Gabriela Ayala Salazar
Expediente 140/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gabriela Ayala Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA 8: Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de revisión contra del proveído por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete.****************************************Agréguese a los autos el oficio signado por la Unidad Uno Sin Detenido, de la Agencia "C" de Despojos de la Fiscalía Desconcentrad de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de marzo del presente año, e informa que si fue atendida la solicitud de la quejosa ********************respecto de la petición formulada el diecinueve de enero de dos mil diecisiete y remite copia certificada de las constancias que lo acreditan; atento a lo anterior, téngase a la referida como autoridad sustituta, para los efectos legales a que haya lugar.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis aislada IV.2o.A.5K Publicada en la página 800 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, que dice: ****************************************"INFORME ACLARATORIO RENDIDO POR LA AUTORIDAD SUSTITUTA DE LA RESPONSABLE EN EL QUE SE NIEGAN LOS ACTOS ATRIBUIDOS A ÉSTA. TIENE EL MISMO VALOR PROBATORIO QUE EL EMITIDO POR LA SUSTITUIDA, AUN CUANDO ÉSTA HAYA ADMITIDO SU CERTEZA EN EL INFORME JUSTIFICADO, POR LO QUE DICHA NEGATIVA DEBE DESVIRTUARSE POR EL QUEJOSO. Si por reformas constitucionales o legales, una autoridad es sustituida por otra o cambia de denominación, la autoridad sustituta, ya sea de reciente denominación o creación, puede válidamente rendir los informes justificados en sustitución de la que se haya señalado como responsable. Luego, como no existe precepto legal en la Ley de Amparo ni en ningún otro ordenamiento legal que prohíba a las responsables aclarar, corregir o subsanar los informes justificados que hayan rendido en los juicios de garantías, deben admitirse y dárseles el mismo valor probatorio a esos informes aclaratorios, aun cuando se hayan rendido por la autoridad sustituta. Así, si en el informe justificado rendido por la responsable sustituida se admitió la certeza de los actos reclamados y, con posterioridad, la autoridad sustituta rinde un informe aclaratorio en el que precisa que no existen constancias en los expedientes de la dependencia que acrediten la existencia de tales actos, es decir, niega la existencia de los que inicialmente se tuvieron por ciertos, es incuestionable que dicho informe tiene valor probatorio pleno como documento público, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, en consecuencia, debe ser desvirtuada esa negativa por la quejosa, pues, de lo contrario, procede sobreseer en el juicio de amparo."****************************************Asimismo, se tiene a la funcionaria oficiante dando cumplimiento al requerimiento de mérito y, en atención al contenido de las constancias que anexó la citada autoridad, esta Juzgadora de Distrito advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dadas las consideraciones siguientes.****************************************En ese contexto, antes de abordar el estudio de la improcedencia del juicio de amparo, es menester preciar que atendiendo a la causa de pedir vertida en la demanda que dio origen al presente expediente, así como a las constancias que obran en el mismo, este juzgado federal estima que el derecho fundamental violado por parte de la autoridad responsable es el previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra varios principios, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de las autoridades competentes en los plazos y términos dispuestos por la ley.****************************************En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.****************************************En el precepto en análisis, se consagra el derecho de seguridad jurídica, y uno de sus principios es el relativo a la justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes.****************************************Lo anterior es así, a causa de que la naturaleza de la garantía contenida en el artículo 17 Constitucional, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos a litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla.****************************************En estas condiciones, tal violación se manifiesta a través de dos vertientes:****************************************a) Que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora.****************************************b) Que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo.****************************************En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho.****************************************En ese sentido, debe advertirse que la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia; dichos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al procedimiento penal.****************************************Precisado lo anterior y tal como quedó establecido en párrafos que preceden, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.****************************************La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando con motivo de una actuación posterior por parte de la propia autoridad responsable, todos sus efectos desaparecen o son destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido.****************************************Es aplicable por cuanto no se opone al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, la tesis 2ª./J 59/99 emitida por la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, página 38, cuyo rubro y contenido son: ****************************************CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal".************************************************************Ahora, es cierto que la parte quejosa mediante escrito de diecinueve de enero del año en curso, presento un escrito dirigido al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Ambientales perteneciente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual solicita a dicha autoridad señale día y hora para que comparezca dentro de la averiguación previa ********************.****************************************Mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada por la quejosa como Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Ambientales perteneciente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; por lo que se le concedió a la quejosa el término de tres días para que señalará la denominación correcta de la autoridad.****************************************Por auto de seis de marzo de la presente anualidad, desahogo el requerimiento formulado el veintitrés de febrero del año que trasncurre y señaló como autoridad al Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Dos de la Coordinación Territorial Tres de la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez perteneciente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ( ahora Ciudad de México).************************************************************Mediante oficio sin número, de fecha siete de marzo del año en curso, dicho Agente Ministerial, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, toda vez que después de realizar una busqueda exhaustiva en sus libros de control, no localizó registro alguno de la carpeta de investigación ********************; por lo que se le requirió para que informara a que autoridad le toco conocer de la petición formulada por la quejosa.****************************************Dicho lo anterior, se requirió a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, para que comunicara a que Unidad le toco conocer de la petición antes mencionada.****************************************En tales circunstancias, en proveído de veintidós de marzo del año en curso, hace del conocimiento que dicha petición fue turnada a la Unidad Uno Sin Detenido, de la Agencia "C" de Despojos de la Fiscalía Desconcentrad de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; por lo que se le requirió para que informara el estado que guardaba la petición hecha por la parte quejosa.****************************************Por lo que, en esta fecha se tuvo como autoridad sustituta a la Unidad Uno Sin Detenido, de la Agencia "C" de Despojos de la Fiscalía Desconcentrad de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y por recibidas las constancias donde se advierte que la citada Unidad Ministerial, dió contestación a la petición formulada por la parte quejosa el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, misma que le fue notificada a la quejosa, por conducto de su autorizada María Elena Gómez Ibarra el diecisiete de marzo del año en curso.****************************************Las consideraciones anteriores, permiten concluir que cesaron los efectos del acto reclamado por la hoy quejosa, toda vez que la autoridad responsable dio trámite a la denuncia planteada y dicha determinación fue notificada de manera personal a la peticionaria de amparo el diecisiete de marzo del año en curso, por conducto de su autorizada María Elena Gómez Ibarra; lo que destruyó en forma total e incondicional todos los efectos de la omisión reclamada por esta vía, lo que constituye una situación jurídica idéntica a la que habría existido si se hubiera concedido el amparo.****************************************Esto es, durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable, emitió un acto posterior a la omisión reclamada en la que resolvió la cuestión plateada por la parte quejosa, con lo que se le repuso en el goce de su derecho violado que es la administración de justicia.****************************************Sin que sea procedente requerir a la quejosa para que manifieste si es su deseo señalar algún otro acto reclamado, ya que su calidad de parte dentro de la carpeta de investigación de origen, le permite intervenir directamente en este expediente para conocer las determinaciones que se dicten en él, de conformidad con el artículo 17 constitucional.**************************************** Resulta aplicable la jurisprudencia 7/2015 de la Décima Época, con el número de registro 2008884, de la Primera Sala, que a la letra dice:****************************************"DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento."**************************************** No se soslaya que en la jurisprudencia 1ª./J 136/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó que cuando se advierta la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, el juez de distrito debe notificar personalmente a la quejosa su contenido, así como prevenirla para que si lo estima conveniente amplíe la demanda.**************************************** Sin embargo, dicha jurisprudencia no es aplicable al caso en concreto porque ésta abordó el tema específico del derecho de petición, previsto en el artículo 8° constitucional, que no constituye la litis en este juicio de amparo.****************************************En efecto, el mencionado criterio establece que cuando en una demanda de amparo se alegan violaciones al artículo 8° constitucional (derecho de petición) y durante la tramitación de ese juicio, la autoridad responsable emita un acto con el que le dé respuesta a la quejosa, el juzgado de amparo está obligado a darle vista a fin de que amplíe su demanda de derechos respecto del acuerdo con el que se le dio respuesta a su petición.****************************************No obstante, como quedó asentado en el presente acuerdo, en la especie, el derecho en todo caso afectado no es el de petición previsto en el artículo 8°, sino que el contenido en el diverso artículo 17 constitucional (administración de justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes); es así porque la impetrante es parte dentro del expediente del que emana el acto reclamado.****************************************Por lo que se reitera, este órgano constitucional estima que la aludida jurisprudencia no tiene aplicación y por tanto, no resulta necesario requerir a la parte quejosa a fin de que amplíe su demanda respecto de la resolución emitida por la Agente del Ministerio Público.****************************************Ello sin perjuicio de que la quejosa combata dicha resolución a través del medio de defensa que estime pertinente.****************************************En razón de lo expuesto, y demostrada la causal de improcedencia aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo.****************************************Es así porque de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, como lo es celebrar la audiencia constitucional y pronunciar el sobreseimiento relativo en dicha diligencia, resulta ocioso y en demérito del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, acorde al contenido del numeral 17 constitucional; al advertirse desde este momento la causal invocada en líneas precedentes.****************************************En esa virtud, se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de abril del año en curso.****************************************Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA "8" Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de la autoridad que lo remite, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado el trece de marzo del año en curso; por lo que, hace del conocimiento de este órgano de control constitucional que el folio 1651 procedente de la Oficina de Correspondencia Común de dicha fiscalía, fue turnado a la Unidad Uno Sin Detenido, de la Agencia "C" de Despojos de la Fiscalía Desconcentrad de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Atento a lo anterior, requiérase a dicha autoridad para que dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación del presente auto, informe a este Órgano Jurisdiccional si en el caso le dio trámite a la petición elevada por la aquí quejosa, por escrito registrado con el número de folio 1651, o bien a qué autoridad fue turnado el mismo; con el apercibimiento que en caso omiso, se le vinculara como autoridad responsable dentro de la sentencia que se emita en este juicio. Notifíquese.
- Principal
Número de expediente: 140/2017 Acuerdo: mesa "8" Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a este expediente para que obre como corresponda la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal, por medio de la cual hace del conocimiento los motivos por los cuales no pudo entregar el oficio 14521/2017; asimismo le informan que dicho oficio debe ser dirigido a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana; por tanto, reexpídase dicho oficio con la denominación correcta. Notifíquese.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,907 expedientes
- Gabriel Ricardo Padilla Arteaga523/2018
- Gabriel Ricardo Padilla Arteaga237/2022
- Gabriel Rodríguez Ordóñez486/2022
- Gabriel Rodríguez Ordóñez537/2022
- Gabriel Vargas Cabrera1032/2016
- Gabriel Vázquez Santana359/2015
- Gabriela Brindiz Ojeda693/2019
- Gabriela Castañón Peña758/2016
- Gabriela del Rosario Ble Zamora76/2018
- Gabriela Jazmín Sánchez del Villar Vargas664/2018
- Gabriela María Martínez Luna547/2019
- Gabriela Martínez Sandoval965/2015