Gabriela Amezcua Hernández

Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
557/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Amezcua Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cinco de junio de dos mil diecinueve, que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Gabriela Amezcua Hernández, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Toda vez que, del sumario se aprecia que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, envió en apoyo al informe justificado que rindió copia certificada del expediente de donde emana el acto reclamado, con las cuales se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA GABRIELA AMEZCUA HERNÁNDEZ EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEIDO: ? Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Gabriela Amezcua Hernández; atento a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención formulada en proveído de diecisiete de mayo del año en curso. Sin que haya lugar a registrar nuevamente la demanda de amparo promovida por Gabriela Amezcua Hernández, por propio derecho, en el libro de gobierno de juicios de amparo, ni en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, dado que ello se hizo con anterioridad bajo el número II-557/2019. ? Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." . ? Fijación del acto reclamado. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta vía se hace consistir en lo siguiente: ? El auto dictado el siete de febrero de dos mil diecinueve, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1131/2018, del índice del juzgado responsable, en el que no se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso proveído de veinticinco de enero del año en curso, en el que se acordó lo conducente respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Como es de observarse, el acto reclamado tiene su origen en una actuación practicada dentro del procedimiento que no afecta derechos sustantivos de la quejosa, como se expondrá a continuación. ? Actualización de una causal de improcedencia. En la especie, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos trascritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente cuando se reclamen actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, excepto cuando éstos tengan una ejecución de imposible reparación; esto es, cuando afectan algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata. Por tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones quedaron excluidas para el legislador federal en la nueva Ley de Amparo. Para la mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión del acto de autoridad combatido y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad adujo la parte quejosa.  Ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, se tramita el juicio ejecutivo mercantil 1131/2018, promovido por BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer, en contra de la quejosa Gabriela Amezcua Hernández y Arturo Romero Figueroa.  Seguido por sus trámites legales, en auto veinticinco de enero de dos mil diecinueve, se declaró abierto el período probatorio, en el cual admitieron y desecharon diversas pruebas ofrecidas tanto por la parte actora como por la parte demandada.  Mediante escritos presentados ante la autoridad responsable el uno y cinco de febrero de dos mil diecinueve, los demandados interpusieron recurso de revocación contra el auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve.  A dicha interposición, recayó el proveído de siete de febrero del año en curso, en el que la autoridad responsable determinó negar la admisión de dichos recursos, siendo este último el que constituye el acto reclamado. De lo anterior se obtiene que la determinación impugnada es un acto que tiene su origen en una actuación llevada a cabo dentro del procedimiento [admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes], el cual no es de los que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ya que únicamente produce consecuencias intraprocesales que por sí mismas no afectan un derecho sustantivo, ello toda vez que la determinación de la autoridad responsable, no viola ningún derecho sustantivo de la quejosa como la vida, la libertad, la propiedad, integridad personal, etcétera. En efecto, el proveído de siete de febrero de dos mil diecinueve que reclama, se limitó a negar la admisión del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veinticinco de enero del año en curso, en el que se acordó lo conducente respecto a la admisión y desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del contradictorio de origen, lo que únicamente genera consecuencias procesales. De lo expuesto se colige que la determinación que constituye el acto reclamado sólo podría afectar derechos adjetivos o instrumentales propios del proceso en el que se desenvuelve el juicio natural. Sin que la misma lesione algún derecho sustantivo como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, pues en todo caso, su derecho a excepcionarse como parte procesal dentro del juicio de origen sigue intacto, ya que el efecto de la resolución reclamada se limitó a resolver cuestiones inherentes a la admisión y desechamiento de pruebas, la cual, como se dijo, podría constituir una violación procesal, que podría ser analizada cuando se combata la sentencia definitiva, en caso de que la misma trascienda al resultado del fallo y lo deje sin defensas. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo y sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe de ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la analizada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior, la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". ? Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: GABRIELA AMEZCUA HERNÁNDEZ. Agréguese a los autos el escrito signado por Juan José Cornejo Rubio, autorizado de la quejosa Gabriela Amezcua Hernández, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo , mediante el cual pretende cumplir con la prevención formulada en proveído de diecisiete de mayo del año en curso . En el caso que nos ocupa, debe precisarse que la prevención impuesta en este asunto fue realizada en los términos siguientes: "Exprese bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación en los términos que refiere la fracción V del dispositivo legal transcrito en último término, esto es, deberá señalar de manera pormenorizada el acontecer procesal del juicio de donde emana el acto reclamado, en donde deberá precisar los recursos y medios de impugnación que se han tramitado". Sin embargo, debe decirse que no resulta procedente que este órgano jurisdiccional se pronuncie en relación al cumplimiento o no de la prevención contenida en el referido auto. Esto se explica, toda vez que los autorizados en el escrito de demanda, en términos amplios del artículo 12 de la misma ley, no pueden desahogar una prevención en la que se solicite manifestar "bajo protesta de decir verdad" los antecedentes del acto reclamado, ya que esa circunstancia se traduciría en hacer suyos hechos que sólo le constan al quejoso y que ocurrieron con anterioridad a la demanda de amparo en la que se le autoriza; ello en atención a que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización le fueron otorgados a partir de la presentación de la demanda y no antes. Por tanto, acorde a lo establecido por el Máximo Tribunal del País, debe concluirse que la prevención impuesta en este asunto no puede ser desahogada por el autorizado en términos amplios de la quejosa, pues el requerimiento de este órgano jurisdiccional consiste en manifestar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado. De ahí que se estime incumplida la prevención impuesta en el único punto preventivo del proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad, ello, sin que fuese necesario indicarlo en dicho auto de requerimiento, dado que se trata de una carga procesal que la Ley impone al solicitante de amparo. ? Interrupción del plazo concedido. Atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el diecisiete de mayo del presente año se otorgó a la parte quejosa el plazo de cinco días para que cumpliera con la prevención de mérito; en ese contexto y toda vez que el término que se le diera aún no concluye, debido a que dicho auto se notificó personalmente el veintitrés de mayo actual y surtió sus efectos el veinticuatro siguiente. Por tanto comenzó a correr el día veintisiete, y fenecería el treinta y uno del mes en curso, pero quedó interrumpido al tenor del escrito de cuenta, en virtud del cual el autorizado de la peticionaria de amparo, como se dijo con anterioridad, pretende desahogar la citada prevención, mismo que fue presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve; consecuentemente, infórmesele a la quejosa que cuenta con tres días para desahogar a cabalidad la prevención de mérito, los cuales empezarán a contar partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo. Se insiste, la parte quejosa deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral confiere, se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 05/2014 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 114 de la ley en la materia aplicable, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano