Gabriela Arellano Marin

Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
567/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Arellano Marin

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de ocho de marzo del dos mil veintiuno, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/13/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Bajo esa circunstancia, agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través del cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 16/2020, en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial a que este toca se refiere. SEGUNDO. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por Gabriela Arellano Marín, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, cuyo expediente corresponde al número 567/2020, de su índice, por las razones expuestas en la presente ejecutoria." De lo anterior se toma conocimiento, sin que haya lugar a acusar recibo a la Superioridad, toda vez que la constancia respectiva con el sello fechador, hará las veces del mismo. En consecuencia, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo; para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, este Juzgado Segundo de Distrito en esta entidad federativa, se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata. Ahora bien, vista la demanda promovida por GABRIELA ARELLANO MARÍN por su propio derecho, contra actos del Director de Área Responsable de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios B, se provee: DESECHAMIENTO. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama: ? La omisión de notificarle el oficio DGRRFEM-B9894/17 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete que contiene el pliego de observaciones número PO1625/17 emitido por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios B de la Auditoria Superior de la Federación. ? la omisión de notificarle el oficio DGRRFEM-B12513/17 de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete que contiene el pliego de observaciones número PO1624/17 emitido por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios B de la Auditoria Superior de la Federación. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que autoriza al juzgador de amparo a examinar la demanda constitucional integralmente, y a desecharla, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en el caso particular se advierte que se materializa la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción III incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en contrario sensu, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la referida causal de improcedencia, se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: ? La quejosa refiere que durante la administración municipal 2013-2015 ocupó el cargo de Tesorera Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos. ? Que el veinte de febrero de dos mil veinte, recibió en su domicilio un citatorio suscrito por el Notificador adscrito a la Dirección de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios B de la Auditoria Superior de la Federación, para comparecer el doce de marzo de dos mil veinte, en las instalaciones de la Auditoria Superior de la Federación, a efecto de llevar a cabo la audiencia prevista por el artículo 57 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con motivo del inicio de dos procedimientos administrativos de responsabilidad (DGRRFEM/B/02/2020/15/127 y DGRRFEM/B/02/2020/15/128). ? En la fecha, hora y lugar indicados, la promovente de amparo compareció ante la responsable, tuvo acceso a los expedientes en mención, de los que se percató que en los dictámenes técnicos se inició procedimiento administrativo en su contra, debido a que no se solventaron los pliegos de observaciones P01625/17 y PO1624/17; lo cual refiere no se realizó debido a la falta de notificación de los oficios DGRRFEMB-9894/17 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete y DGRRFEM-B-12513/17 de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, lo cual constituye el acto reclamado. ? Asimismo, en esa fecha, solicitó el diferimiento de la audiencia prevista por el artículo 57 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con el objeto de allegarse los elementos de prueba necesarios para su defensa. Conforme al artículo 107 fracción III de la Ley de Amparo, el amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva, o en su caso actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso resulta evidente que los actos reclamados no constituyen la última resolución dictada en dicho procedimiento; en la medida que los efectos jurídicos de la revisión y fiscalización de la cuenta pública no concluyen con el dictamen técnico de observaciones en el que se advierta la existencia de irregularidades, sino que se producen hasta en tanto la Auditoría Superior de la Federación inicie el procedimiento de responsabilidad resarcitoria; por ello, debe entenderse que aún se encuentra en trámite. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia con registro 2014977, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, número 108/2017, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. PARA DETERMINAR LA LEGISLACIÓN APLICABLE PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN, DEBE ATENDERSE AL MOMENTO EN QUE INICIA LA ETAPA DE REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA." De ahí que, en su caso, corresponda verificar si dichos actos intraprocesales producen efectos jurídicos de imposible reparación en la esfera de derechos de la quejosa, atento a lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda, lo que permite evidenciarlo sin mayor requerimiento. Así, tenemos que la Ley de Amparo, en la fracción III del artículo 107, define los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, la imposición de infracciones, multas, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". En ese sentido, la falta de notificación del oficio número el oficio DGRRFEM-B-9894/17 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete que contiene el pliego de observaciones número PO1625/17, así como del diverso DGRRFEM-B-12513/17 de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete que contiene el pliego de observaciones número PO1624/17, dictados por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios B de la Auditoria Superior de la Federación; tuvo como consecuencia, el inicio de los procedimientos administrativos en su contra (DGRRFEM/B/02/2020/15/127 y DGRRFEM/B/02/2020/15/128), donde fue citada para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 57 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (abrogada). Conforme a lo anterior, de la lectura de la demanda se desprende que en los procedimientos de origen se está en la etapa que prevé el artículo 57 fracción III de la legislación federal en consulta, de audiencia para que compareciera personalmente el presunto responsable para manifestar lo que a su interés convenga, ofrecer pruebas y formular alegatos; de ahí que conforme a la legislación aplicable a los procedimientos de origen falta el ofrecimiento y desahogo de pruebas (fracción IV), el ordenar que se cierre instrucción, y con posterioridad resolver sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria. Además, en contra de dicha resolución procede el recurso de reconsideración a que hace referencia el artículo 69 de la propia Ley. De lo anterior se advierte claramente que los actos reclamados no se tratan de la última resolución emitida en los procedimientos de origen, de ahí la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 fracción XXIII, con relación al numeral 107 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. De igual forma, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al numeral 107 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, puesto que la omisión reclamada a la responsable no produce una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, aunado a ello, si la promovente se hizo sabedora del procedimiento incoado en su contra, es evidente que puede imponerse de los autos de los procedimientos incoados en su contra, como en el particular el mismo reconoce que lo hizo, y permitirle el conocimiento de lo que se le imputa; para poder hacer valer la defensa a sus intereses dentro del propio procedimiento, a más que se difirió la celebración de las audiencias a que refiere el artículo 57 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (abrogada). Además, no se está ante actos que causen un perjuicio irreparable, en virtud de se encuentra en condiciones de imponerse de autos y defender sus intereses ante la autoridad responsable pues aún no se resuelto en definitiva el procedimiento, es más acorde a lo manifestado se encuentra en etapa inicial al haberse diferido la audiencia de mérito precisamente para permitirle imponerse de las constancias -como lo refirió la quejosa bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda- y estar en condiciones de aportar las pruebas que refirió haber solicitado previamente y preparar su defensa. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser la imposición de infracciones y multas, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de una determinación favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción IV y 107 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ambos aplicados en sentido contrario. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución definitiva que se emita en el procedimiento de origen, sino en que, con motivo de una determinación favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Por lo expuesto, es indudable que la omisión reclamada no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues al margen de que la autoridad señalada como responsable iniciara los procedimientos administrativos en su contra; la consecuencia jurídica, solamente estriba en la tramitación de dicho procedimiento administrativo, tal es el caso que se difirió la audiencia prevista por el artículo 57 fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; por lo que no produce una afectación reclamable en amparo en la vía indirecta, atento además al estado procesal del procedimiento natural. Por tanto, se concluye que tal actuación no priva del derecho de defensa que en el procedimiento natural tiene consagrado la parte quejosa, ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que dicha omisión, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en la sentencia definitiva que se dicte. En el entendido que si trascendiera en la decisión de la resolución que en su caso se emita, puede ser reclamada mediante el recurso de reconsideración que proceda conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. A mayor abundamiento, ciertamente la omisión combatida es susceptible de causar consecuencias legales, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción III, incisos a) y b), interpretados a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió el conflicto competencial, mismo que quedó registrado con el número 16/2020; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.AVMM

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