, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 95. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. El régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el matrimonio. En caso de omisión sobre el régimen patrimonial del matrimonio se entenderá establecido el de sociedad conyugal." "ARTÍCULO 116.- RÉGIMEN DE LA SEPARACIÓN DE BIENES. Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante éste por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después." "ARTÍCULO 120.- DOMINIO Y ADMINISTRACIÓN EN LA SEPARACIÓN DE BIENES. En el régimen de separación de bienes los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicio personal, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria." Estos preceptos son claros al determinar que en el régimen de separación de bienes los cónyuges conservan la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, que tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél. Ello, considerando que uno de los aspectos que regula el contrato de matrimonio, estriba en la situación patrimonial que regirá entre los cónyuges con motivo del mismo, además de los efectos de carácter personal, precisamente porque tiende a reglamentar la situación de los bienes presentes y futuros de los consortes. En dichas condiciones, no tenía obligación el juez responsable de llamar a juicio a la quejosa como tercera interesada al procedimiento de origen, ya que no tiene derechos de propiedad sobre el bien inmueble materia del controvertido natural, y mucho menos por lo que hace a su menor hija. Por lo tanto, para acreditar el interés jurídico con base en el matrimonio que celebró con el demandado en el juicio natural, era menester que la quejosa demostrara no solo que contrajo matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, sino además que elaboraron capitulaciones matrimoniales en que señalaran que los que se adquirieran durante el matrimonio fueran de ambos o que los dos adquirieron el inmueble en común. Sirve de apoyo, la tesis I.3o.C.155 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1707, registro 2008833, que dice: "COPROPIEDAD. NO EXISTE SI EL MATRIMONIO SE CELEBRA BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004). De los artículos citados, se advierte que el régimen patrimonial del matrimonio era siempre el de separación de bienes, es decir, cada parte conservaba la propiedad y administración de los bienes que respectivamente tenían al celebrar dicho acto y los obtenidos después del matrimonio, los cuales eran del exclusivo dominio de quien los adquiría. Asimismo, en cuanto a los bienes que los cónyuges obtuvieren en común por herencia, legado, donación o por cualquier otro título oneroso o gratuito, serían administrados por ambos, rigiendo las leyes de la copropiedad. De lo que se advierte que la legislación otorgaba a los consortes la posibilidad de adquirir bienes en común, mediante actos jurídicos en los que ambos aparecieran como propietarios, los cuales debían regirse bajo el esquema de copropiedad; de ahí que para que existiera dicha figura, tenían la posibilidad de celebrar contratos de sociedad, asociación o copropiedad previa autorización judicial. De acuerdo con lo anterior, no hay copropiedad si el matrimonio se celebra bajo el régimen de separación de bienes, ya que los adquiridos por cada uno de los consortes permanecen como de su exclusivo dominio y sólo en el caso de que hubieren obtenido un bien en común, podría asistirle a la otra parte, algún derecho sobre éste, lo cual también podría ocurrir si hubieren constituido alguna sociedad o asociación". Por otra parte, respecto de la diversa documental consistente en copia simple de la escritura pública tampoco tiene el alcance de demostrar el interés jurídico de la quejosa. Lo anterior es así, pues además de que dicha documental no tiene valor probatorio pleno al tratarse de una copia simple, de ésta únicamente se advierte el contrato de compraventa del inmueble materia del juicio natural, pero de forma alguna se advierte la parte quejosa tengo algún derecho respecto del citado bien raíz. Cobra aplicación a contrario sensu, la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.), con registro digital 2015475, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama." En consecuencia, al no justificar la quejosa fehacientemente la afectación a su interés jurídico, razón por la cual se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo y con apoyo por lo dispuesto por la diversa fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo, a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. Ante el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto, no es dable realizar el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior de acuerdo a la tesis 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, tomo VI, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, cuyo texto dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Es conveniente precisar, que las tesis y jurisprudencias que sustentan esta sentencia constitucional fueron invocadas tomando en consideración que no se oponen a lo establecido por la nueva Ley de Amparo; en observancia a lo dispuesto en el sexo transitorio de la misma. Ahora bien, cuanto a los actos que la quejosa reprocha a las autoridades ejecutivas y legislativas, en cuanto a los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado de Morelos, también se actualiza diversa causal de improcedencia al tenor siguiente: Esta autoridad también advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 108 fracción VI y VIII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente refiere que las codificaciones civiles del Estado de Morelos, no tutelan los derechos de habitación y vivienda e interés superior de su menor hija, pero no señala algún razonamiento jurídico concreto por el cual considere violados sus derechos humanos, precisando que precepto legal de las codificaciones civiles impugnadas se contrapone con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dichos argumentos no constituyen un concepto de violación por el que se tenga que el acto reclamado es contrario a la ley o a la interpretación de la misma. De tales preceptos citados se deduce que la ausencia de conceptos de violación respecto del acto que se reclama en la demanda de amparo, conduce ineludiblemente a que se actualice una causa de improcedencia, y por ende, a que se decrete el sobreseimiento en el juicio, al traducirse tal circunstancia en un obstáculo para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que este solamente se analiza a la luz de los motivos de inconformidad expuestos en la demanda. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página 171, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACION, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo". Asimismo, sirve de sustento a lo expuesto, la tesis aislada emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CXXII, página 619, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACION, AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE. Siendo la expresión de los conceptos de violación requisito indispensable de la demanda de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y teniendo en cuenta que el artículo 190 del mismo Ordenamiento, establece que las sentencias no comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo, debe estimarse que de tales conceptos hace improcedente el amparo y debe sobreseerse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley". Ahora, tratándose de aquellos casos en que se combate la inconstitucionalidad del Código Civil y Código Procesal Civil ambos del Estado de Morelos por omisiones legislativas, es preciso mencionar que la impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo. Pues, así como lo reprocha, no realiza una confronta de sus afirmaciones con algún numeral en particular que precise en sus conceptos de violación de manera clara en donde se demuestre que se violan sus derechos de habitación y vivienda, tampoco en qué consisten las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de su hija contemplados en la Convención Sobre los Derechos del Niño. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley, y que tratándose del juicio de amparo indirecto, donde la ley secundaria constituye precisamente el acto reclamado, nos conduce ineludiblemente a sobreseer en el juicio de amparo. Por tanto, la expresión de los conceptos de violación constituye un requisito indispensable de la demanda de amparo, y teniendo en cuenta que las sentencias no comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo, debe estimarse que la ausencia de tales conceptos hace improcedente el amparo y debe sobreseerse. En el caso concreto, la parte quejosa no expuso conceptos de violación que pongan de relieve la confrontación de los códigos que se tildan de inconstitucionales y que fueron señalados como actos reclamados -Código Civil y Código Procesal Civil del Estado de Morelos-, con un derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o disposición convencional o en su defecto, tampoco expone el mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente; de modo que de las manifestaciones de la quejosa no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de la ley secundaria, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y la norma constitucional o convencional en su texto y alcance correspondientes. Sirve de orientación a contrario sensu, la tesis 1a. XX/2018 (10a.), con registro digital 2016424, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis establece: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." En apoyo se cita la jurisprudencia VI.3o. J/6, Registro digital 202544, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 479, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACION EN AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. REQUISITOS DEL. Los conceptos de violación que se formulen para impugnar un precepto que se estime inconstitucional, deben consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto que demuestre por qué se considera que aquél es contrario a una norma de la Ley Fundamental, siendo por tanto un requisito sine qua non la especificación de ésta, condición que no se satisface si se cita genéricamente un artículo de la Constitución que contiene varias garantías." De ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio y, por tanto, lo procedente sea sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito al juez Noveno Noveno de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, en virtud de que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia del acto atribuido a la autoridad ordenadora. Al resultar improcedente la acción de derechos fundamentales y ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación propuestos, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, registro 394465, Sétima Época, Apéndice de 1995, visible en la página 335, rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en la página 325, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002359, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 530, de voz: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, registro 2002179, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1587, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Además, la orden de lanzamiento de la vivienda en que reside la quejosa y su menor hija, la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su exposición de motivos tuvo objeto central el hecho de que ".Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser adecuado en el espíritu de los ideales proclamados en Convención sobre los Derechos del Niño, y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad."; así es importante reconocer que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye un principio que obliga a todas las autoridades judiciales a ponderar siempre los intereses de aquellos sobre los de los terceros, lo cual debe ser de manera casuística y sin restringir otros derechos propios de la infancia, por tanto, los juzgadores están facultados para evaluar las circunstancias de cada caso sometido a su consideración, sin apartarse que existe de manera primaria la responsabilidad en cuanto a los derechos y obligaciones de los padres, es decir, a estos incumbe el deber de privilegiar la dignidad y desarrollo de los menores. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el particular no considera que como en el caso un juicio especial hipotecario viola el interés superior del menor y se vulnere su derecho a la habitación y vivienda, no debe presumirse la inconstitucionalidad de los códigos refutados siendo que los mencionados derechos, es un deber y obligación de los padres de manera primaria brindar a los hijos, y en el caso de que estos sean omisos o no se encuentren el Estado deberá garantizarlos. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI, XXIII, en relación con los numerales 108 fracción VI y VIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE LA PARTE QUEJOSA, COMPARECIERA EN LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA DETERMINACIÓN DE DIECIOCHO DE JUNIO; EN CONSECUENCIA, SE LE NOTIFICA LA DETERMINACIÓN ALUDIDA, POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN EL EXTERIOR DE LA SEDE DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, DELEGACIÓN MORELOS, POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19 QUE SE VIVE EN LA ACTUALIDAD; ASÍ COMO EN LA LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 29, DE LA LEY DE AMPARO, LA CUAL SEÑALA: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a esta autoridad federal, Gabriela Bandera Mendoza, por su propio derecho y en representación de la menor V. P. B., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, Actuario de su adscripción, Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, Morelos, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La aplicación y ejecución directa e inmediata, a esta parte, del inconstitucional Código Civil del Estado de Morelos y el Código Procesal Civil del Estado de Morelos, concretamente en el auto de fecha 08 de mayo del 2019, dentro del expediente civil número 35/2015, mediante el cual la responsable emite la inminente orden de lanzamiento con fuera pública de casa habitación de mi menor hija de nombre., sin ser parte procesal en el expediente del cual emanan los actos reclamados, y sin que la Legislación Civil del Estado de Morelos, tutelen los derechos de habitación y vivienda e intereses superiores de mi menor hija.". SEGUNDO. Previo auto aclaratorio, el uno de octubre de dos mil veinte, esta autoridad, radicó el asunto con el número de expediente 592/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo, emplazó a los terceros interesados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que la ejecución de los actos reclamados se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La orden de lanzamiento del inmueble ubicado en el número veintiséis del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J.H. Preciado noventa y uno actualmente ciento ocho, de la colonia San Antón, de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, su ejecución, relativo al juicio especial hipotecario 35/2015. La constitucionalidad de los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, actuario de su adscripción (adhiere) con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado aceptaron el acto reclamado y el juez remitió las constancias relativas, que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte las responsables Congreso del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", aceptaron el acto reclamado cada cual en el ámbito de su correspondiente competencia. Además, la certeza de actos se corrobora, respecto de los reclamados a las autoridades legislativas, con la existencia de los ordenamientos legales reclamados, ello en virtud de que dichas autoridades concurrieron al proceso y formación legislativa de los mismos, lo que se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo y, por similitud de razón, con la tesis número V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, Febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuernavaca, Morelos, (denominación correcta), negó el acto reclamado, sin embargo, en su calidad de autoridad ejecutora, además que la responsable ordenadora Juez Noveno Civil, aceptó la orden de lanzamiento con uso de la fuerza pública, se actualiza la presunción de certeza y se le tiene por cierto el mismo. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Este Juzgador de oficio, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia, que consagra el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no acredita su interés jurídico. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley.". De la porción normativa reproducida, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Por su parte, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado provenga de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, en estos casos se necesita acreditar un interés jurídico. Respecto del interés jurídico, si bien la ley de la materia no da una definición exacta, ese extremo ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia, como aquella situación jurídica en donde un particular es titular de un derecho subjetivo público que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir ese derecho, no existirá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Asimismo, se tiene que atender a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De los preceptos transcritos, se advierte que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo el juicio de garantías se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico de la parte quejosa. Para acreditar tal extremo, se puede ofrecer cualquier medio de prueba previsto por las leyes que resulte idóneo, pero de ninguna manera basta para demostrarlo el hecho de presentar la demanda de amparo, pues ello sólo implica la pretensión de incitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan el interés jurídico del quejoso, pues esa afectación tiene que probarse de manera fehaciente y no de forma presuntiva. Es ilustrativa al caso, por igualdad de razón, la jurisprudencia 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, ochenta y dos, octubre de 1994, página 17, del siguiente texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Así pues, los supuestos que integran el interés jurídico son dos: el primero, la existencia y titularidad de un derecho y, el segundo, el resentimiento de un perjuicio en aquél proveniente de un acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa se ostenta tercera extraña al juicio especial hipotecario 35/2015, de donde se aprecian los siguientes antecedentes: El cinco de febrero de dos mil quince, los apoderados legales de la actora BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, demandaron en la vía especial hipotecaria a Antonio Pastrana Sánchez, en su carácter de acreditado y garante hipotecario la cantidad de $1,560,710. 40 pesos, por incumplimiento en el pago de amortizaciones mensuales a partir del treinta y uno de julio de dos mil catorce (fojas 2 a 97 del anexo 1). Por acuerdo de seis de febrero de dos mil quince, el juez natural radicó el asunto bajo el consecutivo 35/2015. En diligencia de dieciséis de marzo de dos mil quince, fue emplazado a juicio especial hipotecario el demandado Antonio Pastrana Sánchez (foja 109 del anexo 1). Por acuerdo de doce de mayo de dos mil quince, la responsable acusó la rebeldía del demandado Antonio Pastrana Sánchez, y ordenó las posteriores notificaciones aún las de carácter personal por boletín judicial. El diecinueve de mayo de dos mil quince, el Juez Noveno Civil responsable, emitió sentencia definitiva en la que condenó: ". PRIMERO:. SEGUNDO. La parte actora BBVA BANCOMER,. acreditó su acción; el demandado Antonio Pastrana Sánchez, no contestó la demanda. TERCERO: Se condena al demandado Antonio Pastrana Sánchez, al pago de $1,560,710.40. por concepto de saldo insoluto del crédito otorgado por la actora, calculados al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. CUARTO:. . DÉCIMO SEGUNDO.- Se concede al demandado un plazo de CINCO DÍAS a partir de la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución para que haga pago. DÉCIMO TERCERO.- En caso de no realizarse el pago dentro del plazo concedido, se ordena proceder al remate del bien hipotecado y con su producto páguese al actor." Por acuerdo de nueve de junio de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia definitiva. El seis de agosto de dos mil quince, la responsable ante el incumplimiento del demandado, ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva. En proveído de dos de mayo de dos mil dieciséis, se fijó las nueve horas con treinta minutos del quince de junio de ese año, para que tenga verificativo el remate en primera almoneda del bien inmueble hipotecario identificado como casa número 26, del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J. H. Preciado número 108, de la colonia San Antón, de Cuernavaca, Morelos. En diligencia de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo verificativo el remate en primera almoneda del bien inmueble embargado, desahogada que fue, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó sentencia interlocutoria aprobó el remate en primera almoneda, se adjudicó al actor el bien inmueble identificado como casa número 26, del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J. H. Preciado número 108, de la colonia San Antón, de Cuernavaca, Morelos, y requirió al demandado para en un plazo de cinco días compareciera a la Notaria Pública Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con apercibimiento que de no hacerlo el juez natural lo hará en su rebeldía. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la resolución de aprobación del remate en primera almoneda, elevándose a categoría de cosa juzgada. El catorce de febrero de dos mil diecisiete, el juez natural, ante la incomparecencia del demandado a firmar la escritura, ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Dos, para tirar la escritura pública correspondiente, y él la firmaría en su rebeldía, que correspondió a la escritura pública 315,876, volumen 12,316, página 167. En acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó el lanzamiento del demandado Antonio Pastrana Sánchez, o de cualquier tercero que no tenga contrato para acreditar el uso del inmueble casa número 26, del condominio horizontal denominado "Residencial Chulavista", de la calle J. H. Preciado número 108, de la colonia San Antón, de Cuernavaca, Morelos, y autorizó el auxilio de la fuerza pública, rompimiento de cerraduras si fuere necesario. En diligencia de requerimiento de entrega de inmueble con auxilio de la fuerza pública, de veinticinco de agosto de dos mil veinte, el actuario responsable, ejecutó la sentencia definitiva lanzando al demandado Antonio Pastrana Sánchez, (foja 363 a 364 anexo 1) que constituye el acto reclamado. Ahora, la quejosa Gabriela Bandera Mendoza, por propio derecho y en su carácter de representante de la menor V.P.B., se ostenta como tercera extraña al aludido juicio hipotecario; pues refiere no fue parte en el mismo. Así las cosas, la inconforme debe cumplir con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la afectación al interés jurídico de la quejosa por parte del acto reclamado, principio que es consagrado tanto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como por el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el presente asunto tenemos que la quejosa no justifica su interés jurídico para ejercitar la presente acción constitucional, en virtud de que no aportó pruebas suficientes para demostrar la afectación a su esfera jurídica. Así, para demostrar su interés jurídico la agraviada ofreció como medios de convicción: Copia certificada del acta de matrimonio con identificador electrónico 17031000120190003320. Acta de nacimiento de Antonio Pastrana Sánchez, es decir, del demandado en el juicio de origen. Copia simple de la escritura pública número cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y cinco, por la cual se celebró el contrato de compraventa, así como el de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, sobre el bien inmueble materia del juicio de origen. Con las probanzas anteriores no se acredita de manera alguna su interés jurídico como se expondrá a continuación. El acta de matrimonio, solo demuestra que la quejosa contrajo matrimonio con el demandado Antonio Pastrana Sánchez, bajo el régimen de separación de bienes. Sin embargo, conforme el régimen por el cual contrajo matrimonio, cada consorte es propietario y libre de disponer de sus bienes. Para arribar a esta conclusión, resulta oportuno destacar que los artículos 95 y 116 del Código Familiar del Estado de Morels, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 95. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes. El régimen escogido podrá cambiarse por acuerdo de los cónyuges durante el matrimonio. En caso de omisión sobre el régimen patrimonial del matrimonio se entenderá establecido el de sociedad conyugal." "ARTÍCULO 116.- RÉGIMEN DE LA SEPARACIÓN DE BIENES. Puede haber separación de bienes en virtud de capitulaciones anteriores al matrimonio, o durante éste por convenio de los consortes, o bien por sentencia judicial. La separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después." "ARTÍCULO 120.- DOMINIO Y ADMINISTRACIÓN EN LA SEPARACIÓN DE BIENES. En el régimen de separación de bienes los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos los frutos y accesiones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. Serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviere por servicio personal, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria." Estos preceptos son claros al determinar que en el régimen de separación de bienes los cónyuges conservan la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, que tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios, y ejercitar las acciones u oponer las excepciones que a ellos corresponden, sin que para tal objeto necesite el esposo del consentimiento de la esposa, ni ésta de la autorización de aquél. Ello, considerando que uno de los aspectos que regula el contrato de matrimonio, estriba en la situación patrimonial que regirá entre los cónyuges con motivo del mismo, además de los efectos de carácter personal, precisamente porque tiende a reglamentar la situación de los bienes presentes y futuros de los consortes. En dichas condiciones, no tenía obligación el juez responsable de llamar a juicio a la quejosa como tercera interesada al procedimiento de origen, ya que no tiene derechos de propiedad sobre el bien inmueble materia del controvertido natural, y mucho menos por lo que hace a su menor hija. Por lo tanto, para acreditar el interés jurídico con base en el matrimonio que celebró con el demandado en el juicio natural, era menester que la quejosa demostrara no solo que contrajo matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, sino además que elaboraron capitulaciones matrimoniales en que señalaran que los que se adquirieran durante el matrimonio fueran de ambos o que los dos adquirieron el inmueble en común. Sirve de apoyo, la tesis I.3o.C.155 C (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1707, registro 2008833, que dice: "COPROPIEDAD. NO EXISTE SI EL MATRIMONIO SE CELEBRA BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 173 Y 174 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004). De los artículos citados, se advierte que el régimen patrimonial del matrimonio era siempre el de separación de bienes, es decir, cada parte conservaba la propiedad y administración de los bienes que respectivamente tenían al celebrar dicho acto y los obtenidos después del matrimonio, los cuales eran del exclusivo dominio de quien los adquiría. Asimismo, en cuanto a los bienes que los cónyuges obtuvieren en común por herencia, legado, donación o por cualquier otro título oneroso o gratuito, serían administrados por ambos, rigiendo las leyes de la copropiedad. De lo que se advierte que la legislación otorgaba a los consortes la posibilidad de adquirir bienes en común, mediante actos jurídicos en los que ambos aparecieran como propietarios, los cuales debían regirse bajo el esquema de copropiedad; de ahí que para que existiera dicha figura, tenían la posibilidad de celebrar contratos de sociedad, asociación o copropiedad previa autorización judicial. De acuerdo con lo anterior, no hay copropiedad si el matrimonio se celebra bajo el régimen de separación de bienes, ya que los adquiridos por cada uno de los consortes permanecen como de su exclusivo dominio y sólo en el caso de que hubieren obtenido un bien en común, podría asistirle a la otra parte, algún derecho sobre éste, lo cual también podría ocurrir si hubieren constituido alguna sociedad o asociación". Por otra parte, respecto de la diversa documental consistente en copia simple de la escritura pública tampoco tiene el alcance de demostrar el interés jurídico de la quejosa. Lo anterior es así, pues además de que dicha documental no tiene valor probatorio pleno al tratarse de una copia simple, de ésta únicamente se advierte el contrato de compraventa del inmueble materia del juicio natural, pero de forma alguna se advierte la parte quejosa tengo algún derecho respecto del citado bien raíz. Cobra aplicación a contrario sensu, la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.), con registro digital 2015475, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama." En consecuencia, al no justificar la quejosa fehacientemente la afectación a su interés jurídico, razón por la cual se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo y con apoyo por lo dispuesto por la diversa fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo, a los actos de ejecución, al no reclamarse por vicios propios. Ante el sobreseimiento del juicio de amparo indirecto, no es dable realizar el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior de acuerdo a la tesis 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, tomo VI, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, cuyo texto dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Es conveniente precisar, que las tesis y jurisprudencias que sustentan esta sentencia constitucional fueron invocadas tomando en consideración que no se oponen a lo establecido por la nueva Ley de Amparo; en observancia a lo dispuesto en el sexo transitorio de la misma. Ahora bien, cuanto a los actos que la quejosa reprocha a las autoridades ejecutivas y legislativas, en cuanto a los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado de Morelos, también se actualiza diversa causal de improcedencia al tenor siguiente: Esta autoridad también advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 108 fracción VI y VIII, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa únicamente refiere que las codificaciones civiles del Estado de Morelos, no tutelan los derechos de habitación y vivienda e interés superior de su menor hija, pero no señala algún razonamiento jurídico concreto por el cual considere violados sus derechos humanos, precisando que precepto legal de las codificaciones civiles impugnadas se contrapone con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dichos argumentos no constituyen un concepto de violación por el que se tenga que el acto reclamado es contrario a la ley o a la interpretación de la misma. De tales preceptos citados se deduce que la ausencia de conceptos de violación respecto del acto que se reclama en la demanda de amparo, conduce ineludiblemente a que se actualice una causa de improcedencia, y por ende, a que se decrete el sobreseimiento en el juicio, al traducirse tal circunstancia en un obstáculo para analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que este solamente se analiza a la luz de los motivos de inconformidad expuestos en la demanda. Sirve de sustento a lo expuesto, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, primera parte, julio-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página 171, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACION, FALTA DE. DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARSE. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar porque se considera así, tales afirmaciones, tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar el acto de autoridad combatido, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negarse el amparo". Asimismo, sirve de sustento a lo expuesto, la tesis aislada emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CXXII, página 619, cuyo rubro y texto indican: "CONCEPTOS DE VIOLACION, AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE. Siendo la expresión de los conceptos de violación requisito indispensable de la demanda de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y teniendo en cuenta que el artículo 190 del mismo Ordenamiento, establece que las sentencias no comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo, debe estimarse que de tales conceptos hace improcedente el amparo y debe sobreseerse, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley". Ahora, tratándose de aquellos casos en que se combate la inconstitucionalidad del Código Civil y Código Procesal Civil ambos del Estado de Morelos por omisiones legislativas, es preciso mencionar que la impugnación suficiente de una norma jurídica, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere que se base en premisas esenciales mínimas a satisfacer en la demanda de amparo. Pues, así como lo reprocha, no realiza una confronta de sus afirmaciones con algún numeral en particular que precise en sus conceptos de violación de manera clara en donde se demuestre que se violan sus derechos de habitación y vivienda, tampoco en qué consisten las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada de su hija contemplados en la Convención Sobre los Derechos del Niño. La causa requerida en tal situación se apoya en los siguientes elementos imprescindibles: a) señalamiento de la norma de la Carta Magna; b) invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis normativa de la norma constitucional, en cuanto al marco de su contenido y alcance. A partir del cumplimiento de precisión de esos requisitos esenciales, surgirá la actualización del problema constitucional, así como la procedencia de la declaración respectiva en torno a la ley secundaria. Si no se satisfacen los requisitos medulares que se han indicado, el señalamiento de la ley reclamada y el concepto de violación que no indique el marco y la interpretación de una disposición constitucional que pueda transgredir aquélla, resultan motivos de insuficiencia, que desestiman la actualización de un verdadero problema de constitucionalidad de ley, y que tratándose del juicio de amparo indirecto, donde la ley secundaria constituye precisamente el acto reclamado, nos conduce ineludiblemente a sobreseer en el juicio de amparo. Por tanto, la expresión de los conceptos de violación constituye un requisito indispensable de la demanda de amparo, y teniendo en cuenta que las sentencias no comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo, debe estimarse que la ausencia de tales conceptos hace improcedente el amparo y debe sobreseerse. En el caso concreto, la parte quejosa no expuso conceptos de violación que pongan de relieve la confrontación de los códigos que se tildan de inconstitucionales y que fueron señalados como actos reclamados -Código Civil y Código Procesal Civil del Estado de Morelos-, con un derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o disposición convencional o en su defecto, tampoco expone el mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente; de modo que de las manifestaciones de la quejosa no puede derivarse la eficiente impugnación de la constitucionalidad de la ley secundaria, en tanto que no existe la confrontación entre éstas y la norma constitucional o convencional en su texto y alcance correspondientes. Sirve de orientación a contrario sensu, la tesis 1a. XX/2018 (10a.), con registro digital 2016424, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis establece: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." En apoyo se cita la jurisprudencia VI.3o. J/6, Registro digital 202544, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Mayo de 1996, página 479, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACION EN AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. REQUISITOS DEL. Los conceptos de violación que se formulen para impugnar un precepto que se estime inconstitucional, deben consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto que demuestre por qué se considera que aquél es contrario a una norma de la Ley Fundamental, siendo por tanto un requisito sine qua non la especificación de ésta, condición que no se satisface si se cita genéricamente un artículo de la Constitución que contiene varias garantías." De ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio y, por tanto, lo procedente sea sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito al juez Noveno Noveno de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, en virtud de que no se reclamó por vicios propios, sino como consecuencia del acto atribuido a la autoridad ordenadora. Al resultar improcedente la acción de derechos fundamentales y ante el sobreseimiento decretado, este juzgado se encuentra legalmente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación propuestos, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la República, registro 394465, Sétima Época, Apéndice de 1995, visible en la página 335, rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, visible en la página 325, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2002359, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 530, de voz: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, registro 2002179, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, visible en la página 1587, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Además, la orden de lanzamiento de la vivienda en que reside la quejosa y su menor hija, la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su exposición de motivos tuvo objeto central el hecho de que ".Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser adecuado en el espíritu de los ideales proclamados en Convención sobre los Derechos del Niño, y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad."; así es importante reconocer que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye un principio que obliga a todas las autoridades judiciales a ponderar siempre los intereses de aquellos sobre los de los terceros, lo cual debe ser de manera casuística y sin restringir otros derechos propios de la infancia, por tanto, los juzgadores están facultados para evaluar las circunstancias de cada caso sometido a su consideración, sin apartarse que existe de manera primaria la responsabilidad en cuanto a los derechos y obligaciones de los padres, es decir, a estos incumbe el deber de privilegiar la dignidad y desarrollo de los menores. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en el particular no considera que como en el caso un juicio especial hipotecario viola el interés superior del menor y se vulnere su derecho a la habitación y vivienda, no debe presumirse la inconstitucionalidad de los códigos refutados siendo que los mencionados derechos, es un deber y obligación de los padres de manera primaria brindar a los hijos, y en el caso de que estos sean omisos o no se encuentren el Estado deberá garantizarlos. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XVI, XXIII, en relación con los numerales 108 fracción VI y VIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciocho de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y de conformidad con lo previsto en la Circular SECNO/10/2021, en la cual se estableció que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se levantará la suspensión de plazos y términos decretada debido al periodo de contingencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19); por lo que se ordena la reanudación en el trámite del presente juicio de amparo. En esa tesitura, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. Hágase del conocimiento a las partes, que en adición a las disposiciones que rigen el presente juicio de amparo, será aplicable en lo conducente, lo previsto en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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